Adolfo del Río Martínez1, Raúl Puebla Santoyo2 y Joaquín González Torre3
Palabras clave: evaluación de la educación; INEE; política educativa; entidades
Las políticas educativas del Estado mexicano son implementadas por una diversidad de instituciones y actores en los distintos ámbitos administrativos y territoriales. La historia moderna
1 Mtro. en sociología política, estudios de doctorado en ciencias sociales, subdirector de vinculación en la dirección del INEE en San Luis Potosí.
2 Lic. en administración, estudios de maestría en administración de negocios, subdirector de procesos de evaluación en la Dirección del INEE en San Luis Potosí.
3 Lic. en psicología, especialidad Política y Gestión Educativa, especialidad en planeación regional, Director del INEE en San Luis Potosí. El contenido de esta ponencia es un ejercicio de análisis de los autores y no se trata de la opinión o posición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
de la política educativa de México puede ser vista como un proceso de creciente complejidad institucional en la que el Estado ha promovido acuerdos y reformas que han tenido fines diversos en el tiempo, aunque en ocasiones contradictorios, cómo: expandir el sistema educativo, establecer mecanismos de control administrativos, fortalecer la identidad nacional, modernizar la administración del sistema, expandir la obligatoriedad de diversos niveles educativos, la creación y cierre de diversos tipos de servicio, modalidades y subsistemas educativos, mejorar las condiciones laborales de los docentes, profesionalizar y capacitar a los docentes, garantizar un derecho universal, proporcionar un bien público de calidad, reconocer la composición pluricultural de la sociedad y proteger la diversidad lingüística de los pueblos indígenas.
Los actores centrales en los que se ha concentrado la investigación, desde distintas disciplinas y enfoques para comprender este camino de políticas educativas en México durante el siglo XX han sido los distintos titulares del poder ejecutivo nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La SEP surge como encargada de los asuntos educativos y culturales en todo el país en 1921 en el contexto posrevolucionario, su institución antecesora la Secretaría de Instrucción Pública solo atendía al Distrito Federal y otros territorios federales (SEP: 2013). El SNTE se crea en 1943 como conclusión de un proceso de creación, reacomodo y control de distintos movimientos y grupos sindicales de maestros y trabajadores escolares.
Durante el siglo XX los distintos retos, obstáculos y obligaciones que el Estado mexicano ha enfrentado y asumido en el sector educativo han impulsado la creación y modificación de diversas instituciones y formas de organización administrativa, que con frecuencia han sido parte de diversos paquetes de políticas educativas. En ocasiones políticas específicas fueron parte de paquetes más grandes, las llamadas reformas educativas, en otras su práctica e implementación no estaban diseñadas de forma que conformaran parte de un marco coherente.
Algunos ejemplos se encuentran en el plan de once años impulsado por la SEP (1959- 1970), y como parte de dicho plan en 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y la política de distribución de libros de texto en escuelas públicas (y más tarde privadas también), pero también 1n 1965 comenzó el diseño de lo que se convertiría en un nuevo tipo de servicio educativo, la telesecundaria, que comenzaría a operar 1968, pero esto no era parte ni fue integrado al plan de once años de la SEP. En la década de 1970 la política educativa del
Estado mexicano fue prolífica en la creación de instituciones: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 1970, la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 1971, la creación de la Dirección General de Educación Indígena en 1978 y el tipo de servicio de primaria indígena, diversos subsistemas de educación media superior como el Colegio de Bachilleres y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica o el Colegio de Bachilleres en 1973 y 1978 respectivamente, entre otras y varios rediseños institucionales (Vásquez: 2010).
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, se crea en 2002 como parte de un esfuerzo más amplio del Estado mexicano para incorporar un enfoque de la evaluación y toma de decisiones basadas en evidencia en el hacer de la administración pública y en el diseño de acciones de gobierno. Se puede considerar que parte de este esfuerzo incluye la creación de la Auditoría Superior de la Federación en el año 2000 y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2005.
