Benito León Corona1 y Israel Cruz Badillo2
Resumen: La seguridad pública en México se encuentra severamente alterada, como lo muestran los datos que día a día se acumulan y que, si bien, han sido objeto de grandes despliegues estratégicos y operativos, como lo muestra el diseño e implementación de diversos programas, los resultados son sumamente escasos. Ante este panorama, el objetivo de este trabajo es, en primera instancia, describir la utilidad de los enfoques metodológicos de la implementación y el análisis organizacional para este tipo de estudios, con el propósito de generar una propuesta de intervención.
Abstract: Faced with this worrying picture, the purpose of this essay in the first instance is to put in context the problem of public security in the state of Hidalgo, showing that one of the main factors that contribute to the increasing of the offences is the disfunctional operation of the municipal police force. Another point to be mentioned is describe how useful are the methodological approaches of implementation and the organizational analysis for this type of studies.
Palabras clave: Seguridad Pública; Estructura Operativa; Funciones; Implementación y Análisis Organizacional
La sociedad va creciendo y cambiando, asimismo, cambian las relaciones entre los individuos. Por ello se hace indispensable que la forma de mirar a las organizaciones cambie a través del tiempo a la par de la sociedad. Precisamente, dichos cambios han llevado a diferentes autores a
desarrollar teorías que ayuden a explicar esas formas de organización.
El año de 1920, emerge en el pensamiento angloamericano la Teoría Organizacional (TO), esta tiene un carácter intraorganizacional y se enfoca a los elementos internos de la organización como son la estructura, los procesos, los individuos, las reglas y los resultados. Esto es, que lo que se encuentra dentro de la organización es controlable y la administración se convierte en la herramienta que permite someter a la estructura y el funcionamiento de la organización. Conforme a lo anterior, la organización tiene en su interior un andamiaje que le permite estructurar, procesar y obtener resultados. Empero, es la estructura la que ordena el trabajo, distribuye las funciones, el poder y la responsabilidad. En un sentido estricto, la estructura define las tareas en que se divide el trabajo –lo estático– en actividades directivas, de administración, de gestión y técnicas; en cambio, los procesos definen a las actividades relacionadas a la coordinación del mismo –lo dinámico–, considerándose esto como un factor organizativo necesario para la administración y el logro de los objetivos organizacionales.
La configuración de las estructuras al interior de las oficinas de seguridad pública municipales determina la funcionalidad o disfuncionalidad operativa de las actividades designadas por los marcos institucionales. Por tanto, una propuesta de análisis se establecería en explorar, describir e interpretar las formas de las estructuras organizacionales, determinando su nivel de formalidad en los protocolos de actuación, su complejidad o diferenciación en relación a la división de las tareas (horizontal) y los niveles jerárquicos de autoridad (vertical), la centralidad del poder en la toma de decisiones y por último el contexto en el cual opera y determina su configuración (tamaño, tecnología, clima o cultura organizacional, ambiente). En ese sentido, las estructuras son “una consecuencia del impacto simultáneo de múltiples factores” (Hall, 1996: 92) y se ajustan a las necesidades de la organización.
Desde los orígenes de la formación de los Estados-nación, la seguridad –mantener el orden interno– ha ocupado un lugar de enorme relevancia. Una de las principales funciones y actividades de los gobiernos, es garantizar condiciones de seguridad y acceso a la justicia a todos sus ciudadanos; además de la responsabilidad de velar por el bienestar y prosperidad social y, proveer seguridad. Esto es lo que permite ofrecer garantías básicas para promover dichos fines.
