Ana Luz Minera Castillo1
Palabras clave: menores migrantes; violencia estructural; vulnerabilidad; agencia
Durante los últimos años, los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración internacional se han convertido en un foco de atención para muchos gobiernos e instituciones que, a partir de diversas perspectivas, procuran conocer y analizar la problemática intentando proponer alternativas de solución. En el continente americano, algunos países de la región central, como
Guatemala, Honduras y El Salvador enfrentan graves crisis que orillan a decenas de miles de menores de edad a migrar a países del norte como México y Estados Unidos en busca de “una vida vivible”, en palabras de Varela (2015: 19-29), puesto que su migración forzada constituye una estrategia de sobrevivencia y, en algunos casos, el intento de desobedecer y escapar de los regímenes establecidos.
Entre los organismos preocupados por la migración infantil en la región podemos mencionar al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A nivel nacional, México cuenta con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que estudian, difunden y proponen alternativas desde una perspectiva de derechos humanos; aunque existen otras instancias de gobierno como el Instituto Nacional de Migración (INM), que desde el marco jurídico se vincula con la movilidad humana y, como parte de ésta, la de los menores de edad; así como ciertas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, Sin Fronteras IAP o las ya decenas de albergues que hospedan a migrantes en tránsito y de esta forma también velan por la protección y derechos de las personas extranjeras en territorio mexicano, entre ellos “Hermanos en el Camino” y sus distintas sedes, dirigidos por el sacerdote y defensor de derechos humanos, Alejandro Solalinde Guerra.
El ACNUR, que provee protección y asistencia a refugiados en 125 países del mundo,1
también reconoce que los niños, niñas y adolescentes poseen derecho para solicitar asilo por su cuenta, tal como ha venido ocurriendo en el corredor de América Central-México-Estados Unidos, donde el número de solicitudes se ha incrementado desde 2014 (Serrano & Jaramillo; 2017: 116), multiplicándose casi por 10 en los últimos años,2 ya que los menores enfrentan una serie de riesgos y de violaciones a sus derechos fundamentales como consecuencia de su particular vulnerabilidad, la cual los hace demandantes de una mayor protección.
La Academia, por su parte, al estudiar los escenarios migratorios que incluyen la presencia de menores, no debe olvidar considerarlos como agentes sociales; así, como afirma Quecha, se deben tomar en cuenta las prácticas específicas y realidades socioculturales en las que se desarrolla la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes en contacto directo con otros actores, como pueden ser los amigos o los miembros de sus propias familias (2011: 156), para de esta forma poder
comprender y analizar adecuadamente sus perspectivas y necesidades.
Aunque el concepto de Estado es una construcción ideológica que tácitamente señala la existencia de una fuerza política organizada cuyas funciones son definir y defender los intereses generales de la población que gobierna, por encima de intereses particulares o de clase, es claro que en el marco del sistema neoliberal imperante prevalece una serie de complejos arreglos entre facciones diversas y clases privilegiadas con intereses políticos, pero principalmente económicos, lo cual beneficia a muy pocos y perjudica a la gran mayoría. Muchos gobiernos, entre ellos los centroamericanos y el mexicano, procuran mantener una aparente estabilidad y legitimarse ante sus gobernados por medio de un conjunto de acciones que deberían ser considerados verdaderamente inaceptables:
[…] podríamos decir que el Estado es la falsa representación colectiva característica de las sociedades capitalistas. Al igual que otras falsas representaciones colectivas constituye un hecho social […], pero no un hecho de la naturaleza […] por lo que no debe ser tratado como cosa […], pues su característica fundamental es el proceso de sometimiento” (Abrams, 2015: 52).
Abrams sostiene que, como entidad simbólica, el Estado se encuentra cada vez más divorciado de la realidad como registro ilusorio de la práctica, por lo que más que Estados lo que prevalece en el mundo son estructuras de relaciones de poder político y económico creadas a lo largo de la historia y administradas por los gobiernos en turno con la ayuda de instituciones que transmiten a las sociedades la idea de unidad o cohesión. El sistema económico global permite a las elites la extracción cada vez más desenfrenada de riquezas; asimismo, organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial recurriendo a sus lógicas operativas propician las constantes crisis económicas que provocan el alza de los precios y, con ésta, la inestabilidad y el descontento social que facilitan la descomposición de distintos ámbitos de la realidad y generan la violencia de las masas resentidas ante la falta de oportunidades. Entre ellas suelen estar los jóvenes y los adolescentes; unos prefieren sumarse a las pandillas como parte de su descontento contra el sistema, pero la mayoría elige buscar, por medio de la migración, mejores circunstancias.
Guatemala, El Salvador, Honduras y México enfrentan una dramática crisis que no puede superarse y que, entre otras características, evidencia la violación latente y sistemática de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes obligados a vivir en contextos de violencia naturalizándola cada vez más. Su edad es sinónimo de peligro, pues su inexperiencia y vulnerabilidad los convierten en presa fácil de las redes criminales, por lo que el derecho internacional relacionado con los menores de edad, los migrantes y los refugiados también se ve trastocado ante el constante incumplimiento de leyes, Convenciones y Tratados signados por los gobiernos de los países en cuestión, los cuales no generan las condiciones adecuadas, pues se niegan a otorgar presupuestos, capacitar personal y aplicar la ley bajo un enfoque de derechos, con lo que más bien propician deserción escolar, desempleo, impunidad frente a los hechos de violencia, altos índices de corrupción, falta de acceso a la justicia y un largo etcétera que contribuye al menoscabo de los derechos básicos de la niñez.
Como afirma Bauman (2005), las formas de vida de un gran número de personas en el mundo son degradadas por los poderes dominantes y el neoliberalismo global que produce en escala un mayor número de personas empobrecidas. Los ciudadanos cada vez más carecen de las garantías individuales que dictan las constituciones, pues sus derechos fundamentales no se respetan y lo que los gobiernos parecen sí garantizar es el incremento de una vida más precaria en la que las vulnerabilidades políticas, económicas y sociales de la población ponen de manifiesto su indefensión. Como parte de ella, los adolescentes y los jóvenes terminan siendo “una de las principales víctimas de las políticas de austeridad propuestas por las grandes corporaciones transnacionales, pero experimentadas en las microsituaciones de exclusión en el ámbito laboral, educativo y doméstico” (Feixa, Cabasés & Pardell, 2015: 238).
