Ayotzinapa, México: la hora de las propuestas

México atraviesa un momento crucial. Han transcurrido dos meses desde los terribles acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero: la muerte de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Desde entonces se han descubierto varias fosas clandestinas y se ha sabido de muertes violentas y desapariciones en otras partes de Guerrero y del país. En México hay dolor, rabia, incertidumbre y hastío. También hay intensas movilizaciones. Se ha producido una crisis política cuyos alcances todavía se desconocen. ¿Y ahora qué sigue? Si no se encuentran salidas, el enojo y la crispación pueden dar paso a más violencia y mayor desesperanza. De esta crisis pueden resultar cosas positivas, pero la situación también puede empeorar. El futuro del país está en juego. Es la hora de las propuestas. Es la hora de construir alternativas. Me atrevo a sugerir algunas proposiciones, sabiendo que son limitadas. Es un granito de arena que se puede unir a muchos otros. Son doce propuestas sobre Ayotzinapa y sobre México, de corto plazo y de mediano plazo.

En México hay muchas heridas, miles de muertes violentas, innumerables desapariciones, muchas fosas clandestinas y muchas cosas que arreglar y reconstruir. Los agravios vienen de lejos, la crisis es profunda. En muchos municipios y en muchas entidades operan grupos criminales, en connivencia con distintas autoridades y con otros poderes fácticos. Los expertos ensayan adjetivos para tratar de nombrar la situación por la que atraviesa México: Estado fallido, Estado-mafia, narco-Estado, cleptocracia, gobierno rebasado, crisis de legitimidad. Más allá de los nombres, lo que sabemos es que hay decenas de miles, quizás cientos de miles, de personas armadas que trafican drogas, secuestran personas, asesinan, roban automóviles, controlan territorios, extorsionan a comerciantes y productores, corrompen. En muchos lugares gobiernan. Esto se produjo en un contexto de corrupción e impunidad que ha llegado a extremos intolerables. No se puede ocultar esta realidad, es inevitable enfrentarla.

Es muy importante entender qué tan grave es la crisis, porque sólo con un diagnóstico adecuado se podrán encontrar las mejores salidas. El gobierno de Peña Nieto ha tratado de convencernos de que es una crisis menor: al principio dijo que se reducía a unos cuantos municipios y después que se limitaba a unos cuantos estados y a regiones muy específicas. De acuerdo con la versión gubernamental se trata de una crisis coyuntural que sólo requiere unos cuantos ajustes en la política estatal: creación de policías únicas por estado, definición más precisa de las competencias de los distintos niveles de gobierno, intervención federal en los municipios infiltrados por el narco, combate más intenso a la corrupción, programas especiales de inversión y/o vigilancia en algunos estados y regiones. En cambio, algunos sectores dicen que se trata de un Estado fallido, de una crisis terminal del gobierno de Peña Nieto, de un colapso de las instituciones y de una corrupción generalizada del conjunto de la clase política. De acuerdo con esto proponen la renuncia del presidente, que se vayan todos los políticos y que se haga una refundación completa del Estado Mexicano, ya sea por medio de un congreso constituyente o de un levantamiento popular. Para unos, la crisis es pequeña y localizada, la pueden resolver el gobierno y los partidos políticos con los que contamos actualmente. Para otros, la crisis es total, se necesita un nuevo Estado y una nueva clase política. Si la crisis es pequeña y coyuntural, podrá resolverse dentro de los cauces institucionales. Si estamos ante un Estado fallido, la solución hay que buscarla por fuera del gobierno, crear otras instituciones completamente nuevas. ¿Quién tiene razón?

Desde mi punto de vista México experimenta una profunda crisis de gobernabilidad, todavía no es un Estado fallido, pero a mediano plazo podría desembocar en ello si no se encuentran las salidas adecuadas a la problemática actual. Hay desconfianza hacia el conjunto de la clase política, la delincuencia organizada ha infiltrado muchos ámbitos de la estructura de gobierno a nivel municipal, estatal y federal e incluso desde hace varios años controla el territorio en varias regiones. En varias partes del país la población ha creado guardias comunitarias e instancias de autogobierno ante la gravedad de la situación. Todavía no es un Estado fallido, porque en muchos aspectos el país y las instituciones siguen funcionando, pero sí es un Estado desbordado, con serios problemas de legitimidad y de gobernabilidad, que en muchos casos no está siendo capaz ni de controlar el territorio ni de garantizar la seguridad mínima de la población. Si no se resuelven estos problemas, la espiral de deterioro podría conducir a una descomposición institucional mucho más profunda aún. Esta situación caracterizada por el profundo deterioro del Estado hace necesario buscar alternativas de solución dentro y fuera de las instituciones actuales. Es un problema muy complejo, que requiere muchos esfuerzos, del gobierno y de la sociedad. El gobierno no ha podido derrotar a los grupos criminales. En muchos casos ni siquiera ha querido hacerlo, por complicidad, por irresponsabilidad o por incapacidad.

