Carlos A. Rodríguez Wallenius1
Palabras clave: lucha social; territorio; sustentabilidad
En las últimas dos décadas se han intensificado en nuestro país un conjunto complejo y diverso de acciones colectivas que tienen como base comunidades y pueblos rurales que resisten a las grandes corporaciones y empresas privadas, en alianza con instituciones gubernamentales y que pretenden despojarlas de sus tierras, territorios y bienes naturales, para realizar una amplia gama
1 Doctor en Ciencias Sociales, Profesor Investigador del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Líneas de investigación: Movimientos campesinos, territorio y sustentabilidad. Correo electrónica: carlosrow@gmail.com
de proyectos económicos, como son la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura (carreteras, presas hidroeléctricas, aerogeneradores), minas a tajo abierto, extracción y transportación de petróleo y gas; unidades habitacionales en la periferia de las ciudades, embotelladoras de agua, plantaciones forestales comerciales, desarrollo turísticos, entre otros.
La región sureste del país (que para efectos de este trabajo incluye los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y parte sur de Veracruz) es un espacio estratégico para este tipo de proyectos pues concentra gran cantidad y diversidad de bienes naturales (amplias extensiones de bosques y selvas, yacimientos minerales, de petróleo y gas, reservas de agua dulce, zonas de viento, paisajes) que son codiciados por empresas.
Además, el sureste no sólo es fuente de recursos estratégicos para la economía, también esta zona es, como nos recuerda Boege (2008:20-27), abundante en biodiversidad, de la cual los pueblos y comunidades utilizan cerca 1,000 especies y sus variantes para su alimentación, además de 3,000 plantas con uso medicinal y 5,000 variedades de flora para usos culturales. Baste recordar que 15.4 % del sistema alimentario mundial proviene de las plantas domesticadas en Mesoamérica y cuyo germoplasma se encuentra en gran medida en esta región. El sureste es el hábitat del 67% de las especies vivientes en el territorio nacional, el 60% de la fauna endémica y ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de plantas superiores (20,000 especies), de peces de aguas dulces (150 especies), de anfibios (180 especies) y de aves (240 especies) (Sarukhán, 2009).
El uso de esta impresionante biodiversidad no puede ser entendida sino se vincula con la diversidad cultural de la población que habita en esta región, pues en ese espacio viven cerca de 29 pueblos originarios, mestizos y afrodescendientes, herederos de conocimientos, prácticas y cosmovisiones que enriquecen y resguardan una de las mayores variedades de fauna y flora que habitan en bosques, selvas, ríos y litorales.
Hablamos de una región abundante en recursos, biodiversidad y diversidad cultural, que, paradójicamente, también muestra el mapa de la marginación y desigualdad socioeconómica de México, pues los pueblos que viven en los territorios abundantes en bienes naturales son los más pobres del país. Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los estados del sureste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) se mantiene en los últimos lugares a nivel nacional:
Gráfica 1 Índice de Desarrollo Humano Sureste
Fuente: Elaboración propia a partir PNUD (2015)
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el 2010 Chiapas tenía los mayores porcentajes nacionales de población que vivía en situación pobreza (78.5%) y pobreza extrema (38%). En los resultado del 2016 se mantiene la tendencia: 77.1% en situación de pobreza y 28.1% en pobreza extrema.
Parte del proceso de empobrecimiento y de incremento de la desigualdad se explica por la creciente importancia que tienen las agresivas formas de acumulación, que se basan en el despojo y apropiación de los bienes naturales para insertarlos en el mercado y obtener así importantes ganancias y rentas, es un proceso que llamamos (Rodríguez, 2015) despojo para la acumulación, entendido como una de las tendencias que los grupos económicos impulsan para apropiarse de bienes naturales y comunitarios (agua, bosques, suelos, minerales, fuentes de energía), lo que les permite a empresas y corporativos obtener altas rentas a partir de ganancias extraordinarias generadas cuando esos bienes son incorporados y valorizados como mercancías en los mercados de productos o en el sistema financiero.
El despojo implica una forma extrema de exclusión, polarización y desigualdad económica y social, no sólo por la apropiación de los bienes naturales y comunitarios, convertidos en riqueza para unos cuantas empresas, sino porque la mayoría de los procesos de
despojo requiere quitarle a los poblaciones sus medios y posibilidades de vida, es decir, que una característica del despojo para la acumulación es esencialmente polarizante, al producir desigualdad y empobrecimiento (Amin, 2010:111).
