Colegio de México: plagio y crisis institucional

Enero 26, 2023
Héctor Vera

Uno de los momentos más emotivos de la película Casablanca es seguido por uno de los más cómicos. Después de que decenas de impetuosos parroquianos cantan la Marsellesa para protestar la presencia de oficiales nazis en el Rick’s Café Américain, los alemanes le ordenan al capitán Louis Renault que cierre el establecimiento. Aunque era cliente asiduo, Renault tiene que obedecer. El dueño del Café, indignado, pregunta por el motivo de la clausura. Renault, acorralado, contesta: “¡Estoy sorprendido de enterarme que aquí se llevan a cabo apuestas!” Un segundo después el crupier de la ruleta se acerca a Renault, le da un fajo de billetes y le dice: “El dinero que ganó, señor”. El capitán toma el dinero, da las gracias y continúa desalojando a las personas.

Cuando se trata de enfrentar el plagio de profesores, las autoridades de las universidades mexicanas se parecen al capitán Renault. Casi siempre que sale a la luz algún caso de plagio declaran enfáticamente: “¡El plagio es inaceptable!” Acto seguido, aceptan el plagio; o, para todo fin práctico, algo casi idéntico: inician una investigación, elucubran un argumento para decir que el plagio en cuestión no es de verdad plagio o deciden que ese tema no les corresponde a ellas resolverlo. Después actúan como si nada hubiera pasado. Lo que más les importa es evitar el escándalo.

El plagio académico consiste en hacer pasar por propio el trabajo intelectual y creativo de otras personas. Puede ser la apropiación ilegítima de ideas, imágenes, cálculos, teorías, etcétera. Se trata de una de las formas más comunes de fraude intelectual. No es exactamente un robo, pues alguien puede, por ejemplo, pagarle a un escritor fantasma para que realice lo que el plagiario no puede o no quiere hacer por sí mismo. El plagio académico tampoco coindice plenamente con la violación de derechos de autor, pues se pueden plagiar obras que pertenecen al dominio público o se le pueden hacer suficientes cambios cosméticos a la obra indebidamente usufructuada para evitar ser encontrado culpable ante un juez. Por eso es importante tratar al plagio académico como un fraude; pues considerarlo un robo o reducirlo a una violación del derecho de propiedad intelectual implica no entender adecuadamente qué tipo de problema representa esa práctica para las instituciones educativas.[1] Los plagiarios intentan presentar como propios trabajos que ellos no hicieron y obtener los beneficios —económicos y simbólicos— de esa supuesta autoría. El plagio académico es un perjuicio para el autor original, un engaño a quienes evalúan la labor del plagiario, un agravio para sus pares y colegas, un timo para los lectores y un desfalco para las instituciones que financian el trabajo del plagiador.

Colegio de México: el affaire Pierre Gaussens

El Colegio de México (Colmex) ha estado vinculado en dos de los últimos escándalos de plagio. El primero fue el del hoy director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Romero Tellaeche, quien plagió en un artículo publicado en la revista Trimestre Económico. Aunque se descubrió la triquiñuela cuando Romero ya había dejado el Colmex, al momento de la publicación Romero aún era profesor de dicha casa de estudios y esa fue la filiación institucional que indicó en el texto. El Trimestre Económico retiró el artículo de su base de datos (confirmando la presencia del plagio), pero el Conacyt desestimó el asunto y Romero continúa en la dirección del CIDE. Por su parte, las autoridades del Colmex hicieron lo que más le gusta hacer a cualquier autoridad universitaria en estos casos: nada.

