Karem Angélica Pereira Acuña1
Palabras clave: Geopolítica; conflictos socio ambientales; extractivismo.
Las pretensiones de este texto son dar un puntapié inicial en tratar de reconocer la minería como parte de un proyecto político neoliberal, situado cómodamente y sin mucho cuestionamiento gracias a sus réditos económicos, así como sus contradicciones en el espacio social del norte chileno. El debatir ideas desde la Geografía Política, en este caso sobre la minería como actividad elemental para el desarrollo en Chile, permite plantear que la minería como tal no es sólo parte de un proyecto económico como se ha pretendido instalar en el sentido común de la sociedad chilena, sino que forma parte de un proyecto político e ideológico. La minería no es una actividad
neutral, es decir, el hecho de que Chile posea recursos geológicos es innegable (reservas de cobre, litio, oro, y un gran etcétera), pero no lo determina como un país minero per sé; sino que responde a un proceso de reconfiguración territorial global que ha insertado la minería como parte del proyecto político -y de clase- neoliberal, impuesto en Chile desde 1973 con la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet y sus Chicago Boys1, y que a su vez ha ayudado a validar el neoliberalismo en el orden social. La minería en se ha intensificado desde el siglo XIX, con la extracción del salitre y cobre. A fines de los años setenta se inaugura una nueva etapa en el modo de producción y reproducción del capital minero, donde el proyecto minero es estratégico en el periodo histórico del neoliberalismo y el territorio es fundamental en un proceso de reconfiguración territorial multiescalar y de alineación geopolítica por los recursos en América Latina, en que el Estado y las empresas privadas transnacionales son importantes agentes en la producción del espacio a distintas escalas (nacional, regional, local), de un espacio producido para extraer lo que otros países necesitan, es decir, de un espacio del capital minero.
Sin embargo, el rol de la minería como propuesta hegemónica para el desarrollo se ha
puesto en tela de juicio por un sinnúmero de movimientos sociales a lo largo de Chile, conformados por comunidades indígenas y habitantes de zonas que han sufrido contaminación y desplazamientos, donde el territorio se ha vuelto central en sus reivindicaciones. Aun así, el Estado sigue legitimando la minería como principal motor del desarrollo económico, expandiendo su ciclo de acumulación a nuevas regiones, como es el caso de la región de Arica y Parinacota, que se presenta hoy como estratégica para el capital minero por la presencia de manganeso, cobre y litio en su área andina. Si bien los conflictos mineros que han alcanzado mayor repercusión mediática en esta región se han producido entre los años 2010 y 2014, existen una serie de conflictos históricos que han dejado su huella en el paisaje y en la memoria colectiva de quienes los vivieron, dejando en evidencia, siguiendo a Harvey (2014), las contradicciones en el espacio-tiempo del capital minero y que a su vez pueden ser entendidas como rugosidades en este mismo espacio (Santos, 1990).
En este escenario, surge la necesidad de identificar los conflictos mineros, considerados como conflictos socioambientales a nivel regional en relación a esta actividad productiva específica, a partir de la elaboración de talleres de cartografía participativa, seminarios y charlas en las que participaron dirigentes y personas naturales vinculadas a los diversos conflictos,
gracias a quienes se pudo discutir en torno a la actual situación de los conflictos socio ambientales en la región y la importancia de la organización ciudadana. En una segunda etapa se realizaron entrevistas a dirigentes relacionados a conflictos específicos, profundizando en la información recopilada desde fuentes bibliográficas y prensa electrónica.
La minería representa los mayores aportes en términos de Producto Interno Bruto (PIB) para Chile. En cifras generales, representa el 10% del PIB, el 50% de las exportaciones, un 15% de los ingresos fiscales y casi un 30% de la inversión capital. De acuerdo a cifras del Consejo Minero, Chile es el principal exportador de cobre a nivel mundial, con 29 % de participación en las reservas mundiales al año 2016, seguido por metales como el oro (7%), plata (14%), molibdeno (11%) y hierro (<1%). Estos minerales son considerados como estratégicos por sus diferentes usos, industriales como cotidianos2. Esta conjunción numérica se exhibe como el principal fundamento en que reposa el Estado y las empresas transnacionales para sostener la megaminería como un pilar fundamental y para justificar su expansión e intensificación en el norte del país. La economía en apariencia despolitizada, concentra la atención en las cifras y estadísticas, que demuestran su efectividad y donde el mercado se presenta como neutral (Osorio, 2014). El capital minero es el motor económico del capitalismo en Chile y como un actor hegemónico, sinónimo de desarrollo y crecimiento, avalado por una serie de políticas programáticas que posicionaron la actividad minera constitucionalmente luego de la instauración del neoliberalismo en 1973, marcando una diferencia con el periodo anterior donde se fomentaron las importaciones y nacionalización de minerales como el cobre.
