Oscar Sánchez Carrillo1
Resumen: La ponencia retoma los debates teóricos que se han generado sobre la conceptualización de la industria de la migración. La industria de la migración es la articulación de un conjunto de actores estructurados en redes sociales con el fin de buscar ganancias económicas, prestan servicios que facilitan, motivan y sostienen la migración nacional e internacional. Los empresarios agrícolas sonorenses coordinan complejas redes de intermediarios laborales locales han regionalizado sus acciones en las comunidades indígenas. Los jornaleros agrícolas se caracterizan por su juventud, vigor en el trabajo y dedicación exclusiva durante el periodo de contratación.
Abstract: The paper takes up the theoretical debates that have been generated on the conceptualization of the migration industry. The migration industry is the articulation of a set of actors structured in social networks in order to seek economic gains, provide services that facilitate, motivate and sustain national and international migration. Sonoran agricultural entrepreneurs coordinate complex networks of local labor intermediaries have regionalized their actions in indigenous communities. The agricultural day laborers are characterized by their youth, vigor in the work and exclusive dedication during the hiring period.
Palabras clave: jornaleros agrícolas; internmediarios laborales; agroindustrias
La presente ponencia tiene por objeto describir y realizar un análisis preliminar de diversos procesos y actores relacionados en lo que he denominado la naciente industria de la migración en la región denominada Zona Norte de Chiapas. La región está integrada por los siguientes municipios: Chilón, La Libertad, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, Tila, Tumbalá y Yajalón.
1 Doctor en antropología, disciplina antropología social, investigador asociado adscrito al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de Chiapas y la Frontera Sur (CIMSUR) UNAM. Líneas de investigación: Frontera: construcción y significados; correo electronico: oscarsac@unam.mx
integran una diversa población étnica de 509,779 habitantes, que su mayoría son hablantes de chol (63.6%), conviven con poblaciones de habla tseltal (15%) y tsotsil (5%) y población mestiza (16.4%). La población total de esta región equivalente al 10 por ciento de la población total del estado de Chiapas que actualmente está compuesta por 5,217,908 habitantes (INEGI, 2015). La zona norte, es un amplio territorio que se extiende desde las montañas del norte de Chiapas hasta los sistemas lagunares de Catazaja, manglares y humedales del vecino estado de Tabasco, sus principales ríos son El Usumacinta y el río Tulija, además de numerosos ríos intermitentes y afluentes de la cuenca del Usumacinta. La región es rica no solo en recursos hídricos y bosques tropicales, también es productora de café orgánico y convencional. La ganadería extensiva ha avanzado en los últimos años deforestando gran parte de las selvas tropicales y desplazando los cultivos tradicionales como maíz y frijol de autoconsumo. Ver mapa 1.
Mapa 1: Zona Norte de Chiapas, municipios choles y tseltales.
La región se ha caracterizado históricamente por ser una zona propicia para la instalación de plantaciones como son el cacao, el hule hevea y recientemente la palma africana, así como plantaciones forestales de rápido crecimiento como teca (tectona grandes L.F.). Las plantaciones
tienen un impacto negativo en la biodiversidad de los bosques tropicales, son causantes de degradación y empobrecimiento de los suelos y recursos hídricos, además de ocasionar el desplazamiento y sustitución de la economía campesina indígena de la región, privilegiando los agronegocios impulsados por diversos programas de reconversión productiva favoreciendo a las agroempresas nacionales y trasnacionales.
Según datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010), la pobreza en la región ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, a pesar de que los datos oficiales indican una leve mejoría, las poblaciones indígenas continúan con carencias en la educación, la salud y la seguridad social (83.6 %), comparativamente la población mestiza o no indígena no se encuentra en mejores condiciones sociales (16.4 %). La pobreza extrema se ubica en el orden del 49.8 por ciebnto, se componen de las siguientes carencias sociales: Las carencias del rezago educativo es uno de los más altos del estado (38.7 %), esto significa que la población indígena no cuenta con los niveles de educación básicas y el analfabetismo es el común denominador. De igual modo, el acceso a la seguridad social es prácticamente inexistente dado que el 90.7 por ciento de la población carece de ello. Si de alimentación y seguridad alimentaria se trata los indicadores son francamente deplorable, pues el 33.8% de la población no tiene acceso a una alimentación sana y balanceada. La desnutrición golpea a los sectores más vulnerables de la población: la infancia y a las mujeres en edad reproductiva y en periodo de amamantamiento. Por último, resalta la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo equivalente al 62.1 por ciento, la población vive con un ingreso menor al salario mínimo real de 67.98 pesos programado para la zona sur sureste de la república mexicana que incluye el estado de Chiapas. Los trabajadores familiares que reciben el salario mínimo no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas para alcanzar una alimentación sana en calorías y proteínas, y mucho menos, para satisfacer las necesidades en educación, salud, vestido y vivienda digna.