Se equivocan las autoridades si creen que pueden eludir esta responsabilidad (como han hecho muchos funcionarios y muchas fuerzas políticas), si piensan que es suficiente una estrategia militarista (como la que siguió Felipe Calderón) o si piensan que pueden enfrentar este problema con medidas parciales, sin el apoyo de la gran mayoría de la población, sin el respaldo de una gran legitimidad. El gobierno de Enrique Peña Nieto puede desembocar en un gran fiasco (con o sin su dimisión) si no cambia de rumbo y pone énfasis en el combate a la corrupción, a la impunidad y al entramado de alianzas y componendas entre grupos criminales, funcionarios públicos y miembros de las fuerzas del orden. Pero no será eficaz en esta tarea si existen dudas sobre su propia honestidad. Tampoco puede ocultar que hay una profunda crisis política y social que demanda transformaciones de fondo. Por otra parte, creo que también se equivocan quienes piensan que este problema se puede resolver sin el Estado, sin el aparato de gobierno, sin la policía, sin las fuerzas armadas, sin los partidos políticos. Es cierto que han sido parte fundamental del problema, es cierto que estamos hartos de ellos, es cierto que de las gargantas y del corazón salen los gritos de “todos son iguales” y “que se vayan todos”. Pero ¿qué tan factible es que se vayan todos? Y si todos se fueran, ocuparían su lugar otros gobernantes, otros partidos y otros miembros de las fuerzas del orden, que tendrían que enfrentar dilemas similares. Hay que depurar, tiene que haber una profunda renovación de la clase política, se necesitan nuevas organizaciones, hay que hacer cambios de fondo, pero para combatir a los corruptos, a los grupos criminales y a sus aliados se necesita unir las fuerzas del gobierno y de la sociedad, se requiere la colaboración de las mejores mujeres y los mejores hombres de afuera y de adentro del gobierno. Hacia esta dirección se orientan las siguientes propuestas, que tienen un pie dentro de las instituciones actuales y otro fuera de ellas.

A. Ayotzinapa
Ayotzinapa no es un hecho aislado. Los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre en Iguala no son un fenómeno local. Son hechos lamentables que condensan la tragedia de México en los últimos años: decenas de miles de muertes violentas, miles de desaparecidos, connivencia de autoridades con grupos criminales, corrupción e impunidad, deterioro profundo de la capacidad del estado para gobernar. La manera en que se enfrente y se resuelva (o no se resuelva) el caso Ayotzinapa es crucial para el futuro del país. En relación con la desaparición de los estudiantes hay tres exigencias ineludibles:

1. Hallazgo y presentación de los 43 estudiantes desaparecidos. Sería terrible para sus familiares y para el país que nunca los encontráramos. Quisiéramos que los encontraran vivos, pero si no lo están es imprescindible que se hagan todos los esfuerzos posibles para hallar sus restos, con evidencias científicas incuestionables, con una investigación impecable. El gobierno mexicano tiene que agotar todos los recursos a su alcance para encontrar a cada uno de los 43 estudiantes desaparecidos, durante el tiempo que sea necesario. Si no lo hace o no logra convencer de que lo hace, su legitimidad será siempre cuestionada. La sociedad lo ha exigido y tiene que seguirlo exigiendo. Lo mismo debe hacerse con otras desapariciones.