La minería neoliberal inaugura entonces un nuevo patrón de exportaciones hacia el
mercado externo (Cuenca, 2014) donde han jugado un papel central los avances científico- tecnológicos para extraer cada vez más y mejor mineral, y optimizando infraestructuras. Pese a las últimas crisis en el precio del cobre, con bajas sostenidas en su precio desde el 2012, la creciente demanda de minerales estratégicos (como el cobre y el litio) requeridos por las potencias económicas de EE.UU y China, así como nuevas proyecciones en el aumento del precio para el año 2018, han abierto la posibilidad de expandir la frontera minera hacia regiones andinas en el norte del país. Estas regiones son consideradas estratégicas en el proceso de
acumulación del capital minero, donde se impone como nuevo régimen productivo, invisibilizando actividades de larga data como la agricultura y ganadería practicadas por pueblos indígenas aymaras y quechuas en el norte de Chile. Las regiones nortinas o también llamadas “regiones mineras”3 (Figura 1), donde se desarrolla la gran minería desde hace más de 50 años, han vivido la desecación de sus fuentes hídricas, contaminación, pérdida de derechos de agua y suelo, y degradación de sus ecosistemas (Yáñez y Molina, 2011); acrecentado el despoblamiento de las áreas rurales, latente ya desde los años treinta, y la concentración de la población indígena en zonas urbanas-costeras, lo que se ha traducido en la “vaciación” de un espacio estratégico y la despolitización del territorio andino (Lefebvre, 1980), entendidos como formas de despojo (Harvey, 2005, 2007, 2014). Las ciudades ubicadas en las cercanías de las faenas mineras a gran escala como Antofagasta, Iquique y Calama se caracterizan por mostrar una apariencia exitosa que desplaza y oculta la falta ordenamiento y planeación urbana, con expresiones espaciales ancladas en el caos, la pobreza, precariedad de la vivienda, tugurización y marginación.
El desarrollo minero a gran escala en Chile ha venido aparejado de cambios en el paisaje natural, hacia un paisaje artificial y productivo de tintes post industriales, a modo de “destrucción creativa” (Harvey, 2005), afectando directamente territorios de comunidades indígenas aymaras, atacameñas, collas y quechuas en el norte del país (regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama). Estas comunidades habitan tierras de precordillera y altiplano desde tiempos precoloniales, donde practican la agricultura y pastoreo de camélidos. Viven en pequeños pueblos nucleares, al mismo tiempo que hacen ocupación extensiva del espacio mediante la trashumancia. Sus modos de vida se han visto afectados por diversos procesos económicos, políticos y sociales. La competencia contra un mercado de agricultura intensiva en los valles costeros, la obligación de completar la educación primaria4, la oferta de trabajos en la urbanización son algunos de los factores que incidieron en la migración de gran parte de estas comunidades a las ciudades costeras. Asimismo, la ejecución de proyectos mineros a gran escala en las zonas indígenas ha generado una serie de consecuencias negativas como el desecamiento de fuentes hídricas, contaminación, pérdida de derechos de agua y suelo, degradación ecosistémica, migración y alteración de usos y costumbres (Yáñez y Molina, 2011), agravando la migración en lo que podríamos denominar un proceso de “vaciamiento” del territorio andino.
En este contexto la respuesta de las poblaciones locales ha sido el conflicto, enfrentándose
los intereses de las comunidades, el Estado y las empresas privadas (multi y transnacionales) cuestionando la forma de apropiación y distribución de los recursos y las relaciones de poder que facilitan o dificultan el acceso a ellos (Delgado et al., 2013).
El concepto de conflicto socioambiental que se adopta es tomado desde el “Mapa de conflictos socioambientales en Chile” realizado el año 2012 y actualizado al 2015 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2015), así como la definición trabajada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en el seminario virtual de Ecología Política Latinoamericana, a cargo de la profesora Gabriela Merlinsky (2015). El primer texto lo define del siguiente modo:
Disputas entre diversos actores –personas naturales, organizaciones, empresas privadas y/o el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. (INDH, 2015:3).
Lo interesante de esta definición es que por un lado acentúa la divergencia de intereses de múltiples actores sobre el territorio, así como la afectación a los derechos humanos, y no sólo en los impactos ambientales y externalidades económicas de los afectados. Por su parte, las divergencias entre actores permiten plantear que ni comunidades, ni Estado, ni empresas pueden ser vistas como entidades monolíticas ni ahistóricas, pues presentan sus particularidades dependiendo de sus intereses, posibilidades y limitaciones. Por último, la manifestación pública de los conflictos (desde las demandas hasta negociaciones) ha sido fundamental en conocer los distintos casos y las posturas de cada uno, siendo una de las características principales de los conflictos. Por su parte, la definición de CLACSO nos aporta con lo siguiente:
Conflictos territoriales y políticos que generan tensiones en la forma de apropiación y distribución de los recursos naturales en cada comunidad o región (…) Ponen en cuestión las relaciones de poder que facilitan el acceso a dichos recursos, que implican la toma de decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y muchas veces la exclusión de su disponibilidad para otros actores. (Merlinsky, 2015).
Esta definición hace hincapié en el acceso a los recursos, considerado como fundamental para que los actores lleven a cabo sus proyectos de vida, así como considerar que el acceso tiene directa concordancia con las relaciones de poder sobre el espacio, en este caso sobre el territorio, considerado como campo de lucha por la posesión y control de los recursos (Haesbaert, 2011; Sosa, 2012; Saquet, 2015).