No obstante, ante el panorama anterior, existen una multiplicidad de programas de gobierno enfocados a abatir la pobreza y los rezagos de las carencias en salud, educación, alimentación sana y balanceada; además de los diferentes subsidios y apoyos a la producción agropecuaria y forestal no han logrado sus objetivos. Persisten los alarmantes niveles de pobreza extrema y la falta de oportunidades para la población indígena que mayoritariamente está compuesta por niños, jóvenes
y mujeres. Ante este horizonte desolador y carente de oportunidades de todo tipo, la alternativa de un amplio sector de la población rural es la movilidad laboral a empleos temporales. Los jóvenes emigran temporalmente como trabajadores agrícolas o jornaleros rurales a otras regiones del país que ofrecen una vía de escape a la falta de oportunidades laborales y la pobreza extrema, si se le puede considerar como alternativa.
Las regiones de agricultura intensiva, moderna y empresarial (altamente tecnificada) ubicadas en el noroeste del México en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur , demandan grandes contingentes de fuerza de trabajo para organizar los procesos productivos hortícolas y frutícolas. Las lógicas empresariales de producción agrícola por contrato han generado una desterritorialización del trabajo por la vía del reclutamiento o enganche en mercados extralocales, y su consecuente reterritorialización en los campos de la globalización agroalimentaria. Las agroempresas configuran un amplio espacio migratorio que articula distintos grupos sociales y étnicos provenientes de los estados del sureste mexicano, principalmente de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Como indica Lara (2010, p. 252):
[Los territorios migratorios del noroeste de México] son un eslabón de un conjunto de espacios organizados que componen el itinerario de la movilidad de esos trabajadores. Espacios que a pesar de su dispersión geográfica mantienen una cohesión propia en tanto que cada uno de ellos tiene un sentido entre el conjunto de lugares por donde circulan los jornaleros. Es, además parte de un espacio en el que se crean nuevas formas de sociabilidad, se construyen redes, se elaboran estrategias, se articulan migraciones locales, regionales, nacional e internacionales, y se elaboran los vínculos entre los distintos agentes que posibilitan la inserción de los trabajadores a los distintos mercados laborables.
La demanda de fuerza de trabajo en las zonas de agricultura empresarial intensiva tiene por objeto cumplir con la demanda de la producción de productos hortícolas, frutícolas y florícolas de los principales centros de abasto de las ciudades, sean nacionales o internacionales. Estas zonas de agricultura empresarial agroexportadora han llevado a incrementar los flujos migratorios de la población rural, abriendo nuevas rutas migratorias provenientes de las regiones que no contaban con experiencia migratoria en estas zonas de agricultura empresarial. El sur-sureste de México no
solo tiene abundantes recursos naturales, sino sobre todo, tiene una diversa población rural susceptible de explotación, se compone de una población relativamente joven, la media estatal es de 23 años de edad. Hoy la migración interna nacional representa para muchas comunidades y familias indígenas rurales la única estrategia de sobrevivencia:
La migración rural-rural en México desde los inicios de la década de los noventa, no sólo es una actividad que les permite a los campesinos completar el ingreso familiar, sino que se ha vuelto el sentido de la supervivencia, es decir no es la migración un complemento para la reproducción de la familia campesina de las zonas marginadas del país, sino el elemento definitorio de la supervivencia (Barrón y Hernández, 2000, p. 150).
Según datos oficiales de la dos secretarias del gobierno federal: Secretaria Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaria del Trabajo y Prevención Social actualmente Chiapas ocupa el octavo lugar nacional en movilidad de trabajadores agrícola temporales, contabilizando en el año de 2014 la movilidad de 7,813 jornaleros agrícola registrados por el Subprograma de Apoyo al Empleo (SPA)1, operado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría del Trabajo (ST- Chiapas) del gobierno de Chiapas. Sin embargo, estas cifras solo reflejan los eventos registrados de los diversos programas que transfieren recursos monetarios a los jornaleros que solicitan el apoyo de traslado de su comunidad a lugar de trabajo. Aunado a esto persisten las prácticas de sub-registro de los jornaleros agrícolas, pues no todos tienen la posibilidad de acceder a los subsidios del gobierno estatal y federal que pagan los traslados de los jornaleros a los estados del noroeste de México, equivalente a 1,200 pesos por trabajador contratado. Para el primer cuatrimestre del año 2016, el Subprograma de Movilidad Laboral Interna: Sector Agrícola (SUMLI S.A.) había registrado la cantidad de 4,508 jornaleros agrícolas que provenían de las regiones del Soconusco, Frailesca, Zona Norte y Selva Lacandona de Chiapas (STPS, 2017, p. 14).
Fuete: Padrón de beneficiarios Secretaría del Trabajo Prevención Social (STPS), serie histórica del Subprograma de Movilidad Laboral Interna (SUMLI) Sector Agrícola 2002-2017, extracto de la base datos nacional.
