Hipólito Rodríguez | Ayotzinapa y los enclaves regionales del autoritarismo
No está lejos Ayotzinapa de Veracruz. La situación que permitió el asesinato y desaparición de decenas de estudiantes en la ciudad de Iguala, Guerrero, no es muy distante de la que prevalece en algunas ciudades veracruzanas. Que los cuerpos de policía se asocien con bandas criminales es un fenómeno que, poco a poco, ha empezado a generalizarse en el país, y que ha adquirido particular fuerza en algunas regiones.
La nota común a esas regiones es que se trata de territorios donde el tráfico de drogas ha construido corredores para mover sus mercancías; donde desde hace años el narcotráfico y sus negocios —la extorsión, el secuestro, el robo— han penetrado al sistema político; donde la corrupción ha permitido que los cargos públicos sirvan de instrumento para el crecimiento de las fortunas de los miembros de la clase política; territorios donde prevalece la impunidad. No hay en ellos enriquecimiento inexplicable: todos sabemos que las arcas públicas alimentan sus bolsillos.
La otra nota común a esas regiones es que en ellas hay una degradación de la vida democrática. Para empezar, la libertad de expresión padece severas limitaciones. El periodismo se ha convertido en una tarea peligrosa: informar de lo que verdaderamente ocurre, dar cuenta de la desaparición de personas, de los secuestros y extorsiones que agobian a una parte creciente de la sociedad, es una actividad que tiene un alto riesgo para quienes la ejercen. El peligro proviene no solo del crimen organizado, sino también de sus cómplices: los funcionarios responsables de procurar seguridad a la población, los cuales se sienten atacados si se exhibe que han dejado de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Para las autoridades gubernamentales, es preferible que nada se sepa, pues decir la verdad —simplemente decir que habitamos en regiones donde es peligroso vivir, pasear, hacer negocios— equivale a dos cosas: exhibir su ineptitud y/o denunciar su complicidad con el crimen. ¿Cuánto dinero público se invierte en empresas periodísticas que sólo informan lo que el gobierno indica?
La degradación de la vida democrática es también resultado de las actividades de financiamiento de las campañas políticas por parte de los agentes económicos que se benefician de la ilegalidad. Cada tres años, durante los días en que ocurren los procesos electorales, vemos que empiezan a circular cantidades extraordinarias de dinero dedicadas a financiar la publicidad, la propaganda —la abrumadora lluvia de mentiras y promesas—, los miserables regalos con que se compra a la población para que con su voto se siga sosteniendo un sistema económico injusto, donde la desigualdad permite la acumulación de privilegios y el crecimiento de la pobreza. Las consecuencias que se derivan de esas inversiones millonarias las tenemos a la vista: una clase política envilecida, corrupta, inepta, ignorante, prepotente.
Cuando los estudiantes salen a las calles a exigir sus derechos —una educación pública de calidad— la respuesta de los gobiernos locales corruptos no puede ser otra que la violencia. Lo mismo ocurre con las demandas de sus maestros. No hace muchos meses el movimiento magisterial veracruzano padeció el mismo trato que ahora vemos se dispensa a los jóvenes normalistas de Guerrero. Las demandas pacíficas, legales, que sólo procuran defender derechos fundamentales, reciben una respuesta autoritaria. Se criminaliza la protesta, y se busca atemorizar a los que dan la cara.
En buena parte de Veracruz, y sobre todo en el sur de la entidad, la población padece de modo cotidiano situaciones de secuestro, extorsión, despojo, asesinato. La prensa no siempre puede decir lo que ocurre, porque en Veracruz el periodismo ha sufrido ya el asesinato de los informadores que se han atrevido a trasmitir las malas noticias: vivimos en un enclave autoritario, donde las autoridades locales suelen sostener tratos de tolerancia con el crimen organizado.
Si la población que reside en el estado se haya desprotegida, en el caso de los migrantes extranjeros que transitan por el país la situación es más grave. Hay un vacío institucional en materia de trata y tráfico de personas. Si bien de modo formal es una problemática que compete a la autoridad federal, la autoridad local no puede ignorarla. Según el testimonio de un sacerdote vinculado a las redes de apoyo a los migrantes, en un año son secuestrados un promedio de 20 mil migrantes en México y la ganancia por este ilícito puede estimarse en 50 mil millones de dólares. A su juicio, Veracruz, Tamaulipas y Tabasco (las entidades situadas en el corredor del Golfo de México) son los estados donde el mayor índice de delitos de este tipo se presenta. Aunque en el año 2010 se aprobó la Ley para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar la trata de personas para el estado de Veracruz, la misma carece de mecanismos concretos para su aplicación.