Siguiendo a Navarro (2015), los conflictos socio ambientales se generan en respuesta: a) procesos de acumulación originaria o despojo de los medios de existencia y bienes comunes naturales; y b) a los impactos que la matriz capitalista de extracción produce en otros momentos
del ciclo de acumulación, incluyendo el despojo de la capacidad política; ambos procesos avalados por el rol del Estado que actúa como “interventor en la reproducción del capital y en los procesos de valorización del valor, así como en el control, el disciplinamiento o la directa eliminación de formas sociales que presentan resistencia o capacidad alguna de autodeterminación” (Navarro, 2015:46). La autora reconoce siete tipos de estrategias para someter las expresiones antagónicas al despojo capitalista (Cuadro 1).
Estrategia | Características |
Legalidad institucional | Conformación estatal de un andamiaje jurídico y administrativo que otorga respaldo y coherencia institucional a las transformaciones económicas, sociales y políticas impuestas por las necesidades dinámicas de la acumulación capitalista. Ejemplo: Leyes, constitución. |
Consenso y legitimidad | Refieren al paradigma del progreso, desarrollo y modernización como valores positivos de una modernidad en marcha, donde los megaproyectos tienen la “misión” de propagar sus beneficios entre la población. La narrativa desarrollista es legitimada por voces “expertas” como centros de investigación y universidades. Ejemplo: misión y visión de empresas mineras, campañas mediáticas, acciones de responsabilidad social. |
Captura y cooptación | Para construir lealtades y producir relaciones de incondicionalidad sobre una base de sometimiento y subordinación. Empresas y Estado desarrollan programas sociales focalizados y acciones de responsabilidad social como forma de contener las demandas sociales locales y de generar apoyos para gobiernos y megaproyectos. Ejemplo: programas sociales, intervención en comunidades con antropólogos y sociólogos. |
Disciplinam iento y normalizaci ón | Apunta a moldear los cuerpos y las subjetividades de quienes habitan los territorios en disputa. Se trata de difundir una visión del mundo (que no está asegurado con la estrategia anterior). Es un mecanismo más sofisticado y sutil, pero sumamente importante para garantizar la obediencia y sofocar posibles |
reacciones de insubordinación. Relacionado a procesos de alienación y sentimientos de pertenencia o inferioridad con el sector dominante. | |
Criminaliza ción de la protesta | “Antesala” de la represión directa en el sentido de legitimar el ejercicio de la fuerza pública. Rol de la construcción de la opinión pública |
Represión | Despliegues de fuerzas de seguridad estatal o enfrentamientos internos entre las comunidades entre quienes apoyan y no a los megaproyectos. Hay casos de empresas con grupos paramilitares. |
Militarizaci ón y contrainsur gencia | Monta nuevos escenarios para el sometimiento y control de los movimientos sociales. Ejemplo: narcotraficantes |
Estas expresiones antagónicas se hacen presente bajo la forma de movimientos sociales, en protesta y/o resistencia ante los impactos ambientales desproporcionados sobre grupos sociales generados por el avance geográfico del crecimiento económico, apelando muchas veces a derechos territoriales indígenas y a la sacralidad de la naturaleza para defender y asegurar su sustento (Martínez-Alier, 2014), así como poner en discusión las formas de territorialidad, los modos de producción y el ideario del desarrollo, en un ejercicio de autonomía individual y colectiva. Para Raquel Gutiérrez (2015), el término “movimiento social” restituye la presencia pública y política de “sujetos colectivos de lucha”, como un protagonismo social que impugna y veta decisiones y planes del capital.
Bajo las nuevas formas de acumulación del capital por parte de los Estados denominados progresistas, los movimientos sociales deben cuestionarse por las reales posibilidades de trasformación política, económicas y sociales. De este modo Gutiérrez (2015) nos entrega la noción de “horizonte interior” de una lucha, entendido como el “conjunto de anhelos y aspiraciones, no siempre lógicamente coherentes entre sí, que animan el despliegue de una lucha colectiva en un momento particular de la historia y se expresan a través de ella” (Gutiérrez 2015:18)5. Este horizonte debe ser contrastado con los alcances prácticos para tener una
comprensión profunda del suceso social. La autora realiza una aproximación esquemática en lo que refiere a los horizontes políticos que brotan desde las luchas contemporáneas, definiendo de este modo dos categorías de análisis: a) Horizonte nacional-popular, caracterizado por la ambición de una reconstrucción estatal y la relación sociedad-gobierno; y b) Horizonte político comunitario-popular, centrado en la disposición colectiva y sistemática a desbordar la trama de relaciones políticas liberales, y los formatos legales e institucionales que existen. Se centra en la reapropiación colectiva de la riqueza material disponible y en la desmonopolización del derecho a decidir sobre aquellos asuntos que a todos nos incumben y afectan.
De este modo los movimientos sociales desplegarán diversas formas y estrategias siguiendo su horizonte interior, el que puede cambiar en torno a la coyuntura y las estrategias desplegadas por los otros actores presentes en el conflicto, por tanto, entenderemos que un conflicto socio ambiental no se comprende por acciones lineales ni predeterminadas, son mutables y asimismo pueden reactivarse bajo distintos contextos históricos.