El segundo escándalo de plagio entre profesores del Colmex se presentó cuando un exalumno de licenciatura, Miguel Ángel Berber, acusó a un investigador, Pierre Gaussens, de haber utilizado en su libro El nuevo Plan de Ayutla (editado por el propio Colmex)[2] partes de su tesis de licenciatura[3] sin haberle dado el debido crédito. Este caso es interesante porque si bien presenta varias similitudes con el procedimiento habitual de las instituciones de educación superior para afrontar el plagio, es también de una situación con diferencias importantes. Primero, no se trata de un plagio descarado donde estén copiadas verbatim varias páginas o párrafos íntegros; es decir, a Gaussens no se le acusa de cometer una falta tan flagrante como las del fiscal Alejandro Gertz Manero o la ministra Yasmín Esquivel. Segundo, el acusado reconoce que hubo errores de citación en su libro; admite —como no hacen Gertz Manero y Esquivel— que en su libro no se le dio el crédito adecuado a la tesis de Berber en todas las instancias donde era menester. Tercero, el Colmex investigó el caso de manera más sistemática que otras instituciones y como resultado sí hubo una sanción (una amonestación) y se reparó parcialmente la fata al añadir una fe de erratas en el libro.

A pesar de todo, para muchos la respuesta institucional se sigue viendo como la vieja película: el plagio es condenado en discurso, pero en la práctica tiene pocas consecuencias (particularmente cuando el plagiador es un profesor). Y si bien Gaussens recibió una amonestación, el Colmex no retiró el libro de circulación (como pide Berber), no hubo una disculpa pública (como piden muchos alumnos), ni se removió a Gaussens del Centro de Estudios Sociológico (como solicitan varios profesores de ese Centro).

En otras palabras, todos —incluido Gaussens— reconocen que hubo una falta y consideran que debe haber consecuencias; pero hay un feroz desacuerdo sobre qué tan grave fue la ofensa, sobre la manera adecuada de sancionarla y sobre cómo se debería resarcir el daño.

Hasta el momento nadie está conforme. Berber se siente decepcionado de cómo su alma mater ha manejado y minimizado su denuncia. Gaussens opina que la acusación está fuera de proporción y que sus colegas lo están linchado sin antes acercase con él para escuchar su versión de las cosas. Unos investigadores sostienen que la dirección del Colmex está sentando un pésimo precedente al dar una sanción demasiado blanda; otros consideran que se está inflando el caso para grillas internas y para golpear a la presidenta del Colmex. Y los alumnos consideran que la institución tiene un doble racero: cuando hay sospechas de plagio a ellos se les pena con máxima severidad (usualmente la expulsión), pero a los profesores los castigan benévolamente.

El de Gaussens no es un caso de fraude burdo e incontrovertible y quizá por eso mismo —creo— ilustra varias dimensiones vinculadas con el fraude académico y su prevención: falta de procedimientos adecuados, el ethos en que las comunidades enmarcan estas acusaciones, la perniciosa tendencia a judicializar las faltas a la integridad académica y la inequidad en el trato que se le da a profesores y alumnos.

Para tener una imagen más completa de los distintos ángulos del problema tuve conversaciones vía Zoom con Berber y con Gaussens, quienes me hicieron llegar los escritos que cada uno presentó durante el proceso. Consulté varios documentos del proceso que circulan desde hace algunas semanas por internet, incluidos los cuatro dictámenes (dos jurídicos y dos académicos) que solicitó el Colmex y la resolución oficial de la institución. Leí los comunicados de profesores, alumnos y exalumnos. Y, finalmente, intercambié mensajes con investigadores y estudiantes de distintos centros del Colmex para conocer su opinión sobre el asunto.

La denuncia de Berber consiste en dos partes. Primero, una carta de advertencia que la abogada de Berber le envió al Colmex notificando que detectaron el uso no autorizado de la tesis de licenciatura de Berber e indicando que eso constituye una práctica de falta de ética y un delito en términos del Código Penal. Ahí solicitan: que el Colmex reconozca el plagio; que éste se valore como una falta grave a las obligaciones del reglamento del personal académico; que se retire de la venta del libro de Gaussens; y que se alerte al público sobre lo sucedido. Junto a la misiva, Berber entregó un documento donde enlista 14 instancias de citación inexacta y apropiación indebida de ideas. Se trata de un análisis puntual y razonado sobre por qué considera que el Colmex debe tomar cartas en el asunto. Parte del problema fueron mapas elaborados por Berber que se citaron incorrectamente (mapas que Gaussens le pidió asegurándole que se usarían dando el debido crédito). Berber señala, igualmente, que hay paráfrasis de sus ideas donde no se señala la fuente; y, por último, menciona instancias, además del libro, donde Gaussens realizó prácticas similares —como un artículo que Gaussens publicó en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales—.[4]