No se contrata y capacita personal especializado para atender a los migrantes, de ahí que la trata de personas no sea investigada ni combatida en los hechos. Incluso organismos que deberían proteger los derechos humanos en la región dejan mucho que desear. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz ha tenido uno de los peores desempeños a nivel nacional, resultado de su falta de autonomía política y la precariedad de sus medios de acción. La institución carece de credibilidad y la ciudadanía no confía en ella: de ahí que haya un escaso registro de las violaciones a los derechos humanos en Veracruz. La debilidad de las instituciones de justicia ha permitido su utilización por redes de funcionarios, agentes policiacos y delincuentes con recursos, que neutralizan sus funciones básicas. El ciudadano solo puede acceder a la justicia si cuenta con recursos o relaciones para corromper a la autoridad. La situación de desprotección se hace más grave cuando el problema afecta a las poblaciones vulnerables. Los abusos que padecen los migrantes centroamericanos no tienen atención real por parte del gobierno de Veracruz, el cual no los considera su responsabilidad. En torno a esta situación se tejen redes de complicidad que permiten el desarrollo de grupos criminales.
El asesinato de estudiantes en México es un indicador del grado de descomposición del sistema autoritario. Si en 1968 una manifestación estudiantil pacífica fue reprimida de manera brutal, y los responsables de la represión no recibieron ninguna sanción, ¿podemos permitir que en 2014 prevalezca otra vez la impunidad?
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Ayotzinapa y la descomposición del tejido social
Ricardo Porrúa Rodríguez
El problema de Ayotzinapa es parte de la descomposición del tejido social o anomia que vive México, pero no es exclusivo de nuestro país, desde el siglo pasado han resultado insuficientes los esfuerzos para explicar los fenómenos de un mundo que supera las lindes del Estado Nación y cuya dinámica y efectos requieren la contrastación de la teoría con los resultados empíricos. En un mundo globalizado México ha perdido el camino para llevar a buen fin importantes políticas públicas, los retos que presenta la globalización, requieren respuestas en un marco multinacional y político que necesita formalizar los cambios que se están gestando. Para intentar comprender estas transformaciones, debe analizarse el paradigma dominante en los años 90, el Consenso de Washington y la emergencia de la Gobernanza global como un espacio significativo, de transformaciones e interrelación entre los distintos actores y niveles políticos, como en el caso de México.
El concepto de Gobernanza es trascendente en los debates teóricos actuales y en la práctica política debido a las reformas del sector público, por ello el debate en México requiere de una revisión de la agenda para la transformación del Estado en pos de someter la razón económica a la razón social y frenar atentados en contra de la ciudadanía, que son parte de los efectos negativos de la ANOMIA que estamos viviendo. México se encuentran en crisis, no contamos con un proyecto estratégico que permita fortalecer nuestra capacidad de negociación para una real inclusión en la globalización y por ende transformar las oportunidades de nuestras sociedades para beneficiarse de la misma. Así, con el marco conceptual de la Gobernanza y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se despliegan preguntas y con ello, la necesidad de explorar nuevas configuraciones para buscar dar respuesta a los cambios socioeconómicos que se están originando. La discusión sobre Gobernanza muestra la necesidad que se vive en México de redefinir críticamente las viejas temáticas para fortalecer los procesos democráticos y promover el desarrollo.
Durante los 90, México progresó en cuanto a integración económica, sin embargo, las crisis del modelo de crecimiento pueden ser interpretadas como crisis del modelo de integración global. La Gobernanza es un marco de referencia, ante las limitaciones de nuestro gobierno para frenar la descomposición del tejido social, presente en el caso Ayotzinapa y, promover políticas públicas que busquen mejorar las oportunidades para afrontar el reto de la globalización. El caso de Ayotzinapa puede ser el detonante de la emergencia de nuevos procesos de Gobernanza en México, sin embargo, en ausencia de un plan de integración global, la toma de decisiones vinculada a ésta, se encuentra dominada por la burocracia que afecta la vida cotidiana y nuestras perspectivas futuras.
Además, existe un grave problema asociado a la anomia en México, referente al hecho de que como uno de los países líderes de la región, no comanda aún un proyecto de integración global latinoamericano que reconozca fortalecer la capacidad de negociar su inserción en la globalización y que permita mejorar las oportunidades de la sociedad a partir del Consenso de Washington. La práctica política en México se encuentra dominada por la lógica nacional burocrática y por ello en esta coyuntura, resulta necesaria la construcción de un espacio de Gobernanza como territorio significativo para la acción política y la construcción de ciudadanía.