La tarea de provisión de seguridad demanda contar con insumos básicos, por ejemplo, personal con formación específica y especializada, organizaciones e infraestructura, así como su equipamiento, protocolos de actuación; medios sin los cuales es sumamente complicado cumplir con los compromisos y obligaciones institucionales en esta materia. En las tres últimas décadas se ha producido una serie de transformaciones institucionales y estructurales que han afectado la estabilidad social y condicionan la seguridad y la justicia. Lo anterior se evidencia en el notable crecimiento de:
“la incidencia de la criminalidad: hay más robos de casas y automóviles, más tráfico de drogas, más atracos y más corrupción económica. También hay una incómoda y molesta sensación de inseguridad, difícil de soportar y ya no digamos de vivir con ella en forma permanente, una <<incertidumbre>> ambiental y difusa y enojosa todavía” (Bauman , 2009, p. 12)
Esta situación, cabe aclarar, no es privativa de un Estado, lo que implica no evadir la atención que demanda esta situación, por el contrario, es ineludible actuar para constituir condiciones de certidumbre para el conjunto social. Un medio básico para el ejercicio de gobierno es contar con figuras institucionales y estructuras con capacidad para generar estrategias y gestionar todos y cada uno de los ámbitos que la seguridad requiere.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del 2013 por ejemplo, recoge información en relación con el tipo de delito del fuero común y de los municipios con mayor incidencia en esta tipología. Conforme a esta base de datos, el gobierno de Guerrero ocupa el mayor porcentaje de los delitos de alto impacto, de los cuales el 72% son homicidios dolosos – Acapulco es el municipio que reporta 379 incidencias–, 83 por ciento en secuestros – Chilpancingo reportó el mayor número de casos con 25– y extorsión con 84 % –Acapulco reportó 35 incidencias.
Los datos sobre esta cuestión muestran, con el ejemplo seleccionado, notables déficits en la capacidad de actuación de las instituciones encargadas de atender las actividades de provisión de seguridad. Se desconoce la fragmentación de estas instituciones y, por tanto, de carencia
profunda de mecanismos de coordinación, lo que en conjunto conduce a la necesidad de producir conocimiento específico sobre sus formas de actuación.
Entonces, no debemos perder de vista que vivimos una época donde, si bien, han aumentado y mejorado los medios para hacer más cómoda nuestra existencia, nos encontramos ante la paradójica pérdida de las condiciones para lograr acceder a tales medios de millones de personas y la imposibilidad de otro gran contingente que nunca logró subir al carro de la modernización económica, aunado a esto, se encuentra el aumento de los índices de inseguridad.1 En México la problemática de la inseguridad ha mantenido tendencias de reconfiguración institucional con movimientos pendulares en el ciclo sexenal anterior –el Lic. Felipe Calderón Hinojosa–, se crea la Secretaría de Seguridad Pública Federal que adquirió enorme relevancia en la definición de estrategias de acción en el ámbito, lo que impacto en la Secretaría de Gobernación, que tradicionalmente era la encargada de estas tareas en México. Sin embargo, en el actual ciclo sexenal, se ha reconfigurado el aparato institucional de seguridad pública y la primera institución referida se ha integrado a la segunda. Debemos destacar en este contexto, la creación del Sistema Nacional de Seguridad, integrado por el conjunto de gobernadores del país, además de los secretarios de las ramas del ejecutivo federal y del aparato de impartición de justicia. Del Sistema se crean instancias operativas, en el 2009 el Secretario Ejecutivo, promulga los marcos regulatorios de dimensiones considerables y de gran relevancia para la ejecución de
tareas en esta materia2.
De esta forma, nos encontramos ante una realidad contrastante en extremo que, sin embargo, requiere ser comprendida de manera multidimensional. En este sentido la responsabilidad del gobierno es enorme, pues en la medida que cuente con medios adecuados será mayor la confianza en ellos; así los responsables de la toma de decisiones podrán promover las medidas pertinentes para actuar al respecto;3 más aún contarán con instrumentos para mejorar la rendición de cuentas y transparentar de su quehacer.
Este contexto requiere contar con recursos de conocimiento sobre la realización de actividad de seguridad, la información al respecto es indispensable, más aún, porque genera medios de comprensión como (índices e indicadores), instrumentos fundamentales para captar el movimiento que presentan las actividades que generan inseguridad social, y producir registros básicos de las diferentes instancias institucionales dedicadas a proveer seguridad y procurar
justicia. Sin embargo, consideramos pertinente e indispensable producir un giro al colocar en nuestro foco de atención los procesos operativos, es decir, se trata de analizar los procesos de implementación como momento que permite producir resultados en cada área específica de actuación, actividad en la cual se debe integrar la demanda sociopolítica productora de una racionalidad de gobierno con mayor intensidad democrática.