El neoliberalismo se ha convertido, así, en “la forma de nuestra existencia, o sea, el modo en que nos vemos llevados a comportarnos, a relacionarnos con los demás y con nosotros mismos” (Dardot & Laval, 2013: 3, citados en Srnicek & Williams, 2017: 95). Este sistema imperante ha propiciado una fuerte degradación del funcionamiento de las instituciones que posibilita la persistencia de procesos de corrupción e impunidad, lo que Valenzuela (2012: 180) define como “Estado adulterado”, ya que sólo la complicidad de crimen organizado y de funcionarios institucionales puede producir el nivel de descontrol, homicidios y violencia que se vive en México, lo cual afecta a los migrantes, incluidos los menores de edad, qui9enes se convierten en mercancía
para autoridades y delincuentes.
Aunado al actual sistema económico y político mundial, no debe olvidarse el contexto histórico, pues es de suma importancia considerar el papel gubernamental que Estados Unidos tuvo políticamente desde 1954 en la región, cuando la Agencia Central de Inteligencia (CIA) propició el derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, quien había sido elegido mediante la votación popular, pero cuyos planes de reforma agraria no favorecerían a la United Fruit Company, empresa estadounidense dueña de casi todas las tierras cultivables del país. Este hecho representó un duro golpe a la democracia y dio origen a la cruenta guerra civil que cobró miles de vidas y contribuyó a una inestabilidad que duró décadas en gran parte de Centroamérica.
Posteriormente, otros gobiernos estadounidenses, entre ellos el de Ronald Reagan, apoyaron a los regímenes represivos de El Salvador y Guatemala y financiaron las actividades contrainsurgentes en Honduras, territorio que sirvió de base de operaciones para la Contra nicaragüense, pues EU. estaba empeñado en debilitar al gobierno socialista sandinista de Nicaragua respaldando a los contrarios (Musalo & Ceriani, 2015: 41). El factor histórico va muy unido a las condiciones desfavorables y de desprotección que conducen a miles de menores de edad a migrar en busca de mejores oportunidades. “Lo cierto es que estos factores se encuentran en prácticamente la totalidad de los casos, ya que no sólo constituyen causas estructurales de la migración en la región, sino que también es estructural la íntima vinculación entre ellas” (Musalo & Ceriani, 2015: 42). Hasta la actualidad, proyectos binacionales como el NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos benefician a empresas multinacionales y a la economía estadounidense en general, más que a las de América Central o de México. Estos tratados influyen en el incremento de las migraciones irregulares al requerir mano de obra barata y fomentar los empleos informales, ya que al igual que en otras regiones del mundo, en América Central y en América del Norte se promueve el trabajo infantil y, además, la pobreza extrema, el desempleo y el retroceso de las estructuras socioeconómicas nacionales y regionales refuerzan y agravan la violencia y otros componentes que propician la migración.
En el caso de los tres principales países expulsores de migrantes infantiles que viajan solos desde Centroamérica, el problema radica en que los gobiernos están rebasados y no son capaces de fomentar el beneficio de la sociedad sino, por el contrario, excluyen a las mayorías de las
oportunidades necesarias para un adecuado desarrollo humano, las privan de derechos humanos básicos como la educación, el empleo, los servicios de salud e inclusive el esparcimiento y la alimentación. Estas condiciones favorecen otras inequidades, así como la discriminación y la violencia familiar y social que obliga a los menores a migrar exponiéndolos durante el trayecto a nuevos obstáculos y peligros.
En México, la política de control migratorio, particularmente por medio del Plan Frontera Sur, que se aplica en el área de estudio concerniente a esta investigación, se emplea con la misma fuerza en niños que en adultos y parece concentrada en castigar y disuadir la migración, en lugar de proteger los derechos de los menores migrantes y respetar su interés superior. Si niños no acompañados llegan a ser detenidos, en muchos de los casos, se les retiene en centros de migración no respetando la Nueva Ley de Migración, que proclama desde 2011, en sus artículos 109, apartado XIV y 112, apartado I, que los niños deben ser transferidos al DIF, institución a la corresponde, según el artículo 29, la estancia y protección de los menores de edad (2011: 11, 31, 32).
Si los menores solicitan asilo, permanecen detenidos durante todo el proceso—que puede durar varios meses—, provocando que muchos retiren su solicitud debido a los distintos estados de ánimos que les genera el encierro, por lo que corren el riesgo de volver a ser perseguidos o maltratados en sus países de origen. Funcionarios del INM los someten a violaciones habituales, así como a mecanismos de detención y de deportación, ya que más de 85% de niños y adolescentes migrantes no acompañados de América Central detenidos por Migración son repatriados (Musalo & Ceriani, 2015: 18). Aunado a esto, funcionarios y autoridades gubernamentales participan consuetudinariamente, junto con bandas delincuenciales o carteles del crimen organizado, en toda clase de atropellos, extorsiones, secuestros, golpizas y violaciones en contra de los menores centroamericanos en tránsito.
Estados Unidos, mediante su control migratorio, también viola los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, al negarles la posibilidad de asilo, al privarlos de su libertad en estaciones migratorias, al negarles acceso a la educación o al servicio médico y al propiciar, igual que México, la deportación de miles de menores que se ven obligados a retornar a las mismas condiciones de pobreza, marginación y violencia familiar o social de las que huyeron. Además, la política migratoria de Donald Trump se ha encaminado a revocar las medidas ejecutivas y las acciones diferidas propuestas por el ex presidente Barack Obama que, en cierto grado, protegían
temporalmente a miles de migrantes indocumentados. Por desgracia, éstas se basaron solamente en una política del Poder Ejecutivo, mas nunca llegaron a convertirse en ley, razón por la cual aquellos menores de edad que incluso logran llegar a EU., después de una larga trayectoria por territorio mexicano, hoy continúan en la incertidumbre legal.
Sobre la base de los testimonios recogidos en trabajo de campo, se puede señalar que en el caso de Guatemala, entre los principales motivos que llevan a los menores a dejar su país y sus comunidades de origen sobresalen los altos índices de pobreza, por lo cual la violencia doméstica llega a ser naturalizada y catalogada como otro factor desencadenante del deseo de escapar; además, por ser un país con diversidad étnica, la discriminación y el racismo contra los indígenas también son una constante, por lo que muchos menores indígenas se suman cada vez más a las filas de la migración. Esto, además de los deseos de reunificación familiar, determina que muchos menores guatemaltecos abandonen su país.
En El Salvador, la violencia, la pobreza extrema y la reunificación familiar son los factores concluyentes que orillan a niños, niñas y adolescentes a migrar. La UNICEF reportaba desde 2014, en su informe contra la violencia hacia los niños, que siete de cada 10 niños y adolescentes salvadoreños sufren violencia física en el hogar, lo que ocasionó y lo sigue haciendo, que en muchos hogares las niñas salvadoreñas sufran abusos sexuales. Además, en El Salvador, como en México, Guatemala y Honduras, la tasa de feminicidios es muy alta.