2. Esclarecimiento de los hechos, formación de una Comisión de la Verdad. Necesitamos saber qué pasó en realidad, por muy duro que sea. Son inaceptables las mentiras, las verdades a medias, los ocultamientos, las distorsiones, las falsificaciones y las minimizaciones. Hay un conjunto de acontecimientos muy graves, antes del 26 de septiembre, el día y la noche de las desapariciones y los días y semanas posteriores. Necesitamos conocer la verdad. Nunca tendremos la verdad absoluta, pero es preciso acercarnos lo más posible y lo más pronto posible a una información completa y precisa. Por ello debe formarse una Comisión de la Verdad, que acompañe y supervise las investigaciones que, por mandato de ley, tienen que hacer las autoridades. Que acompañe y apoye las indagaciones que están haciendo los familiares y la sociedad. No se trata de eximir al gobierno de sus responsabilidades, al contario, la Comisión de la Verdad es un recurso para exigir y vigilar su cumplimiento, además de un interlocutor y mediador necesario entre una sociedad lastimada y un gobierno cuestionado. Tampoco se trata de limitar las investigaciones independientes, sino de apoyarlas, reunirlas y visibilizarlas. Hay que formar la Comisión de la Verdad ahora, no dentro de cuatro años o dentro de veinte años. Si el gobierno o el Congreso no toman la iniciativa, la sociedad civil puede formarla y, tarde o temprano, el gobierno tendrá que reconocerla. Hay que exigir que el día 26 de cada mes el gobierno entregue un informe escrito del avance de las investigaciones sobre los 43 desaparecidos y sobre otras muertes violentas y desapariciones en la zona.

3. Castigo a todos los culpables y a todos los responsables. Una parte central del esclarecimiento de los hechos de Iguala es el deslinde de responsabilidades y la identificación de los culpables, así como la aplicación de las sanciones y castigos correspondientes. Es necesario saber quiénes fueron todos los autores materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes, precisar todos los responsables por acto, complicidad u omisión. Algunos quisieran reducir la lista de responsables a unos cuantos nombres de autoridades locales y miembros menores de algunos grupos criminales. Otros quisieran que la lista incluyera a todos los funcionarios del gobierno mexicano, con el presidente de la República a la cabeza. Lo que se requiere es una investigación completa y precisa, para que no falte nadie ni sobre nadie en la lista de culpables y responsables. Ni uno más, ni uno menos. Para que, de acuerdo a la ley, se establezcan las sanciones y castigos que correspondan en cada caso.

B. Más allá de Ayotzinapa: México.
No basta enfrentar los hechos de Iguala de la mejor manera posible, se requieren transformaciones profundas en todo el país, combatir la corrupción y la delincuencia organizada, renovar la clase política y reconstruir el tejido social y la confianza que hoy están rotos. Las siguientes siete propuestas se orientan hacia esa renovación en el corto plazo, teniendo en mente que hay que avanzar desde dentro y desde fuera de las instituciones actuales:

4. Acuerdo nacional y programa nacional contra la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad. En los primeros años de este gobierno se hizo un pacto entre el gobierno y los principales partidos políticos, sin la participación de la sociedad, pero con el apoyo de muchos poderes fácticos, para sacar adelante la agenda y las reformas que ellos consideraron necesarias. Ahora se necesita un acuerdo para sacar adelante la agenda y las reformas que anhelamos la mayoría de los mexicanos y mexicanas: seguridad para las personas y las familias, combate drástico a la corrupción y la impunidad (incluyendo investigación y sanción de todos los casos importantes de corrupción en los que estén involucrados funcionarios públicos, políticos, empresarios, líderes clientelares y otros actores), combate inteligente a los narcotraficantes, secuestradores y otros grupos de delincuentes, cárcel a los funcionarios públicos que los han apoyado, renovación profunda del gobierno y de las fuerzas políticas, para que sirvan a los ciudadanos y no a los poderes de facto. Desde hace al menos 25 años la inseguridad y la violencia son un problema mayor en el país y ninguno de los gobiernos ni de los partidos políticos ha tomado las medidas necesarias para enfrentarlo y resolverlo. La sociedad tiene que exigirles que se incorporen a este acuerdo o se hagan a un lado. Habrá que discutir las modalidades que tendría ese acuerdo y las estrategias y acciones que desarrollaría ese programa, pero ambos son impostergables. Debe ser un sistema anticorrupción que no esté en manos de los actores políticos que han estado involucrados en actos de corrupción o que los han propiciado o tolerado.