Más aún, en la medida que los gobiernos se encuentran en contextos donde se incremente la complejidad y la incertidumbre es mayor y, en general, los resultados de la diversidad de acciones que deben emprender son escasos y en ocasiones nulos. Esto conduce a las autoridades a reiterar su acción en el supuesto de que a la decisión tomada le siguen acciones, mecánicas y lineales, productoras de los resultados esperados, es inconsistente, como producto de un modelo vertical-jerárquico clásico, bajo el esquema del modelo tipo ideal de Weber.
En este contexto sólo nos proponemos avanzar en las bases para realizar un análisis organizacional desde la implementación de las políticas de seguridad pública en las gubernaturas y con ello generar cuadros de conocimiento científico para la toma de decisiones y realizar ajustes a las estructuras, a los procesos y a los protocolos de actuación.
El trasfondo radicaba en la adecuación de los dispositivos de gobierno, pues los que se ejercían hasta los setenta, se consideraban obsoletos, sobre todo en un contexto de crisis y de la enorme intervención pública en todo tipo de asuntos. De manera particular, la literatura sobre implementación norteamericana –de primera generación– enfatizaba las deficiencias operativas de las estructuras organizacionales desarrolladas en los Estados benefactores –populistas se les
denominó en el contexto latinoamericano–, en sentido contrario no se buscó virtud alguna en este tipo de régimen o, en todo caso, se maximizaron los defectos, por lo que se procedió a la metamorfosis: racionalizar y optimizar las funciones en todos los ámbitos del Estado –público, privado y social–, proceso en el que las instituciones de gobierno serían reorganizadas y, por tanto, reformadas. La intención es racionalizar, optimizar el entramado de relaciones sociales, lo que implica formas distintas de concebir el ejercicio de gobierno, pues el vigente en ese momento ya no cumplía con su cometido.
En este entramado de cambios surgen preguntas como ¿cuál es el origen y cómo evoluciona el proceso de implementación al interior del análisis de políticas públicas? La redefinición del régimen de gobierno requiere la refuncionalización de sus estructuras ya no para dirigir en directo y hacer, sino para dirigir a distancia a través de la promoción y organización de las reglas del juego. Es en el nivel local donde más necesaria es tal transformación para arrojar a toda la población a su propia responsabilidad, sustentado lo anterior en capacidades básicas de operación como responsable de la gestión de lo público.
En este juego, la novedad es que el Estado no es responsable de los miembros de la sociedad, de la ciudadanía; a la inversa, cada miembro de la sociedad es responsable del Estado, que a la vez organiza a la sociedad. En estas condiciones, la implementación de los programas de gobierno es fundamental, en la medida de los resultados de cambio social que puede generar.
Un ejemplo lo ofrecen Van & Van (2000) con un modelo para armar el proceso de implementación, que parte del diseño de políticas con sus previsiones y objetivos, además de los recursos para la acción. A partir del diseño se inician las tareas que implican directamente a la o las organizaciones de referencia (de acuerdo a su perfil específico), al involucrarlas y hacerlas corresponsables para lograr la eficiencia necesaria y lograr la legitimación ante los sectores a los que se dirige (Van & Van, 2000, p. 118). El punto es que la implementación es parte de estas nuevas formas de acción gubernamental, que “encuentra en la administración y la tecnología sus elementos esenciales de organización económica y conducción social” (Ibarra & Montaño H., 1992, p. 62). Más aún, en los diversos cuerpos de funcionarios cuya responsabilidad es ejecutar la diversidad de tareas consignadas a través de las reformas.