En Honduras también se manifiesta la ausencia de derechos sociales básicos, como las oportunidades de empleo o el control de la violencia, lo que fomenta la migración de menores de edad. Por si fuera poco, “los oficiales de las fuerzas armadas hondureñas —entrenados y apoyados por Estados Unidos—han empezado a detener a los niños y los adolescentes que intentan emigrar, independientemente de sus razones para huir” (Musalo & Ceriani, 2015: 10).
Mi mamá se fue a Estados Unidos y me dejó con una tía, pero ella siempre me pegaba, igual que mi tío. Él me quiso violar varias veces pero yo siempre me le escapaba. Con mi hermana mayor decidimos venirnos solas mejor a probar suerte en México, a ver si podemos llegar al norte y reencontrarnos con mi mamá. De todo lo malo, lo bueno es que ya no estoy en
esa casa donde de todo me pegaban, me castigaban a mí y a mis hermanitos y a mi hermana y a mí nos manoseaban. (Deisy; guatemalteca; 12 años)
Mi papá quería matar a mi mamá y por eso ella tuvo que abandonar el país. Quién sabe por qué; problemas de ellos… por eso mi mamá me dejó con mi tía, una hermana de ella. A mis dos hermanas las dejó con mi abuela, mamá de ella, y a mi otro hermano, el mayor, con su abuelo, el papá de su papá, que no es el mismo que el de nosotros, él es de otro papá, de otro señor. Nosotros somos cuatro hermanos. Cuando eso pasó yo tenía cuatro años […] Desde los cinco años mi tío me obligaba a trabajar en la calle y en los buses vendiendo bolsas de agua. (Humberto; salvadoreño; 16 años)
Nosotras nos quedamos con la abuela paterna, la mamá de mi papá, y había dos hermanos de mi papá que nos trataban muy mal, a mi hermana mayor, mi abuelo le llegó a pegar por culpa de uno de ellos. Además de sus tres hijos y los hijos de ellos, había mucha gente, y sólo a nosotras nos ponían a limpiar, a lavar ropa o trastes y a echar tortillas, a hacer unas grandes huacaladas de tortillas. (Wendy; salvadoreña; 16 años)
Cabe precisar, sin embargo, que en los tres países los motivos de los niños, niñas y adolescentes son complejos y se entrelazan, sólo se pueden entender cuando se examinan en conjunto y dentro de su contexto particular, pues rara vez uno sólo de ellos representa la causa de la migración. No obstante, todos los menores comparten la incertidumbre respecto de la seguridad en sus países de origen y se fueron forzados a tomar una decisión que no debería tener que tomar ningún menor de edad: huir de sus casas y de sus naciones. Es por eso que la falta de oportunidades de vida y desarrollo y la violencia doméstica y social (carteles de la droga, pandillas y actores estatales) son reiterados en cada testimonio.
Asimismo, para muchos la reunificación familiar también constituye otro factor de migración de menores centroamericanos, pues muchos de ellos son dejados bajo la custodia de tíos o abuelos, quienes con frecuencia ejercen diferentes tipos de violencia, lo cual puede repercutir en problemas psicológicos y otro tipo de daños resultado de la separación, características que se agravan por la carencia o la debilidad de programas de protección adecuados por parte de los
gobiernos, lo que motiva a niños, niñas y adolescentes a tratar de reencontrarse con padres o hermanos en Estados Unidos, país que mediante sus políticas imposibilita la migración y, por tanto, el reencuentro familiar debido al estatus irregular de la mayoría de centroamericanos residentes allá.
Lo cierto es que todos estos factores juntos colocan a los menores en circunstancias cada vez más riesgosas, pues los convierten en carnada de redes criminales dedicadas al tráfico de personas, a la explotación y a la delincuencia de muy variados tipos, mismas que cada vez proliferan y se especializan más. Aunque existan leyes en relación con los derechos de los niños y adolescentes, en la práctica, los Estados de los países en cuestión no las aplican debidamente ni los protegen de la violencia. Debido a su edad, a su grado de madurez y a su desarrollo físico, mental y emocional, los menores de edad entienden y procesan las experiencias de manera diferente a como lo hacen los adultos, de ahí que sus necesidades de protección deban ser contempladas desde su propia perspectiva y las particularidades de los afectados.
Por ejemplo, en Guatemala, los organismos federales encargados de recibirlos cuando son repatriados desde México o Estados Unidos, la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), no desempeñan sus funciones de acuerdo con el interés superior de los niños. De manera superficial verifican quién los recibe y si llegan menores indígenas, no se les proporciona un intérprete.
De igual forma, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), tampoco cumplen su deber a cabalidad, pues no se responsabilizan de dar un seguimiento adecuado a los menores deportados o de ofrecerles alternativas de desarrollo real en territorio salvadoreño. En 2012 se creó el Consejo Nacional para la Protección y el Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES),3 la cual intenta imponer sanciones económicas de hasta 12 000 dólares a los padres cuyos hijos intenten migrar por tercera ocasión luego de haber sido deportados de México o Estados Unidos.
Mientras que en Honduras, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), como encargado del bienestar de la infancia, también resulta una institución débil al no responder adecuadamente cuando niños y adolescentes son víctimas de violencia o se les han privado sus derechos fundamentales.
La red de consulados que existe en los países de origen, tránsito y destino también se ve limitada por la falta de políticas públicas, presupuestos o capacitación adecuada de su personal, lo que en la práctica se traduce, según los casos analizados, en poca o nula asesoría a los menores sobre sus derechos, pues no existe la comunicación adecuada entre los menores migrantes afectados y los representantes diplomáticos. La protección por parte de éstos es muy limitada, dado que en ninguna de las deportaciones registradas se ofreció a los niños o adolescentes los servicios de un abogado que diera seguimiento a cada caso, sólo se les proporcionaron documentos de identidad y eso tras largos trámites burocráticos; es decir, su función fue sólo administrativa.
Este, entre otros ejemplos, revela cómo los gobiernos y sus instituciones no se esfuerzan por garantizar la protección legal o humana de los flujos migratorios, aunque se trate de menores de edad, quebrantando así acuerdos internacionales, como el respeto universal a los derechos humanos y las libertades fundamentales que cita la Convención de Viena, así como el compromiso de respetar los instrumentos firmados por las autoridades competentes de cada Estado, algunos de los cuales estipulan la protección de los derechos de sus connacionales en el extranjero.