Como se puede observar en la gráfica 1 la tendencia de las políticas públicas como es el caso del Subprograma de Movilidad Laboral, Sector Agrícola (SUMLI S.A.) de 2002-2017, el estado de Chiapas no figurar dentro de los registros oficiales de los estados expulsores de trabajadores agrícolas a nivel nacional. Es hasta el año de 2008 cuando las políticas públicas de gobierno federal operadas a través de los programas de SEDESOL y STPS realizan las acciones para atender a la población jornalera y crear las regiones prioritarias de atención a los jornaleros agrícolas. La obtención de estos datos ha sido una búsqueda nada fácil en el laberinto de informes y decretos de los sitios Web oficiales y en el catálogo de programas federales dirigidos a la población más vulnerables del país. Las políticas públicas y programa de gobierno crean y se benefician de los contingentes trabajadores agrícolas que son obligados a salir de sus comunidades para laborar en las regiones agroindustriales que demandan gran cantidad de fuerza de trabajo.
Lo que se puedo dilucidar de las acciones emprendidas por los diferentes niveles de gobierno y sus diversos programas de atención a los jornaleros agrícolas es la creación y sostenimiento de la industria oficial de la migración jornalera; primeramente, manteniendo la burocracia necesaria para la atención a los jornaleros; segundo administrando el gasto público fiscal y transfiriendo recursos monetarios entregados a los sujetos de su acción categorizandolos como
“eventos realizados”. Lo que se puede analizar en diversos informes y normas de operación es la falta de una transparencia del gasto público destinado a la población que dice atender. No ha sido posible encontrar un informe de evaluación que permita anañlizar cómo y de qué manera se han utilizado los recursos, mucho menos si las políticas públicas tienen efectos positivos en los sujetos de dichas políticas. Es decir, los informes carecen de una visión crítica de las políticas programas públicos, por el contrario, dichas políticas propician una mayor desigualdad y una perpetuación del trabajo agrícola forzoso y mal renumerado.
Las políticas públicas y sus diversos programas propician y facilitan la movilidad de los trabajadores agrícolas. Los actores que más se benefician de estas políticas y programas de gobierno son las empresas agroindustriales del noroeste de México, no solo recibiendo o captando de mano de obra barata y poco calificada; sino también por las transferencias de recursos públicos y fiscales, además de legitimar a las empresas con el epíteto de “empresas socialmente responsable”, por acondicionar los espacios donde residirán los trabajadores agrícolas, además de obtener el certificado oficial de SAGARPA que facilita la exportación de sus productos y las exime del pago de los impuestos y aranceles a los mercados internacionales.
El trabajo de campo en las comunidades indígenas nos permite observar cómo operan estos programas a nivel local. Podemos destacar dos cosas, el primero la absoluta desinformación a nivel local de dichos programas, los jornaleros entrevistados no tienen conocimiento de la existencia del programa de transferencias monetarias y apoyos en la búsqueda de trabajo, y en caso de que obtengan el apoyo correspondiente no son informados y asesorados por los funcionarios públicos del STPS del tipo de trabajo, los salarios a los que tienen derecho, la empresa que lo contratará y el periodo en el que será contratado. Segundo, existe una inoperancia o vacío institucional, dado que los funcionarios públicos de las dependencias oficiales no tienen ningún contacto con la población objetivo para la cual fueron creados los programas de atención a la población jornalera. Por último, la falta de una educación digital, acceso a la infraestructura a los medios digitales para obtener los formatos y/o formas para aplicar y acceder a los recursos que destina las políticas y sus programas que el Estado tiene por objetivo.
Ante la inoperancia de las políticas públicas y sus diversos programas de atención prioritaria, la única alternativa de la fuerza laboral en el estado de Chiapas es migrar a través de las redes que han construido y consolidado los intermediarios laborales locales en colusión con los
empresarios agroindustriales. Las comunidades indígenas son las zonas donde hay una sobre oferta de mano de obra y una latente necesidad de búsqueda de trabajo remunerado. Ante este panorama los jóvenes campesinos choles y tseltales se ven forzados a migrar a las regiones del noroeste de México a los espacios de agricultura empresarial, agricultura por contrato de productos hortícolas y florícolas de exportación, principalmente a los mercados de norte américa y Europa. Los territorios campesinos indígena no solo han sido abandonados por las políticas neoliberales de los últimos gobierno panistas y priistas (2000-2018), sino que actualmente son ocupados por diversas empresas agroindustriales que extienden sus redes de intermediarios y formas de contratación para asegurarse la fuerza laboral necesaria para sus cadenas de valor en los campos del norte.
El eje de las políticas públicas y los objetivos de los programas de movilidad laboral interna son, supuestamente, los mecanismos institucionales del Estado para acabar con las redes de intermediarios laborales y de los cuales no se tienen ningún tipo de control político, económico, social, y mucho menos fiscal, son agentes económicos que escapan del control del estado; sin embargo, más que impedir y desestructurar la redes de intermediarios laborales y la trata de trabajadores forzados con mecanismos legales y realizar campañas de difusión de los derechos laborales, su acción se limita a impedir la transferencia de recursos monetarios a los comerciantes del trabajo y/o a jornaleros que tengan conexión con estos actores. Es decir, las redes de intermediarios laborales no son intervenidas, ni desestructuradas por las políticas públicas, sino que dejan operar como cualquier empresa en el campo de las relaciones capitalistas imperantes.