En su réplica, Gaussens admite que en su libro hay una citación inadecuada en los mapas, pero lo atribuye a complicaciones y descuido de su parte durante el proceso de producción editorial. En su opinión —y esa misma fue al final la postura oficial del Colmex— se trató de erratas, no de plagio con dolo. Las paráfrasis indebidamente acreditadas las desecha pues considera que se tratan de coincidencias en argumentos a los que cada uno llegó por su cuenta.

En resumen, Gaussens admite errores (subsanables con una fe de erratas) y alega que en su libro citó y referenció a Berber más de 30 ocasiones. Dado que hubo descuido de su parte, a Gaussens le parece correcto que el Colmex lo haya amonestado. Por su parte, Berber está disconforme con la resolución del Colmex diciendo que el problema no es que lo hayan citado pocas o muchas veces, sino en que no se le dio crédito de manera correcta en todas las ocasiones en que debía hacerse, y considera que eso constituye una falta grave.

Si uno parte de una definición rigurosa de plagio académico, la postura de Berber parece la más sólida: hay plagio si no se da adecuadamente crédito a las fuentes. Aludir a un descuido o un olvido involuntario no son escusas adecuadas para liberarse de una acusación de plagio (como argumenta Richard Posner)[5] y éste sigue siendo una falta grave. Si se emplea una definición laxa de plagio y se comparan las acciones de Gaussens con otros casos recientes —como el de Gertz Manero, donde el plagio era palmario y no existió sanción—, esto parece un pecadillo y dejar todo en una amonestación parece correcto. Las autoridades del Colmex se han inclinado por la versión del pecadillo; los profesores y alumnos inconformes lo ven como una falta grave.

En eso podríamos quedarnos, pero hay una pieza del rompecabezas que no encaja con la versión de Gaussens ni con la resolución del Colmex: el artículo de Gaussens en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales (que es una publicación de la UNAM). Los directivos del Colmex, según me comentó Gaussens, no le hicieron ningún comentario o pregunta sobre ese texto y en su réplica a la acusación éste dijo que no estaba obligado a responder sobre eso porque la denuncia presentada por la abogada de Berber sólo hace mención al libro. Es llamativo que el Colmex no indagara ese asunto, pues justo ahí está un dato que podría confirmar si hubo un procedimiento sistemático de negar la importancia del trabajo de Berber ya que no se reduciría únicamente al proceso de producción del libro.

En su artículo, Gaussens utiliza un mapa de Berber y al pie aparece la leyenda “Fuente: Elaboración propia con base en (Berber, 2017a: 26).” La única diferencia entre los mapas es que el primero es a color y el segundo está tono de grises, en lo demás son idénticos. Juzgue usted:

Esta apropiación indebida de productos ajenos es una manifiesta falta al uso ético de las fuentes y a la integridad académica. Al anunciarlo como una “elaboración propia”, Gaussens reduce el trabajo de Berber a “datos” y con eso le quita crédito como el creador original del mapa, al mismo tiempo que se atribuye para sí un trabajo que no realizó. Acaso vistas con mucha buena fe podría aceptarse que las citaciones indebidas en el libro son simples erratas; pero la existencia de este artículo indica un modus operandi más amplio.

Aunque el mapa en ese artículo no haya formado parte de la carta presentada por la abogada, sí se menciona en el escrito que Berber entregó a las autoridades. El Colmex le debe una explicación a la comunidad académica sobre por qué teniendo conocimiento ha decidido ignorar tal proceder de uno de sus investigadores. Si las autoridades del Colegio guardan silencio sobre este caso serían negligentes y cómplices.