Esta tendencia que expolia a las poblaciones campesinas e indígenas de sus territorios, para convertirlos en parte de sus grandes proyectos económicos que extraen los bienes naturales y dejan devastación ambiental en los ecosistemas, es apuntalado por los gobiernos federales y locales han generado todas las condiciones para el despojo (gobernanza del despojo), con modificaciones de leyes, facilitación de concesiones, políticas de fomento, presupuestos públicos, protección de las inversiones económicas, de manera de acelerar el saqueo de los bienes naturales.
Los procesos de despojo para la acumulación no sólo desplazan los medios de vida de las poblaciones campesinas sino provocan fuertes impactos ambientales (como la minería a tajo abierto, los megaproyectos o las plantaciones comerciales). Ante esta situación, en distintas partes del sureste se han estado produciendo una serie importante de luchas socioambientales que centran su acción en la defensa comunitaria del territorio y bienes naturales.
Para analizar este proceso, el documento se organiza en tres apartados. El primero recoge distintos debates alrededor de las luchas socioambientales como una categoría que engloba un conjunto de acciones colectivas centradas en la defensa del territorio, el modo de vida campesino y la conservación del entorno natural. Un segundo apartado refiere a la defensa del territorio como proceso, que implica sustentar el modo de vida campesino indígena y su relación con los bienes naturales y comunitarios. El siguiente apartado nos centramos en las expresiones de esas luchas en Capulálpam, Oaxaca, para finalmente, arribar a las conclusiones de este trabajo.
El acercamiento metodológico se hace desde la articulación de las categorías de luchas socioambientales y sustentabilidad social, para la delimitación de procesos de defensa comunitaria del territorio frente a las formas de devastación ambiental producto del despojo para la acumulación. Para ello, se retoman la experiencia de de los bienes comunitarios de Capulálpam frente a la minería, Oaxaca
Las luchas sociales que defiendan sus territorios y bienes naturales de los proyectos y actividades
económicas impulsadas por empresas y gobiernos. Toledo (2015) señala que en los últimos años se han generado cerca de 420 conflictos en los que una o varias comunidades se organizan frente a los intentos de quitarles o contaminarles sus territorios. Recientemente, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI) de la Secretaría de Gobernación menciona que existen 149 conflictos relacionados con los impactos de proyectos económicos y el medio ambiente con comunidades indígenas (CDPI, 2017). La extensión y la intensidad de estas luchas han hecho que algunos investigadores, como Bartra (2016:107-108) propongan como una etapa específica y diferenciada del movimiento campesino e indígena mexicano.
La impronta de la conflictividad social respecto a la defensa del territorio y el entorno natural de los pueblos, hace relevante delimitar las categorías de análisis de luchas socioambientales y sustentabilidad desde la perspectiva de la acción social. Para el caso de las luchas socioambientales, las consideramos como una acción colectiva, que expresa la capacidad de los actores sociales de impulsar respuestas para hacer cambios sobre los problemáticas que los aquejan, lo que implica cierto nivel de organización en términos de su identidad colectiva, intereses comunes, y en una relación con conflictos sociales por recursos materiales y simbólicos (Melucci 1999). En este sentido, las luchas socioambientales ponen en relevancia al territorio como un espacio privilegiado para estudiar las disputas por los bienes naturales que realizan diferentes actores, que mediante diversas acciones y respuestas sociales muestran cómo la naturaleza es apropiada y transformada como parte de un proceso de valoración del espacio, que tienen como referente de horizonte, un proyecto social compartido. De esta manera el territorio como un espacio apropiado y construido material, social y culturalmente por distintos actores, un espacio que contiene vínculos de pertenencia y apego y desde donde toman forma los proyectos de vida (Haesbaert, 2011).