Del mismo modo, en el momento de las repatriaciones, fue común, en los casos estudiados, que los funcionarios correspondientes no comprobaran que los menores regresaran realmente a salvo a sus hogares; no todos se cercioraron de que al llegar a las terminales de autobuses o aeropuertos de sus países estuviera un familiar adulto o un representante institucional que los recibiera o bien, que los menores llevaran consigo dinero para los pasajes terrestres que los llevarían de regreso a sus respectivas localidades. Al llegar a sus destinos tampoco se les ofreció protección o programas de apoyo que mejoraran sus condiciones de vida, por lo que resulta frecuente que puedan ser blanco fácil de las pandillas, traficantes de personas o de explotación laboral y sexual en los contextos de los que trataron de escapar, lo cual convierte los intentos de volver a migrar en algo repetitivo por parte de los niños, niñas y adolescentes.
Cuando intenté cruzar hacia EU., por la frontera de Tijuana, cabal ahí me agarraron los de Migración […] Me llevaron de una estación migratoria a otra como por tres meses; la última fue en Sacramento, en Yuba City, pero ese centro sí era como cárcel, bien feo… de ahí me llevaron al aeropuerto de San Francisco y de ahí hasta Arizona, ahí me mandaron en avión. Me esposaron como que era un criminal, de las manos, de los pies y de la cintura hasta que
ya llegamos a El Salvador, antes de bajarnos del avión, yo creo para que no vieran cómo nos llevaban. Allá sí nos recibió un cónsul y dijo que iba a haber una combi que nos iba a llevar gratis a la terminal de buses a la que fuéramos, y sí, pero ahí nos botaron en la misma terminal a todos y yo no conocía, porque El Salvador es bien grande y yo no conozco todo, y no llevaba nada de dinero y no sabía ni qué hacer. Ahí me estuve sentada varias horas hasta que se me acercó una señora bien buena gente y me regaló 10 dólares, pero como yo no sabía ni cómo regresar a mi pueblo, pues tomé el primer autobús que pasó y sólo pensé:
-¡Que sea lo que Dios quiera!-. (Wendy; salvadoreña; 16 años)
A un mi hermano lo mataron ahí en las canchas. Él estaba jugando futbol y en el equipo contrario andaba un marero y reconoció a mi hermano, porque él ya le había dado la orden de que se fuera de ahí de la colonia porque él no quería unirse a la pandilla. Entonces lo vio, llegó y le pidió que se hincara y que le pidiera perdón; mi hermano le dijo que no, que él sólo se le hincaba y le pedía perdón a Dios y el pandillero le disparó en un ojo y luego le llenaron de balazos el pecho y la espalda… ahí quedó mi hermano tirado… y es que él ya había huido, pero en Tuxtla, Gutiérrez lo deportaron a él y a mi mamá, por eso estaba de regreso. Diez días tenía que estaba de regreso porque los del Instituto de Migración de México lo habían regresado, a pesar de que mi mamá les explicó que él corría peligro y que no podía volver, pero no hicieron caso, no quisieron oír la voz de nosotros. (Pamela; hondureña; 14 años)
En los tres contextos, las restricciones presupuestarias y la capacitación insuficiente de los funcionarios consulares limitan el desarrollo y la aplicación de los debidos protocolos internacionales; la corrupción imperante y la cultura patriarcal normalizada en la región contribuyen, además, a que los sistemas de justicia penal no enjuicien los casos de violencia familiar, de violencia de género o de violación a los derechos humanos de menores como deberían, lo que permite a muchos de los perpetradores atacar con impunidad y provoca embarazos no deseados o índices de maternidad y paternidad a muy temprana edad en los tres países. Así, se vuelven imprescindibles alternativas de solución no sólo contra las violencias locales, sino también contra la violencia creciente en el tránsito y destino; combatir la persecución y los castigos hacia
la migración irregular promovidos por los propios Estados que contribuyen, ya sea por acción u omisión, con las múltiples causas que propician la migración infantil y juvenil.
De los menores entrevistados hasta este momento de la investigación, todos coinciden en que su desplazamiento se debió principalmente a cuestiones de violencia en sus países de origen (por parte de actores del crimen organizado, pandillas locales e integrantes de su propia familia), y a la falta de protección de sus Estados frente a los daños que ésta les genera, por lo que una vez informados sobre sus derechos, la mayoría manifestó deseos de obtener protección internacional o al menos la visa humanitaria que les permita no ser perseguidos por las autoridades mexicanas a lo largo de un año, durante el cual puedan intentar establecerse en algún estado de la República y conseguir trabajo, mientras deciden con mayor claridad qué hacer respecto de su futuro: ya sea establecerse en México -en gran parte de los casos- o proseguir su camino hacia EU. en busca de mejores oportunidades o bien, de una posible reunificación familiar.
Los menores entrevistados describieron las difíciles situaciones cotidianas que enfrentaron en sus países y el temor ante el peligro y la violencia contra ellos y sus familias como una condición inevitable de formar parte de un país centroamericano, pero éstas no fueron exclusivas de la región, pues desde su ingreso a México por las distintas fronteras del sur, también tuvieron que eludir persecuciones y extorsiones en todos los casos registrados. Algunos de ellos presenciaron asesinatos, fueron víctimas de amenazas; las adolescentes compartieron el miedo de ser víctimas, además, de violencia sexual. La mayoría de los menores describieron cómo su huida había tenido que darse con carácter de urgencia, lo cual no les permitió planear su viaje ni llevar con ellos alguna clase de documento importante.
Todos coincidieron en responsabilizar a sus respectivos gobiernos y autoridades de la corrupción e impunidad imperantes en sus países; ninguno manifestó confianza en que puedan resolver las situaciones de pobreza, inequidad social, acceso a la educación o a la salud. Consideran que a pesar de las leyes relativas a la niñez o la violencia de género, ellos siguen consuetudinariamente siendo víctimas de la violencia social, discriminación y abusos en sus hogares.