El plagio y la cultura de la “excelencia académica”

El Colmex es una institución de élite, pero no es una institución modesta. No deja que su excelencia hable por sí misma; necesita —o cree necesitar— mencionarlo explícitamente. Vanidad de vanidades, todo es vanidad; es un pecado recurrente en la academia (mi propia universidad tiene el hábito de autoapodarse con el chusco mote de “La Máxima”). Pero tal forma de presentarse y autodefinirse, en el caso de una institución como el Colmex, petiza por su número de alumnos y profesores, tiene consecuencias en la formación de una cultura institucional. Aunque goza de prestigio y de un extraordinario presupuesto per cápita, el Colmex es relativamente pequeño y frágil —lo que ha pasado recientemente en el CIDE es un recordatorio sobre qué le puede pasar a una institución como ésta cuando cambian de dirección los vientos políticos—. Tener al prestigio y la “excelencia” como justificaciones de la propia existencia crean una hipersensibilidad y una actitud defensiva ante eventos que ponen en tela de juicio esas cualidades.

Algo que todos los actores que se han manifestado sobre el caso Gaussens repiten para darle fuerza a sus demandas es apelar a esa “excelencia académica”. El pronunciamiento de los profesores del Centro de Estudios Internacionales culmina pidiendo una “acción decidida para fomentar y proteger los principios de calidad y rigor que deben caracterizar la producción académica de todas y todos los miembros de nuestra comunidad”. Un comunicado de profesores de sociología dice que el proceder de Gaussens “constituye una violación a los principios éticos y a los estándares de alta excelencia académica que gobiernan el quehacer de la comunidad académica de El Colegio de México”. En la carta abierta de los alumnos y exalumnos sostienen que el doble estándar con el que se juzga a alumnos y profesores “deslegitima la excelencia académica de la que nos enorgullecemos”. Etcétera.

La “excelencia académica” es el leitmotiv del autorretrato colectivo con que se presenta esta comunidad. Este caso ha causado una intensa indignación porque es una mácula en ese retrato. Eso explica, en parte, tanto la posición de quienes minimizan el hecho como la de quienes piden la expulsión de Gaussens. Proteger y recordarse entre sí la importancia de la “excelencia” crea una dinámica colectiva de creencias y expectativas que convierte casos como éste en dramas institucionales.

La perniciosa judicialización

Como he señalado en otras ocasiones,[6] reducir el plagio en las instituciones académicas a lo que se consideran violaciones a la ley de derechos de autor es una equivocación. Los criterios jurídicos sobre copyright son de una naturaleza distinta a los principios de la ética académica; unos buscan proteger una forma de propiedad, los otros guían las acciones consideradas adecuadas entre los miembros de una comunidad. Si se desea afrontar adecuadamente los problemas de plagio académico se deben priorizar los criterios académicos para definirlo, detectarlo y sancionarlo.

Los dictámenes jurídicos que solicitó el Colmex son un buen ejemplo sobre lo fútiles que pueden ser los criterios jurídicos para dirimir controversias de integridad intelectual. Usemos como botón de muestra otro de los mapas hechos por Berber que reprodujo Gaussens. Berber localizó en el mapa, utilizando datos del INEGI, zonas étnicas en Ayutla; al pie indica “Fuente. Elaboración propia con datos geoestadísticos de INEGI”. En su libro (p. 39), Gaussens usó el mismo mapa con cambios superficiales y al pie indica “Fuente: INEGI (2015a: 500)”. Frente a esto uno de los dictámenes jurídicos sostiene que: “Los dibujos o elementos de cada mapa son diferentes, también el uso de colores, delineados, usos de marcadores o símbolos (triángulos, círculos y cruces en Gaussens), la manera de marcar el norte, la tipografía y uso de mayúsculas, etc. Lo que nos evidencia que el mapa de Gaussens es de creación propia, y no una reproducción de la forma expresiva de Berber”. Razonamientos de este tipo se encuentran en varios puntos de los dictámenes jurídicos que usó el Colmex para desechar la denuncia de Berber. Quizás esos argumentos tengan sentido en una disputa jurídica de derechos de autor, pero son fatuos ante una acusación de deshonestidad académica.