El entramado de la acción colectiva, la defensa del territorio y del entorno natural configuran las características de las luchas socioambientales, que ubican a los diversos y complejos procesos sociales y formas de resistencia comunitaria que se están produciendo en el campo mexicano. Los conflictos socioambientales aquellos “ligados al acceso, conservación y control de los recursos naturales, que suponen por parte de los actores enfrentados, intereses y valores divergentes en torno a los mismos, en un contexto de asimetría del poder” (Svampa, 2012:186), que defienden sus formas de vida, es decir, un conjunto de relaciones y percepciones
que incluyen la tierra, sus vínculos con la naturaleza, así como las relaciones sociales, culturales y de poder que se tejen entre los grupos de la población. En este sentido, Paz (2012) resalta el incremento de conflictos y agravios ambientales, en especial, el despojo y destrucción de recursos naturales (suelo, agua minerales) debido a la expansión del capital y su territorialización que generan una apropiación de los bienes ambientales que se dan en términos de relaciones de poder al resistirse los grupos contrahegemónicos de los agravios ambientales, lo que se expresa en luchas de resistencias y elaboración de propuestas de los pueblos frente a las formas de despojo y contaminación provocados por las actividad económica capitalista de sus territorios y bienes naturales (Risdell, 2011)
Por su parte, Navarro (2015) plantea como resistencias socioambientales a aquellas experiencias de lucha y resistencia por la defensa, reapropiación y reproducción de vida frente a los conflictos socioambientales de acceso, control y gestión de los bienes comunes naturales y de los impactos de los procesos extractivos (Navarro, 2015:137)
Esta perspectiva, coincide con la caracterización para otros procesos en América Latina (Toscana Et Al, 2015), donde los movimientos socioambientales que centran en la crítica al modelo de desarrollo hegemónico, que mantiene las condiciones de marginación y pobreza de la población, al tiempo que provoca impactos negativos en el ambiente, por lo que con frecuencia se apoya en el discurso de los derechos humanos y en la transformación social (Martínez Allier, 2009). Es lo que Svampa (2012) denomina giro ecoterritorial en América Latina, en las que se incluyen las luchas socioambientales y resistencias colectivas desde las campesino-indígenas que defienden su tierra y el territorio.
Uno de los aportes de las luchas socioambientales es un posicionamiento crítico al desarrollo sustentable y al modelo económico que está detrás de él, sobre todo porque se resaltan las cualidades y características de los procesos que tratan de mantener los equilibrios entre las necesidades sociales y la conservación de los bienes naturales del entorno, es decir, de la sustentabilidad. Aunque, la sustentabilidad es un término que aparece junto con la definición del desarrollo sustentable, rápidamente adquiere un carácter explicativo distinto, entre otros, empieza a ser referido como “la capacidad que tiene un proceso o actividad de conservar el sistema ecológico de soporte para la vida humana, asegurando el uso sostenible de los recursos renovables y minimizando el agotamiento de los no renovables, al mantener la capacidad de
carga de los ecosistemas” (López, 2012:31).
Sin embargo, como todo concepto que parte de una construcción social, su definición también está en disputa, para este trabajo nos referimos a la sustentabilidad como un proceso de organización social dentro de las condiciones ecológicas, termodinámicas y existenciales de la vida como lo define Leff (2004). Desde esta idea, la sustentabilidad debe incorporar más dimensiones que las tres tradicionales: la ambiental (por promueve una relación de respeto con la naturaleza), la económica (como procesos eficaces de aprovechamiento de los bienes naturales) y social (por la promoción de la equidad y justicia en la sociedad). Al problematizar estas dimensiones, también encontramos relevantes incorporar las perspectivas cultural, política y de relaciones de poder (Alimonda, 2002). Estas últimas dimensiones (lo social, lo cultural y lo político) se expresan el uso y manejo sustentable de los bienes naturales para poder construir una racionalidad productiva fundada en el potencial ecológico de la biosfera y los sentidos civilizatorios de la diversidad cultural.
Desde esta perspectiva, la sustentabilidad adquiere un sentido distinto al ubicar su atención en los grupos sociales y sus diversas formas de organización (económica, productiva, cultural, social y política), desde la que se expresan las potencialidades para generar diferentes maneras de relacionarse, no sólo entre ellos mismos sino la naturaleza, cuestionando con esto el modelo económico dominante, lo que le permite vislumbrar formas de organización social cimentada en mecanismos de manejo socioambiental. Aquí hay un énfasis específico, pues se refiere a un equilibrio orientado a mejorar las condiciones de vida de la población, en la idea de instalar como proyecto de sociedad la necesidad de atender las problemáticas sociales de la población, en tanto el sistema económico preserve los ecosistemas (Toscana Et. Al 2017).
