¿Qué hacer como científicos sociales ante atrocidades como Tlatlaya y Ayotzinapa?

Presentación[1]

Mucha gente se ha estado preguntando durante los últimos meses qué debería y qué podría hacer ante las atrocidades de Tlatlaya (junio de 2014) y de Ayotzinapa (septiembre de 2014), las cuales son vistas cada vez más en una relación de continuidad con la masacre en San Fernando en Tamaulipas (los 72 de marzo de 2011), en la guardería ABC en Hermosillo (los 49 de junio de 2009) y en Acteal (los 45 de diciembre de 1997[2]), por nombrar solamente las desgracias con mayor número de muertos. En lo que sigue, se limita esta pregunta a lo que pueden hacer las y los profesionales de las ciencias sociales, independientemente del tipo de institución en que laboren o de la función que desempeñen, y a la de las y los estudiantes en ciencias sociales

Esta delimitación se enfoca estrictamente en la condición de especialista o estudiante en una disciplina social como tal, cosa que hay que subrayar en vista de que a veces docentes universitarios y otros profesionales se han extralimitado, usando su posición para forzar a dependientes a asumir sus propias posturas éticas o políticas. Por tanto, la pregunta ¿qué hacer? no se refiere aquí a opciones (éticas, religiosas, políticas) de una persona como ciudadano, independientes de su profesión o actividad laboral.

Hay tres campos interrelacionados, donde parece requerirse en situaciones como la actual, a especialistas en ciencias de la sociedad. Esto quiere decir que se les necesita como especialistas formados en el conocimiento de la dimensión social y cultural de la realidad sensible y en el conocimiento de ciertas sociedades, grupos sociales o regiones, de ciertas épocas de la humanidad y/o de ciertas temáticas socioculturales. Este conocimiento siempre tiene de algún modo la finalidad de servir para actuar sobre la sociedad[3]. Es cierto que toda intervención responsable en la realidad social implica el estudio teórico y empírico a profundidad y el acompañamiento mediante la asesoría especializada, lo cual siempre solo algunos profesionales están en condición de realizar. Pero sus investigaciones empíricas, reflexiones teóricas y propuestas prácticas son debatidas por los demás integrantes del gremio y por otros ciudadanos. También por ello, estos tres campos pueden convertirse en espacios donde surgen propuestas de acción para individuos, grupos y organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales.

A) Recopilación, valoración y sistematización de información actualizada

Es frecuente que un médico sea consultado informalmente por sus conocidos acerca de determinados problemas de salud tales como vacunas o nutrición, aunque su especialidad sea otra. Pero se supone que un médico está más atento a informaciones relativas a cuerpo, salud y enfermedad que cualquier otro ciudadano. También se suele suponer que su conocimiento general le proporciona criterios para distinguir entre información dudosa y razonablemente aceptable, es decir, que su formación básica le permite ubicar cierta información en un cuadro general confiable. Y, finalmente, se espera que pueda traducir el lenguaje médico al coloquial e incluso que pueda recomendar fuentes de información valiosas y comprensibles para no especialistas. Algo semejante sucede también con biólogos, electricistas, mecánicos y otros expertos más.

Es en este sentido que los profesionales en ciencias sociales nos hallamos en casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa ante la expectativa de estar mejor informados y más actualizados sobre lo que sucede en la economía, la política, la sociedad y la cultura de nuestro país y de otras partes del mundo, de estar más familiarizados que la mayoría de los ciudadanos con las fuentes primarias de esta información (o sea, más allá de la enciclopedia Wikipedia, es decir, con los estudios impresos y digitalizados contenidos en bibliotecas y hemerotecas, con censos y estadísticas, reportes y tesis, audios y videos en los que se basaría un artículo de la famosa enciclopedia electrónica), y de tener mayor capacidad para distinguir datos falsos o irrelevantes de datos verídicos y pertinentes, y para distinguir interpretaciones sesgadas de explicaciones intersubjetivamente comprobables. Desde luego, muchos ciudadanos tienen acceso a la televisión, la radio, los periódicos impresos y digitales, los blogs de instituciones y personas y las «redes sociales», pero saben que a través de estos medios circula también mucha información torcida, no verificada, a veces inventada o provista de lagunas intencionales. Los profesionales de las ciencias sociales, investigadores o no, estamos ante el mismo problema, pero la ardua tarea de estar bien informado es algo que las instituciones universitarias con sus burocratizados formatos de planeación y evaluación no solo no fomentan sino hasta inhiben, porque se trata de «actividades» que no tienen «temporalidad definida» ni «objetivo medible» ni resultados evaluables mediante «productos» y «puntos».

