Cátedra Kissinger: ¿encubrimiento académico de la memoria histórica?

La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido

Milan Kundera 

A la par de las estrategias neoliberales que pretenden transformar por doquier las universidades en invernaderos de profesionistas despolitizados y de profesores prestos a planear sus actividades ante todo como mecanismos para lograr salarios decorosos, parecen estar surgiendo también nuevas formas de utilizar las universidades para encubrir la memoria histórica y falsear el sentido de la realidad. Por lo menos ésta es la reacción que surge ante la confirmación hecha pública hace poco, del inicio, en el semestre de invierno próximo a iniciarse, de una cátedra universitaria patrocinada, titulada originalmente «relaciones internacionales y derecho internacional público, con atención especial a las políticas de seguridad», y re-nombrada, a causa de múltiples protestas, «para la gobernanza y la seguridad internacional». Dicha cátedra se impartirá en la universidad pública de Bonn y contará con un presupuesto anual mayor de cinco millones de pesos, durante al menos cinco años, provenientes de fondos de los Ministerios Federales de Defensa y de Relaciones Exteriores (y esto a pesar de que existen en el país dos universidades de las fuerzas armadas).

Lo más llamativo es que dicha cátedra llevaría, a modo de homenaje con motivo de sus noventa años de vida, el nombre del Sr. Henry Kissinger, por lo que el rector de dicha universidad se congratuló de que dicha cátedra «…impulsará la investigación y la docencia en los campos de las relaciones internacionales y el orden mundial del derecho internacional público… y marcará la pauta en el campo de la política internacional de seguridad».

¿Henry Kissinger como patrono, ejemplo, símbolo del respeto entre los pueblos y el derecho internacional – y a tal grado que se funde una cátedra universitaria con su nombre y en su honor para marcar pautas en la política internacional?

Conviene recordar que dicho personaje fue Consejero de Seguridad Nacional (1969-1973) y Secretario de Estado (1973-1977) de los Estados Unidos, bajo los presidentes Nixon (1969-1974) y Ford (1974-1977), y que como tal fue al menos co-responsable de crímenes de guerra y de graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, las encubría o las autorizaba.

Una carta de protesta puesta en circulación por el consejo científico de Attac-Alemania, denuncia no solamente el papel de Kissinger en el alargamiento de la guerra de Vietnam, en la expansión de ésta hacia Camboya y Laos y en los bombardeos indiscriminados de objetivos civiles en Vietnam del Norte durante los años setenta. También señala que dicho personaje estuvo directamente involucrado en la planificación de la guerra económica internacional contra el legal y legítimo gobierno chileno de la Unidad Popular y la preparación del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, que terminó con la muerte del presidente Salvador Allende e inició los horrendos 17 años de la dictadura pinochetista. Igualmente se refiere a la aprobación por parte de Kissinger de las horrorosas medidas represivas de la junta militar argentina después del golpe de estado de 1976 y el fomento de estrategias del mismo tipo en otras partes de América Latina («plan Condor»).

Como es sabido, los esfuerzos del juez español Baltasar Garzón, quien logró en 1998 al menos el arresto domiciliario temporal del dictador Pinochet en Gran Bretaña, no han tenido éxito con relación a la invocación del principio de justicia universal en el caso de Kissinger; al contrario, éste, como se recordará también, incluso logró obtener, en medio de múltiples protestas, el premio nobel de la paz de 1973, en atención a sus supuestos esfuerzos relativos a la terminación de la guerra de Vietnam – a cuya intensificación había contribuido previamente, por lo que su contraparte vietnamita Le Duc Tho, agraciado con el mismo premio, se negó a recibir dicho premio.

Es de sobra conocido que, desde sus inicios, las ciencias sociales han tenido dificultades para deslindarse de los intereses abiertos y ocultos de sus patrocinadores, por lo que el tema de su «objetividad» ha sido centro de un debate interminable. Indudablemente, el objetivo de las ciencias sociales, la descripción y explicación de la realidad sociocultural, solamente se puede lograr de manera asintótica; pero es obvio también que no se debe nombrar fenómenos con palabras que evocan exactamente su contrario. En esto, la tradición de las ciencias sociales latinoamericanas ha sido luminosa, ya que desde que se hicieron presentes en la escena mundial con la propuesta de la teoría de la dependencia, quedaba claro que no se trataba de mejorar algún detalle de las ciencias sociales entonces dominantes, sino de develar su contenido ideológico (en el sentido de oscurecedor y legitimador de las relaciones de dominación y explotación existentes) y de generar perspectivas más acordes con la realidad y con las aspiraciones de una vida humana digna de las grandes mayorías empobrecidas. Inicióse así la crítica de la colonialidad, que hoy por hoy no solamente sigue hipotecando las relaciones sociales, sino también el conocimiento sociocientífico en los países del Sur.

Aunque es debatible que sea el Ministerio de Defensa del tercer país exportador de armas a nivel mundial el que financie cátedras universitarias sobre el derecho internacional en una ciudad colmada de instituciones dedicadas a la «cooperación internacional para el desarrollo», esto es, al fin y al cabo, un problema interno de Alemania, de su sistema universitario y de su aparato militar.

Lo que no resulta tolerable es que el nombre de un personaje tan claramente vinculado con el más palmario desprecio por los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos durante los años setenta del siglo pasado y plenamente identificado con el carácter antidemocrático e intervencionista de un gobierno federal estadounidense tan desprestigiado que acabó en renuncia forzada, pretenda ser usado ahora para enmascarar estructuras y procesos completamente contrarios a la idea de un derecho internacional público, de relaciones internacionales basadas en el respeto entre los pueblos y en la vigencia planetaria de los derechos humanos.

En este sentido, exigir la anulación del proyecto de la cátedra Kissinger, como lo promueve, por ejemplo, Attac-Alemania, no constituye una venganza tardía contra un antiguo político, cuyo furor anticomunista condescendió con la muerte, la tortura, el encarcelamiento y la desaparición de miles de personas en todo el mundo, amén del empoderamiento de dictaduras atroces. Más bien se trata de no permitir que la institución académica, mediante el otorgamiento de un aire de «cientificidad objetiva», sea pervertida para encubrir esta clase de opciones políticas contrarias a los derechos humanos y a los principios de un orden internacional basado en el respeto mutuo. Al mismo tiempo, se hace patente la necesidad de seguir desarrollando –precisamente en las universidades y centros de investigación social–la idea y la práctica de los derechos humanos y de los principios básicos del orden internacional.

El no sumarse a la protesta conllevaría el peligro de tener que estar pronto ante condecoraciones para supuestos defensores de los derechos humanos que lleven como nombre «Medalla ESMA», «Orden Villa Grimaldi» o «Gran Cruz de Guantánamo»…