Si bien este caso inició por las malas prácticas de Gaussens, las decisiones de la institución han sido el mayor problema. Su error ha sido doble. Primero, no separar con claridad los asuntos de probidad académica de las cuestiones jurídicas de propiedad intelectual. Segundo, tratar de contener el problema dentro de las reducidas responsabilidades de su comité editorial, en lugar de abordarlo desde una comisión de ética (como han sugerido muchos profesores).

Alumnos y profesores: misma falta, castigos diferentes

Cuando nos preguntamos quién sale perjudicado por un plagio, es importante identificar qué recursos y posición tiene el autor original del trabajo cuya contribución fue disimulada o invisibilizada. Plagiar a un autor consagrado puede traer recompensas mal habidas para el plagiario, pero difícilmente dañará al creador original. Romero se fusiló un texto del premio Nobel de economía, Amartya Sen. La carrera de Sen no sufrirá mella por las trampas de Romero. Por otra parte, plagiar a un autor que está iniciando su carrera sí lo puede perjudicar significativamente. El daño que causa el plagio no es principalmente para los lectores sino para aquellos cuyo nombre no brillará.[7] Esto no puede obviarse en el caso de Gaussens; sus malas prácticas perjudican a una persona que, como alumno, está en una posición más débil que la de un profesor.

El caso, además, se presentó en una de institución donde el plagio de los estudiantes es interpretado como una forma de criminalidad.[8] Este tipo de enfoque, producto de la paranoia institucional, se basa en una cultura de la sospecha.[9] En su escrito, Berber señala algo a lo que aluden muchos estudiantes: “en el Colegio de México se nos enseñó —y se nos repitió ad nauseam cada semestre en la licenciatura— que las malas prácticas académicas deben tener consecuencias severas”. En universidades que se autodesignan como “instituciones de excelencia académica” es común que ese principio sea utilizado para imponer sobre los alumnos tratos humillantes.

Ahora que esos alumnos ven que uno de sus verdugos logró salvar la cabeza, están indignados por la desigualdad en los delitos y las penas. Esta inquina, me comentó un estudiante de doctorado, sucede porque en ocasiones “es muy pesada la dinámica escolar y se genera mucho desgaste y confrontación. […] Nunca falta el profe o la profesora que se sienten la o el salvador de la rigurosidad disciplinaria y genera más encono de lo normal”. La rabia de los alumnos ante el caso Gaussens se explica, en parte, porque cuando se trata de plagio, a los alumnos los castigan aplicándoles la ley fuga y a los investigadores con una noche en el Torito.

En el Colmex, el camino para sancionar el plagio entre los alumnos es claro, expedito y terminante —y cruel—. Si un alumno es sorprendido plagiando reprueba automáticamente el curso, y por reglamento si reprueba una materia es expulsado. No hay medias tintas (y a diferencia de lo que hicieron con Gaussens, no intervienen abogados ni criterios jurídicos sobre derechos de autor). Este procedimiento tiene la virtud de ser claro: todos saben a lo que se atienen; pero tiene el defecto de ver como única sanción posible el castigo más severo y de partir de una pedagogía basada en el miedo y la punición. La institución no educa, castiga. Para los plagios entre sus investigadores el Colmex no tiene la misma claridad ni el mismo entendimiento colectivamente compartido de cómo se resolverán las cosas. Los Principios éticos de El Colegio de México indican que el Colmex “condena y sanciona cualquier tipo de fraude académico”. Ése es un postulado general, pero no un procedimiento explícito sobre qué se hará en casos concretos.