Esta situación de conflictividad se replica a lo largo de todo Latinoamérica y el mundo. Al año 2010 se estima la existencia de al menos 155 conflictos socioambientales activos en Latinoamérica (Delgado, 2012) y según el Atlas Global de Justicia Ambiental habrían 2.330 conflictos a nivel mundial al año 2018, relacionados a casos de energía nuclear, extracción de petróleo, manejo de residuos, usos de suelo, agua, etc. (Temper et al., 2015). De acuerdo a Haesbaert (2011) el incremento de las cuestiones ambientales llevaría a una valoración cada vez mayor del control de los recursos, generando nuevos conflictos por el dominio territorial, lo que deja de manifiesto la visión del territorio como “fuente de recursos” y por tanto posibles y necesarios de dominar (en primera instancia) y luego apropiar (como sinónimo de propiedad).
El desarrollo minero tanto en Latinoamérica como en Chile, se ha visto acompañado de múltiples conflictos entre poblaciones que se han visto o verían afectadas por las externalidades negativas y consecuencias sociales que trae aparejada la minería. De este modo, se registran en Latinoamérica 257, y en Chile 41 conflictos ligados a proyectos mineros de acuerdo a datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
La región de Arica-Parinacota se ubica en el extremo norte de Chile, en la triple frontera con Perú
y Bolivia (Figura 1), donde se mantienen rasgos de movilidad transfronteriza y mecanismos de complementariedad en cuanto a servicios, trabajo, productos y cultura entre los países. A causa de la localización de los recursos mineralógicos, los proyectos mineros han dispuesto sus coordenadas mayoritariamente en la zona que comprende precordillera (2.000 a 4.000 msnm) y altiplano (+ de 4.000 msnm) de la región, donde se sitúan comunidades indígenas aymaras y quechuas. Las comunidades indígenas históricamente han mantenido relaciones complementarias entre pisos ecológicos de la gradiente andina haciendo un uso archipielágico de distintas áreas geográficas, combinando la vida entre la costa, los valles y el altiplano. Sin embargo, procesos sociales, políticos y económicos relacionados a la modernización e integración regional han incidido progresivamente en la desruralización de la comunidad, descampesinización de la organización económica y translocalización de los patrones de relaciones sociales, migrando y concentrándose la población en la ciudad costera de Arica (Gundermann, 2001; Carrasco y González, 2014). Actualmente la región de Arica-Parinacota agrupa el 98% de su población en la comuna de Arica, donde se ubica la capital regional. El resto de comunas rurales mantiene el 2% de la población total regional, con una densidad que alcanza los 11,22 habitantes por kilómetro cuadrado.
De este modo, las personas mantienen doble residencia configurando una ocupación del espacio regional con la población concentrada en el núcleo urbano, pero donde parte de esta mantiene propiedad y/o títulos de derecho en su poblado de origen, los que se constituyen como espacios por los que circulan dependiendo de sus intereses económicos, sociales y culturales. Asimismo, la organización política y social se lleva a cabo entre poblado y ciudad, con diversas organizaciones que difieren según finalidad, algunas más relacionadas a lo político y otras a lo cultural. Ejemplo de esto son las Comunidades Indígenas y Juntas Vecinales, entre otras agrupaciones locales que funcionan como organizaciones de base para la realización de petitorios al Estado y para facilitar las prestaciones sociales.
La concentración de población en núcleos urbanos es una constante en los países de Latinoamérica y de la región centro-sur andina, proceso que se agudizó desde mitad del siglo XX, dejando vastas áreas rurales agroganaderas en desuso. Bajo esta mirada, la realidad del área andina del norte chileno se configura desde el imaginario como un espacio vacío, desértico, despoblado y necesario de colonizar; idea construida a partir de la aplicación de políticas y
estrategias de desarrollo nacional en función de los intereses estatales y de los agentes macroeconómicos, contrastando con la realidad geohistórica de espacios de encuentro étnico habitados por indígenas advertida por Cunill (2014). Por tanto, si se busca comprender las actuales dinámicas de la población indígena es necesario tomar en cuenta su movilidad espacial y residencial, así como las múltiples ocupaciones que realizan del territorio y la redefinición de la ruralidad (Gundermann, 2001; Carrasco y González, 2014).
En noviembre del año 2010 el Presidente derechista, Sebastián Piñera presenta en Arica el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) de Arica y Parinacota, el que incluía
fortalecer la minería en la región como eje de desarrollo productivo, a partir de una inversión de 500 millones de dólares que generaría 1.500 nuevos empleos (Rodríguez, 2016). Aumentaron las concesiones de exploración y explotación en tierras privadas, indígenas y áreas protegidas de altiplano y precordillera, cuadruplicando la superficie concesionada a exploración al año 2014. Actualmente más del 50% de la superficie regional está concesionada tanto para exploración como para explotación, pero la mayoría de ellas no está activa, es decir, se encuentra solo el derecho de poseer la concesión por el pago anual de una patente a la Tesorería del Estado. Esto ocasiona que las empresas puedan poseen estas patentes durante años sin ejercer labor, generando especulación con el valor del terreno, así como incertidumbre respecto a su futuro uso.