En estas condiciones, una de las cuestiones más significativas y complicadas en el análisis organizacional y de implementación, es medir la intensidad y profundidad de determinadas
situaciones o fenómenos. Específicamente cuando presentan niveles de abstracción altos, por ejemplo, la justicia y el garantizar seguridad a la población, la cual supone una serie de propiedades que deben cumplirse socialmente, por la importancia que revisten para la convivencia. La razón estriba en que la adscripción a una sociedad o grupo social particular implica que cualquiera de los miembros de esta sociedad o grupo social específico deben, como indica Agnes Heller, “[…] conocer y practicar las normas y reglas de esta sociedad y grupo social específico” (Heller, 1990, pp. 11-12)
Este saber hacer es el proceso de incorporación de la persona a la sociedad y al grupo. Dicho de otra manera, se trata de los procesos de “socialización”, que nos permiten conducirnos de acuerdo con las normas y reglas de cada espacio, en particular y de la sociedad en conjunto. Todo esto supone comportamientos convenidos, acordados explicita y tácitamente.
Cuando se presentan situaciones diferentes a las esperadas, es necesario contar con medios para distinguir los comportamientos deseables de aquellos que transgreden dichas formas de relación establecidas. Hoy, también es de enorme importancia contar con información sobre los procesos para realizar estas actividades, como ocurre con las diversas corporaciones policiacas e instituciones responsables de vigilar el acatamiento de la norma y la impartición de justicia, y establecer el grado de intervención que tiene en estos procesos la propia ciudadanía. Lo que debe responder a dinámicas y características propias de entidades territoriales y gobierno. No es cuestión menor, se trata de asignarle la relevancia debida a las peculiaridades de las diversas entidades y las interacciones con las sociedades que se expresan en lo que denominamos demandas sociopolíticas y construcción sociocultural en el marco de los gobiernos democráticos. La ciudadanía adquiere enorme relevancia en estas condiciones al contar con la posibilidad de intervenir en las decisiones gubernamentales y en la posibilidad de incidir en las propias acciones dirigidas a solventar los factores de cambio social.
Debemos de generar conocimiento específico sobre las formas de actuación de los responsables de la ejecución de las tareas de seguridad pública, que vaya más allá de la linealidad que se le asigna, y se reconozca que no se trata de promulgar una ley como producto de una reforma para conseguir resultados que se van a lograr por la labor de ejecutantes cuasi robotizados, por el contrario, es necesario reconocer a “la ejecución como una actividad constitutiva del sistema político” (Meny & Thoenig, 1992, p. 167).
Debemos analizar qué ocurre una vez promulgada la Ley, Reforma estructural y programa, pues cada funcionario público hace “su política”, con mayor o menor apego a lo establecido en leyes, reformas o programas. Una propuesta para conocer y generar conocimiento científico que nos permita realizar inferencias sobre las instancias organizacionales de seguridad pública en los ayuntamientos es el análisis intraorganizacional.
Recordemos que el análisis intraorganizacional se conforma por cinco elementos endógenos que toda organización debe tener: individuos, objetivos, procesos, reglas y estructuras. Cada uno de estos elementos endógenos ha recibido la influencia de una o más escuelas que integran el pensamiento organizacional. Por ejemplo, en el análisis de las reglas se recurre a los recursos teóricos de la burocracia, para el estudio de los procesos se cuenta con la corriente de la Administración Científica, entre otros. Justo recuperamos el tópico de la estructura organizacional como instrumento de análisis en el estudio de los modos de formalización de sus protocolos de actuación, a la complejidad relativa de la división del trabajo, los nombres de los puestos, los niveles jerárquicos y la centralización relacionada a la distribución de poder al interior de la organización en la toma de decisiones. Por tal motivo, recuperaremos la noción de estructura organizacional a partir de las aportaciones de Hall (1990) y Culebro (1998).
