Raúl Trejo Delarbre | Días Aciagos

Las protestas por la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa expresan la indignación y la capacidad de exigencia de una sociedad que no se resigna ante la colusión de las mafias criminales con los sectores más corrompidos del Estado mexicano. La incapacidad del gobierno federal para indagar con eficacia y presteza qué ocurrió con los normalistas manifiesta las peores debilidades de un Estado cuyos mecanismos de seguridad parecen más inconsistentes que nunca. La parsimonia de los partidos políticos para reaccionar ante ese caso muestra su aislamiento respecto de la sociedad y propicia el deterioro en su muy maltratada credibilidad.

Nadie, absolutamente nadie, obtiene beneficios de este ominoso episodio. El desconcierto, la inacción inicial, las indecisiones políticas y ahora las confusiones por parte del gobierno federal han develado una impericia inexplicable. Las autoridades tardaron varios días en ocuparse de un asunto que era, desde el primer momento, escandaloso. La desaparición de 43 estudiantes fue tomada a la ligera y luego, cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció que daría a conocer su postura sobre ese asunto, solamente articuló una retahíla de obviedades.

Una operación criminal de las dimensiones de la que ocurrió en Iguala requirió de apoyos logísticos y, como se ha comprobado, de la complicidad de autoridades policiacas. Tuvo que tratarse de un hecho organizado y su indagación resulta más difícil. Pero aún así, las autoridades detuvieron a varios de los autores materiales del secuestro y a varios de los capos del cártel de narcotraficantes a quienes se atribuye la posibilidad de haber perpetrado la desaparición de los estudiantes. Con esos testigos y posibles autores materiales la averiguación permaneció estancada varias semanas, a juzgar por la monotonía en las versiones tanto de la PGR como del propio presidente de la República. Apenas el 22 de octubre, casi cuatro semanas después de aquellos hechos, el gobierno comenzó a ofrecer una versión de los secuestros.

El gobierno ha fallado en su incapacidad para resolver y enfrentar con prontitud este asunto. Pero quienes sostienen que la culpa de los hechos en Iguala son responsabilidad de la administración federal solamente contribuyen a distorsionar este de por sí muy enrarecido panorama. El PRI, por mucho que nos pese a quienes nunca hemos simpatizado con ese partido, ha sido ajeno a los hechos recientes en Guerrero. Se puede recordar, sí, la tortuosa etapa de cacicazgos priistas, las persecuciones a los disidentes sociales y la guerra sucia contra la rebelión armada en esa entidad entre los años sesenta y setenta (del siglo XX). Se puede y hay que recordar los orígenes y las prácticas siempre priistas del gobernador Ángel Aguirre Guerrero. Pero desde hace varios años esa entidad es gobernada por el Partido de la Revolución Democrática. Y el municipio de Iguala también.

La Normal de Ayotzinapa

De aquellas épocas, y antes incluso, viene el espíritu contestatario de la Normal de Ayotzinapa, cuyos nobles principios sociales con frecuencia han sido desvirtuados con abusos y extorsiones por parte de no pocos dirigentes estudiantiles. Cada tropiezo del Estado al tratar de atender las exigencias de las normales rurales ha redoblado las convicciones fundamentalistas de esos líderes y, según parece, de la mayoría de los estudiantes. A las penurias sin solución que han sido transferidas de una generación a otra, se ha añadido un discurso de confrontación llevado a la práctica con demasiada frecuencia. Los excesos cometidos por estudiantes de esa Normal son ampliamente conocidos desde hace largo tiempo e incluyen los acontecimientos que propiciaron la muerte del empleado de una gasolinera en diciembre de 2011.

Esos jóvenes normalistas se han formado –y seguramente cuando sean maestros así formarán a sus alumnos— en la convicción de que al Estado hay que enfrentarlo sin importar métodos y sin reparar en quiénes resulten perjudicados. Los muchachos desaparecidos el viernes 26 de septiembre habían ido a Iguala para hacer una “colecta”. Sigue resultando extraño que viajaran tan lejos. Pero en todo caso la permanencia de un conflicto tan antiguo, la ausencia de cauces para dialogar con los normalistas y la recurrencia de los enfrentamientos que protagonizaban, han sido parte del escenario de antagonismo y crispación constantes en Guerrero.