Hay dos reformas en el sector educativo que configuran con mayor fuerza la interacción vigente entre el INEE y las autoridades educativas: 1) la descentralización educativa, que mediante el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica en 1992, entre el poder ejecutivo federal, los gobernadores de las entidades y el SNTE, la Federación transfiere una parte importante de las escuelas, docentes, trabajadores y recursos al control administrativo de los estados, lo que se ajustaría con posteriores modificaciones a la Ley General de Educación en 1993 y la transferencia automática de recursos para el sector educativo en 1998; 2) la reforma educativa de 2013, que introduce la garantía del Estado a proveer educación obligatoria de calidad, fortalecer la equidad en el sistema educativo, así como la evaluación periódica y sistemática de los diversos componentes del sistema educativo, para lo cual se dota al INEE de autonomía; también busca crear y fortalecer un Servicio Profesional Docente y un Sistema de Información y Gestión Educativas que reduzca la carga administrativa de los docentes y escuelas, así como fortalecer la autonomía de las escuelas.
En el marco de la reforma educativa de 2013 se establecen diversos mecanismos para mejorar la coordinación entre los distintos actores que diseñan, implementan y evalúan la política educativa
de México. El marco es estos mecanismos de interacción es la Política Nacional para la Evaluación de la Educación (PNEE), para coordinar la acción de las autoridades educativas en los ámbitos federal, estatal y al INEE. La PNEE establece diversas líneas de acción estratégicas de acción en siete ejes que buscan atender la necesidad de evaluación del sistema educativo.
Fuente: INEE 2016; Ley del INEE, artículo 17.
Derivado del consenso entre los distintos actores de la PNEE surge el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), que se define cómo:
un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, con el objeto de contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y por los particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios (Ley del INEE, artículos 11 y 12).
El SNEE puede concebirse como un el espacio de agregación de preferencias y toma de acuerdos entre las diversas autoridades educativas de alto nivel y el INEE en lo relativo al diseño y conducción de las políticas de evaluación educativa. Otros mecanismos y espacios coordinados por el INEE en la forma de Consejos integran a actores de la sociedad civil, académicos, investigadores, docentes, directivos escolares e instancias estatales de evaluación educativa con los fines de recoger sus opiniones y fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la política de evaluación educativa.
Diagrama 2: Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Fuente: INEE 2016; Ley del INEE, artículo 13.
Los esquemas con los que el INEE describe tanto la política como el sistema de evaluación educativa se pueden comparar con el modelo de caja negra de David Easton (1965) de los insumos y resultados del sistema político, el cual presentaba un esquema en el que se describe una función del sistema político, o más ampliamente de los sistemas de agregación de
preferencias, para producir decisiones a partir de las demandas y apoyo de los actores que en intervienen en ellos.
Este modelo de esquema resulta útil para delinear a los principales actores tomadores de decisiones, establecer un esquema general para su interacción y qué tipos de decisiones y acuerdos se espera que tomen. Sin embargo, estos esquemas también señalan la necesidad de observar y comprender que sucede dentro de la “caja negra”. Aunque no es el objetivo de este documento, para lograr esa descripción los analistas de políticas y los propios actores tomadores de decisiones deben contar con un mejor panorama de cómo funcionan en la práctica diversos espacios de interacción entre las instituciones y organizaciones que dan vida, operan, implementan y ejecutan las decisiones tomadas en el espacio de alto nivel de conducción de las políticas, en este caso de la política de evaluación educativa.
Diagrama 3: El modelo de caja negra de los sistemas políticos y de diseño de políticas públicas.
Fuente: Adaptado de David Easton, A Systems Analysis of Political Life (1965).
En otro nivel de interacción, pero complementario a estos que se han descrito, el Instituto creó direcciones en las entidades a partir de 2015 a cargo de un área de Coordinación. En México el
INEE es el primer organismo constitucional autónomo que implementa este esquema de organización e interacción con las autoridades estatales, y hasta ahora sigue siendo el único. Las direcciones del INEE en las entidades federativas (DINEE) se crean para estrechar la relación con los actores encargados de la evaluación educativa, dar seguimiento local a los proyectos y recomendaciones del Instituto para la mejora de la calidad de la educación en cada entidad federativa.