La estructura organizacional es el recurso que permite describir y a su vez explicar las configuraciones internas de las organizaciones, y para North:
“…toda actividad organizada por seres humanos conlleva a una estructura que define las reglas del juego, ya sea para una actividad deportiva o para el funcionamiento de una economía. Esta estructura se conforma con instituciones: reglas formales, normas informales y características de refuerzo” (Nort, 2010, p. 147)
Las estructuras son “los andamios que el ser humano erige” (Nort, 2010, p. 147), es el lugar donde se configuran, por medio de un marco institucional, las tareas, la complejidad, la formalización de los procesos y la centralización del poder para cumplir con determinadas funciones y alcanzar resultados. Algunas configuraciones son diferentes a otras, depende del propósito definido por sus integrantes –sea bancaría, empresarial, educativa, religiosa, pública, social, gubernamental–.
La estructura organizacional se incorpora como recurso explicativo de la Teoría Organizacional por autores de la corriente del funcionalismo estructural como Weber (2014), Teylor (1947) y Parsons (1951), entre otros. Estos autores conciben a la estructura organizacional como una herramienta de control, dominación, formalización de procesos, centralización del poder, jerarquización de la autoridad y distribución de tareas –división del trabajo. Su forma es en parte el reflejo de las configuraciones hechas desde la jerarquía –líderes, gerentes, directivos– que encabezan a la organización y modifican las reglas formales e informales para la consecución, en el mayor de los casos, de objetivos personales en pos de los organizacionales. Estas formas de explicar a las organizaciones son esquemáticas y aluden al factor subjetivo de los integrantes, es decir; las motivaciones, las ambiciones, la ideología, sus intereses, las habilidades, la personalidad; por mencionar algunos. No obstante, proporciona un recurso explicativo para conocer y describir, las tareas de la organización, la complejidad en los niveles jerárquicos, los niveles de la formalización de los procesos, los matices de la centralización del poder.
Reconocemos que, en todo esto, es fundamental establecer la necesaria existencia de instituciones específicas (funcionarios, burocracias) con la “autoridad y la continuidad necesaria para instrumentar la tecnología” (Hacking, 1995, p. 19) que les permitan realizar de forma más ágil los protocolos de seguridad en relación al delito que se trate.
Cabe insistir en esto, los indicadores, que son categorías dirigidas a construir clasificaciones específicas, en donde colocar a las personas y sus diversos comportamientos y así lograr conteos y tipificaciones son de suma importancia. Ian Hacking expresa la importancia de estas tecnologías así:
“La recolección sistemática de datos sobre las personas afectó no sólo las maneras en que concebimos una sociedad, sino también las maneras en que describimos a nuestros semejantes. Esta circunstancia transformó profundamente lo que decidimos hacer, quiénes tratamos de ser, y qué pensamos de nosotros mismos” (Hacking, 1995, pp. 19-20).
Recordemos que, en el caso específico de los indicadores de seguridad y justicia, la necesidad es enorme debido al incremento de los hechos que alteran las condiciones de protección de la vida y los bienes de la sociedad y sus miembros en México. Ante eso, se han
construido unidades de medida para “nominar” y para crear clasificaciones puntuales, y establecer dimensiones que nos ayuden a conocer lo que cada cuestión representa, pero que hay antes y después de las mediciones que se realizan.
En este apartado presentamos algunas datos sobre las condiciones de seguridad, en los municipios metropolitanos del estado de Hidalgo, referentes a los delitos del fuero común y su incidencia, el nivel de escolaridad y el rango de ingresos de los integrantes de la policía preventiva, para tener una visión panorámica sobre el desempeño de las políticas de seguridad pública, para lo que recurrimos al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013, 2014 y 2015 publicados por el INEGI.
Iniciamos con la gráfica 1, para destacar los cinco delitos del fuero común con mayor incidencia en el gobierno de Hidalgo.
1893
1880
2231
2359
2706
3141
3136 3045
2924 2853
Lesiones
Robo de vehículo
Robo a casa habitación
Robo a negocio
Otros delitos del Fuero Común
3493 3324
3506
3532
1613
Fuente elaboración propia a partir del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2013 al 2015.