5. Eliminación de la partidocracia y de las prebendas y privilegios de los funcionarios públicos. Desde hace varios lustros muchas personas han propuesto y exigido reformas sencillas que tendrían un profundo impacto positivo en la sociedad mexicana: reducción del número de diputados y senadores, reducción considerable del presupuesto destinado a los partidos políticos y a las campañas electorales, eliminación de las prebendas y privilegios de los altos funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, posibilidad de candidaturas independientes en todas las elecciones, vías eficaces y sencillas para realizar plebiscitos y referéndums, mayor autonomía a las instancias de control y fiscalización, entre otras. Son indispensables, pero no se han realizado porque tienen que ser aprobadas por quienes se oponen a ellas, porque afectan los intereses particulares de los partidos políticos, de los legisladores y gobernantes que salen de sus filas, de los grupos de poder a los que están vinculados. Al no aprobarlas han alimentado el deterioro del Estado y de su propia legitimidad. La instrumentación adecuada de estas medidas contribuirá a reestablecer la confianza en las instituciones políticas. Es el momento de que la sociedad exija que se aprueben y se instrumenten esas reformas largamente postergadas. Si los poderes ejecutivo y legislativo no lo hacen, habrá que pedirles cuentas en las futuras elecciones, también habrá que organizar desde ya la vigilancia ciudadana del gobierno en todos los ámbitos y a todos los niveles.

6. Educación, empleo y bienestar social para los jóvenes. Hay una generación de jóvenes mexicanos que ha pasado toda su vida en un contexto de crisis. Aunque han acudido a la escuela más años que generaciones anteriores, en muchos casos la calidad de la educación que han recibido es muy deficiente. Lo más grave es que han tenido y tienen muy pocas oportunidades de trabajo y de desarrollo, enfrentan un futuro con perspectivas muy sombrías. No es casual que una parte importante de esa generación haya migrado a buscar trabajo en el extranjero, otra porción significativa se haya incorporado a las filas del narcotráfico, otra parte esté en las calles protestando y otra trabaje en la policía o en el ejército y tenga enfrentamientos violentos tanto con los grupos criminales como con los manifestantes. ¿Acaso vamos a esperar que el resto de nuestros jóvenes tomen las armas para que ellos combatan a la delincuencia organizada, como ha ocurrido en muchas comunidades de Michoacán y Guerrero? No se puede seguir por este camino. Para vencer a la delincuencia y a la inseguridad tiene que haber mejores perspectivas para los jóvenes, es preciso ofrecerles vidas lo suficientemente dignas para que no tengan que irse a otro país o no busquen integrarse a las bandas criminales. Escuchemos a Omar García, estudiante de la normal de Ayotzinapa sobreviviente de los acontecimientos del 26 de septiembre, quien dijo que en las comunidades pobres de Guerrero los muchachos que no logran estudiar tienen que migrar a Estados Unidos o trabajar para los narcos. Urge un programa de gran envergadura y de largo alcance para brindar mejores opciones de estudio, de trabajo y de vida a las nuevas generaciones de mexicanos.

7. Formación de un nuevo partido-movimiento. Boaventura de Souza Santos, pensador portugués que fue el primer científico social en recibir el “Premio México en Ciencia y Tecnología”, publicó el 16 de noviembre una carta abierta a las jóvenes y los jóvenes de México. En ella se pregunta: “¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes?”. Yo creo que no sólo es posible, sino muy necesario que se forme una nueva organización, integrada y dirigida principalmente por jóvenes, pero con la participación de todas las personas que quieran unirse, para exigir e impulsar una profunda transformación del país. La idea de partido-movimiento alude a que estará a la vez afuera y adentro de las instituciones, exigiendo que cumplan su función pero rebasándolas en caso de que no lo hagan. En México es difícil y tardado obtener el registro de un nuevo partido político. Lamentablemente llegaremos a las elecciones legislativas de 2015 con los partidos ya existentes, con sus dirigentes de siempre, todos muy desprestigiados y con una legitimidad en picada. Aunque es muy tentador anular el voto y mandar a todos a volar, eso implicaría que volvamos a tener a los mismos legisladores y a los mismos partidos de siempre gobernando el país. Por eso es una buena alternativa construir un nuevo partido-movimiento, muy amplio, flexible y plural, que aunque no tenga registro como partido político en pocos meses puede alcanzar mucha fuerza y puede obligar a algunos partidos a defender sus propuestas. Si ese partido-movimiento logra consolidarse, podrá influir en la orientación del voto de una parte importante del electorado, que está decepcionada y harta de los partidos políticos existentes. Para las elecciones de 2015 podría elaborar una plataforma política y promover el voto a favor de los candidatos comprometidos con esa plataforma. No debemos llegar a la elección presidencial de 2018 con las lamentables alternativas políticas que hoy tenemos. Construir una nueva organización ciudadana es indispensable, porque sin alternativas políticas avanzarán la violencia y el desencanto. Sugiero que se empiecen a hay formar las asambleas y los comités de ese nuevo partido-movimiento en cada comunidad y en cada barrio, en cada escuela y en cada centro de trabajo. Lo difícil será la coordinación, la construcción del consenso y la conformación de liderazgos, habrá que hacerlo con la mayor pluralidad y flexibilidad, que los comités y las asambleas no sean grupos de activistas, sino espacios ciudadanos en los que quepan todos los que quieran participar. Es probable y saludable que se formen muchas nuevas organizaciones, con diferentes orientaciones políticas, más o menos radicales, con distintas ideologías, con diversas demandas. Pero es muy importante que toda la fuerza de las protestas y las movilizaciones confluya en un frente amplio.