Sin embargo, el problema es más complejo, pues para ubicar las informaciones periodísticas volátiles en sus contextos empíricos y teóricos, se necesita tiempo, visión de conjunto y recursos cognitivos específicos. ¿Cómo analizar los casos de Tlatlaya y de Ayotzinapa sin información demográfica, etnológica, económica, de ecología humana, historia social y política, sobre organizaciones comunitarias y religiosas, movimientos migratorios y patrones culturales en los Estados de México y Guerrero? Pero ¿cuál preparatoria, universidad, instituto tecnológico o escuela normal del país cuenta con bibliotecas y suscripciones digitales que permiten a estudiantes y docentes, profesores e investigadores acceder a tal información? ¿En cuál institución académica existen mecanismos ágiles y expeditos para adquirir material informativo clave en situaciones como las mencionadas?

B) Atención especial al punto de vista «otro» de las víctimas

En situaciones como las creadas por los asesinatos masivos de Tlatlaya y Ayotzinapa es patente que el estado como institución no ha cumplido con su función principal, la cual es garantizar la vigencia del artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.» Dado que los aparatos administrativos, las instituciones políticas y los medios informativos, orientados por criterios cortoplacistas para «salvaguardar» su imagen y asegurar la «gobernabilidad», suelen manipular la generación y divulgación de información, todo análisis científico debe estar atento a la existencia de otros datos. Un posible camino para la construcción del conocimiento social más objetivo posible, es incluir el punto de vista de las víctimas y de las personas, grupos y organizaciones cercanas a ellas, para completar y corregir el cuadro de la información «oficial».

Por tanto, las instancias públicas y privadas abocadas a la defensa de los derechos humanos, deben ser consideradas, independientemente de sus limitaciones y parcialidades inevitables, fuentes de información importantes; y como sus integrantes están expuestos a todo tipo de presiones de parte grupos de poder empresariales y políticos, legales y criminales, esto implica apoyar constantemente la exigencia de garantizar el libre desarrollo de sus actividades. Evidentemente, dicha exigencia puede fundirse con la acción solidaria de científicos sociales comprometidos con la vigencia de los derechos humanos, pero aquí se menciona esta cuestión únicamente en función de la búsqueda del conocimiento verídico.

C) Identificación de continuidades estructurales en la cotidianidad propia

Como ya se enfatizó, las ciencias sociales no solo reúnen y sistematizan información. Buscan explicaciones de fenómenos socioculturales, para lo cual echan mano de teorías. Tales teorías les permiten ver[4] fenómenos aparentemente aislados o pertenecientes a otros contextos como elementos de estructuras y procesos más comprehensivos. Sin embargo, a menudo parece repetirse aún la época del nacimiento de las ciencias sociales, cuando éstas tenían que luchar por diferenciarse, en ontología y método, de la biología y la psicología y construir cognitivamente la dimensión sociocultural como distinta de la del individuo; este escenario adverso se refuerza por las particularidades de la investigación penal y las exigencias de castigo y resocialización que se enfocan todas en el individuo. Una y otra vez, por consiguiente, las ciencias sociales no solo tienen que explicar el fenómeno en cuestión, sino también a sí mismas, sus características y métodos. En el siglo XIX, por ejemplo, la llamada antropología criminal trató de explicar las causas de conductas delictivas mediante la referencia a la acción de mentes innatamente criminales e incluso a rasgos físicos que supuestamente permitían detectar tales mentes. Aunque, desde luego, existen las responsabilidades moral y penal del ciudadano individual, las ciencias sociales operan con otras categorías, las cuales se refieren a la estructura social, las relaciones de poder, los lazos creados por la solidaridad comunitaria, el parentesco y la dinámica del capital, la desigualdad en el disfrute de los bienes colectivamente creados, los mecanismos socioculturales de discriminación y exclusión.

Tanto para entender la situación creada por las masacres mencionadas como para mostrar la validez de categorías como las que se acaban de nombrar, puede ser de utilidad examinar la cotidianidad que los especialistas en ciencias sociales compartimos con quienes nos consultan en tal situación. Porque entonces empieza a descubrirse cómo, a pesar de lejanías geográficas y temporales, algunas de las dinámicas que llevaron a las catástrofes de Tlatlaya y Ayotzinapa, de San Fernando, Hermosillo y Acteal están presentes en la vida de todos los días y en la región propia. Y no solo en la política formal y en las estructuras económicas, el funcionamiento de los aparatos administrativos y las fuerzas de seguridad, sino también en matrices culturales y moldes discursivos, en las relaciones familiares y vecinales, en las organizaciones gremiales, religiosas y de esparcimiento y hasta en la universidad o el centro de investigación donde uno trabaja o estudia.