Aquí retomamos a Leff, quien insiste que “la construcción de la racionalidad ambiental es un proceso político y social que pasa por la confrontación y la concertación de intereses opuestos” (Leff, 2004:291), en la idea de sustituir el dominio de la racionalidad técnica e instrumental que fundamenta el desarrollo desequilibrado de la economía capitalista, por una racionalidad ambiental y emancipadora, que reconozca los esfuerzos sociales y las prácticas concretas de los actores sociales que, mediante sus acciones cotidianas, van modificando la dinámica social en su búsqueda por construir un buen vivir sustentable (Gudynas, 2011).
Una parte significativa de la emergencia de luchas socioambientales se presentan como una expresión de la confrontación de organizaciones y comunidades en contra la implementación de grandes proyectos económicos y de infraestructura por las afectaciones y destrucciones que provocan el entorno comunitario. Así, el elemento central de las luchas de las poblaciones es la defensa del modo de vida campesino e indígena, con un territorio socialmente construido y que incluye una vinculación estrecha con la naturaleza
En este sentido las luchas socioambientales defienden un modo de vida, que muestran las diferentes formas de organizarse de producir y de redistribuir, de decidir, de relacionarse y usar los bienes naturales y comunitarios, de ejercer soberanía sobre el territorio, de construir territorialidad.
El modo de vida campesina en sureste del país sigue siendo vigente y relevante: es una forma social heredera de los aportes civilizatorios de las culturas prehispánicas, la cuales tuvieron aportes agrícolas transcendentales como la domesticación del maíz y de cientos de semillas, frutos, plantas y animales para diversos usos y formas de organización social del territorio.
En la actualidad, el modo de vida se expresan en la existencia de una gran diversidad de grupos sociales y comunidades, pues en el sureste mexicano viven cerca de 5 millones de personas en zonas rurales, que incluyen a más de 50,000 pequeñas localidades, medianas poblaciones, pueblos y barrios, donde habitan indígenas, campesinos mestizos y afrodescendientes. Un elemento que hay que subrayar es que los campesinos de la región sureste tienen poco más de 55% de las tierras en propiedad ejidal y comunal.
Este amplio conglomerado social que también incluye a pequeños agricultores, comunidades de pescadores, jornaleros temporales, jóvenes y mujeres rurales, muestra lo diversos que son los actores en el campo mexicano actual, que engloba a aquellos grupos pluriactivos y con una base socioeconómica compleja y cambiante, con formas de organización multiescalar (van de lo local a lo internacional) con adscripciones multiculturales y que ejercen ciudadanías diferenciadas y diversas. Los campesinos e indígenas son actores diversos con un modo de a forma de vida que se expresa en las búsquedas por la autonomía política, autosuficiencia alimentaria y productiva, que tiene una base familiar y comunitaria, con una base cultural y con una relación estrecha sociedad naturaleza.
Este modo de vida hace énfasis en una forma familiar y comunitaria de producir y consumir, donde lo generado es redistribuido socialmente, con principios de solidaridad y de reciprocidad social y con manejo colectivo de los bienes naturales: una racionalidad ambiental que marca a las prácticas productivas (Leff, 2004), pero que los elementos generales que la caracterizan se encuentran presentes: un sistema de producción basado en la siembra del maíz y su producción diversificada conocida como milpa1 (Mariaca et al,2007), propiedad social de la tierra, organización familiar y sus redes, espacios de organización social y política, relaciones comunitarias, así como la presencia cotidiana de elementos cosmogónicos, que señalan una estrecha e histórica relación de la sociedad con los bienes naturales.
Hay que subrayar que esta forma de vida campesina siempre ha estado en continua adecuación y reconstitución pero, en un afán de generalizar, no se pueden obviar los fuertes problemas a los que se encuentran sometidos (falta de tierra, de apoyos públicos, creciente migración y pobreza, envejecimiento de la población, cacicazgos, etcétera), y que también tienen fuertes diferencias regionales. Este conjunto de problemáticas y tensiones se han acentuado con la intensificación de las formas del despojo para la acumulación.