En este contexto es que surgen voces de alerta, desde las comunidades indígenas localizadas en los lugares donde se instalarían las mineras, así como de la ciudadanía ariqueña, dando origen a una serie de movilizaciones entre los años 2010 y 2014 para impedir la instalación de los proyectos mineros Catanave, Los Pumas, Olga, Pampa Camarones y a la Desafectación del Parque Nacional Lauca (Figura 2) (Universidad de Tarapacá -UTA, 2017). De estos, sólo Catanave y Pampa Camarones lograron ser aprobados, en un escenario de malestar social generalizado.
Si bien la región de Arica-Parinacota presenta un escueto desarrollo minero (mineras Quiborax e Imerys) en relación a sus regiones vecinas (Figura 1), existen conflictos históricos entre comunidades indígenas y compañías mineras, como es el caso de la comunidad de Copaquilla, que mantiene un conflicto desde los años noventa con la empresa Promel Limitada, por contaminación de aguas y suelo a causa depósitos mineros con cianuro, arsénico, cadmio y plomo, entre otros elementos y que se encuentran abandonados desde el cierre de la planta de procesamiento en 1989, donde se trataba los minerales extraídos desde la Mina Choquelimpie, ubicada en el altiplano en sector de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (INDH, 2015; UTA, 2017). Esta misma empresa, autorizada por el Estado en el año 1984, dejaría depósitos de polimetales en antiguos vertederos municipales cercanos a la zona industrial de Arica, donde más tarde se construyeron viviendas, causando la contaminación y muerte de miles de personas, en un conflicto que aún se mantiene vigente entre los afectados y el Estado. A esto se suma el caso de la Comunidad de Surire que se ha enfrentado a la empresa Quiborax S.A. a causa de la extracción de ulexita que desde 1989 realiza la minera en un área protegida del Salar de Surire, afectando
directamente la flora y fauna del sector, lo que motivó al casi completo desplazamiento de la población. Estos casos han marcado la agenda medioambiental y socio política de la región, retomando importancia ante los anuncios de la instalación de empresas mineras en la región y en zonas que ya han sido afectadas por las consecuencias negativas de las actividades extractivas.
A continuación, se describen dos casos representativos de conflictos mineros que surgen a partir del año 2010, el caso del Proyecto de Exploración Minera Catanave, que fue aprobado, y el caso del Proyecto de Explotación Minera Los Pumas, rechazado por las autoridades medioambientales. En ambos casos se muestra como la trayectoria de la acción colectiva y las formas de organización decantan en la articulación de un movimiento social que combinó los esfuerzos entre comunidades indígenas, estudiantes y ciudadanía en general, demostrando el rechazo de la comunidad local ante la minería como eje de desarrollo para la región.
El año 2009 ingresa a Evaluación Ambiental el proyecto de exploración minero de cobre (Cu) Catanave, de la transnacional del Grupo México, Southern Copper Corporation (SCC), cuyas faenas se localizaron a 15 kilómetros de la localidad de Ticnamar, dentro de la Reserva Nacional Las Vicuñas, sector declarado de interés científico para la Minería (Decreto Supremo 19 del Ministerio de Agricultura) y Área de Desarrollo Indígena (ADI) (Decreto N°224, 2004). Las comunidades indígenas denunciaron que su ejecución generaría la alteración en los cursos de agua que nutren las cuencas hidrográficas de Chile y Bolivia, la afectación de los bofedales de Catanave, Misitune, Chuva y Bofedal Grande, con su flora y fauna nativas. Asimismo, declararon la no aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, y la compra de derechos de agua de la empresa a comuneros de Ticnamar.
Esta situación en su conjunto, generó el rechazo de la Comunidad indígena de Ticnamar, Comunidad Sucesorial Territorial y Administración Proindiviso Ticnamar, Comunidad Indígena de Guallatire y la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Putre, quienes se opusieron en diversas manifestaciones colectivas y públicas, incluyendo acciones legales como la interposición de un Recurso de Protección el año 2011 con el apoyo de la Coordinadora Aymara de Defensa de los Recursos Naturales de Arica y Parinacota y el Alcalde de Putre, Ángelo Carrasco en contra la
Corporación Regional de Medio Ambiente (COREMA) tras la aprobación del proyecto en el 2010. No obstante, el proyecto obtuvo apoyo desde la Corte Suprema de Santiago, la que rechaza el Recurso de Protección interpuesto por las comunidades y el proyecto es finalmente aprobado para realizar la exploración en el año 2011.
El proyecto Los Pumas buscaba la explotación a tajo abierto de un yacimiento de manganeso (Mn) con el fin de producir 400 mil toneladas anuales de concentrado de este mineral para su venta en mercados internacionales. Las faenas se ubicarían en la precordillera, cerca del poblado de Putre, y los centros de acopio en el barrio Industrial de la ciudad de Arica (UTA, 2017).