¿Dónde pueden identificarse aquí, a veces de modo grotesco y abierto, pero muchas mas veces de modo aparentemente menos ofensivo y encubierto por la costumbre, el miedo a hacer el ridículo o la simple desidia, conductas autoritarias que asfixian todo tipo de crítica, uso privado de recursos públicos, negación a rendir cuentas más allá de rituales formales, discriminación por lengua materna, color de piel, apellido, estatura o género, confusión de concesión con patente de corso? ¿Dónde aparecen complicidades corruptoras de normas legales, desvíos jocosamente consentidos de fondos, falta de transparencia, amiguismo y nepotismo desde siempre soportados, retención y hasta falsificación de información, que no se deben simplemente a rasgos de personalidad, sino a pautas culturales nunca cuestionadas, desigualdades socioeconómicas, étnicas, de género o de edad consideradas «normales», concentración de poder sin contrapesos ni control efectivo, normas impuestas sin posibilidad de reclamo, estructuras de representación y cadenas de mando diseñadas para el aprovechamiento personal impune, aceptación tradicional de formas de comunicación, de retribución y de trato humillantes?

Comentario final

«De la indignación a la digna acción» pudo leerse en algunas manifestaciones de protesta recientes. Para los profesionales de las ciencias sociales, tal llamado puede ser traducido, sin perjuicio de opciones personales de otro tipo, a «De la indignación a la reflexión»[5]. El disponer de información validada y sistematizada –lo que incluye la responsabilidad de pugnar por centros de información bien equipados y actualizados en todas las escuelas de educación media superior y superior–, parece ser respuesta a un reclamo real; tal respuesta incluye la explicación de los criterios para reconocer fuentes de información válidas para el análisis sociocultural y su difusión. Un segundo paso es la participación en –y la animación de– foros, conversatorios, círculos de análisis, grupos de discusión con especialistas de otras disciplinas y con ciudadanos en general, para reconocer continuidades y rupturas estructurales y para construir argumentos probables sobre causas y efectos de los conflictos mortales y, por consiguiente, también criterios para el examen de las recientes propuestas de funcionarios, comentaristas y usuarios de las llamadas «redes sociales». Ambas actividades tendrán que realizarse paralelamente a la inducción al pensamiento sociocientífico, el cual está reñido no solo con explicaciones de tipo biologicista y psicologista, sino también con las ideologías clasistas, racistas, consumistas y desarrollistas que promueven el «progreso» individual a cualquier precio.

La tragedia nacional inocultable después de Tlatlaya y Ayotzinapa significa un reto específico amén de enorme para las ciencias sociales. De sus profesionales y estudiantes dependerá su contribución a la explicación de la situación y a la discusión sobre los cambios sociales necesarios para impedir que se repitan tales atrocidades – cambios bastante mayores y más profundos que lo que muchos expertos en economía, gobernanza y educación actualmente están dispuestos a admitir.

Referencias citadas:

Krotz, Esteban (2012). «¿Qué se aprende cuando se estudia antropología?» En: Estudios en Antropología Social, 2 (1), 3-14; [http://cas.ides.org.ar/volumen-2-numero-1-2012].

Krotz, Esteban (2013). «¿Son ciencias las ciencias sociales? ¡Qué otra cosa podrían ser!» En: Blog del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, 24 de mayo de 2013; [https://www.comecso.com/?p=2608>].

Leyva Solano, Xóchitl y María Gracia Castillo Ramírez (2011). Para reflexionar sobre la Masacre de Acteal (Chenalhó, Chis.): pequeña bibliografía comentada. Ed. Consejo Mexicano de Ciencias Sociales-Región Sursureste (Pequeñas bibliografías comentadas, 2); [<https://www.comecso.com/?page_id=85>].

Notas:

[1] Una versión ligeramente modificada de este texto ha sido incluido con el título “¿Qué hacer como científicos sociales” en el volumen colectivo Alzando la voz por Ayotzinapa, coordinado por Juana Juárez Romero y Alma Patricia Aduna Mondragón (Ed. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa / Eds. del Lirio, México, 2015; pp. 33-40), el cual será expuesto ante la comunidad universitaria los días 25 y 26 de febrero de 2016.

[2] Ver para el caso más lejano la bibliografía elaborada por Xochitl Leyva Solano y María Gracia Castillo Ramírez (2011).

[3] Para la reivindicación del carácter científico de las disciplinas sociales en el sentido de instrumentos cognitivos para conocer las causas de situaciones y procesos, ver Krotz 2013.

[4] Puede entenderse el aprendizaje de la antropología –algo semejante valdría para cualquier disciplina científica– como adquisición de una visión particular a partir de una determinada pregunta central (Krotz 2012).

[5] Así el subtítulo del Foro convocado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales sobre «La tragedia de Ayotzinapa» (<https://www.comecso.com/>).