Procesos de resistencia socioambiental hay muchas en el sureste mexicano, una de ellas es en contra de los sistemas de plantaciones forestales comerciales que, entre otros efectos, tienen un impacto ambiental importante pues se basan en la siembra de grandes extensiones de una sola especie y, como todos los monocultivos, provocan erosión biológica al desaparecer la biodiversidad por la eliminación de la capa vegetal original y las especies asociada al hábitat, intensificado por el uso de agroquímicos que matan insectos y plantas, pues las plantaciones son susceptibles a las plagas y enfermedades patógenas. Además, especies como el eucalipto o la teca, esterilizan el suelo por efecto alelopático, las podemos encontrar en el norte del istmo de Tehuantepec, que fue de las primeras regiones donde se impulsó el modelo plantaciones comerciales, en particular con siembras de eucalipto, cedro, melina, teca y caoba. Allí, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) se opuso, desde finales de la década de 1990, al establecimiento de plantaciones comerciales, mediante una amplia campaña de información a sus miembros, lo que detuvo la implantación de proyectos en la zona del bajo
Mixe (Ucizoni, 2010).
También está el descontento de los campesinos de Las Choapas y Agua Dulce en Veracruz, y en Huimanguillo en Tabasco, que denunciaron los mecanismos de arrendamiento (llamados Contratos de Aparcería Rural) que hicieron de sus parcelas a empresas forestales por periodos de siete años prorrogables hasta por otros 21 años (Velázquez, 2010: 284). En el caso de la empresa Plantaciones de Tehuantepec (Planteh) instalada en Santiago Yaveo y San Juan Cotzocón, Oaxaca y Playa Vicente, Veracruz, el rechazo ha provocado que los trabajadores de Planteh tengan problemas para acceder a algunos predios por los conflictos con los campesinos dueños de la tierra.
En Campeche, la empresa de capital europeo Smurfit tuvo conflictos en el 2000 con los ejidatarios de Champotón, Campeche y decidió dejar las 960 hectáreas de plantaciones de melina que tenía con ellos. Cerca de ahí, en el 2008 ejidatarios de Pomuch protestaron contra los acuerdos del comisariado ejidal de rentar 60 mil hectáreas por 30 años a la empresa Golden Gate Petroleum para la siembra de agrocombustibles.
Por su parte, en Chiapas, donde se ha tenido mayor crecimiento la siembra de palma africana, las plantaciones se concentran en las regiones Norte, Selva y Soconusco. En conjunto abarcan unos 22 municipios y tenían sembradas en el 2012 casi 62 mil hectáreas (Fletes, Et Al 2013). Así, en esa zona tropical de Chiapas se llevó al cabo una serie de acciones públicas por parte del gobierno estatal para reconvertir a los campesinos e indígenas milperos en productores de palma africana, lo que implicó promesas de apoyo y capacitación, subsidios a fertilizantes, entre otros. Con el tiempo, y ante la falta de apoyos, comenzaron a expresarse voces de descontento entre los nuevos productores de las regiones costa y selva, que han protestado por el bajo precio que reciben por parte de las empresas extractoras.
Otras acciones colectivas que han tomado relevancia los últimos años son las protestas en contra de los intentos de construcción de presas, como en de la presa de Paso de la Reyna, en Oaxaca, impulsado por la CFE, la obra afectaría 3,100 hectáreas de seis municipios de la región Costa Chica de Oaxaca e implica el desplazamiento de la población, afectaciones al suministro de agua y daños al Parque Nacional Lagunas de Chacahua, lo que pone en riesgo los modos de vida de mixtecos, zapotecos, chatinos y afromestizos. Las comunidades se han aglutinado en torno al Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde y el proyecto no ha logrado pasar de los
estudios de factibilidad. En el caso de la presa hidroeléctrica La Parota que se pretendía construir en la cuenca del río Papagayo en el estado de Guerrero, a unos 30 kilómetros del área urbana de Acapulco que enfrentó la resistencia de comuneros y ejidatarios de la zona afectada, aglutinados en el Consejo de Ejidatarios y Comuneros Opositores a La Parota (Cecop).