Los intermediarios laborales construyen redes locales que facilitan la contratación, el traslado y organización de los trabajadores agrícolas, que por un periodo de tiempo determinado laboran en los campos agrícolas del noroeste de México para las agro-empresas exportadoras de frutas y hortalizas.
Las redes de contratistas, también considerados enganchadores, brókers o intermediarios laborales, no constituyen ningún tipo de organización o grupo con actividades ilícitas, crean estructuras dinámicas y cuasi-informales; esto quiere decir, que no están exentos de diluirse o desaparecer como un actor más en el escenario de los mercados laborales (Sánchez, 2012). Los
intermediarios laborales son actores diversos y deben de analizarse en el contexto sociocultural en el cual han surgido o afianzado sus redes sociales de intermediación entre las comunidades indígenas y las empresas agroindustriales para las cuales funcionan y tienen su razón de existir (Astorga, 1985).
Los intermediarios laborales que operan en las comunidades indígenas choles y tseltales de la zona norte de Chiapas, son al mismo tiempo, integrantes de las comunidades indígenas que los vio nacer, crecer y formar una familia forman parte de sus relaciones sociales comunitarias y, al mismo tiempo, han ocupado diversos cargos cívicos y religiosos en las estructuras de organización tradicional comunitaria. Por ello mismo, he considerado nombrarlos intermediarios laborales tradicionales, por las características que lo definen como intermediario laboral y, al mismo tiempo, fungir ambivalentemente como un traductor cultural entre la organización social comunitaria indígena y la organización estructural empresarial (Lara y Sánchez, 2015).
Los intermediarios laborales tradicionales ejemplifican los enlaces entre dos mundos que se conectan directamente e indirectamente, el mundo indígena “tradicional” y el mundo moderno empresarial. El intermediario laboral tradicional es la agencia social del mundo global e interviene en el espacio local comunitario. Los intermediarios laborales culturales participan de un sistema de valores culturales institucionalizados que normalizan las relaciones sociales entre los jornaleros agrícolas y las agroempresas, pues ellos pues ellos tienen contacto con sus coterráneos, hablan su propia lengua y controlan la información, define el tipo de contrato oral y disciplinan de los trabajadores agrícolas, para cubrir las exigencias y requerimientos del control de calidad, así como los procesos de eficiencia productiva que marcan la empresas agrícolas (Lara y Sánchez, 2015).
Los trabajadores agrícolas o jornaleros indígenas contratados por los intermediarios laborales tradicionales provienen de las comunidades indígena choles y tseltales, caracterizadas por una abundante mano de obra compuesta principalmente por jóvenes campesinos con o sin tierras. Los campesinos indígenas ejidatarios poseen en promedio de una a tres hectáreas de tierra y cultivan tradicionalmente maíz y frijol; además cultivan el café que comercializan localmente con los coyotes o intermediarios locales y comerciantes del café. En otros casos también contratan a campesinos sin tierras, conocidos como avecindados y también trabajan como jornaleros locales en las épocas de siembra, cosecha en diversas actividades agrícolas relacionadas con la agricultura campesina familiar.
La característica principal de estos trabajadores agrícolas es su juventud, fungen tanto como motor de la economía local y familiar, como de la economía global. Las historias migratorias de los jóvenes jornaleros nacionales como los internacionales, las redes sociales que construyen y los diversos capitales que acumulan tanto social y humano son algunas de las características de las trayectorias individuales como colectivas de las experiencias migratorias son los motores de la migración (Phillips y Massey, 2000). La función principal de los sistemas de intermediación laborales es movilizar estos contingentes de fuerza laboral integrada por jóvenes a las zonas agroindustriales que demandan grandes cantidades de fuerza de trabajo, para obtener grandes márgenes de ganancia y poder competir en el mercado internacional agroexportador (Sánchez, 2012)
El método empleado por los intermediarios laborales tradicionales para la contratación de jornaleros agrícolas no sigue un patrón regular. Primeramente, se anuncia de boca en boca a través de los jóvenes que han migrado en años anteriores a los campos agrícolas, las fechas probables de llegada y salida de los autobuses que transportarán a los jornaleros agrícolas. Los intermediarios laborales viven en las comunidades indígenas estudiadas y son ellos mismos los que se encargan de difundir el mensaje a través de redes sociales que se afianzan tanto en los lazos de parentesco como en las paisanaje y amistades entre los jóvenes compañeros de viajes previos. Regularmente hay una persona que funge como “el apuntador” que realiza una tarea sencilla, difundir las fechas de contratación y anotar en un cuaderno los nombres de las personas que previamente han aceptado contratarse, por ejemplo, para la cosecha de esparrago. Como lo indica la siguiente narrativa de un jornalero agrícola. (López, Juan, Comunicación personal entrevista realizada en la comunidad Paraíso, municipio de Sabanilla)
Escuchado varias veces que gente [de mi comunidad] llegan allí en Sonora, y yo nunca me he interesado por eso. Me dijo un chavo que vive aquí. Uno que se llama José y hay otro que es el cuñado del Marciano, el Alejando y él me dijo que si quieres ir a Sonora, me decidí, pues vamos le dije. Estaban buscando gente, pues. Si estaban avisando si alguien quería ir, allí empecé a platicar con ellos, cómo es la chamba, cuántos meses, cuánto pagan el día, de allí como siempre he querido conocer pues, conocer Sonora como es, de allí dije que yo iba a ir, que me apunten mi nombre. Dijeron ¡ora le!, platiqué con el Samuel, mi tío,
igual, él quiso ir igual... Pues, vamos los dos, vamos a conocer, a ver cómo es la chamba. De allí nos fuimos los dos, apuntamos los nombres, nos fuimos. En total son (...), primero nos fuimos nosotros parece que somos 20, luego llegaron otros 11, algo sí. Serían en total 31, algo así, solo gente de Paraíso.