8. Vigilancia social de la policía y el ejército, guardias comunitarias no armadas en donde sea necesario. Uno de los rasgos más graves de la crisis mexicana es la penetración de los grupos criminales en las corporaciones policíacas y las fuerzas armadas. Se necesita una renovación de fondo de la policía y el ejército. No basta con cambiarles de nombre o con crear policías únicas en cada estado de la República. Puede ser positivo que exista una sola corporación policíaca en cada entidad federativa, pero esta medida no es suficiente ni garantiza que vaya a actuar de manera profesional, honesta y con respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales. Las policías estatales pueden ser penetradas y corrompidas por los poderes fácticos, como lo han sido muchas otras instancias gubernamentales, tanto municipales como estatales y federales. Por eso es indispensable que la sociedad y la comunidad, a diferentes niveles y con diversos mecanismos, ejerzan el control y vigilancia de la policía y el ejército. Hay que reflexionar con madurez sobre lo que ocurrió en Michoacán en los meses pasados. En varios municipios el Estado estaba totalmente rebasado y las acciones de los grupos criminales habían llegado a un nivel insoportable, por lo que grupos de ciudadanos tomaron las armas y en algunos casos lograron frenar las extorsiones del crimen organizado. La lección positiva es que los ciudadanos indignados y organizados fueron decisivos para contener a los grupos de delincuentes. El riesgo es que sean los ciudadanos, sin respaldo institucional, sin preparación ni equipo adecuados, quienes tengan que enfrentar al crimen de manera permanente. Antes que pensar en formar guardias comunitarias armadas en todo el país, medida extrema que sólo se justificaría en caso de que la crisis se agravara y no existiera ninguna vía pacífica para frenar la delincuencia, sería mejor formar en todo el país colectivos de ciudadanos que participen en la supervisión y control de las actividades de la policía y el ejército, para garantizar que no se corrompan los miembros de estos grupos del orden, para vigilar que respeten los derechos humanos, para denunciar la extorsión, para coadyuvar en la derrota de los grupos criminales. Desde dentro y desde afuera de las instituciones. A nivel local el modelo sería la colaboración entre la comunidad organizada de la localidad o el barrio, con las unidades correspondientes de la policía y del ejército que actúen en ese ámbito. Que colectivos ciudadanos tengan voz y capacidad de decisión, pero que sean las fuerzas armadas y la policía quienes se enfrenten a los delincuentes, no los ciudadanos y ciudadanas. Esos grupos organizados podrán tomar la forma de una guardia comunitaria no armada. Esperemos que nunca tengan que tomar las armas, pero es probable que lo hagan en algunos lugares, como ya ha ocurrido. Ojalá que eso siga siendo la excepción y no la regla, que sea en momentos muy específicos y no de manera permanente. A nivel de cada entidad federativa y a nivel nacional se pueden crear otras instancias ciudadanas de vigilancia y control de la actividad de la policía y las fuerzas armadas. La colaboración entre gobierno y sociedad es fundamental en esta etapa de la vida nacional, pero debe ser una colaboración en la que el gobierno sirva a la sociedad y no a la inversa.

9. Lucha pacífica, movilizaciones organizadas y pacíficas. En los últimos años muchas manifestaciones y movilizaciones han derivado en enfrentamientos violentos. Se han entrelazado la legítima indignación ciudadana, en particular de los jóvenes, con la falta de preparación y el autoritarismo de los encargados de mantener el orden, así como con las acciones de grupos violentos y provocadores. Las autoridades deben respetar el derecho a la manifestación y tienen que dejar de criminalizar la protesta. También están obligados a dar la capacitación necesaria al personal que envían a vigilar las manifestaciones, para que actúen de manera profesional y sepan manejar situaciones de crisis. A su vez, sería conveniente que los promotores y participantes de las movilizaciones organicen mejor los contingentes, eviten la infiltración de provocadores y de personas con el rostro cubierto y respeten las horas de inicio y finalización del acto. No deben alentar a quienes golpean a policías o destruyen equipamiento urbano, porque eso es contraproducente para los fines del movimiento y, por lo general, desata la violencia contra otros manifestantes. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar la violencia en las manifestaciones. Y redoblar las exigencias al gobierno para que respete la libertad de manifestación y los derechos humanos.