El año 2010, la Empresa Transnacional Hemisferio Sur SMC, filial chilena de la australiana Southern Hemisphere Mining, presenta el proyecto mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la que fue desistida al año siguiente ya que de acuerdo a la ley de Bases Generales de Medio Ambiente (N° 19.300) el proyecto, por su magnitud y cercanía a comunidades indígenas debía presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que se realiza el año 2011. Tras varios intentos, el EIA sería aprobado mediante Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Arica- Parinacota en el año 2013, razón que motiva a los agricultores de la Junta de Vigilancia del Río Lluta, al Consejo Autónomo Aymara, Consejo Nacional Indígena Aymara, comunidades de aguas del interior en Socoroma y pueblos originarios del lugar a interponer un Recurso de Protección en contra de la RCA. En primera instancia, la Corte Apelaciones de Arica dejaría sin efecto la RCA favorable en el 2013, pero al año siguiente, la Corte Suprema de Santiago deja sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones regional. Esto provocaría una oleada de manifestaciones e intervenciones de autoridades locales (como Alcaldes, Diputados y Senadores) para evitar el inicio de las faenas, acusando que la instalación de una minera en la cabecera del río Lluta ocasionaría contaminación de las aguas que son utilizadas para irrigar todo el valle homónimo, así como la afectación en la flora y fauna nativas. Además, la ubicación del proyecto sería en territorio privado y Área de Desarrollo Indígena, donde las comunidades no fueron consultadas según estima el Convenio 169- OIT, siendo sólo informadas mediante participaciones ciudadanas sin validez ni consenso. Tras varios años de insistencia, finalmente el
2015, el EIA del Proyecto Minero Los Pumas sería calificado como ambientalmente desfavorable por el Comité de Ministros del SEA. De acuerdo a información otorgada por el Secretario Regional de Medio Ambiente el año 2017, Alfredo Devotto Moreno, el proyecto fue rechazado ya que el EIA tenía inconsistencias técnicas, que de arreglarse, podría volver a presentarse.
La acción colectiva: Tanto el caso del proyecto Minero Los Pumas como Catanave fueron los más representativos durante las manifestaciones sociales ocurridas desde el año 2010 al 2014, periodo de mayor emergencia de los conflictos socio ambientales en la región. La Minera Los Pumas sería la primera de muchas en manifestar interés de explotar en la región andina, lo que alertó a las comunidades indígenas y a la ciudadanía regional en su totalidad, sobre las consecuencias negativas que la actividad minera podría ocasionar al ubicar sus faenas en un Área de Desarrollo Indígena y de nacientes de agua. La experiencia negativa de Catanave fue crucial como ejemplo para las acciones llevadas a cabo durante el periodo de rechazo de la minera Los Pumas, donde jugó un importante rol la conjunción de trabajo entre las comunidades indígenas, estudiantes, académicos y organizaciones medio ambientales, donde la consigna en favor del territorio y el medio ambiente se unificó a otras demandas como por ejemplo la educación gratuita. La existencia de colectivos heterogéneos trabajando en conjunto, logró poner en discusión nociones amplias sobre el territorio, los modos de producción, regímenes de propiedad, formas de valorización culturas y sobre los derechos de los pueblos indígenas. Son expresiones del ejercicio de la autonomía individual y colectiva, donde se crean nuevos saberes para la resolución de problemas comunes (Merlinsky, 2015).
Un punto a considerar es que el campo de lucha preferentemente fue la ciudad de Arica y no necesariamente los poblados directamente aludidos, lo que para Rodríguez (2016) representa la etnización del movimiento social como componente fundamental en la organización y demandas. Las comunidades argumentaron su posición frente a las mineras en base a una territorialidad (in)material desde su condición de sujeto urbano, ejerciendo una territorialidad simbólica con respecto al espacio andino, al mismo tiempo que ejerce su derecho de uso y ocupación a través de los títulos de propiedad. Igualmente argumentaron el uso ancestral de la tierra y el agua, generando una compleja condición para lograr acuerdos (voluntarios o judiciales)
con las mineras al existir muchos dueños de una propiedad superficial.
Las manifestaciones tendrían su punto más álgido en el 2013, año en que se otorga la RCA favorable al proyecto Los Pumas, generando un intenso panorama de movilizaciones y acciones colectivas donde las demandas contra el proyecto minero en sí, se unificaron en una demanda más amplia en contra de la minería y de otras actividades extractivas que se desarrollan en la región como los cultivos transgénicos, la contaminación de aguas por los depósitos mineros, así como proyectos termoeléctricos y geotérmicos. Entre las manifestaciones se pueden contar el Cacerolazo por una Región Limpia (17 agosto), la Toma de la carretera 11-CH camino a Lluta, Marcha y toma de la Intendencia Regional (19 de agosto), Marcha por la Vida y el Agua, y Cacerolazo por la Dignidad y la Vida (28 agosto), Funeral de Arica y Parinacota (26 de septiembre) y el Gran Paro Regional (30 septiembre), entre otras (Figura 3).
Manejo de conflictos: En ambos casos, las formas de manejo pasaron por mecanismos
tradicionales como la Justicia Ordinaria, Organismos Administrativos, Arbitraje e Instrumentos de Gestión Ambiental (SEA y Consejo de Ministros). Sin embargo, la importancia de la repercusión mediática y el ejercicio de poder de las comunidades indígenas urbanizadas fue crucial en el fin del conflicto a partir de soluciones políticas, más que judiciales y acuerdos económicos. Esto es avalado por la abogada experta en derecho constitucional Liliana Galdamez (2016), quien argumenta que la “solución” a los conflictos no es judicial, sino política, y donde toman relevancia los “compromisos” y “compensaciones” que dan valor monetario a las externalidades negativas socioambientales.