Los intermediarios laborales tradicionales (ILT) se encargan de buscar y contratar los autobuses que transportarán a los jóvenes jornaleros de las comunidades indígenas. Los autobuses salen de las cabeceras municipales, por ejemplo, del pueblo de Sabanilla, y/o en el cruce o intersección de caminos como es el caso del crucero entre Petalsingo y Tila; en el crucero de Temo, municipio de Chilón; en la salida poniente de Ocosingo. Antes de salir el ILT realiza una lista con los nombres de los jóvenes que deciden contratarse para el trabajo, le nombran “contrato” al arreglo oral entre el trabajador agrícola, el ILT y la empresa agroexportadora de la cual es representante. No existen contratos escritos entre los trabajadores agrícolas y las empresas, como tampoco existen garantías de permanencia de los trabajadores agrícolas en los campos agrícolas de las empresas durante el tiempo pactado. No hay formas de contratación forzada de los jornaleros agrícola dentro de las comunidades, los jóvenes se inscriben voluntariamente y ellos deciden de último momento si acuden o no a los puntos de reunión y salida de los autobuses que los transportarán. Como lo indica la siguiente narrativa los jornaleros agrícolas pueden deshacer el contrato pactado en el momento que ellos decidan regresar a su comunidad, es el caso de un grupo trabajadores agrícolas que en el mes de diciembre del 2016 decidieron interrumpir el periodo de trabajo e incumplir el contrato oral pactado con el ILT durante la cosecha de esparrago, la siguiente narrativa expresa lo antes señalado:
Un grupo de 20 persona decidimos regresar, la verdad no había las condiciones para trabajar, acordamos hablar con el encargado para que nos regresara. Pero él se negó, porque dijo que no estábamos cumpliendo la palabra del contrato, bueno, pero nosotros le dijimos que queríamos regresar a la comunidad. Entonces el buscó a otro encargado del campo, pero como no habíamos terminado el contrato pues ni modos, ellos buscaron el camión y nosotros pagamos el regreso, nos salió de 1,500 pesos por persona éramos como 20. Estábamos cansados y la comida era muy mala, los compañeros se empezaron a enfermar,
hacía mucho frío en los campos. Ni modos, no aguantamos, dijimos que pues vamos a pagar el camión de regreso. El encargado se molestó mucho y dijo que no nos va a volver a traer acá (Entrevista al jornalero José Tushuk en Chilón, mayo de 2017).
Los ILT reciben una cantidad fija por cada jornalero agrícola contratado, que varía año con año dependiendo de si el ILT también cumple los acuerdos de cumplir con la cuota asignada de trabajadores agrícolas necesarios previamente acordado por la empresa contratante. Los ILT tienen que organizar la ruta, buscar los autobuses y choferes necesarios para transportar a los trabajadores agrícolas hasta los campos agroindustriales. Reciben una cantidad de dinero fija que cumbre los costos de traslado de los autobuses (gasolina, viáticos de alimentación para los tres choferes del trayecto) y el pago de los peajes en las autopistas, pero cada trabajador se encarga de su propia alimentación durante el tiempo que dura el traslado de su comunidad hasta el campo agrícola.
En los últimos años 7 años ha aumentado la demanda de mano de obra en los estados de noroeste de México, lo cual ha ocasionado un aumento de las redes de ILT en las comunidades indígenas llamados “contratistas” que organizan y supervisan la contratación hecha por los Intermediarios laborales tradicionales que fungen como agentes locales; es decir, que se ha consolidado una red de “contratistas” e intermediarios regionales que fungen como agencias informales al servicio de las propias empresas agro-industriales. El volumen de trabajadores que mueven año con año ha aumento en quinquenio. La cadena de producción agroalimentaria necesita de la mercancía barata expresada en la fuerza de trabajo indígena para cosechar diversas hortalizas y fruta en las costas de los estados de Sonora y Sinaloa.