10. Combate al narcotráfico desde un enfoque integral, no sólo con el uso de la fuerza. Uno de los factores que incrementaron la violencia en el país fue el crecimiento del narcotráfico. El gobierno lo ha combatido con una estrategia centrada en el uso directo de la fuerza contra los miembros de los grupos criminales, dejando de lado o dándole poca importancia a otras estrategias: destrucción de las bases financieras de la delincuencia organizada, mejoramiento del aparato de inteligencia para desmantelar las redes que unen a la delincuencia organizada con miembros de las policía, las fuerzas armadas, los funcionarios públicos, los partidos políticos y las empresas, ataque al tráfico de armas, despenalización de las drogas, entre otros. La estrategia que han seguido los gobiernos mexicanos ha fracasado, se requiere un cambio de rumbo. Si bien ahora la delincuencia organizada se dedica a muchas otras actividades, el narcotráfico sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso y de armas para las bandas criminales. Para combatirlo no basta con tener más policías, con más y mejores armas. Hay que fortalecer las otras áreas del combate al narcotráfico. La despenalización de la producción, la venta y el consumo de algunas drogas no es una panacea, pero es una medida que a estas alturas resulta indispensable para cortar una de las principales fuentes de ingreso, poder y armas para la delincuencia organizada. Al mismo tiempo permitiría tratar el consumo de drogas como lo que es: un problema social y de salud. Con programas adecuados esta medida podría reducir el consumo de drogas.

C. Visión de futuro: nuevo modelo económico y social para el país, reconstrucción democrática del Estado Mexicano

La crisis actual de México va más allá de los acontecimientos de los últimos meses. Hunde sus raíces en la incapacidad para construir un modelo económico y social incluyente, que permita a todos los mexicanos incorporarse de manera digna al mundo globalizado del siglo XXI. Tiene que ver con un deterioro del Estado mexicano que viene de lejos. En los años noventa México entró en la globalización de una manera equivocada: sin consolidar antes sus instituciones, sin reducir la desigualdad estructural, dando todas las facilidades a las grandes empresas mexicanas y extranjeras, sin capacitar adecuadamente al conjunto de la población, sin transformar el sistema educativo, con privatizaciones signadas por la corrupción. Esto produjo el enriquecimiento de una minoría a costa de una crisis de bienestar social, del abandono del campo, de la profundización de las desigualdades, del desmantelamiento de muchas cadenas productivas, del crecimiento del desempleo y del sector informal. Posteriormente, a la vuelta del siglo la alternancia electoral no condujo a una democracia fuerte, sino a una partidocracia en la que todas las fuerzas políticas, en mayor o menor medida, se vieron involucradas en escándalos de corrupción. Mientras tanto, el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia fueron avanzando en todo el territorio nacional. La combinación de ambos fenómenos dio lugar a diversas formas de cleptocracia, de complicidad entre funcionarios públicos y criminales que han llegado a controlar muchas zonas del país y muchas instancias de policía y de gobierno. Cuando se les comenzó a combatir, se adoptó una estrategia militarista y autoritaria que no atacó ni las finanzas del crimen organizado ni los lazos de corrupción que lo unen a muchos agentes privados y públicos. Con esto la violencia se disparó, se multiplicaron los enfrentamientos y los grupos criminales intensificaron sus operaciones en actividades que lesionan de manera directa a la población: secuestros, extorsiones, robos de vehículos, compra de candidatos, connivencia con servidores públicos, etcétera. Todo esto condujo a la situación actual, en la que el Estado y la sociedad siguen perdiendo terreno frente a una economía salvaje, mercados sin regulación, corrupción persistente, poderes fácticos desbordados y grupos criminales controlando muchas áreas del territorio nacional, mientras que el gobierno y los partidos políticos pierden cada vez más legitimidad. La derrota del PRI en el año 2000 no condujo a una democracia consolidada ni una renovación de la clase política, sino a la presencia de la corrupción en todas las fuerzas políticas, que hoy se ven rebasadas y cuestionadas. En los últimos treinta años se han hecho las reformas estructurales que pedían las transnacionales, los organismos financieros internacionales, los grupos de poder y la clase política. Ahora hay que hacer las reformas estructurales que requiere la mayoría de la población mexicana. Se podrían resumir en dos propuestas: nuevo modelo económico y reconstrucción democrática del Estado.