Allá en mi país es común que los maridos le peguen a sus esposas o a sus hijos, que por andar de bolos (borrachos) lleguen a desquitarse con uno. Mi mamá acusó a su señor dos veces en la policía porque a cada rato le pegaba, pero la policía nunca hizo nada, le decían que era su marido y que tenía que volver a la casa. (Heydi; hondureña; 14 años)
En mi país la policía no entra en mi colonia porque sabe que los pueden matar. Ahí quien manda es la mara. Si llegan, llegan en grupo de al menos cinco policías, pero también muchos de ellos son socios de los pandilleros, ellos son quienes les consiguen las cuernos de chivo o las R-15, por eso la violencia nunca se acaba, al contrario, cada vez hay más, porque todos, desde el gobierno hasta la policía y las pandillas, todos están de acuerdo. Por eso me fui yo de allí, porque ya estaba cansado de ver siempre lo mismo y de saber que ahí nada iba a cambiar. (Edgar; guatemalteco; 16 años)
Según sus propias palabras, los gobiernos no son capaces de poner en práctica debidamente las leyes o de hacerlas valer, ya que sus Estados no han podido ni siquiera impedir la escalada de violencia social, proveniente en gran medida de las pandillas. En la interpretación de los menores sobre sus respectivos entornos “intervienen factores simbólicos, familiares, económicos y políticos que fundamentan la ideología y el imaginario colectivo de un grupo” (Glockner, 2006: 16). Por ello, inclusive afirman que, tal como lo han vivido y presenciado en México, los funcionarios o actores estatales son los primeros en violar las leyes y en llevar a cabo una serie de daños contra su persona (REDODEM, 2017: 103). Entre los testimonios sobre sus experiencias en el país podemos citar: “A mí me robaron $170 los mismos de Migración; en una de esas que se subieron al tren nomás a asaltar” (Marvin; hondureño; 16 años).
En La Arrocera íbamos rodeando la caseta de migración para salir a la carretera y cuando ya íbamos saliendo, pasó una patrulla de la policía federal. Nos detuvo, nos pidió papeles, nos registró todas, ropa por ropa de lo que traíamos en las mochilas, y le dijeron a mi mamá que cuánto dinero traía, y como ella les dijo que no traía, le dijeron que lo sentían mucho pero que nos iban a tener que llevar con Migración para que nos deportara a nuestro país. Cuando nos pidieron la identificación, todas enseñamos la de El Salvador y como mi mamá
traía las actas de nacimiento de nosotras y su identificación de salvadoreña, le dijeron que ella no era de allá, sino mexicana y que de seguro era la pollera que nos traía. Ella insistía en que no, que éramos sus hijas, pero el policía no le creía y no paraba de decir que ella era la coyote. Yo sentía mucho miedo porque pensé que nos iban a violar o a lastimar, entonces nos dividieron, nos separaron y a todas nos estuvieron va de hacer preguntas. Como todas dijimos lo mismo, pues mejor nos subieron al carro. Nosotras pensamos que nos iban a llevar a Migración, pero no, nos metieron por una calle sola como para el monte, bien lejos y luego nos bajaron y nos pusieron a todas ahí en línea en la orilla de un barranco. Mi mamá y todas pensamos que nos iban a aventar y que hasta ahí habíamos llegado, pero otra vez nos registraron y le encontraron a mi mamá el dinero y se lo quitaron todo, como $3 000. A nosotras también nos quitaron todo lo que traíamos, yo traía $ 1 500 y mi hermana $ 2
000. (Wendy; salvadoreña; 16 años)
En el tren se subieron cinco asaltantes encapuchados, nos desnudaron y nos revisaron todo; ya luego nos dejaron vestirnos pero se llevaron nuestras mochilas, celulares y relojes. Además iban cobrando la cuota de $200 por persona. Había una pareja de jóvenes, eran esposos y llevaban a su hijo, un niño como de dos años. Como ellos sólo tenían $400, el asaltante le dijo a ella que como eran 200 por cabeza, uno no podría continuar el viaje. Tomó al niño de los piecitos, y así, de cabeza lo aventó a las vías del tren. (Orlin; hondureño; 14 años)
[…] Ya luego caminamos y en eso pasó otro taxista que nos vio y nos dijo que él nos llevaba. Nos cobró 200 a cada uno y nos llevó rodeando toda la cuesta. Ya luego donde nos bajó, él nos explicó cómo irnos, cómo rodear y todo, y ya cuando rodeamos, ya nos estaban esperando para asaltarnos. La caseta de Migración de Tapana estaba enfrente. Nosotros nos sentamos enfrente, supuestamente no nos veían y nosotros creíamos que nos estábamos escondiendo, pero ya luego en migración nos dijeron que todo el tiempo ellos nos vieron. (Humberto; salvadoreño; 16 años)
Los niños desplazados se enfrentan a penurias de todo tipo a lo largo de su trayectoria migrante, sin embargo, no se conoce el alcance total de los daños que sufren o de las deficiencias cometidas por las autoridades, ya que mucho de lo que les sucede no se registra ni se denuncia, pues entre sus vulnerabilidades como menores de edad no cuentan con la información necesaria sobre las rutas geográficas ni acerca de sus derechos humanos y como menores. Su condición física y mental también los coloca en posición desfavorable y es común que el miedo los imposibilite a solicitar ayuda o a saber a dónde y por qué medios dirigirse a los canales institucionales. Al mismo tiempo, su deseo de seguir adelante el camino, evita que, en caso de poder hacerlo, establezcan las debidas denuncias penales o deseen permanecer en un mismo sitio esperando el curso legal que puedan tener estos procesos.
Es clara la necesidad de mejora en los mecanismos que garanticen el acceso a la protección internacional para los menores migrantes que viajan sin la compañía de algún adulto. ACNUR y COMAR registran el aumento en las solicitudes de refugio,4 tanto de estos como de migrantes adultos, mientras el INM no se da abasto ante la solicitud de visas por razones humanitarias en los casos en que los centroamericanos, entre ellos los menores, han sufrido violaciones a sus derechos humanos a lo largo del camino por México (Serrano & Jaramillo, 2017: 106). No obstante, muchas de estas peticiones son rechazadas, lo cual deja a los menores en el desamparo institucional e internacional, más allá de lo que dictan las leyes, los tratados y las convenciones en la materia.
Los niños que podrían tener necesidad de refugio, al igual que los adultos, según la Convención de 1951, serían todos aquellos que sufren persecución y ésta los obliga a huir de sus países, ya sea por razones étnicas, religiosas o políticas. Pero la esfera de protección internacional va aumentando según los cambios globales y se emiten nuevas declaratorias; es así que en noviembre de 1984 surge la Declaratoria de Cartagena, que comienza a contemplar las situaciones de violencia social como detonantes de persecución y acoso para determinadas personas, lo cual amplía la esfera de protección. Asimismo existen los Estándares Interamericanos, que abordan el derecho a solicitar y recibir asilo y toman en cuenta los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes en el contexto de la migración o la emisión de medidas cautelares, por lo que este tipo de solicitudes por parte de los menores deben ser atendidas por el gobierno mexicano como signatario de la Convención.