Viejo priismo, avalado por el PRD

Que había señales de la descomposición política en esa zona de Guerrero como ha recordado la excelente reconstrucción documental de Esteban Illades en Nexos, es cierto. Que el gobierno federal debió estar enterado del amafiamiento entre narcotraficantes y políticos locales, también. Pero el margen de maniobra de las autoridades federales no es tan sencillo como antes y las luces rojas debieron haberse encendido antes que nada en la casa de gobierno de Chilpancingo. Por lo visto allí no había nadie interesado en preocuparse por tales avisos. Es difícil suponer que el gobernador Aguirre haya dejado de atender tales señales por inexperto.

Mucho menos aceptable es el comportamiento del PRD. Los dirigentes de ese partido no han ofrecido una explicación clara sobre la aquiescencia que demostraron con Aguirre Rivero. “Ni pedimos su salida ni pedimos que se quede” dijeron más tarde, en una demostración tan cantinflesca que sería graciosa si no se tratase de un asunto tan grave. El comportamiento del PRD resultó desconcertante cuando titubeaba ante los hechos de Iguala, luego ha sido indignante por omisión y acción, sucesivamente. Las versiones que se propalan en la prensa sobre presuntos compromisos económicos y políticos con Aguirre y quienes lo han patrocinado pueden ser únicamente habladurías. Ojalá lo sean. Pero tales versiones circulan gracias al comportamiento de la dirección de ese partido que se negó a exigir la renuncia del gobernador de Guerrero y que antes, como si todo se arreglara canjeando una pieza por otra, afirmó que respaldaría esa renuncia si también dimitía un gobernador del PRI.

Seguramente con esa medida no se solucionaría la crisis por Ayotzinapa. Pero el gobernador Aguirre demostró, día tras día, que él mismo se había convertido en un impedimento para una indagación expedita de tales hechos. Los anuncios a plana entera que pagó en varios diarios de la ciudad de México (seguramente también de Guerrero) precisamente cuando en todo el país y en otros sitios se exigía su renuncia, confirmaron la índole de los reflejos de ese personaje: se trata del viejo estilo priista, que paga propaganda con recursos públicos como si de esa manera modificara la realidad o sus percepciones.

Pescadores en el río revuelto

El atentado contra los normalistas de Ayotzinapa es abominable. Pero no se trata de un crimen cometido por el Estado. Lo que ha propiciado este episodio es el retorno de las manidas suposiciones sobre el carácter fallido del Estado mexicano que tienen un sustento más político que analítico. Los promotores y a la vez beneficiarios de toda catástrofe en la vida pública han desplegado tales banderas ante un acontecimiento tan funesto que parecería confirmar sus advertencias. Hay quienes escriben, sin rubor ni cuidado, que en México el Estado ahora se dedica a asesinar a sus jóvenes.

Evidentemente no es así. Las manifestaciones de estos días, la exigencia inconforme de amplios sectores de la sociedad y antes que nada de los jóvenes en las universidades, confirma que de ninguna manera nos encontramos ante un Estado dedicado a reprimir. Y también reiteran, esas demostraciones cívicas, que cualquier tentación autoritaria, si llegase a brotar en la cúpula gobernante, sería atajada por la sociedad activa.

Las caracterizaciones tremendistas acerca del gobierno actual y del Estado, de manera más amplia, fomentan la confusión y dificultan la de por sí espinosa tarea de entender qué está ocurriendo. Se trata de algunas de las expresiones que pululan en tiempos de desconcierto. En ese río revuelto, surgen pescadores de todas las causas: un sacerdote que de pronto resulta tener información sobre las víctimas y que es inmediatamente desautorizado por los normalistas; grupos de seudo izquierda que en su arrebato, o de manera deliberada, actúan como provocadores contra los movimientos sociales; agoreros de la rebelión siempre atentos a cualquier conflicto porque consideran que mientras peor estén las cosas, mejor para sus expectativas.

Hoy, esos pescadores en el río revuelto tienen una audiencia magnificada por la gravedad de los hechos en Guerrero, la impericia federal y el desasosiego que hay en la sociedad.

