En defensa de la ciencia y la autonomía

Ciudad de México, 14 de octubre de 2021

EN DEFENSA DE LA CIENCIA Y LA AUTONOMÍA

A la opinión pública
Al Congreso de la Unión

ProCienciaMx se conformó a mediados de 2019 como una red plural de científicos/as de múltiples disciplinas y de diferentes instituciones en respuesta a numerosas señales preocupantes, tanto en el discurso público acerca de la ciencia, la tecnología y la educación superior en México, como en las propuestas e iniciativas del CONACYT, dirigido desde diciembre de 2018 por la Dra. Elena Álvarez-Buylla. Desde entonces, los acontecimientos no sólo han confirmado nuestra preocupación inicial, sino que han escalado hasta convertirse en un verdadero embate en contra de las comunidades dedicadas a la investigación científica, la educación superior y el desarrollo tecnológico. Esta acometida ha provocado que gran parte de esas comunidades, tanto nacionales como internacionales, hayan levantado la voz en señal de indignación y protesta (https://prociencia.mx/comunicacion/comunicados-de-la-comunidad-cientifica-contra-la-persecucion-a-31-exfuncionarios-y-cientificos/)

ProCienciaMx se une a estas voces, para llamar a la defensa de la actividad científica y de la autonomía de las universidades y para expresar su más enérgico rechazo a la gran cantidad de acciones provenientes de varios órganos del Estado mexicano, particularmente el CONACYT, que están afectando la operación de las instituciones del sector científico y, peor aún, la integridad y dignidad de sus miembros.

A lo largo de los últimos diez meses, diversas acciones han generado múltiples efectos negativos en los sectores del sistema de ciencia y tecnología:

1. Los jóvenes investigadores mexicanos.

Becarios para estudios doctorales. De manera inesperada, a pesar de múltiples y reiteradas expresiones de compromiso por parte de funcionarios del Fondo SENER- CONACYT, en junio de 2021 más de 300 estudiantes doctorales mexicanos fueron abandonados a su suerte en el extranjero, al no recibir respuesta a sus solicitudes de prórroga. Esto se concretó a pesar de que el Dr. Arturo Herrera, a dos días de concluir su mandato como Secretario de Hacienda, afirmara que había fondos para responder positivamente a estas solicitudes.
Los jóvenes adscritos al Programa de Cátedras del CONACYT. La forma en la que se ha llevado a cabo, a partir de 2019, la separación del cargo de más de 300 jóvenes catedráticos, condujo a la conformación de un sindicato que recibió la toma de nota de la Secretaría del Trabajo. En pleno periodo de conversaciones, el pasado 26 de agosto el CONACYT tomó la decisión unilateral de modificar los lineamientos de este programa, llamándolo ahora “Investigadoras e Investigadores por México” con lo cual se violentaron las negociaciones. Mediante estos cambios se pretende que parte de estos jóvenes trabajen ya no como científicos adscritos a instituciones de investigación científica, sino como empleados en dependencias del gobierno, lo cual desvirtúa el espíritu del programa original que es consolidar la formación de investigadores.