Los riesgos que corren los menores de edad al migrar solos dependen también, en gran
medida, de las rutas que transiten por territorio mexicano. Prácticamente todos los menores entrevistados para esta investigación han ingresado a México por la frontera sur, ya sea por tierra, en los estados de Chiapas o Campeche, o por vía marítima por los estados de Tabasco y Oaxaca. Hay quienes caminan más de 15 días entre selvas y cerros, por lo que pueden sufrir picaduras de insectos o deshidratación, así como los clásicos asaltos, golpes y secuestros por parte de la delincuencia común u organizada; los que viajan en distintos tramos subidos en el tren de carga y sufren extorsiones por parte de agentes del INM, de policías, maras o ladrones locales, amén de los constantes accidentes reportados de quienes caen del tren por accidente, ya sea porque los venció el sueño o el cansancio y el dolor les impidieron sujetarse.
Además de todo esto, se contabilizan las violaciones sexuales ya no sólo a niñas o mujeres, sino también a varones y a integrantes de la comunidad lésbico gay, pues cabe señalar que entre los adolescentes que han sido hospedados en los albergues dirigidos por el padre Alejandro Solalinde se cuenta a más de una decena de muchachos con distintas preferencias sexuales, los cuales han sufrido acoso de diversa índole durante su trayectoria migratoria. De igual manera se han reportado casos de desaparecidos, secuestrados y víctimas del tráfico de órganos y de comercio sexual.
Es común que la mayor parte de los menores, una vez que ha llegado al “Albergue Hermanos en el camino”, de Ixtepec, Oaxaca, haya tenido que sufrir más de un asalto o enfrentado discriminación o violaciones a sus derechos humanos. Luego de que son informados sobre sus derechos en el refugio, muchos deciden no continuar el viaje hacia Estados Unidos y prefieren intentar obtener la visa humanitaria después de presentar la respectiva denuncia de la o las situaciones de las que fueron víctimas y tratar de establecerse en algún estado de la República. Casi todos avanzan hacia el centro o el norte de México, hacia la capital o a estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León o Baja California, donde aún con la visa, en caso de obtenerla, han llegado a reportar a integrantes de los albergues, con quienes mantienen comunicación, distintas violaciones físicas y emocionales.
Pero también están aquellos que pese a los peligros no desisten de su meta de llegar al vecino país del norte. Para lograrlo muchos contratan los servicios de un coyote, con la ayuda de familiares o amigos en EU., o deciden arriesgarse a “cargar la mochila”, como se conoce al hecho de transportar 23 kilos de mariguana a lo largo del desierto, acompañados de un guía y de otros
migrantes, cada vez más jóvenes, a cambio de poder ingresar a EU. sin pagar la cuota establecida por el guía o el traficante de personas; en algunos casos, inclusive llegan a pagarles mil o 1 500 dólares como recompensa si logran cruzar e introducir la mercancía. Cada uno de ellos debe portar una mochila con la misma carga y el mismo producto, pero con ello se arriesgan a soportar el calor inclemente del desierto, el cansancio, la deshidratación, el hambre, a ser mordidos por alguna serpiente, a ser deportados en caso de ser detenidos por agentes de Migración o, en el peor de los casos, a perder la vida como consecuencia de las circunstancias del viaje o a manos de alguien que pueda dispararles o atacarlos en el desierto.
A cada paso de la trayectoria migrante los menores deben tomar decisiones difíciles: permitir ser asaltados o intentar defenderse, hospedarse en los albergues o dormir a salto de mata, confiar y solicitar ayuda o tratar de pasar inadvertidos, intentar establecerse o seguir avanzando lo más que puedan, etc. Sin duda, todo lo vivido les proporciona una serie de aprendizajes que contribuye a hacerlos madurar a muy corta edad. Pese a todo y entre todas las experiencias amargas que deben enfrentar, es sobresaliente y aleccionador el poder de resiliencia que demuestran; al menos es el caso de todos los entrevistados hasta el momento y con quienes se ha podido convivir mediante labores de voluntariado en los albergues.
Resulta rescatable también el hecho de los lazos sociales que llegan a establecer los menores migrantes centroamericanos, ya sea a lo largo del trayecto o en la estadía en los albergues, sobre todo con otros menores de edad, pues además de los vínculos familiares que en muchos casos mantienen mediante “comunidades extendidas” (Oehmichen, 2005), a partir de cuyas redes los integrantes se apoyan de manera económica o emocional, lo cual en determinados momentos puede ayudarlos a tomar decisiones, también la mayoría va tejiendo redes con otros menores que conocen a lo largo del camino con quienes suelen hermanarse simbólicamente al vivir experiencias traumáticas juntos o, al contrario, divertidas e innovadoras. Éstas se refuerzan durante su permanencia en los refugios, en donde tienen la oportunidad de conocerse con más detalle y llegar a consolidar amistades duraderas o significativas que los ayudan a construir redes de apoyo (laborales, familiares, sociales, institucionales, económicas, entre otras), que los dotan de mayor seguridad y fortaleza espiritual.
Jeison… ¿cómo le podría decir? Es un amigo, amigo, amigo; verdadero amigo, como es raro encontrar, porque amistades hay bastantes, conocidos son muchos pero amigos, amigos son pocos. Y el Jeison es un buen amigo para mí. Sólo se dio cuenta de que yo fui deportado hacia mi país y él fue el primero que me dijo: -Tomá, 150 dólares para que te ayudes. Con eso pasé Navidad con mi familia. (Brayan; hondureño; 17 años)
Oiga usté… viera… ese Wilson es como un hermano para mí. Nos criamos juntos y él era testigo de cómo nosotros éramos muy pobres y de cómo la Mara Salvatrucha me quería obligar a matar… pero ahí sí ya yo no pude y preferí escapar. Si no fuera por él, yo no me habría atrevido a dejar mi país, porque aunque él también está chaval, ya juntos como que se siente uno más fuerte, más seguro. (Orlin; hondureño; 14 años)
Sí, aquí en el Albergue nosotras nos conocimos. Ahora somos como hermanas y ya prometimos que si una logra llegar a Estados Unidos va a ayudar a la otra, pero ya nunca nos vamos a dejar. Antes yo me sentía muy sola y tenía mucho miedo, pero ahora con ella y con la ayuda de Dios, estoy segura de que todo saldrá mejor. (Yesenia; guatemalteca; 13 años)
Ellos me han ayudado. Como también ellos vienen del Salvador y de Honduras, también donde ellos había pandillas y eso, entonces ellos saben. Entre nosotros nos defendemos, o si uno tiene comida, al otro le da, y así… Algunos de los buenos amigos que hice en el Albergue de Adolescentes ya están en Monterrey y allá me están esperando a que saque mis papeles y pueda alcanzarlos. Me dicen que donde ellos trabajan me van a ayudar para que yo también entre. (Edgar; guatemalteco; 16 años)
Probar nuevas rutas; apoyarse de aliados imprescindibles que les hayan precedido en el camino -parientes, amigos o paisanos-; si construyen relaciones efímeras con otros migrantes del mismo grupo étnico durante el tránsito, se ayudan entre sí compartiendo el dinero o la comida y turnándose en las labores de vigilancia mientras los demás duermen o descansan; en el caso de las mujeres adolescentes, vincularse sentimentalmente con alguien del sexo opuesto, a fin de obtener
la protección o el acompañamiento que las haga sentir más seguras; ambos sexos llegan a modificar sus marcadores identitarios tratando de igualar la forma de hablar o de vestir y comportarse de los mexicanos intentando pasar por uno de ellos y no ser identificados como “el otro”, es decir, adoptan una nueva identidad de acuerdo con las necesidades o los contextos específicos.