11. Un modelo económico orientado hacia el empleo y la inclusión social. Hay alternativas diferentes al neoliberalismo. No se trata de volver a los viejos modelos estatistas y populistas, sino de construir una economía competitiva, globalizada, eficiente y con finanzas públicas sanas, pero cuya prioridad sea que la mayoría de los mexicanos tenga oportunidades de empleo digno, educación de calidad, acceso a la salud y a la seguridad social. Se requiere una política económica orientada hacia el bienestar de los ciudadanos, con énfasis en el fortalecimiento de las cadenas productivas, el incremento del empleo y la elevación de los ingresos reales de los sectores con mayores desventajas. Para ello son indispensables una verdadera reforma fiscal progresiva que grave al capital y a los ingresos más altos, la eliminación de los privilegios de los que gozan los poderes fácticos, así como la renovación de los sistemas de salud, educación y seguridad social. También son indispensables programas para fortalecer las unidades económicas en las que trabajan la gran mayoría de los mexicanos: la producción campesina y las microempresas y pequeñas empresas. Muchas de estas últimas se ubican en la llamada economía informal, que más que combatirla requiere una estrategia de dignificación e inclusión que permita su formalización. Este nuevo modelo económico también debe ser sostenible en términos ecológicos. La pobreza no es sinónimo de delincuencia, pero la desigualdad persistente y la falta de inclusión económica para la mayoría de la población constituyen un caldo de cultivo favorable para la criminalidad. Se necesita, de una vez por todas, una nueva política económica distinta al neoliberalismo mezclado con corrupción que hemos padecido en las últimas décadas.

12. Reconstrucción democrática del Estado y del sistema político. El sistema político mexicano hace aguas por todos lados y el Estado se encuentra desbordado, deteriorado y enfermo de corrupción. Está fallando en muchas de sus funciones básicas, incluso en la más elemental: garantizar la paz y la seguridad de los habitantes del territorio nacional. Las experiencias de otros países nos muestran que, lamentablemente, hay escenarios peores, que es posible un deterioro mayor de las instituciones políticas. Estamos impactados e indignados por los niveles actuales de incapacidad y corrupción, pero puede haber todavía más violencia y más corrupción, el gobierno corre el riesgo de desmoronarse y el país puede entrar en una espiral de violencia sin control. Es el momento de modificar el rumbo, de cambiar lo que no hemos podido transformar en las últimas décadas. La energía de las movilizaciones y la fuerza de los ciudadanos indignados tiene que convertirse en capacidad para construir un país en el que todos podamos vivir con dignidad. El primer eje de esta reconstrucción del Estado es tomar medidas que permitan que los ciudadanos puedan confiar en las instituciones gubernamentales: renovación de buena parte de la clase política, tolerancia cero a la corrupción, desaparición de los privilegios de los que gozan tanto algunos funcionarios públicos de los tres poderes como los partidos políticos, así como eliminación de las ventajas de grupos privados y poderes de facto que reciben favores, prebendas o protección por parte del gobierno. En segundo término es necesario reformar el sistema de impartición de justicia, que ha sido olvidado en casi todas las reformas que se han hecho en las últimas décadas. La capacidad de investigación de los delitos es mínima, la mayoría de los delitos quedan impunes y la justicia es lenta. En tercer lugar, es necesario fortalecer la autonomía y el carácter ciudadano de todas las instancias encargadas de evaluar y supervisar las acciones del gobierno. Un cuarto eje es la descentralización del Estado, para que las decisiones se tomen lo más cerca posible de las personas y de los territorios involucrados. En las últimas décadas las políticas de descentralización no tuvieron los resultados esperados, porque se descentralizó sin democratizar y sin consolidar antes las capacidades y las instituciones locales, de modo que se fortalecieron gobernadores autoritarios, caciques regionales y grupos de poder local. Pero la solución no está en regresar al centralismo y en volver a concentrar el poder en la figura del presidente, sino en intentar otras maneras de descentralización. Un quinto eje es la renovación de la democracia, mediante mecanismos de participación social y democracia directa que complementen la democracia representativa.

