Envejecer con dignidad y Derechos Humanos

Declaración

Envejecer con dignidad y Derechos Humanos en México: Nuestra Meta

Adoptada en Puebla de Zaragoza, el 29 de noviembre de 2017

Destacando que, en el ámbito no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, los organismos públicos de derechos humanos también han reconocido y promovido la relevancia de fortalecer la participación social en la superación de los retos que aún persisten para la plena realización de la dignidad de las personas mayores. Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con los Principios de París y la Ley que rige su actuar, ha establecido mecanismos de interlocución permanentes con organizaciones e instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Asimismo, en ejercicio de su mandato de defensa de los derechos humanos, ha emitido diversas recomendaciones e informes especiales sobre problemáticas muy sentidas entre dicho sector de la población, con el propósito de redundar en mejores prácticas administrativas que consoliden el paradigma de su protección.

Reconociendo asimismo que, en el marco de los trabajos del supracitado Foro Internacional “Derechos humanos, género y envejecimiento: el papel de las organizaciones de la sociedad civil”, las partes firmantes abordaron, a través de un diálogo plural, incluyente e intergeneracional la situación actual, así como los avances y desafíos en cuestiones que afectan la dignidad de las personas mayores a nivel local y nacional; mismas que se agruparon en cinco temáticas, obedeciendo a las diversas inquietudes expresadas por las mismas: 1) Salud; 2) Seguridad económica; 3) Género, estereotipos y discriminación; 4) Participación social; 5) Protección civil; para, a partir de ellos, establecer objetivos y compromisos conducentes hacia la plena realización de los derechos humanos de las personas mayores, con perspectiva de género y no-discriminación.

Habiendo realizado un ejercicio de consulta amplia hacia los diversos actores participantes, mediante un análisis situacional de las temáticas que trastocan actualmente la dignidad de las personas mayores y, examinando a su vez los diversos avances y desafíos, observamos con preocupación:

Que se percibe de manera generalizada en cada una de las cinco temáticas arriba referidas, la necesidad de reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos humanos, y que a su vez ellas conozcan los mismos para posibilitar su exigibilidad. Observándose, así mismo, la urgencia de dejar de lado la persistencia de un enfoque asistencialista en la política pública en la materia y de que el Estado, asuma sus responsabilidades en la consecución del pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores.
Que el papel que juega la transversalidad de la vejez y el envejecimiento, deriva en el desarrollo de discriminaciones múltiples al converger con distinciones por sexo, religión, lengua, origen étnico o racial, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, condición social o económica entre otras; observándose mayor exclusión a personas mayores portadores de VIH/SIDA, personas con discapacidad, colectivo LGBTI y mujeres; lo que repercute de manera notable en una falta de atención tanto en políticas públicas, como a nivel privado.
Que, en materia de salud, la política pública requiere de un enfoque preventivo e integral, basado en indicadores prospectivos y desagregados, así como un proceso de cambio en cuanto a la percepción de los factores que intervienen en el desarrollo de las enfermedades y discapacidades, que contemple así, los aspectos socioculturales subyacentes, entre los que se encuentran aspectos como la igualdad de género.
A pesar de la existencia de un proceso de transformación por parte de diversas instituciones de salud en cuanto a la mejora en la atención de las personas mayores se continúa observando la necesidad de una mayor sensibilidad por parte del personal dedicado a dichas labores, bajo una mirada gerontológica, abarcando más allá de la visión biomédica, esferas tanto sociales, culturales y espirituales; de materializar el enfoque universal del derecho a la salud a través del acercamiento de dichos servicios a zonas vulnerables, procurando la disponibilidad, asequibilidad e interculturalidad de los servicios médicos en zonas rurales y comunidades indígenas y, de dejar de lado la visión familiarista, exigiendo así al Estado las responsabilidades jurídicas contraídas en materia de salud.

Que, en cuanto a seguridad económica, se observan en México amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad económica y social, determinándose la situación económica de las personas mayores, según la posición que ocupan en la estratificación social en función de clase, género, etnia y tipo de localidad. Los datos existentes, confirman que tan solo el 31% por ciento de la población de personas mayores recibe una pensión contributiva (ENIGH, 2016) y el 41.1% por ciento, se encuentra en situación de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2016), denotándose así, la falta de cumplimiento por parte del Estado Mexicano en cuanto a su deber de garantizar la seguridad económica de las personas mayores.
La universalización de la pensión no contributiva a nivel nacional y el incremento de su monto por encima de la línea de pobreza, continúa siendo un desafío, no obstante, desde el 2002 la Ciudad de México implantó un programa de pensión no contributiva universal a favor de las personas mayores conocido como Programa de Apoyo Alimentario; a nivel federal se ha avanzado en el establecimiento de la pensión no contributiva para personas mayores que no reciban otro tipo de pensión a través del Programa Nacional de Pensión para Adultos Mayores (conocido como 65 y más), se han observado avances en subsidios fiscales a favor de las personas mayores en áreas como servicios públicos (predial, agua y transporte.), así como en diversas entidades federativas se han implementado programas de diverso alcance que han incidido en una mejor situación económica de las personas mayores y; en la dimensión civil se ha avanzado tímidamente en el acceso a la justicia para la garantía de derechos como el de la propiedad, autonomía y alimentos de las personas mayores.

Que, en relación a género, estereotipos y discriminación, a pesar de que, en algunos casos, se reconoce a las personas mayores por su sabiduría y experiencia, así como por su labor como cuidadores, predomina en la sociedad mexicana una imagen negativa frente a la vejez, derivada de su asociación inadecuada con el deterioro de la salud, la dependencia y la improductividad, la cual, a su vez, es fortalecida por los estereotipos reproducidos en los medios de comunicación.

Desde el punto de vista socio-histórico, la perspectiva de género juega un papel transcendental en la consecución de los derechos humanos de las personas mayores, ya que las mujeres sufren en dicho ciclo de vida, el impacto de su exclusión del ámbito laboral formal por su rol en los espacios domésticos, repercutiendo ello en sus condiciones socioeconómicas, así como en el nulo reconocimiento de su contribución activa en la economía, a través del trabajo no remunerado que realizan en los hogares y/o el cuidado de niñas, niños, personas con discapacidad o de otra persona mayor.

Asimismo, las construcciones de género en la vejez generan repercusiones negativas para todas y todos, al percibirse que a pesar de las obligaciones del Estado en la protección de los derechos humanos de las personas mayores, la familia continúa siendo un pilar fundamental en su atención, recayendo esencialmente dichas responsabilidades en la mujer; así como observándose a su vez, que el rol masculino predominante y vigente como proveedor, genera una lejanía del espacio doméstico y, por ende, mayores posibilidades de abandono. Respecto del colectivo LGBTI, la legislación actualmente en vigor imposibilita el desarrollo de una familia mediante la adopción o reproducción asistida, limitando sus redes familiares e impactando en sus condiciones de vida en la vejez.

Aun reconociendo el proceso de apertura hacia nuevas formas relacionales y la generación de nuevos espacios lúdicos y académicos, se percibe la necesidad de una transformación del estereotipo vigente de la persona mayor, promovida por una política pública que deje de lado el asistencialismo y visibilice la heterogeneidad de la vejez, así como el fomento de relaciones intergeneracionales y solidarias que reconozcan dicha diversidad y tomen en cuenta la perspectiva de género.

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