En el marco de la PNEE el Instituto diseñó un Programa de Mediano Plazo del SNEE 2016-20120 en que se concretan acciones específicas para consolidar la mejora de la educación por la vía de la evaluación de sus resultados, procesos y componentes. El principal mecanismo del programa de mediano plazo son los Programas Estatales de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME) en los que las autoridades educativas locales elaboran un diseño de acciones de mejora educativa a partir de las diversas evaluaciones en los sistemas educativos estatales en los niveles de escolaridad obligatoria.
El diseño de los PEEME estuvo a cargo de equipos de trabajo en cada entidad, en las que se incluía a las diversas instancias de evaluación estatal y a funcionarios de los distintos niveles educativos. La fase de diseño tuvo lugar entre 2015 y 2016. Los programas presentan un diagnóstico estatal, en el que se identifican brechas en términos de acceso y equidad de los resultados de los sistemas educativos locales y definen acciones agrupadas en proyectos específicos. Cada proyecto estatal de evaluación y mejora educativa (PROEME) parte de una metodología compartida para identificar con precisión un problema, se establecen metas y las líneas de acción que habrán de coadyuvar a lograr dichas metas para el final del programa de mediano plazo (2020), así como los indicadores que se utilizarán para evaluar el grado de avance. Cada equipo de trabajo de las entidades definió sus proyectos, metas, acciones y el INEE realizaba tareas de acompañamiento técnico para la elaboración de estos documentos; establecer una metodología común, establecer los tipos de proyectos, cómo utilizar los resultados de evaluaciones del SEN, en especial los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en sus diferentes modalidades, cómo diseñar y utilizar los indicadores
asociados a cada proyecto.
Las DINEE fueron creadas y puestas en marcha entre 2015 y 2016, al mismo tiempo que se daba este proceso de diseño de los PEEME. En particular la DINEE de San Luis Potosí
participó en cierta medida en el proceso de acompañamiento técnico, pero no necesariamente esto fue así en todas las entidades, ya que la disposición y cooperación de las autoridades educativas no es homogénea en el país probablemente derivado del conflicto surgido por la implementación de diversos aspectos de la reforma educativa de 2013.
El PEEME de San Luis Potosí está conformado por 4 proyectos de difusión y uso de los resultados de las evaluaciones. Cada proyecto se enfoca en un nivel educativo distinto, así el proyecto 1 corresponde a preescolar y al uso de los resultados de las evaluaciones para la promoción a funciones de director en educación preescolar, los proyectos 2 y 3 son sobre uso de los resultados de la evaluación de desempeño docente en educación primaria y secundaria respectivamente y el proyecto 4 sobre el uso de los resultados de PLANEA en Educación Media Superior.
El Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa de San Luis Potosí fue presentado en evento público el 9 de marzo de 2017, además de encontrarse disponible en la página de internet del INEE en el micrositio correspondiente. En esa fecha se firmó un Convenio General de Colaboración entre el INEE y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Asistieron a la presentación del PEEME funcionarios de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de los diversos niveles educativos y representantes de los subsistemas de educación media superior, así como supervisores escolares y asesores técnico pedagógicos, personal de supervisión escolar, que eventualmente serían los encargados de implementar y realizar las diversas acciones de cada uno de los proyectos en sus respectivas áreas de responsabilidad.
Por su parte la DINEE-SLP ha dado continuidad y seguimiento al proceso de implementación del PEEME. Se ha construido un acuerdo con las autoridades educativas y funcionarios de la SEGE para constituir un comité de seguimiento del convenio de colaboración, y siendo el PEEME uno de los principales ejes de interacción entre el Instituto y la entidad el seguimiento de la implementación del mismo sería una de las principales tareas del comité.
El programa de mediano plazo del SNEE y la política nacional parten del supuesto causal que la evaluación por sí sola no genera mejoras de los resultados del sistema educativo, pero las evaluaciones sistemáticas y periódicas del sistema educativo nacional, así como evaluaciones útiles para los tomadores de decisiones de los sistemas educativos estatales pueden proveer evidencia para un mejor diseño de programas o acciones de mejora desde el ámbito local.
Retomando algunos aspectos de la literatura de diseño e implementación de las políticas públicas, en particular de Patricia Ingraham (1987) se señalan dos ámbitos clave para el análisis de los PEEME: 1) el nivel de diseño (qué tanto un programa o paquete de políticas es consistente y sistemáticamente estructurado) y 2) el locus o espacio de diseño de la política (las características del ámbito desde dónde se construye o acuerda el programa o paquete de políticas).
