CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES

Acceso a la información: Derechos, organizaciones y garantías

El Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, La Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México,

CONVOCAN
a participar en el

Seminario internacional
Acceso a la información: Derechos, organizaciones y garantías

Objetivo del Seminario:

Provocar un espacio para la reflexión sobre lo que implica o implicaría, en México, el cambio en el paradigma en que el derecho de acceso a la información será ejercido desde la perspectiva del gobernado y será garantizado desde la perspectiva de la autoridad. Esta aproximación contará con visiones locales y nacionales; se contactarán ponentes internacionales de América Latina para ubicar la realidad mexicana.

Planteamiento general:

El lunes 5 de febrero de 2024, a través de la Secretaría de Gobernación, la Presidencia de la República sometió a consideración del Congreso de la Unión veinte iniciativas de reforma a diversos artículos de la constitución y otros ordenamientos legales generales y federales.

La iniciativa contenida en el Anexo 18 se identificó como “Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica”. En la Exposición de Motivos se dice que “durante muchos años se fue creando una burocracia dorada y la creación de nuevos organismos a los que se debía destinar muchos recursos del presupuesto” lo cual se contrapondría a la supuesta “política de austeridad republicana [propuesta] con el objetivo de acabar con lujos, gastos superfluos, la duplicidad de funciones, el despilfarro de bienes públicos” (Presidencia de la República, 2024. p.1) por lo que deberían eliminarse. Entre los organismos que a ojos de la iniciativa cumplirían con lo descrito, está el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), autoridad constitucional en las materias de derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Derivado de la propuesta de desaparecer al INAI, eventualmente los órganos garantes en las entidades federativas correrían al mismo destino, al armonizarse la legislación en su totalidad. La iniciativa fue aprobada antes de terminar 2024.

Esta situación en México obliga a la reflexión, desde el ámbito académico, sobre las implicaciones que tendría para el ejercicio de un derecho la modificación sustancial de las organizaciones que lo han promovido. Más allá de lo nacional, la reflexión debe aprovechar las diferentes experiencias internacionales para conocer cómo se ha gestionado un derecho —en particular, el derecho a la información; en general, los demás derechos relacionados con este—a través de sus estructuras estatales.

La estructura organizacional desempeña tres funciones básicas, a saber: 1) producir resultados y alcanzar objetivos organizacionales; 2) imponerse para garantizar que los individuos se adaptan a las exigencias de la organización y no al contrario, 3) definir o determinar la posición y, con ello, la posibilidad de tomar decisiones. La vida de una sociedad se define a partir de sus organizaciones, sea para la producción de bienes o servicios o para, como en el caso que interesa a este texto, ejercer un derecho. Están por todas partes y su influencia trasciende hasta la esfera íntima de las personas. La manera en la que se conforman sus elementos, se disponen sus unidades y se definen sus reglas, condicionan si una organización podrá o no cumplir con sus funciones básicas.

Las organizaciones, los arreglos institucionales dentro y entre ellas, permiten la vida en sociedad. Son un medio para coordinar un conjunto heterogéneo de personas con propósitos suficientemente establecidos y poder trascender del peso específico de liderazgos, asegurando la generación de bienes o la prestación de servicios aún en su ausencia o a pesar de los cambios.

Enfocarse en la organización es un tema relativamente reciente y va de la mano con lo que se entendía como el “deber” del ejercicio del poder: Junto con la creación del Estado, la más amplia organización pública, allá por el siglo XVII el “deber” del poder fue la satisfacción del “bien común” para lo cual se pensó bastaba con reglas generales, abstractas e impersonales creadas por cuerpos colegiados denominados

 Parlamentos; para mediados del siglo XX, momento en que se acentúa la perpeción de que se requerían acciones más individualizadas y ejecutadas con mayor velocidad de lo que le tomaba a un Parlamento, el “deber” del poder se transformó a la satisfacción del “interés común” expresión en la que se le concede importancia a lo que la población directamente requiere y que no necesariamente está siendo comprendido o plasmado por los representantes populares. Es, a partir de este momento, cuando la organización (en lugar de la ley) toma un lugar importante en el análisis del trabajo público.

Sin embargo, la evolución en la comprensión de la importancia de la organización en la segunda mitad del siglo XX depende de la literatura de las organizaciones privadas. El momento más claro de ello se observa con la introducción de herramientas, a partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, de lo que se denominó “Nueva Gestión Pública” -un intento por hacer operar a los gobiernos como empresas- y que terminó concluyendo con que las organizaciones públicas y las privadas solo se parecen en sus aspectos menos importantes.