Asimismo, se trasladan en transportes públicos y antes de llegar a las casetas de vigilancia migratoria, descienden, las rodean y vuelven a tomar otro medio de transporte o, a veces, caminan largas distancias procurando no ser percibidos; se apoyan de los albergues para regularizar su situación migratoria mediante la tramitación de visas humanitarias o refugios, ya sea para conseguir estabilidad legal mientras pueden cruzar rumbo a la frontera norte sin el temor a ser detenidos y deportados, o bien, para establecerse y poder aspirar a empleos relativamente más estables; por lo tanto, cada uno confiere distinto significado y utilidad práctica a los programas de regularización migratoria; por lo que se sirven de ellos y los procesan de muy distinto modo. Así, los menores se convierten en protagonistas de sus propios procesos migratorios, demuestran su capacidad de agencia y de sobreponerse a las adversidades.
[…] la noción de agencia atribuye al actor individual la capacidad de procesar la experiencia social y diseñar maneras de lidiar con la vida, aun bajo las formas más extremas de coerción. Dentro de los límites de información, incertidumbre y otras restricciones (por ejemplo, físicas, normativas o político-económicas); los actores sociales poseen “capacidad de saber” y “capacidad de actuar”. Intentan resolver problemas, aprenden cómo intervenir en el flujo de eventos sociales alrededor de ellos, y en cierta medida están al tanto de las acciones propias, observando cómo otros reaccionan a su conducta y tomando nota de las varias circunstancias contingentes. (Long, 2007: 48)
Mediante sus acciones, como lo señala Long, son capaces de transformar su realidad y crear alternativas para el futuro. Negocian e interactúan influyendo en las situaciones y afectando sus posibles resultados, de acuerdo con las decisiones que vayan tomando ante cada circunstancia. Lo cual comprueba, en palabras de Bourdieu (1997: 8), que se trata de individuos activos y actuantes, no meros epifenómenos de las estructuras, pese a lo limitadas o constreñidas que puedan ser sus acciones.
En México, el 12 de octubre de 2011 dos artículos constitucionales fueron reformados en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el 4º y el 73. Al primero le fue adicionado el principio del “interés superior de la niñez”, mientras que el segundo ahora brinda la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en favor de los derechos humanos de los menores de edad (CNDH, 2015: 5). Estas reformas permitieron la publicación de dos leyes generales, la de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; ambas relevantes para la protección de los menores.
La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes crea sistemas nacionales, estatales y municipales de protección de derechos; es decir, instancias en las que participan muchas instituciones (salud, educación, protección social, etc.) en todos los órdenes de gobierno (presidente, gobernadores y presidentes municipales). Éstas son: el Sistema Nacional de Protección integral —del que forma parte la CNDH—, la Secretaría Ejecutiva como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Federal y las Procuradurías locales de Protección, el Registro Nacional de Datos, el de Centros de Asistencia y el Sistema Nacional de Información (CNDH, 2015: 6).
Las Procuradurías de Protección a niñas, niños y adolescentes deben tener presencia en todos los estados de la República y estar adscritas al Sistema Nacional DIF, para que coordinen la protección especial en caso de que los derechos de los menores sean violados. Deben efectuar un diagnóstico, poniendo por delante el interés superior del niño, determinar un plan de acción y dar seguimiento, junto con las demás instituciones, a la restitución de derechos de los menores. Del mismo modo, el INM tiene la obligación de hacer valer los derechos de los menores y garantizarlos bajo el enfoque de protección jurídica y administrativa de niños, niñas y adolescentes; la Procuraduría debe representar gratuitamente a los menores en ambos términos.
No obstante, aunque en el papel las leyes establezcan los parámetros a seguir, en la práctica éstos no suelen seguirse al pie de la letra. Hace falta una mayor supervisión para que las Procuradurías de protección ejerzan las facultades que le corresponde desarrollar y cuenten con la infraestructura y los recursos suficientes para hacerlo. Al mismo tiempo, es necesario que las demás instituciones sean informadas adecuadamente por las Procuradurías sobre cuáles y cómo deben
ejercitarse las medidas de protección necesarias en función de las facultades de cada organismo, según sea el caso.
Por ejemplo, si los menores están detenidos en alguna estación migratoria, corresponde al personal del INM identificar sus necesidades mediante entrevistas, pero éste no suele estar capacitado para ello; además, según testimonios de menores entrevistados, el ver a los agentes del instituto uniformados -tipo policías- y el hecho de estar encerrados y sentirse cuestionados les genera estrés y desconfianza de hablar o sincerarse. Según lo establecido en los protocolos, debería ser personal del DIF el encargado de acercarse a ellos y obtener la información necesaria, pero esto no siempre sucede. Al menos en el caso de Ixtepec, de acuerdo con la experiencia empírica vivida en el Albergue “Hermanos en el Camino”, los menores que llegaron a sufrir violaciones a sus derechos humanos en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz, nunca fueron visitados o apoyados por personal del DIF, sino de la CNDH, y esto, mediante la intervención del padre Alejandro Solalinde.