Los datos de la gráfica 1 muestran que del 2013 al 2015 los cinco principales delitos del fuero común con mayor número de incidencias son: lesiones, robo a casa habitación, otros delitos
del fuero común, robo de vehículo y robo a negocio. En tres años el promedio de delitos cometido fueron los siguientes: lesiones 3,510, robo a casa habitación 3,200, otros delitos del fuero común 2,891, robo de vehículo 2,481 y robo a negocio 1,795. De lo anterior se destaca que la intervención de las autoridades estatales de Hidalgo en abatir y disminuir el número de delitos cometidos en tres años ha sido insuficiente, la estructura organizacional de las instancias de seguridad pública, los protocolos de actuación y las estrategias de prevención de este tipo de delitos se muestran deficitarios. En la siguiente tabla se muestra la incidencia delictiva en nel ámbito del fuero común en los municipios metropolitanos de la entidad.
Delitos del fuero común | Municipios | Incidencias 2013 | Incidencias 2014 | Incidencias 2015 |
Lesiones | Pachuca | 873 | 843 | 850 |
Tulancingo de Bravo | 318 | 249 | 389 | |
Mineral de la Reforma | 281 | 249 | 270 | |
Tizayuca | 177 | 175 | 172 | |
Tula de Allende | 105 | 83 | 100 | |
Robo a casa habitación | Pachuca | 626 | 687 | 588 |
Mineral de la Reforma | 475 | 485 | 479 | |
Tulancingo de Bravo | 291 | 250 | 259 | |
Tizayuca | 279 | 272 | 248 | |
Tula de Allende | 171 | 131 | 148 | |
Otros delitos del Fuero Común | Pachuca | 1143 | 429 | 323 |
Huejutla de Reyes | 405 | 170 | 105 | |
Tula de Allende | 263 | 163 | 155 | |
Ixmiquilpan | 178 | 269 | 85 | |
Tulancingo de Bravo | 91 | 289 | 259 | |
Robo de vehículo | Pachuca | 740 | 542 | 411 |
Tulancingo de Bravo | 402 | 310 | 234 | |
Tizayuca | 250 | 243 | 189 | |
Mineral de la Reforma | 214 | 163 | 121 | |
Tula de Allende | 141 | 142 | 163 | |
Robo a negocio | Pachuca | 455 | 509 | 386 |
Mineral de la Reforma | 161 | 160 | 155 | |
Tulancingo de Bravo | 156 | 200 | 155 | |
Tizayuca | 151 | 132 | 145 | |
Tula de Allende | 105 | 89 | 109 |
Fuente elaboración propia a partir del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del 2013 al 2015.
Los datos de la tabla 1, refieren que los municipios metropolitanos del estado de Hidalgo ocupan los primeros lugares en delitos del fuero común esto demuestra, en parte, empíricamente la poca capacidad operativa de las instancias de seguridad pública en los municipios. Vale la pena destacar el funcionamiento de las organizaciones policiacas donde los protocolos de seguridad no operan de forma adecuada. Consideramos que el excesivo formalismo y la estructura vertical son algunos de los elementos que inciden en estos resultados.
De igual manera destaca la escaza formación de los servidores públicos responsables de la seguridad pública, así en la policía preventiva, más del 50 por ciento solo alcanza una escolaridad de secundaria en el 2013. Esta misma situación prevalece en el 2015, y lo mostramos en la siguiente tabla a través de los cinco municipios metropolitanos de Hidalgo con más incidencias en delitos del fuero común (ver tabla 2)
Categoría | Municipios | Preescolar o primaria | Secundaria | Carrera técnica o preparatoria | Licenciatura | Maestría | Totales | ||||||
2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | ||
Policía preventiva | Pachuca | 8 | 1 | 229 | 176 | 101 | 113 | 7 | 8 | 0 | 0 | 345 | 298 |
Mineral de la Reforma | 2 | 0 | 40 | 4 | 19 | 66 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66 | 72 | |
Tulancingo de Bravo | 22 | 6 | 72 | 9 | 70 | 148 | 11 | 12 | 0 | 0 | 175 | 175 | |
Tizayuca | 0 | 1 | 31 | 35 | 22 | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 56 | 76 | |
Tula de Allende | 2 | 1 | 64 | 33 | 90 | 105 | 11 | 15 | 0 | 0 | 167 | 154 | |
Fuente: elaboración propia a partir del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del 2013 al 2015.