2. Los investigadores.

Financiamiento a la investigación. En 2020, a pesar de los numerosos argumentos que apoyaban la conservación de los fideicomisos para financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación vertidos en el marco del parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados, el Congreso canceló todos estos instrumentos, con la promesa de que sus recursos serían canalizados directamente al apoyo de la investigación principalmente por CONACYT. Los hechos revelan que gran parte de esos recursos no está disponible para proyectos científicos o tecnológicos. Así, el presupuesto nacional para este tipo de actividades que ya había descendido significativamente en los últimos cinco años, ha tenido una importante reducción adicional.
Integrantes del SNI. La modificación del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores en abril de este año, formalizada a pesar de numerosos desacuerdos manifestados por parte de la comunidad científica, despertó el temor de que las evaluaciones del desempeño académico de la comunidad sean cada vez más discrecionales. Este temor fue reforzado por la conformación arbitraria y fuera del reglamento de una Comisión Especial que permitió, también en abril 2021, el ingreso al SNI con el Nivel III del Dr. Gertz Manero, a pesar de que cinco comisiones dictaminadoras en años anteriores habían opinado en contra, argumentando que él no cumplía con los requisitos reglamentarios para la distinción.
A la intranquilidad respecto a la objetividad de las evaluaciones se suma la forma desaseada, no consensada, opaca y apresurada con la que el CONACYT llevó a cabo en junio de 2021 la consulta para llenar las vacantes en las comisiones dictaminadoras del SNI, lo cual se prestó a una gran discrecionalidad en la conformación de las mismas.
Investigadores nacionales de universidades privadas. De manera arbitraria, en mayo pasado el CONACYT decidió retirar el estímulo económico que como miembros activos del SNI, recibían los casi 1600 investigadores adscritos a instituciones privadas, a pesar de que todos cumplían cabalmente con los méritos científicos. Poco después, el 8 de julio, un juez federal sentenció que la medida tomada contravenía los derechos de los investigadores, pero aún no se ha revertido la decisión de eliminar el estímulo que al parecer, requerirá de un proceso más largo ante el poder Judicial, lo cual crea el mal precedente de que los asuntos de índole académico se deban dirimir en juzgados.
Investigadores en los Centros Públicos de Investigación. El 9 de octubre Conacyt hizo público un “Código de conducta y de ética” (https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=ukfde40jiq&t=1631906614) que contiene algunas disposiciones que, de ser aplicadas a académicos, limitarían la libertad de expresión y de investigación de los investigadores de los 26 Centros Conacyt quienes, después de la UNAM, ocupan el segundo lugar nacional por la cantidad y la importancia de los proyectos de investigación científica que En este caso, el propio Conacyt ha declarado que el código no será aplicado. Sin embargo, sus alcances permanecen aún confusos.
Treinta y un ex funcionarios del CONACYT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC (FCCyT-AC). Tras una denuncia relacionada con la supuesta ilegalidad del Foro Consultivo (FCCYT-AC) levantada en junio de 2020 por el CONACYT, ante la Fiscalía General de la República (FGR) 31 personas, la mayoría de ellos académicos dedicados actualmente a la investigación y a la docencia, fueron acusadas penalmente el 25 de agosto de 2021. La acusación de la FGR fue por incurrir en “delincuencia organizada” y “operaciones con recursos de procedencia ilícita”. Es decir, sostiene que los 31 colegas se organizaron para cometer deliberadamente delitos de extrema gravedad que ameritan encarcelamiento en penales de alta seguridad. De esta acusación, la Fiscalía no se ha desistido hasta ahora, a pesar de que, el 17 de agosto de 2021, la SCJN había resuelto a favor de la absoluta legalidad del Foro en su calidad de Asociación Civil, y de que un Juez Federal manifestó a la FGR en dos ocasiones, la más reciente el 21 de septiembre pasado, la improcedencia de la orden de aprehensión por falta de elementos de prueba. Ante la falta de justificación y el carácter absurdo de la acusación, numerosas representaciones académicas, científicas, profesionales y de defensa de los derechos humanos se han manifestado en forma crítica a nivel nacional e internacional en apoyo a los afectados.

3. La comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Estudiantes, profesores e investigadores de la UDLAP han visto severamente afectadas sus actividades presenciales docentes, de creación cultural y de investigación a raíz de la intervención policiaca del 29 de junio de 2021 y el cierre de sus instalaciones. Presentado como un conflicto legal entre particulares, esta intervención ha evolucionado en la prolongada e incomprensible interrupción de actividades académicas presenciales, la imposición de autoridades universitarias, la persecución legal de las autoridades anteriores y la permanencia de las fuerzas del orden en las instalaciones.

4. La autonomía universitaria.

En las últimas semanas se ha renovado una peligrosa campaña mediática que atribuye a la academia una asociación perversa con el poder económico y le atribuye conductas elitistas o faltas de ética. Al poner en cuestión la labor cotidiana de docencia e investigación que se realiza en las universidades y centros de investigación, gran parte de la cual se ha llevado a cabo en forma virtual durante los últimos 18 meses, esta campaña agrede a la autonomía universitaria por la que los mexicanos lucharon hace apenas unas décadas y que ha sido tan importante para sostener instituciones creativas y críticas. Los argumentos, reduccionistas y carentes de elementos y de análisis, pretenden convencer a la opinión pública de que en el seno de las universidades públicas autónomas mexicanas operan peligrosas “mafias del poder” que se escudan tras la autonomía sólo para robar, velar por sus propios intereses y afectar al pueblo de México. Nada más alejado de la realidad: históricamente ha existido una liga virtuosa entre academia, conocimiento y cambio social.

5. La Ley de Ciencia

Finalmente, es importante tener claro que todos los hechos aquí enunciados deben ser analizados en el escenario de la muy próxima discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la Unión. En ProCienciaMx estamos convencidos de que el mayor riesgo para la comunidad científica, sobre todo para las nuevas generaciones que la integren, está en la visión que la Ley General le imprima al sector. Prociencia ha participado en numerosos foros y espacios de discusión para defender la necesidad de una ley participativa, que garantice la libertad académica, integre a los diversos sectores de la sociedad en el diseño de la política científica y establezca formas seguras y permanentes de financiamiento al desarrollo del conocimiento en el país.

Convocamos a la comunidad científica, a los legisladores y a la opinión pública a concentrar esfuerzos para promover una Ley de Ciencia que esté comprometida con el progreso de México, que aspire a beneficiar a toda la población con los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, que aproveche los grandes cuadros de científicos en los que ha invertido en las últimas décadas, que impulse a las nuevas generaciones para que se preparen y dediquen sus talentos en beneficio del país y que aproveche las capacidades de todos los mexicanos, sin importar si laboran en instituciones públicas o privadas, para llevar adelante los proyectos que México requiere para ser el país próspero, moderno, seguro, saludable y eficiente que todos queremos.