Por su parte, la resistencia comunitaria frente a las minería también ha sido diversa, hay experiencias que confrontan directamente a las empresas para expulsarlas de sus terrenos para evitar que sigan los daños y perjuicios hacia la comunidad, como en el caso del ejido Grecia en Chicomuselo, Chiapas, donde la empresa canadiense Blackfire ha pretendido extraer mineral de barita (usada en la explotación petrolera). Para poder trabajar en los terrenos ejidales, la empresa tuvo que corromper a autoridades estatales, municipales y agrarias, así como prometer una serie de obras. Pero desde el 2009, ante los engaños, las promesas incumplidas y los impactos en el territorio, varios campesinos protestaron y realizaron bloqueos de caminos y mítines, pidiendo detener la explotación de la mina. En este proceso se destacó la participación de Mariano Abarca, representante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Por esta participación, Mariano fue asesinado (antecedido por una serie de amenazas de la Blackfire). Ante ello, las organizaciones sociales exigieron la expulsión de la minera, acusándola del asesinato del líder campesino. Como respuesta a la presión social, la mina fue clausurada por el gobierno estatal, arguyendo contaminación del agua e impacto medioambiental irreversible.
En ocasiones, la defensa comunitaria no ha logrado detener todavía la explotación minera de sus territorios, pero mantienen las formas de lucha y organización usando diversos medios, como sucede en las comunidades del Valle Ocotlán, en Oaxaca, donde varias comunidades están siendo afectadas por la mina Cuzcatlán (propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver). Ahí, la Coordinadora de Pueblos Unidos de Ocotlán que, a pesar de la persecución en contra, ha realizado diferentes acciones y movilizaciones (bloqueos, mítines, denuncias) para exigir el cierre de la mina.
Otras expresiones de confrontación campesina frente a las mineras se centran en establecer condiciones más justas para redistribuir parte de los recursos extraídos por las empresas, tal es el caso de Mezcala Guerrero, donde la minera canadiense Goldcorp ha intensificado la extracción de oro en sus minas de Los Filos y El Bermejal. Los campesinos afectados de Mezcala, Carrizalillo y Xochipala se posicionaron de forma diferenciada, en un
inicio a través de sus representantes agrarios, llegando a acuerdos de arrendamiento en condiciones desventajosas. En pocos meses, la percepción de las familias campesinas cambió respecto a esos acuerdos y se suscitaron acciones colectivas centradas en lograr mejores precios para la renta de sus tierras, sobre todo por las movilizaciones realizadas por los ejidatarios de Carrizalillo, que obligaron a la Goldcorp a renegociar los precios de renta de los terrenos ejidales y comunales.
En otras comunidades se han organizado para anticiparse a los intentos de las mineras para instalarse en sus territorios y explotar el subsuelo, es el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la región de Costa - Montaña de Guerrero, que ha denunciado y rechazado la exploración que están realizando las empresas mineras (entre ellas Hochschild de capital británico) y que pretenden explotar los yacimientos de oro, plata y zinc ubicados en los municipios de San Luis Acatlán, Metlatónoc, Tlacoapa, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Acatepec y Zapotitlán Tablas.
Estas formas de resistencia campesina e indígena que se están dando en varias partes del sureste, en la que defienden representan una muestra de la relevancia social que han adquirido los procesos luchas socioambientales frente a los intentos de apropiación y acaparamiento de las fuentes de agua, la contaminación de ríos, o construcción de presas, así como los intentos de las mineras por instalarse en terrenos de los pueblos, destruyendo con su actividad el hábitat, las cuencas y la geografía de los lugares.
Capulálpam es un municipio y una comunidad agraria de origen zapoteca que se ubica en la Sierra Norte de Oaxaca. Está ubicada en una región abundante de biodiversidad y bienes naturales, en la que hay zonas de bosques, manantiales y arroyos, además tiene una parte cálida y semiárida. También se ubica dentro de la región minera de Natividad que tiene yacimientos de oro, plata, plomo y zinc.
En el vecino municipio de Natividad se ubica la mina subterránea del mismo nombre, que incluye una planta de procesamiento. La compañía minera de la Natividad se asoció con la canadiense Continuum Resources y del 2005 al 2007 identificaron importantes reservas de oro y plata en terrenos comunales de Capulalpam, justo en la área de acuíferos conocida como la Y, de
la que se abastece de agua a la comunidad, por lo que sus habitantes se preocuparon por los efectos de la explotación minera (Aquino, 2014). La concesión minera fue vendida a la canadiense Sundance Minerals que pretendió realizar un proyecto de extracción a tajo abierto.