Los mecanismos de contratación mediante intermediarios laborales tradicionales fungen como agencias privadas de empleadores, son un actor social de reciente aparición en las comunidades indígenas de la zona norte. Ellos mismo han impulsado un nuevo tipo de mercado labor extraterritorial o desterritorializado, movilizando grandes contingentes de trabajadores agrícolas indígenas choles y tseltales, para después territorializar la mercancía fuerza de trabajo en el espacio global de las plantaciones agrícolas del sistema agroalimentario de exportación. La peculiaridad de estos actores intermediarios laborales es crear redes sociales, que en ocasiones funcionan como estructuras centralizadas, donde las tareas son controladas por el propio intermediario; en otras circunstancias estas mismas redes funcionan de forma fragmentada,
delegando tareas a otras personas subordinadas que cumplen las funciones y tareas asignadas por los intermediarios laborales. La presencia de estos actores es cada vez más necesaria en los mercados laborales locales, regionales, estatales e internacionales (Lara, 1997).
Los operadores locales, quienes también son parte de las redes de intermediarios laborales tradicionales, pero de menor jerarquía, su principal acción es enrolan a los jóvenes. Las estrategias de reclutamiento son las siguientes, la primera de ellas es acudir a sus pares de la misma comunidad para convencer a otros jóvenes, lanzar mensajes de las fechas probables de partida y de las ganancias y salarios devengados por ellos, los rumores corren en las redes de parientes, vecinos, amigos y compañeros del mismo grupo etario. Las diferencias internas de las comunidades indígenas provocados por diversos conflictos políticos y religiosos se borran o se atenúan en el momento que los jóvenes deciden inscribirse en el grupo seleccionado para viajar y trabajar en Sonora. Se inscriben jóvenes pertenecientes tanto de diversos grupos políticos como a las iglesias (pentecostés, adventistas y católicos), el “viaje a la otra frontera” borra o mitiga las diferencias ideológicas de las diversas visiones locales para enrolarlos en una visión general y global con el objetivo de ganar diversos recursos materiales y simbólicos. La estrategia del operador local es lograr conformar cuadrillas integradas por 12 jornaleros para realizar diversas labores en los campos agrícolas. Como lo indica el siguiente argumento:
Los chavos quieren ir a trabajar pues solo le dices a Pedro Sántiz, si quieren ir o no, él te inscribirte en su lista, ya estando allí ya se forma la cuadrilla cuando uno ya es reconocido que sí sabe cortar, que es mejor cortador le dan un puesto de cuadrillero, depende de tu agilidad en el trabajo, de tu comportamiento, por tu corte, por tu calidad igual, si eres buen cortador te van a dar tu trabajo de cuadrillero. Pero de cuadrillero no es mucho trabajo, solo vas a revisar la chamba de tu gente que llevas, cómo va trabajando, explicarle que tamaño va a sacar el corte, dónde está quedando, ese es su trabajo (Joel López, entrevista realizada en la comunidad de Paraíso, agosto de 2016).
En los campos agrícolas la composición de la cuadrilla es fundamental para lograr los objetivos de ganar dinero para todos, además de mantener los estándares internacionales de calidad e inocuidad del producto hortícolas de exportación. Si un jornalero no se puede disciplinar, o si se
enferma en los campos agrícolas, o no tienen las habilidades necesarias para realizar el trabajo, el jefe de cuadrilla lo desplaza y en algunos casos les asignan actividades en las bodegas o en casos extremos los envían de vuelta a sus comunidades. Como lo explica el siguiente ejemplo:
Pedro Peñate, se llama el chavo, él era nuestro cuadrillero, él nos cuidaba, él apuntaba, cuantas cajas, cuántos días trabajamos, apuntaba todo, si faltaba un billete, pues tenía que ir a reclamar, si le daban esa es tarea de los cuadrilleros, tenía que estar bien con su cuadrilla. La cuadrilla es de 12 personas, 10 cortadores y 2 burreros; los burreros es su trabajo es solo sacar las cajas, porque los espárragos los van dejando por el bordo, cada mazo que entra en tu mano lo dejas en el bordo, entonces otro, el burrero viene a recoger, es el trabajo del burrero así le llaman, el burrero solo viene a recoger, él no corta pues solo carga, gana igual. Todos los que son de la cuadrilla ganan igual, si hacemos más cajas entonces en la cuadrilla se reparten las ganancias. Como él ya tiene tiempo que está viniendo al estado de Sonora, ya conoció a varios de los encargados y llego el tiempo le solicitaron que busque gente para acá, para ir a Sonora, ya se conectaron con él y entre ello se ponen de acuerdo cuánta gente necesitan. Él se conecta con el otro que está en Tumbalá para cuando necesita llevar gente. Él regresa con nosotros, de allí vuelve a llevar gente para Sonora, él se encarga; pero cuando llega allá, ya se hace responsable el otro, porque ya le toca manejar a toda la gente (Mariano López, entrevista realizada en la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Yajalón, mayo de 2016).