Aunado a lo anterior los ingresos percibidos por el personal de seguridad pública son bajos y oscilan entre los $5,000.00 y los $10,000.00 pesos mensuales en los municipios de referencia. Por tanto, las comandancias se seguridad pública municipal no cuentan con los recursos humanos especializados para asumir las funciones se seguridad preventiva, los sueldos devengados son inferiores a la media nacional, esto es de $10,000.00 a $15,000.00 pesos
mensuales (ver tabla 3).
Categoría | Municipios | $1 a $5,000 | $5,001 a $10,000 | $10,001 a $15,000 | $15,001 a $20,000 | ||||
2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | 2013 | 2015 | ||
Policía Preventiva | Pachuca | 0 | 18 | 146 | 255 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Mineral de la Reforma | 0 | 0 | 32 | 48 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Tulancingo de Bravo | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 47 | 0 | 3 | |
Tizayuca | 0 | 0 | 20 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tula de Allende | 0 | 0 | 24 | 140 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
Fuente elaboración propia a partir del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales del 2013 al 2015
Las cifras antes aludidas nos proporcionan una idea básica sobre la formación y los ingresos que obtienen los funcionarios y los burócratas que tiene la responsabilidad de producir resultados que permitan medir y nominar. Este es un elemento de medular para realizar un análisis intraorganizacional.
También, debemos reconocer que la implementación de las políticas de seguridad pública es un recurso analítico, toda vez que esto no supone ejecutores neutrales, ni pasivos, que se comporta de acuerdo con órdenes que se les dan, y esto produzca resultados preconcebidos. La literatura sobre implementación nos ha enseñado que esto no ocurre, como muestra Aguilar (1992) en el “Estudio introductorio”, a la antología sobre Implementación que preparó.
Recapitulando, en este trabajo consideramos que uno de los factores que inciden en los resultados de la inseguridad pública es la disfuncionalidad estructural y operativa de los procesos en las organizaciones policiacas. Este es un elemento determinante para el éxito o fracaso de producir o no, resultados esperados en la acción de gobierno responsable de definir las formas específicas de gestión para atender el cambio sociopolítico.
Adicionalmente, algunas preguntas que se desprenden de este trabajo y que servirán como base en futuras investigaciones son: ¿Cuál es el grado de conocimiento que posee el personal
operativo de las leyes y las políticas de seguridad pública? ¿Cómo operan realmente las diversas instancias de seguridad pública? ¿Cuál es el grado de cercanía o distancia que mantienen respecto a los programas formales del sector?
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Notas
1 Por ejemplo, México, en el recién promulgado Plan Nacional del Desarrollo 2013-2017 se reconoce, en las consideraciones iniciarles que “Por otro lado las instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial del desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de la empresa” (2013-2018, 2013, pág. 16), vale acotar que en lenguaje económico la preocupación se origina en la necesidad económica de tener garantías de seguridad y se deja de lado el de la población general. En concreto, el punto es el incremento de actividades que afectan la seguridad pública.
2 En días pasado, diciembre de 2017, se promulga la Ley de Seguridad Interior, como último eslabón de
esta orientación estratégica de seguridad que coloca a las fuerzas armadas como el medio central para buscar resolver esta situación arto grave para la sociedad mexicana.
3 Los recuentos realizados para diagnosticar el estado de la nación no escasean como lo muestra la reciente aparición del volumen que coordinan E. Florescano y J. R. Cosío, dirigido a recuperar el espíritu producido en los años 80 denominado México Hoy, en el que el primero de los autores referidos participa en la coordinación al igual que en este tomo. La pretensión es, indican, recuperar la estructura de la
primera publicación bajo la consideración de la vigencia de la problemática diversa ahí abordada, pero por supuesto, ubicados en el contexto actual.