El contexto mexicano impulsa la realización de un Seminario que se enfoque sobre el derecho a la información y, al mismo tiempo, se enriquezca con algunos aspectos de la transparencia gubernamental o pública, labor complicada por razones que distan del lugar común que refiere la resistencia de los corruptos. Es de considerarse que resulta complicada por, al menos, las siguientes razones:

  • Primera, las implicaciones del traslado de una metáfora a la política pública. – La “caja de cristal” es un recurso muchas veces empleado para facilitar la comunicación de lo que se busca; pero no hay manera, más allá de la metafórica, en la que un gobierno pueda estar dentro de una caja de cristal. Lo transparente alude a una cualidad material que implica claridad, el paso de la luz a través suyo: pero algo así no puede abordarse literalmente desde la acción gubernamental. El empleo de metáforas es un recurso fundamental en la presentación de toda reforma y la divulgación de política pública pues simplifica lo complejo. Pero, así como se le pueden ver virtudes, el defecto inmediato es el de la expectativa creada y la posterior desilusión y resistencia. Y mírese bien aquí, que la resistencia no solo proviene de quienes puedan ser afectados por una política de transparencia sino, adicionalmente, por aquellos que se han desilusionado con los alcances reales de lo que puede conseguirse con reglas imperfectas e insuficientes y organizaciones que intentan, con varias limitaciones, su implementación.
  • Segunda, el desarrollo de habilidades técnicas. – Abordar una política de transparencia requiere el desarrollo de capacidades y habilidades técnicas. Como toda actividad dentro de organizaciones públicas, el abordaje de un tema novedoso requiere más que la buena voluntad o una férrea convicción: se requiere conocer procedimientos, protocolos, normas, tiempos. Este desarrollo cuesta y toma tiempo. Esta necesidad se intensifica en organizaciones creadas ex professo, donde todo lo anterior está consolidándose y las personas adscritas a ellos tienden a enfrentar una pronunciada curva de aprendizaje.
  • Tercera, la temporalidad de los mandatos. – A la par con lo anterior, debe tenerse en cuenta el ciclo de vida profesional de las personas servidoras públicas relacionadas con la transparencia. Volviéndose un aspecto crítico en aquellas administraciones públicas donde hay rotación de personal o los servicios civiles de carrera son endebles, la temporalidad de los mandatos implica que toda capacitación que sea impartida tendrá que repetirse según los cambios y que el conocimiento se acumule de manera modesta.
  • Cuarta, el aprovechamiento político de la transparencia. – Como sucede con el empleo de la metáfora, el aprovechamiento de la transparencia como bandera política es habitual, pero más que un uso se identifica un abuso en el empleo del término. Tanto el ofrecimiento de una administración transparente en tiempos electorales como el compromiso de incorporación de prácticas en este sentido una vez que se es gobierno hace del tema un punto de presión. Y si a eso se le agrega lo ya descrito en lo que implica el traslado de la metáfora a la política pública, pues se tiene un ecosistema relativamente complicado de mantener.
  • Quinta, la dificultad que conlleva el establecimiento de sistemas efectivos para su monitoreo y evaluación.- Entre los factores que incrementan esta dificultad se encuentran las limitaciones presupuestarias, la cantidad de datos que deben de monitorearse, y la complejidad / imposibilidad de medir y evaluar el impacto real de estas políticas. Esta complejidad se aumenta aún más si partimos de que estas políticas tienen como objetivo —tanto formal como sustancial— la garantía de los derechos humanos, pues como consecuencia de ello, estos sistemas de monitoreo y evaluación deben considerar también un enfoque basado en derechos humanos.

Dinámica del Seminario:

El Seminario se realizará en dos etapas:

  • Encuentros virtuales, entre las personas inscritas participantes en una de las siguientes modalidades:
    • Panelista, a solicitud o invitación de la parte convocante, con hasta cuatro personas participantes por panel con intervenciones proyectadas de hasta 15 minutos pudiéndose ajustar los tiempos de acuerdo con la organización;
    • Conferencista, a invitación de la parte convocante, con una participación individual de hasta 50 minutos;
    • Asistencia, a quienes se les enviará con oportunidad el calendario y horario de los encuentros virtuales; para la emisión de constancia se requiere de al menos un 80% de asistencia.
  • Difusión de los trabajos realizados, en redes sociales y espacios disponibles de las convocantes.

Fechas importantes:

  • Encuentros virtuales: Del 2 al 6 de junio, 2025.
  • Difusión de los trabajos realizados: Del 16 al 20 de junio, 2025.

Mayores informes:

Favor de contactar vía correo a vpena@colson.edu.mx

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