Nos pusieron aparte, en otros cuartos, y una vez encerrados, separados de nuestros compañeros, comenzaron a golpearnos agentes de Migración. Con tubos de hierro, con palos, con las manos y a patadas nos dieron a todos. Después nos dejan ahí tirados en el suelo de la golpiza que nos dan, luego regresan, nos vuelven a sacar de la celda, nos desnudan, sin ropa, sin camisa, así sin nada… de ahí: ¡Pum!, nos bañan con agua helada y luego sacaron unas máquinas que descargan electricidad, dan toques eléctricos, y ahí seguían dándonos, golpeándonos toda la noche […] Yo no sé cómo se dio cuenta Derechos Humanos y llegan al lugar de los hechos. Después, se acercó una señorita de Derechos Humanos para preguntarnos sobre lo que había pasado y mientras nosotros estábamos ahí, los de Migración andaban encima amenazándonos con la mirada, pero varios nos atrevimos a declarar lo que nos habían hecho, aunque luego sí que nos fue peor, porque nada más se fueron los de Derechos Humanos y que nos vuelven a encerrar y nos vuelven a golpear y nosotros sin cenar ni nada. Estábamos formados en la fila para recibir la cena y de las filas nos fueron a sacar. (Wilfredo; salvadoreño; 17 años)
Yo tengo dos cicatrices acá en la pierna, de los garrotazos que recibí, y me dieron toques eléctricos en los testículos […] Ahí tienen los de Derechos Humanos fotos de nosotros todos golpeados. ¡Viera cómo nos dejaron! (Yerri; hondureño; 16 años)
Por otra parte, algunos centros de asistencia social que llegan a dar cobijo a los menores migrantes son de puertas cerradas, lo cual también implica privación de la libertad. No ocurre lo mismo con los albergues de la sociedad civil, ya que éstos sí permiten a los menores salir durante el día o recibir visitas. Ante este panorama, el Estado mexicano, al igual que el estadounidense, deberían propiciar alternativas para la reunificación familiar o bien, generar programas de acogimiento, es decir, que los menores en tránsito puedan estar temporalmente con una familia seleccionada y capacitada para poder recibirlos y atenderlos debidamente mientras se encuentra una solución más adecuada, según cada caso particular.
Otra opción podría ser proporcionar departamentos con bajos alquileres para el caso de adolescentes, de las menores embarazadas o de las que ya cuentan con bebés, dado que sus necesidades son distintas a las de un niño o una niña. Ante las diversas especificidades de cada caso, las opciones requeridas también son diferentes, de ahí la urgencia de que el gobierno, por medio de sus instituciones debería tratar de ofrecer variadas alternativas de solución, pues el número de solicitantes de visas humanitarias y refugio crece día con día y con él, también la necesidad de los menores a servicios básicos como la salud, el empleo, la vivienda o la educación, sea su permanencia en México temporal o definitiva.
Abrams, Philip et al,. (2015). Antropología del Estado. México: FCE. ACNUR. (2017). “La Agencia de la ONU para los Refugiados”. ACNUR. [Recuperado el 15 de mayo de 2016, de: http://www.acnur.org/].
Bauman, Zygmunt. (2005). Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós.
Bourdieu, Pierre. (1997). Razones prácticas: sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama.
CONMIGRANTES. (2016). Ministerio de Relaciones Exteriores. El Salvador. [Recuperado el 3 de junio de 2016, de: http://www.rree.gob.sv/conmigrantes/].
Feixa, Carles. M. Àngels Cabasés & Agnès Pardell. (2015). “El juvenicidio moral de los jóvenes… al otro lado del charco”, págs. 235-269, en Valenzuela, José Manuel (coord.). (2015). Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. México: Ned Ediciones / ITESO / COLEF.
Glockner, Valentina. (2006). De la montaña a la frontera. Identidad, representaciones sociales y migración de los niños mixtecos de Guerrero. Tesis de licenciatura en Antropología Cultural. Puebla: Universidad de las Américas.
Hernández, Leopoldo. (2017). “Alerta ACNUR de incremento de solicitudes como refugiados”, 09 de febrero de 2017. México: El Economista.
Musalo, Karen & Pablo Ceriani. (2015). Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos. California / Buenos Aires: Center for Gender & Refugee Studies-UC Hastings / Universidad Nacional de Lanús.
Oehmichen, Cristina. (2005). Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la ciudad de México. México: UNAM-IIA-PUEG.
Quecha Reyna, Citlali. (2011). Cuando los padres se van. Infancia y migración en la Costa Chica de Oaxaca. Tesis de doctorado en Antropología. México: UNAM.
REDODEM. (2017). Informe Migrantes en México: recorriendo un camino de violencia. México: Servicio Jesuita a Migrantes.
Serrano Herrera, Carlos & Matías Jaramillo Benítez. (2017). Anuario de migración y remesas 2017.
México: Fundación BBVA Bancomer, A.C. / Consejo Nacional de Población.
Srnicek, Nick & Alex Williams. (2017). Inventar el futuro. Poscapitalismo y un mundo sin trabajo.
Barcelona: MalPaso.
UNICEF. (2014). Informe de Situación de la Niñez y Adolescencia en El Salvador. San Salvador: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia El Salvador. Varela, Amarela. (2015). “Buscando una vida vivible: la migración forzada de niños de Centroamérica como práctica de fuga de la ‘muerte en vida’”. El Cotidiano. Núm. 194 (noviembre-diciembre). [9-29]. Valenzuela Arce, José Manuel. (2012). Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social. México: COLEF.
CNDH. (2015). Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes. Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. México: CNDH.
Convención de 1951. Adopción: Ginebra, Suiza, 28 de julio de 1951. Adhesión de México: 7 de junio de 2000. Decreto Promulgatorio DOF 25 de agosto de 2000.
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Viena, Austria. Suscrita el 23 de mayo de 1969. Entrada en vigor, 27 de enero de 1980. Ratificada por México el 25 de septiembre de 1974.
Declaratoria de Cartagena sobre Refugiados. Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios". Celebrado en Cartagena, Colombia. Del 19 al 22 de noviembre de 1984.
Secretaría General & Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados del h. Congreso de la Unión. Ley de Migración. México: Diario Oficial de la Federación. 25 de mayo de 2011.
Notas
1 Recuperado de: http://www.acnur.org/
2 Niños que podrían tener necesidad de protección internacional: El Salvador 72%; Guatemala 38%; Honduras 57%; México 64%. TOTAL 58% (Musalo & Ceriani, 2015: 77).
3 Recuperado de: http://www.rree.gob.sv/conmigrantes/
4 Al menos 8 781 personas solicitaron durante 2016 refugio en México, lo que representa un aumento de 1 067%, dio a conocer la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) […] La previsión es que en 2017 llegue a 20 000 solicitudes […] De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2015 se recibieron 3 423 solicitudes, de las cuales en 939 casos recibieron protección y 152 fueron beneficiados con protección complementaria, es decir, no se reconocieron como refugiados pero entre las medidas que se les concedieron se contempla la no devolución a su país de origen al considerar que su vida corre peligro (Hernández, 2017).