El espacio de diseño de los PEEME fue un locus técnico, donde diversos actores establecieron roles para el acuerdo y puesta en marcha de un paquete de acciones (proyectos de evaluación y mejora educativa) a través del expertise técnico y practico de los funcionarios locales en coordinación con funcionarios del Instituto. En diversas etapas del proceso los funcionarios locales encargados de la coordinación de la elaboración del programa invitaban y presentaban avances a personal de supervisión escolar y docentes para la revisión de las acciones encaminadas a reducir brechas y lograr las metas propuestas de cada proyecto. Este mecanismo de diseño de arriba hacia abajo buscó tomar en cuenta una gran diversidad de actores, contextos y adecuar las acciones a las consideraciones de factibilidad de aquellos que posteriormente las tendrían que implementar.
Por otro lado, el nivel de diseño puede ser considerado más bien complejo en los PEEME, debido al alto nivel de focalización de las poblaciones objetivo de cada proyecto, así como por la especificidad de los requerimientos técnicos para definir el problema, brecha identificada y objetivos de impacto cada proyecto. La ruta general que siguió el diseño de cada proyecto empezó con la identificación de problemas de política educativa acotadas al uso de resultados de las evaluaciones nacionales para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, este acotamiento fue definido por las propias autoridades educativas. Luego siguió el diagnóstico del problema de forma extensa, los equipos de trabajo locales discutieron el rango de soluciones posibles y finalmente los coordinadores locales definieron las acciones concretas de cada proyecto, tomando en cuenta los recursos disponibles para llevarlos a cabo.
Después de varios procesos de revisión y ajuste el PEEME de San Luis Potosí fue publicado y presentado públicamente, el 9 de marzo de 2017, en el marco de la firma de un Convenio General de Colaboración entre el INEE y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Dicho convenio establece las bases para la colaboración entre el Instituto autónomo y el gobierno
estatal para coordinar, cooperar y compartir información referente a la evaluación del sistema educativo.
Para el seguimiento de las acciones que darán respuesta al PEEME la Dirección del INEE en San Luis Potosí propuso la creación de una comisión estatal de seguimiento que se reunirá periódicamente para la evaluación del cumplimiento de metas de cada proyecto específico. Sin embargo, un obstáculo notable para la aplicación de este mecanismo de la política nacional para la evaluación de la educación ha sido el poco personal y tiempo de los funcionarios locales para hacer avanzar con eficiencia y en los tiempos originalmente establecidos los objetivos del PEEME.
Esto último puede deberse más a que un mecanismo tan ambicioso y extenso como la estructuración de una política nacional de usos de resultados de evaluaciones educativas requiere no solo capacidades técnicas sino de cantidades importantes de tiempo de los funcionarios locales que han de colaborar para implementarla, lo que ha sido difícil, pues aunque estas propuestas son aceptadas por las entidades generalmente no han ido acompañadas de la creación de áreas o sub- áreas especializadas para ello, sino que se les encarga a otras ya existentes, lo que satura las agendas de trabajo de los funcionarios.
Otro reto que se ha identificado en la implementación del PEEME es la “tratabilidad” o manejabilidad del problema o problemas que busca resolver. Sabatier y Mazmanian (1993 [1981]) introducen el término en los estudios de las políticas públicas como parte de un marco de análisis para identificar posibles obstáculos o retos de implementación de ciertos diseños de políticas como respuestas a problemas públicos concretos. La manejabilidad se relaciona con los aspectos específicos de un problema público que afectan la capacidad de las instituciones gubernamentales para lograr objetivos normativos, en particular los autores llaman la atención sobre los aspectos siguientes para analizar la manejabilidad del problema: 1) disponibilidad de teorías y tecnologías probadas, 2) diversidad de comportamientos en el grupo objetivo, 3) proporción del grupo objetivo con respecto a la población total y 4) magnitud de las modificaciones comportamentales requeridas.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa de San Luis Potosí, podemos considerarlo como un instrumento que señala no solo un plan de ruta para el uso de las evaluaciones educativas para la mejora de la calidad de la educación en la
entidad, sino que además implica la incorporación de una serie de tecnologías y metodologías para llevar a cabo las acciones que propone, que la población objetivo de las acciones es distinta a la población objetivo del sentido de las acciones que se propone y que contiene una diversidad más bien moderada de comportamientos en el primer grupo; que por la forma en que define las brechas en los resultados de las evaluaciones las acciones se focalizan en un reducido número de escuelas y funcionarios, al menos en las primeras fases de implementación; por último, el Programa considera una magnitud más bien amplia de modificaciones de comportamientos en el grupo de funcionarios que lo implementan.