D. Epílogo: Las propuestas de Peña Nieto y las perspectivas de su gobierno

La respuesta del gobierno federal a la crisis desatada por los acontecimientos de Ayotzinapa ha sido tardía, torpe, errática e insuficiente. No reaccionó con prontitud y minimizó el asunto, señalando que era una cuestión aislada y restringida a unos cuantos municipios. Esto creó la sensación de que el gobierno era insensible frente a acontecimientos de enorme gravedad, que no cumplía con su deber primordial de proteger la integridad de los mexicanos, que no comprendía o no quería comprender la magnitud de la crisis. Las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República han dejado muchas dudas y las intervenciones del procurador han sido fuertemente criticadas. En medio de una fuerte crisis de legitimidad, la desconfianza hacia el presidente de la República se incrementó al revelarse que su esposa adquirió una casa muy costosa de manera muy sospechosa, por decir lo menos. Una buena parte de la opinión pública cuestiona la honestidad y la integridad de Peña Nieto. En las últimas semanas muchas voces han exigido su renuncia. Su gobierno tardó dos meses en reaccionar frente a una crisis severa que requería medidas de gran envergadura.

El 27 de noviembre Enrique Peña Nieto anunció un conjunto de medidas en materia de justicia y combate a la corrupción, entre las que destaca la creación de policías únicas en cada estado, la posibilidad de intervención federal en los municipios cuando existan evidencias de infiltración de la autoridad municipal por parte de grupos criminales y la creación de un sistema nacional anticorrupción, además de proyectos de inversiones públicas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las medidas anunciadas son insuficientes, no van al fondo del problema y difícilmente resolverán la crisis política que enfrenta su gobierno. Puede haber algunas ventajas en tener 32 policías estatales en lugar de más de 1,800 policías municipales, pero el presidente no reconoció ni asumió uno de los problemas centrales: la connivencia entre grupos criminales y funcionarios estatales en todos los niveles del gobierno. La mayor centralización de las policías no garantiza su eficacia, tampoco asegura que no habrá corrupción. Si no se modifican otras cosas, sólo dará paso a una centralización de la corrupción. En relación con el narcotráfico no planteó una estrategia distinta a la de sus predecesores, continua el énfasis militarista que apuesta todo a dotar a las policías y a las fuerzas armadas de más efectivos, más dinero y más equipo. No abordó el tema de la despenalización del consumo de drogas ni otras medidas distintas al mero uso de la fuerza. En el mejor de los casos, las medidas anunciadas por Peña Nieto son sólo la continuación del programa de Calderón, con algunos elementos que pueden darle un poco más de eficacia. Pero no realizó el cambio de rumbo que el país exigía, en lo esencial decidió continuar con la estrategia que provocó el incremento de los enfrentamientos y las muertes violentas en los últimos años. En el terreno económico la propuesta de Peña Nieto también es insuficiente: no basta con destinar mayor inversión pública a Chiapas, Oaxaca y Guerrero, lo que se necesita es un nuevo modelo económico que permita la inclusión económica y social de toda la población en esos estados y en todo el país. Si no se cambia de política económica y social y no se ponen frenos a la corrupción, una gran parte de los recursos públicos seguirán siendo capturados por grupos de interés e incluso por las redes de la delincuencia. Al mensaje de Peña Nieto le faltó autocrítica, dejó la sensación de que el presidente quiere explicar la crisis por las fallas de las autoridades municipales, sin reconocer la parte que le toca al gobierno federal. Un buen sistema nacional de combate a la corrupción es indispensable, pero no funcionará si el control de dicho sistema está en manos de una clase política que ha mostrado incapacidad para conducir al país y que, en muchos casos, ha participado en la corrupción o ha mantenido un silencio cómplice frente a ella.

Muchos mexicanos creen que Enrique Peña Nieto no tiene ni la voluntad política ni la autoridad moral para dirigir un esfuerzo nacional que reduzca en serio la corrupción en el país. Tampoco confían en que tenga respuestas adecuadas frente a la inseguridad, la falta de justicia y la desigualdad en México. La crisis de legitimación de la presidencia y de la clase política no se ha revertido. Es probable que durante todo el tiempo que Enrique Peña Nieto ocupe su cargo se sigan escuchando voces que pidan su renuncia. No podemos saber si su gobierno podrá remontar o no la crisis actual, pero independientemente de ello es necesario elaborar propuestas para los problemas que enfrenta el país. Ya sea que Peña Nieto renuncie o no, hay que encontrar alternativas para reducir la inseguridad y la corrupción, para reconstruir de manera democrática un Estado que se encuentra en una situación de profundo deterioro. Es la hora de las propuestas.