Ausencia de procedimientos y falla institucional

Parte de la parálisis que se observa en muchas instituciones educativas al enfrentarse al plagio es la falta en sanciones intermedias. Cuando las únicas opciones disponibles son vanas llamadas de atención o la expulsión, se vuelve casi imposible actuar en situaciones ambiguas e intermedias. Si se opta por el escarmiento cosmético, las autoridades quedan como hipócritas que dicen estar preocupadas por el plagio, pero que no hacen nada concreto para zanjarlo; por otra parte, si eligen llevar a los acusados directamente al degüello estarían imponiendo penas desproporcionadamente altas. Las instituciones tienen que crear directrices graduadas que sean conocidas por todas las partes desde antes de que surjan las polémicas. Tener reglamentos vagos y aplicarlos a discreción propicia crisis de desconfianza como la que atraviesa el Colmex.

Ante la falta de procedimientos precisos (que padecen también la mayoría de las universidades en México), el Colmex abrió la puerta a la incertidumbre y la improvisación, y tomaron resoluciones que agrandaron el problema. Desde hace tiempo el Colmex pudo poner sus barbas a remojar y diseñar procedimientos adecuados: cuando aparecieron casos en otras universidades (como el de Boris Berenzon en la UNAM), o cuando tuvieron que resolver de botepronto el escándalo de su exalumno Rodrigo Núñez Arancibia. Sobraron los avisos. Ahora el Colmex, su comunidad y las instituciones de educación superior en general pagan el precio: malos precedentes, suspicacia entre colegas, falta de confianza pública. La dirección del Colmex se está sumando a la del Conacyt —por desestimar los plagios de Gertz Manero y Romero— para atizar una crisis de ética académica. (Dicho sea de paso, La Máxima también tiene trabajo por hacer para resolver de manera satisfactoria el plagio de la ministra Esquivel.)

Hasta este momento las autoridades del Colegio de México le han fallado, sobre todo, a uno de sus miembros: Miguel Ángel Berber. Además, si se generalizan y se toman como antecedente los criterios empleados en el caso Gaussens para tratar futuras acusaciones, estarán abriendo la puerta a que el problema se multiplique en el futuro.

[Texto tomado de la Revista Común]

Referencias

[1] Sobre la necesidad de considerar al plagio como un fraude y no como un robo, véase Javier Yankelevich, “Mapas prestados para entender el plagio académico”, Perfiles Educativos, núm. 154 (suplemento), 2016, pp. 20-27; Richard Posner, The Little Book of Plagiarism, Nueva York, Pantheon, 2007.

[2] Pierre Gaussens, El nuevo Plan de Ayutla, México, Colegio de México, 2020.

[3] Miguel Ángel Berber Cruz, “Paz en la guerra: microhistoria del movimiento de autodefensa y etnografía sobre la disminución de la violencia en Ayutla de los Libres, Guerrero”, tesis de licenciatura en Política y Administración Pública, Colegio de México, 2017.

[4] Pierre Gaussens, “La organización del crimen: delincuentes y caciques en tiempos de ‘guerra al narco’”, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, núm. 240, 2020, pp. 119-145.

[5] Richard Posner “On Plagiarism”, Atlantic Monthly, abril, 2002, p. 23.

[6] Héctor Vera, “El plagio y la autonomía de las instituciones académicas”, Perfiles Educativos, núm. 154 (suplemento), 2016, pp. 28-35; Héctor Vera, “Defender la doble autonomía de las universidades”, ponencia, mesa redonda Plagio académico, ¿asunto de jueces o de profesores? FFyL, UNAM, 3 de noviembre de 2016.

[7] Richard Posner “On Plagiarism”, Atlantic Monthly, abril, 2002, p. 23.

[8] Chris Anson, “We Never Wanted to Be Cops: Plagiarism, Institutional Paranoia, and Shared Responsibility”, en R. Howard y A. Robillard (eds), Pluralizing Plagiarism, Portsmouth, Cook Publishers, 2008, pp. 140-157.

[9] Deborah Harris Moore, “Instructors as Surveyors, Students as Criminals: Turnitin and the Culture of Suspicion”, en M. Donnelly, R. Ingalls, T. Morse, J. Castner y A. Stockdell-Giesler (eds), Critical Conversations about Plagiarism, Anderson SC, Parlor Press, 2013, pp. 101-118.

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