El siguiente diagrama no representa un análisis formal de la manejabilidad del PEEME en las dimensiones sugeridas, más bien representa los dos extremos, implementación de diseños de alta o muy baja manejabilidad y una cierta percepción del PEEME en cuanto a los retos que tanto las autoridades locales como el propio Instituto y la Dirección en San Luis Potosí del INEE tendrán que superar para coadyuvar en la más efectiva implementación del PEEME.
Diagrama 4: Dimensiones de manejabilidad de implementación de diseños de políticas
Diseño de implementación de baja manejabilidad Diseño de implementación de alta manejabilidad PEEME SLP*
Disponibilidad de teorías
Magnitud de las modificaciones comportamentales
Tamaño reducido del grupo objetivo con respecto a la población total
Disponibilidad de tecnologías
Grado de diversidad de comportamientos en el grupo objetivo
Fuente: elaboración propia
Esta percepción que se presenta es producto de las diversas interacciones entre los equipos de trabajo del INEE en San Luis Potosí y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. La implementación de las acciones derivadas del PEEME ha sido lenta, en parte por las múltiples responsabilidades y cargas de trabajo de los funcionarios involucrados, en especial de la secretaría estatal.
Las burocracias son las organizaciones que ponen en marcha decisiones de políticas. Con la reforma constitucional de 2013 del artículo 3° el Estado mexicano introduce su obligación de garantizar el derecho a la educación de calidad y la evaluación del sistema educativo como el principal mecanismo de mejora. Para ello la Constitución otorga de autonomía al INEE. Sin embargo, el mecanismo de mejora es un conjunto complejo de piezas que se han ido mejorando y rediseñando constantemente.
Existen diversas evaluaciones con propósitos, insumos, diseños y públicos muy distintos. Por un lado, están las evaluaciones de resultados del Sistema Educativo Nacional, que intentan responder fundamentalmente a ¿en qué medida los alumnos adquieren los conocimientos esperados en su tránsito por la educación obligatoria?, aunque otros resultados del SEN no necesariamente están asociados al logro educativo. Por otro lado, en conjunto con las autoridades educativas del ramo ejecutivo gubernamental, el INEE colabora en la definición de lineamientos y supervisión de las evaluaciones de ingreso, permanencia y promoción de docentes y directores en la estructura del sistema educativo, tarea por demás compleja y que se ha ido afinando en cada ciclo de evaluación.
Otras tareas del INEE incluyen la provisión de insumos e información para la toma de decisiones en materia de políticas educativas. Resultado de las evaluaciones está la emisión de directrices, que son recomendaciones puntuales sobre temas y obstáculos concretos al derecho a la educación dirigidas a autoridades educativas. Por otro lado, están los Programas Estatales de Educación y Mejora Educativa que hemos referido más arriba. Estos elementos proveen espacios de interacción entre el INEE y las autoridades educativas federal y estatales que arrojan diversos resultados en cada contexto estatal. Ello debido a que la política educativa tiene un alto interés para la ciudadanía, aunado a que actores políticos y sociales han reaccionado de manera muy
distinta a los cambios constitucionales a inicios de la administración federal 2012-2018. En entidades como San Luis Potosí la resistencia por parte de actores locales (secciones sindicales, funcionarios e instituciones estatales, maestros, directores escolares, asociaciones de padres de familia, aspirantes de nuevo ingreso al sistema educativo) no han mostrado mucha resistencia a la introducción de estos cambios.