Ante ello, la Asamblea General de Comuneros y Ciudadanos (que son las instancias de máxima autoridad de Capulálpam) tomaron la decisión de no permitir la entrada de la empresa minera y proteger la zona de recarga de acuíferos “porque para las mineras esto representa una riqueza explotable, mientras que para Capulálpam representa la vida y permanencia de la comunidad (Aquino, 2014:315). Esta decisión se basó en las afectaciones que había tenido la población al desaparecer algunos manantiales cercanos a la mina y por contaminación del suelo debido a los desbordes de jales acumulados (como el ocurrido en el 2010). Para ello, se interpusieron recursos legales para conseguir la suspensión de los trabajos de exploración, presionando para que en el 2007 la mina Natividad suspendiera también sus actividades (Salazar y Rodríguez, 2015).
La defensa del territorio en Capulálpam tiene como antecedente la lucha de 1982, realizada por varias comunidades en la Sierra del Norte por la conservación de los bosques, lo que que generó una mayor conciencia en Capulálpam sobre la importancia de la propiedad comunitaria y se asumiera el manejo forestal comunitario (Salazar y Rodríguez, 2015).
El rechazo de la minería extractiva fue acompañado por varias acciones que fortalecieron el desarrollo comunitario, como el ordenamiento territorial que orienta la actividades de conservación, extracción forestal y minera, y producción agrícola y forestal (Toledo y Ortiz- Espejel, 2016) y la puesta en marcha de proyectos culturales, cooperativos y comunitarios con una perspectiva del desarrollo basado en el bienestar comunitario y el respeto al ambiente, como son (Hernández, 2015):
Programa de educación ambiental en las escuelas, con visitas guiadas a los bosques. Además en el museo comunitario hay una exposición sobre el rechazo a la minería.
Unidad económica especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal “San Mateo” con un aserradero que produce madera y resina, además de la recolección de hongos y plantas ornamentales.
Planta trituradora de Agregados Pétreos, que brinda servicios y productos a
las poblaciones de la Sierra Norte.
Embotelladora comunitaria de agua de manantial “Anda Gagüi”
Empresa de ecoturismo comunitario, que aprovecha el impulso del turismo por el nombramiento de Pueblo Mágico
Estos proyectos muestran posibles alternativas de desarrollo frente a las actividades mineras, además de que tienen una forma de gestión diferente, pues involucran a las autoridades comunitarias en la gestión y en la rendición de cuentas. Junto con esto, se vuelve importante que los proyectos tengan como referente formas de cuidado con la naturaleza.
La creciente conflictividad debido a los intentos de empresas y gobiernos por apropiarse de bienes naturales como el agua, suelos, bosques y minerales que están bajo resguardo de las comunidades indígenas y campesinas, han puesto en relevancia al territorio y los ecosistemas como aspectos fundamentales en las luchas socioambientales frente a los intentos de despojo y devastación ambiental.
Las luchas socioambientales configuran un campo de conflicto que muestra una disputa desigual: por una parte la alianza entre grandes corporaciones y empresas nacionales, junto con instituciones gubernamentales, que facilitan la instalación de empresas en los terrenos rurales frente a una multitud de poblaciones que mantienen formas de vida campesina y que privilegian relaciones diferentes con la sociedad, la naturaleza y la producción.
La resistencia y lucha contra los intentos de apropiarse los suelos, de extender monocultivos, de llevarse el agua, contaminar ríos, así como de la instalación de actividades mineras, se realiza mediante la organización comunitaria y movilización social, lo que ha dado muestra que en el campo de conflicto los grupos campesinos e indígenas tienen capacidades para imponer una jurisdicción sobre el territorio y el destino de los bienes naturales, ya sea asumiendo el manejo de agua, limitando la distribución del líquido, haciendo retroceder la actividad minera o generando acuerdos de arrendamiento de sus terrenos en condiciones un poco más ventajosas para ejidatarios y comuneros.
La defensa de la formas de vida campesina hace evidente la existencia de un proyecto campesino sobre el manejo del territorio, que incluye modalidades de producción basado en la
siembra del maíz y la milpa, la propiedad social de la tierra, la organización a partir de la familia y la comunidad, una estrecha relación con la naturaleza. Ello plantea formas de vida diferentes frente a la lógica del saqueo, explotación y destrucción que traen consigo las empresas.
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Notas
1 Combina la siembra de varias clases de maíz con otros productos, principalmente el frijol y la calabaza, así como plantas y animales silvestres