Así, (…) en función de las tendencias prevalecientes en la región, Serbin analiza la dinámica actual del regionalismo latinoamericano y del Caribe, además de la emergencia de iniciativas inter-gubernamentales para impulsar diversas modalidades de regionalismo de características diferentes al “Consenso de Washington”, y de rasgos acoplados a la evolución de las redes y organizaciones de la sociedad civil en su capacidad de incidir, en este contexto, sobre las agendas regionales” (Serbin 2012b, 78 – 79)
La historia del Consenso de Washington muestra, para México, que modelos institucionales no dan resultados iguales en un contexto político social diferente. Tanto, escuelas de pensamiento, como teorías en boga, han buscado recetas universales que atenúen los componentes desestabilizadores y las crisis en los países en desarrollo. Han querido encontrar en el “consenso” una condición para determinar un sistema dogmático para la sociedad mexicana, asumiendo que el “consenso” es una medida para que los miembros de una sociedad acepten reglas e instituciones encargadas de aplicarlas, y una compatibilidad común, que los agrupa en dirección a un mismo interés.
El Consenso de Washington presenta resultados dirigidos a legitimar los caminos por los que se conduce la Gobernanza Neoliberal. Mediante esta legitimación, ha pretendido mitigar la contingencia de desacuerdos, y así, evitar la división de opiniones y la aparición de conflictos. Así, el Consenso de Washington ha servido como modelo de referencia para justificar la práctica de políticas neoliberales e impulsar una agenda legitimadora de la Globalización en México, reforzando para los actores que la promovían, las expectativas de alcanzar objetivos a escala mundial. Desde esta perspectiva, el Estado mexicano es un obstáculo, y no así, una solución a los problemas de desarrollo de la sociedad, en un contexto en el que el tejido social ya lleva buen tiempo descomponiéndose. Igualmente, podemos pensar que no todas las complicaciones políticas, sociales y económicas de México se derivan del Consenso de Washington, muchos de sus problemas ya existían, pero lo que es cierto es que su implementación contribuyó a su agravamiento.
(Sanahuja 2012, 25), menciona que si el nuevo regionalismo fue la respuesta a los desafíos políticos y de seguridad de la era post-Guerra Fría, el “Regionalismo Abierto” podía ser considerado como la respuesta a las demandas de dinámicas crecientes y manifiestas de la regionalización económica y la globalización. El “Regionalismo abierto” asoció la integración económica regional con las políticas liberales del llamado “Consenso de Washington”.
Hasta nuestros días, queda constancia que la Gobernanza Neoliberal, representada mediante políticas de desarrollo y modelos institucionales, exportados hacia los países en vías de desarrollo, e ideados por los países desarrollados y los Organismos Internacionales, han sido un fracaso en la búsqueda de socializar sus resultados. Así, en México, parte de este fracaso se debe a que nuestro Gobierno pensó que al adoptar los postulados del Consenso de Washington, se difundiría el desarrollo y el bienestar a todos los estratos sociales y económicos. Esta última idea, solo ha acrecentado la brecha entre triunfadores y perdedores en la búsqueda de la Globalización, lo cual ha reforzado los esquemas de exclusión de la anomia mexicana y la debilidad de nuestro Estado.
La difusión del desarrollo y bienestar que se esperaban de la Gobernanza Neoliberal, se ha convertido en la aplicación de políticas neoliberales como única alternativa de modernización económica, antes que política para México, reflejándose en un alta fragmentación y exclusión social como consecuencia de la falta de visión de la dirigencia y elites políticas, que no han generado las condiciones estructurales para frenar la brecha entre triunfadores y perdedores en la búsqueda de la Globalización. Riggirozzi nos dice que (…) los países latinoamericanos decidieron seguir los postulados del Consenso de Washington, en parte como un programa pragmático para recuperar el acceso a los flujos financieros internacionales, y en parte como resultado de una percepción de la falta de que “no hay otra alternativa”, los países de la región casi sumisamente adoptaron el Consenso de Washington y accedieron a las condiciones aperturistas promovidas entre otros instrumentos por el alivio de la deuda a través del Plan Brady impulsado por EE.UU (Riggirozzi 2012, 136).
Así, uno de los temas en discusión para México, debe ser refrescar la teoría y su práctica debido a la crisis que estamos viviendo con el caso Ayotzinapa y que es una manifestación para que los temas prioritarios de la agenda de la Gobernanza Neoliberal se enlacen a la discusión sobre las oportunidades de la sociedad para intentar frenar la anomia existente. Si el espacio relevante para el estudio de los procesos democráticos y de desarrollo es el global, resulta necesario promover mecanismos de participación política, y desde la Gobernanza, es posible repensar la lógica referente al proceso de nuevos procesos de integración global.
Licenciado en Economía y Maestro en Estudios Sociales, especialidad en Economía de la Educación /Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa), candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Políticas (Universidad Iberoamericana, Campus Cd. de México).
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