De acuerdo a Rodríguez (2016), para lograr el rechazo del proyecto Los Pumas fue fundamental la conformación de mecanismos entre los movimientos sociales de la sociedad civil, a partir de lo cual se construyó una gobernanza ambiental que transgredió las escalas jurisdiccionales y el poder estatal que promovía la minería como eje de desarrollo.
Por otro lado, dentro de los nuevos roles que ha asumido el Estado chileno, se cuentan una mayor preocupación por la temática medioambiental y por los derechos de los pueblos indígenas, con la creación de leyes de protección y firma de tratados internacionales (Por ejemplo la Ley
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos), así como leyes y ratificación de convenios que garantizan el ejercicio de derechos de consulta a ciudadanos y pueblos indígenas como el Convenio OIT-169, ratificado en Chile el 2008 y puesto en vigencia el 2009 que establece que el Estado debe consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta, de buena fe y con la finalidad de llegar a acuerdo o consentimiento. Estos elementos contradictorios han sido en parte respuesta y generadores de conflictos socio ambientales, y de antagonismos entre el capital y lo común (Monge, 2012, Navarro, 2015) ya que, si bien existen los tratados firmados, su cumplimiento apela a la buena fe de las partes en desacuerdo. Para el caso del proyecto Catanave, si bien existen actas de reuniones con comuneros de Ticnamar, se plantea la ambigüedad de la situación, considerando que una reunión dista mucho de una participación ciudadana para aprobar o desaprobar un proyecto.
Conflictos de uso en el territorio: La legislación chilena en materia de planificación territorial no sistematiza un ordenamiento integral del territorio. En los sectores rurales operan
una diversidad de organismos públicos que tienen funciones y atribuciones en el uso del suelo, pero no son regidos por un principio rector, por tanto, los organismos sectoriales nacionales y regionales, a pesar de tener funciones y atribuciones en un mismo territorio, no tienen mayor coordinación y terminan generando serios conflictos de uso de suelo. Esto se traduce en el surgimiento de conflictos cuando existen diversos y contradictorios intereses en un mismo territorio, como ocurre con la minería, que compite por el uso del suelo y del agua con actividades como la agricultura y ganadería, practicadas por las comunidades indígenas.
Tanto el proyecto Catanave como Los Pumas se ubicarían en Áreas de Desarrollo Indígena, siendo este uno de los principales puntos en disputa ya que estas corresponden a espacios territoriales en que han habitado ancestralmente indígenas, donde la acción del Estado debe estar enfocada en promover la calidad de vida de sus pueblos para desarrollar sus proyectos de vida. En efecto, el Estado al promover el ejercicio de las mineras estaría incumpliendo su acción de protección.
Para el caso del proyecto Los Pumas, el hecho de que las faenas se ubicaran en la cabecera del río Lluta, prendió las alertas sobre su posible afectación cauce abajo, ya que sus aguas irrigan al Valle de Lluta en sus 147 kilómetros de longitud hasta desembocar en el Océano Pacífico. Esto explicaría en gran medida la multiplicidad de organizaciones que se unieron en las manifestaciones y demandas, como agricultores y Junta de Aguas ubicadas tanto en las zonas altas como bajas del Valle. Esto demuestra en primer lugar, la comprensión integral que poseen los grupos locales respecto de su territorio, y en segundo lugar, la ineficiencia y reduccionismo de los DIA y EIA, al considerar espacios definidos por coordenadas y límites específicos, como áreas de influencia de los proyectos.
La disputa por el control que buscan ejercer los distintos actores sobre los recursos y el territorio indígena de la región se muestra como un eje para comprender dinámicas internas entre la sociedad local, más allá del enfrentamiento comunidad indígena versus Estado y/o mineras, sino que se presenta como una lucha política por el territorio a diferentes escalas (local, regional y nacional), donde los actores despliegan diferentes estrategias para alcanzar sus fines. Los intereses contradictorios sobre un mismo espacio se traducen en distintas acepciones del territorio, donde se ha privilegiado la función de mercancía planteada desde el centro del país, promoviendo la minería como eje de desarrollo, idea que se vería interrumpida por el rechazo de
la comunidad local.
Estrategias de sometimiento: Con respecto a las estrategias mencionadas por Navarro (2015), podemos encontrar que ambos proyectos cuentan con legitimidad institucional, considerando que la minería es una actividad avalada legal y constitucionalmente. La Constitución chilena creada en dictadura (1980) abrió paso a un modelo extractivo y de comodificación de bienes comunes en base a la libre competencia y mediado por reglas de acumulación del capital, donde las concesiones privadas están amparadas por un fuerte derecho de propiedad (Yáñez y Molina, 2011). Destacan la creación del Código Minero (1983) que establece la propiedad del Estado sobre los yacimientos mineros y faculta a toda persona a constituir propiedad minera; y el Código de Aguas (1981) que separa la propiedad de agua superficial y de subsuelo, ha permitido la libre transacción de los derechos de agua en el mercado. De este modo, la minería tiene libre entrada a constituir propiedad y a adquirir derechos de agua, necesarios para sus faenas.
También se ubica como parte de las estrategias el uso del consenso y la legitimidad, pues fue común el manejo de un discurso legitimador de la minería, como equivalente al desarrollo y crecimiento económico, generado desde instituciones gubernamentales como el Ministerio de Minería y su sucursal regional (Secretaria Regional de Minería); discurso que fue apropiado por organizaciones regionales interesadas en el desarrollo minero como la Corporación de Desarrollo Arica y Parinacota (CORDAP).