El PEMEE y sus proyectos específicos, definidos y diseñados por los funcionarios estatales, tienen la intención de proveer una innovación de tecnología administrativa para incentivar el uso de resultados de las evaluaciones educativas en la definición, diseño y ejecución de acciones y políticas educativas, que buscan dar cumplimiento en la entidad sobre la garantía del Estado mexicano a una educación obligatoria de calidad para todos. Martín López Calva (2013) menciona que el bucle sistema sociopolítico-sistema educativo-sistema de evaluación como un circuito fundamental para comprender el proceso de introducción y evolución de la evaluación educativa en México.
A su vez, lo que hemos observado en nuestra interacción ordinaria con las autoridades educativas locales y diversos actores es que en las entidades se reproducen distintas arenas para la implementación de cambios al sistema educativo y resistencias, apoyos o desinterés de actores políticos sobre las consecuencias en la esfera de lo sociopolítico. Sin duda en lo macro un entorno más democrático permite una serie de innovaciones en torno a la implementación y evaluación de políticas públicas, así como innovaciones en la práctica de la administración pública, sin embargo, las características tan distintas de las entidades federativas sin duda podrán dar resultados muy distintos a una serie de estímulos desde el centro: emisión de recomendaciones de políticas y la implementación de programas amplios y proyectos específicos para la mejora de resultados.
Es por ello que para el INEE le es de importancia promover una cultura de la evaluación, que entre otras formas se fomenta con asistencia técnica y seguimiento para proyectos propios de las autoridades educativas estatales, toda vez que el Instituto por sí mismo podría no cubrir por completo las necesidades de información y evaluación locales. Otras maneras han sido el seguimiento de los PEMEE, así como difusión de información de resultados de las evaluaciones entre los sectores académicos pertinentes a la evaluación educativa y de políticas públicas, a docentes, directores escolares y público general.
Un reto en el futuro inmediato es hacer más eficaz la puesta en marcha de los proyectos que buscan insumos de información que alimenten diseños de acciones, políticas y programas, para lo cual se debe contar con una mayor cooperación de la esfera de control político del Estado mexicano para afianzar los mecanismos de cooperación y colaboración entre las autoridades educativas estatales y el INEE como autoridad en materia de evaluación educativa. Entre esos instrumentos es necesario revisar la asignación presupuestaria necesaria y suficiente para la introducción de procesos de mejora.
Otro reto importante es asegurar la adaptabilidad del sistema educativo a las necesidades y contexto cultural de los principales en torno al derecho a la educación. Para las niñas, niños y adolescentes que provienen de entornos de vulnerabilidad social es la escuela y las políticas educativas que pueden lograr una mayor inclusión y ejercicio de derechos, no sólo el de la educación. Para ello se requieren diagnósticos precisos y con mayor nivel de desagregación que no siempre es posible obtenerlos por los diseños de formatos e insumos de información de las autoridades educativas y escolares.
Aunque el INEE tiene funciones de recopilador, analista y productor de información sobre el estado que guardan los agentes, resultados y componentes del Sistema educativo con el paso del tiempo, en ocasiones es difícil obtener todos los indicadores pertinentes sobre el ejercicio del derecho a la educación entre poblaciones en vulnerabilidad socioeconómica. Una propuesta y trabajo en curso del INEE es producir indicadores de información desagregada a nivel municipal, lo que permitiría una mejor focalización de futuros proyectos de mejora educativa.
La información y conocimiento del contexto local y de necesidades específicas en materia educativa son esenciales tanto para las autoridades educativas como para las de evaluación. Por ejemplo, en San Luis Potosí El 69.7% del total de la población indígena en la entidad puede expresarse en alguna lengua indígena; la zona Media y la Huasteca son las regiones en donde se registra el mayor número de población hablante de lenguas indígenas: 72.3% y 71.1%, respectivamente; 46.0% en el Altiplano, y sólo el 41.4% de los habitantes indígenas de la región Centro tienen esa capacidad. La zona Media destaca por ser la región con el porcentaje más elevado de población indígena monolingüe: 8.8%, seguida de la Huasteca: 2.8%, el Altiplano 1.0% y la zona Centro, donde el total de los habitantes indígenas pueden utilizar el español. El sistema educativo local debe responder a este contexto con políticas pertinentes y la evaluación
contar con diseños que promueva equidad de resultados.
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