Los campesinos choles y tseltales que migran a los mercados laborales regionales, no son trabajadores o asalariados permanentes, cuando el mercado de trabajo llega a un punto que no es posible absorber completamente la fuerza de trabajo temporal, los trabajadores regresan a sus comunidades para volver a insertarse en la producción agrícola familia. Este es el caso de Manuel quien por un periodo de 4 años estuvo migrando a la ribera Maya para insertase en el mercado de trabajo de la construcción. En su primer viaje a los campos agrícolas de Sonora, su condición de trabajador agrícola era integrante de la cuadrilla, recibía un salario por día o a destajo, en ocasiones una combinación de ambos sistemas. El sistema de remuneración por día se aplica a los trabajadores o jornaleros agrícolas por hora trabajada, pero incluso esto no era permanente; porque
según recuerda Manuel, en los siguientes años el contrato era por destajo, por ejemplo, ciertas labores previas a la cosecha, como la limpia, el abono, la poda, la fumigación y el riego, que el contratista acordaba con el empleador pagar a los trabajadores a destajo.
Los ILT aprenden este tipo de sistema de remuneraciones según el rendimiento de los trabajadores, pues se calcula en base a las tareas asignadas. Lo que un informante recuerda, que posteriormente le sirvió para colocarse como ILT en su comunidad; fueron las tareas extra no acordadas por otro contratista proveniente del municipio de San Juan Chamula, quien sin previo aviso asignaba nuevas tareas a los jornaleros sin acordar un pago extra. El informante recuerda las quejas de los trabajadores por tales abusos y aquí es donde se coloca como un intermediario laboral entre los trabajadores choles a quienes les hablaba en su lengua para llegar a un arreglo entre el contratista, la empresa y los trabajadores. Con el tiempo, el mismo contratista de Chamula, lo presentó con los administradores de la empresa agrícola para acordar su primer viaje como intermediario laboral tradicional:
Fue en el año de 2008 cuando llevé mi primer grupo de trabajadores a Sonora, eran de la comunidad de Zapata, de aquí de Tumbalá y de Cantiok de Tila. Estaba un poco nervioso, porque era la primera vez que llevaba gente, tenía que organizar el viaje, hablar con el encarado del transporte y el arreglar el pago a los choferes, apunté los nombres de los trabajadores y nos reunimos en el crucero de Tila y Sabanilla. Ya la empresa sabía que lleva a 40 trabajadores para trabajar en el corte de esparrago y nos esperaban en Campo San Isidro, cerca de la ciudad de Caborca, Sonora. En cada parada me comunicaba con el administrador para informarle donde estábamos. El problema era con los retener, porque no todos los muchachos llevaban papeles, acta de nacimiento o credencial del IFE, los peores son los de migración, porque pensaban que soy pollero, querían siempre su mordida para dejarnos pasar (Manuel Sántiz, 20 de abril de 2017).
Ante la problemática y la dimensión que adquiere la movilidad laboral interna, surge la iniciativa de crear acciones en defensa de los derechos sociales, culturales, políticos, económicos y sobre todo laborales y derechos humanos fundamentales desde las esferas de la sociedad civil organizada.
Diversas organizaciones sociales, asociaciones civiles, grupos religiosos entre otros organismos no gubernamentales han creado redes nacionales e internacionales para defender los derechos humanos y laborales de las y los jornaleros agrícolas. Las acciones de estos diversos grupos de la sociedad civil organizada tienen por objetivo la defensa de los derechos laborales y humanos fundamentales de los jornaleros indígenas agrícolas. Estas organizaciones realizan investigación acción participativa directamente con las comunidades indígenas donde las redes de intermediarios laborales reclutan a los jornaleros agrícolas generado información y creando acciones concretas para dar a conocer las situaciones que acontecen en los campos agrícolas del norte de México.
Estos grupos organizados tienen la prioridad de exigir a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno la transparencia de los recursos públicos y la creación de políticas públicas acordes con las necesidades de las comunidades indígenas y visibilizando las problemáticas que viven los jornaleros agrícolas. Muchas de estas organizaciones tienen relación con diversos grupos religiosos en los cuales se apoyan para generar talleres de reflexión. Su prioridad es mantener el mayor contacto posible con los sujetos involucrados en las redes de los intermediarios laborales.
En Chiapas la organización Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C., es una organización civil mexicana que inicia su trabajo social, político y en defensa de los derechos laborales y humanos en el año de 2011. Entre las diferentes acciones que ha emprendido la organización es crear materiales de difusión radiofónica para llegar al mayor número de comunidades indígenas de los Altos de Chiapas promover los derechos laborales de los jornaleros migrantes. Sin embargo, el área de influencia es limitado a la región de los Altos de Chiapas y los municipios fronterizos, dejado descubiertas otras regiones donde no tienen influencia y presencia. No obstante, sus logros se pueden replicar para otros grupos vulnerables en el estado de Chiapas.
Todos estos grupos trabajan en coordinación y en redes que se tejen con otros grupos y organizaciones de la sociedad civil organizada para emprender acciones conjuntas y poner temas prioritarios en la agenda de los gobiernos federal, estatal y municipal. Además, tienen el objetivo de realizar la contraloría social; es decir, la exigencia de la transparencia de los recursos públicos destinados a las poblaciones más vulnerables como son los jornaleros agrícolas y el cambio de las políticas públicas para su mejor eficiencia.