Involuciones y especulaciones

La confusión es tal que inclusive ha conducido a desconfiar de uno de los pocos episodios virtuosos que ha ofrecido la política mexicana en los tiempos recientes y que fue la concertación de gobierno y partidos en torno a un proyecto inicial de reformas. El Pacto por México resultó de la convergencia de varias necesidades y convicciones: el gobierno requería del aval de las oposiciones más significativas para desarrollar un programa de cambios legales que de otra manera no hubiera sido posible. PAN y PRD encontraron en el Pacto la oportunidad para cristalizar en leyes algunas de sus demandas más importantes. Todos ellos subordinaron parte de sus intereses para coincidir en objetivos comunes. En lo que estuvieron de acuerdo, actuaron juntos; cuando no, como el PAN con la reforma fiscal y el PRD con la energética, simplemente no se sumaron a los compromisos. Así es, o así había que aspirar a que sea la política: proyectos, discusión, negociaciones, acuerdos.

El Pacto duró hasta que se pudieron mantener coincidencias básicas y dejó pendientes temas importantes. Demostró que las diferencias políticas no tienen que ser obstáculo para articular coincidencias. Les dio a los partidos, y al presidente, un horizonte más allá de la coyuntura. Y al país le dejó una colección de reformas desiguales, discutibles todas, pero con avances que nadie con una pizca de sensatez puede negar.

Desde luego el Pacto incomodó a quienes preferirían una devastación permanente para demostrar que todo está mal por culpa de quienes se encuentran en el poder. Ese discurso tremendista, que al mismo tiempo es providencialista porque luego de la descalificación de cualquier acuerdo postula como solución a un personaje caudillista, ha nutrido la escasa presencia pública de “Morena” en los meses recientes.

Que los grupos y el partido que abrevan en el calamidad sostengan ahora que los hechos de Iguala están relacionados con complicidades afianzadas en el Pacto por México, no es novedoso. Inclusive llama la atención el poco énfasis que el dirigente de Morena ha invertido en ese asunto al parecer comprometido él, también, por la alianza que tuvo o ha tenido con el gobernador Aguirre Rivero y con el ahora destituido y perseguido ex alcalde de Iguala.

Pero que en la opinión publicada, incluso por parte de comentaristas habitualmente juiciosos, se sostenga que el Pacto por México fue un pacto de complicidad y que el gobierno no atajó la descomposición en Iguala para mantener la adhesión del PRD, resulta sumamente aventurado. Como hipótesis de trabajo esa eventualidad puede ser interesante, aunque audaz. Como afirmación así sea precipitada por la necesidad que el periodismo suele tener por la contundencia, es lamentable. Hay que reconocer, sí, que la inexcusable reticencia del PRD y sus corrientes mayoritarias para deslindarse del gobernador de Guerrero propicia esa y otras especulaciones.

Desasosiego que se extiende

Nada será igual después de Iguala. La contundencia de ese acontecimiento ha sido entendida, padecida y subrayada por una sociedad activa que sin embargo, más allá de la indignación, no tiene soluciones delante suyo. Parapetarse en las quejas maximalistas como hacen quienes demandan que se vaya el presidente, ya no sirve ni como catarsis aunque, eso sí, forma parte de un panorama de desasosiego que se extiende en la sociedad. Al mismo tiempo, no hay una sola fuerza política con autoridad moral y con proyecto confiable hacia la que se pueda voltear en rechazo a quienes no han podido o querido responder a la altura de las aciagas circunstancias de estos días.

Nada será igual y resultará preciso partir de ese reconocimiento para entender lo que siga. No tenemos un Estado fallido pero sí instituciones judiciales insuficientes y una estructura gubernamental que en algunas zonas de sus niveles más básicos se encuentra profundamente corrompida. Ahora es cuando más necesitamos que las instituciones, los proyectos y los pactos funcionen, pero no parece que estas renovadas exigencias sean entendidas por las fuerzas políticas fundamentales. La crispación social puede ser aliciente para mantener encendida la exigencia pero también puede ser fuente de nuevas ofuscaciones y de una renovada desilusión ciudadana respecto de los asuntos públicos.

Como quiera que sea, la voluntad expresada en las calles y en otros sitios para no resignarse ante este escenario resulta alentadora. Los manifestantes en respaldo a los normalistas desaparecidos, la convergencia de numerosas universidades en la protesta, el eco que encuentran en medios de comunicación, forman parte de una situación que ninguna fuerza, ningún proyecto y ninguna aspiración política podrán soslayar.

Twitter: @ciberfan

Publicado en www.sociedad.wordpress.com el 22 de octubre de 2014.