El marco jurídico y administrativo chileno ha dado coherencia institucional a las transformaciones económicas, sociales y políticas del capital en los territorios, así como ha otorgado consenso y legitimidad social para aceptar los proyectos extractivos como necesarios y benéficos, donde el paradigma del progreso, desarrollo y modernidad toman una valoración positiva para la modernidad social (Navarro, 2015). Este último punto es relevante en sentido que se busca imponer ideas desde una clase dominante, ideas que pasan a regir en cierto momento histórico determinado y que refuerzan un modo de producción específico. La idea del desarrollo unida a la de un capitalismo progresista se muestra como representante del “interés común” y como verdad universal, aceptada y consensuada por la sociedad. La creciente demanda de bienes primarios, sumada a la imagen de abundancia natural de Latinoamérica solo viene a reforzar la idea del carácter irrevocable del extractivismo (Svampa, 2013).
Por último, la represión también formó parte de las estrategias estatales para frenar las movilizaciones sociales en la región, donde las marchas normalmente terminaban con mujeres y hombres detenidos.
La forma de comportamiento de la sociedad con la naturaleza es diferenciada, por sectores o clases sociales, cuyas relaciones quedan condicionadas por la combinación en la propiedad/acceso/uso de los medios de producción que se establecen en cada momento histórico (Foladori, 2001). De esta forma, el modo de producción capitalista se presenta como una contradicción interna de la sociedad ya que no todos los sectores tienen el mismo acceso a los recursos. Estas contradicciones se expresan como movimientos sociales, en protesta y/o resistencia a los impactos desproporcionados sobre ciertos grupos sociales generados por el avance espacio-temporal del capital, poniendo en discusión las formas de territorialidad, los modos de producción y el ideario del desarrollo, en un ejercicio de autonomía individual y colectiva.
Durante la dictadura en Chile, el aparato represivo del Estado en su totalidad se puso a disposición de la implementación del proyecto económico neoliberal, proyecto que se ha mantenido, entre reformas y continuidades, y que ha sido profundizado por los gobiernos democráticos. El régimen del terror pinochetista fue altamente violento, sin embargo, las sutilezas de los discursos del poder desde las instituciones han quedado impregnados en la estructura social chilena, razón por la que personas defienden el modelo económico neoliberal basado en el extractivismo como el mejor para el país, revelando la profundidad que alcanzan los discursos. De este modo, a través del ejercicio de poder de las instituciones del Estado se ha legitimado la hegemonía del proyecto minero transnacional en Chile. La minería se manifiesta como un proyecto territorial en la medida que requiere de la dominación del espacio - del territorio, de los cuerpos, de la capacidad política- que comprenden la aplicación de un biopoder y la construcción de sujetos sometidos a una lógica estatal fundamentada en el conocimiento científico occidental y moderno. Quién domina el espacio tiene la capacidad de decidir su vocación.
Se plantea entonces la urgencia de replantear las nociones de desarrollo en cada sociedad, en sintonía con los distintos modos de vida de los territorios, y donde los movimientos sociales
toman un papel protagónico en el debate sobre alternativas al modelo extractivista. Se ponen sobre la palestra nuevos elementos a ser considerados como el indigenismo y feminismo, para definir nuevos proyectos de sociedad. La victoria, aunque sutil, de muchos movimientos sociales a lo largo de Latinoamérica son buenos ejemplos de que la unión hace la fuerza.
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1 Se les denomina Chicago Boys a los economistas liberales graduados de la Universidad de Chicago,
donde recibieron influencia directa de Milton Friedman y Arnold Harberger. Se les considera los artífices de las reformas económicas y sociales neoliberales neoclásicas durante la dictadura. Se pueden mencionar personajes como Sergio de Castro, Pablo Baraona, Álvaro Bardón, Hernán Büchi, Ernesto Fontaine quienes ocuparon importantes cargos políticos en el periodo militar.
2 De acuerdo al Consejo Minero el cobre tiene usos en equipos electrónicos (chips, conexiones, transformadores, circuitos), industriales (motores, aleaciones, usos químicos, monedas), en transporte (refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos), en infraestructura (transmisión de electricidad y telecomunicaciones) y en construcción (uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua).
3 El estatus de “región minera” es asignado por el Banco Central de Chile y corresponde a aquellas donde la actividad minera tenga un aporte igual o superior al 2,5% del PIB regional, lo que permite a estas regiones contar recursos económicos provenientes del Fondo de Desarrollo del Norte y de las Comunas Mineras de Chile (FONDENOR), que busca asignar dinero a las comunas mineras del país entre los años 2013 y 2025.
4 Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 - 1970) se amplía la ley de enseñanza básica obligatoria dictada en los años veinte, época en la cual muchos niños de zonas rurales se trasladan a estudiar a la ciudad de Arica o hacia lugares donde existía escuela.
5 Gutiérrez comenta que construye su concepto en base a las reflexiones de Bloch en la primera parte de "El Principio Esperanza" de acuerdo a lo que él llama "horizonte de deseo".