Los intermediarios laborales tradicionales (ILT) se han posicionado como un actor social fundamental en la nueva industria de la migración en los circuitos de migración interestatal en los últimos 15 años en Chiapas. Actúan como una agencia social de intermediación laboral en las comunidades indígenas choles y tseltales. Existe una diversidad de formas de intermediación laboral en la zona de estudio, estructurando complejos sistema de intermediación laboral según el sistema agrícola que abastecen.
Los ILT son parte de un complejo sistema de encadenamiento de intermediarios entre empresas agroindustriales, comunidades indígenas y trabajadores agrícolas, que si bien, necesitan de la fuerza de trabajo indígena, ejercen un control directo y forzoso sobre los campesinos indígenas chiapanecos, categorizándolos como sujetos económicos útiles a la reproducción y acumulación del capital agroindustrial trasnacional. Los intermediarios laborales estructuran complejas redes de relaciones sociales, con lo cual aumentan su capital social y simbólico que les permiten reclutar año con año a diversos contingentes de trabajadores agrícolas en su mayoría jóvenes. Su estrategia es convencer y crear lealtades individuales entre sus propios compañeros indígena, mismas que se crean a partir del establecimiento de relaciones clientelares y patrimoniales con los integrantes y formación de la cuadrilla. Por ellos son percibidos como agentes necesarios para la obtención de ingresos extraordinarios para la reproducción de las familias campesinas. Adicionalmente crean vínculos con otros actores externos a la comunidad que incluyen a una compleja red de transportistas, productores e intermediarios mayores.
Los ILT fungen no solo como traductores culturales entre el capital y el individuo como mercancía de trabajo, sino también actúan como agentes eficaces desplazando los conflictos y contradicciones internas generadas entre “la mercancía fuerza de trabajo” y el capital – agro- empresarial impidiendo la organización, autonomía y toma de conciencia de los trabajadores agrícolas; encubren la violación de los derechos laborales y los bajos salarios, además detectan posibles conflictos laborales provocados por los procesos de productivos, su objetivo es persuadir a los jornaleros agrícolas que la auto explotación, la eficacia, aumentar la productividad y tener habilidades excepcionales en los procesos de trabajo agrícola son la mejor opción de obtener mayores ganancias. Para ello se basan en la elaboración de reglamentos internos, que tienen el objetivo de disciplinar a los jornaleros agrícolas en los campos de trabajo, para aumentar la
eficiencia y la productividad; pero al mismo tiempo, están dirigidos a crear competencia horizontales y exclusión entre los miembros de las cuadrillas de trabajadores agrícolas. Así también, los reglamentos internos de los campos agrícolas son directivas orales, que provocan conflictos inter-personales entre los trabajadores agrícolas, pues les prohíben de una u otra forma cualquier acción que ponga en riesgo la producción, lo cual genera tensión al interior de los albergues y campos de trabajo.
Astorga, Enrique, (1985), El mercado de trabajo rural en México: la mercancía humana, México, Editorial Era.
Bartra, Armando, (2000), Crónicas del sur: utopías campesinas en Guerrero, México, Editorial Era. Grammont, H.C.d., (1999), Agricultura de exportación en tiempos de globalización: el caso de las hortalizas, frutas y flores, Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas
de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, México, Universidad Autónoma Chapingo.
Izcara Palacios, S.P. (2010), "Abusos y condiciones de servidumbre relacionados con la implementación de los programas de trabajadores huéspedes (el caso tamaulipeco)", Frontera Norte, vol. 22, núm. 44, pp. 237.
Lara Flores, S. M. (1997), Nuevas experiencias productivas y nuevas formas de organización flexible del trabajo en la agricultura. México, Editorial Juan Pablos.
Morales, N., Gadea, E., Pedreño, A. y C.D. Castro, (2012), "Enclaves globales agrícolas y migraciones de trabajo: convergencias globales y regulaciones transnacionales / Global agriculture enclaves and labor migrations: global convergences and transnational regulations", Política y Sociedad, vol. 49, Núm. 1, pp. 1-13.
Ortega Vélez, M.I., Castañeda Pacheco, P.A. y J. L. Sariego Rodríguez, (2007), Los jornaleros agrícolas, invisibles productores de riqueza: nuevos procesos migratorios en el noroeste de México, México, Editorial Plaza y Valdés.
Paré Quellet, L., (1977), El proletariado agrícola en México: campesinos sin tierra o proletarios agrícolas, México, Editorial Siglo Veintiuno.
Ramírez, A.S. (2014), "Intermediarios laborales en Morelos: abasto de jornaleros agrícolas en el centro y noroeste de México", Estudios Sociales, vol. 22, núm. 43, pp. 137-158.
Sánchez Saldaña, K., (2006). Los capitanes de Tenextepango: un estudio sobre intermediación labora, México, Editorial Porrúa / UAEM
, (2012), "Un enfoque multidimensional sobre los intermediarios laborales en el medio agrícola", Política y Sociedad, vol. 49, núm. 1.
Velasco-Ortiz, L. (2014), "Estudiar la migración indígena. Itinerarios de vida de trabajadores agrícolas en el noroeste mexicano/ Studying indigenous migration. Life itineraries of farm workers in northwest Mexico", Economía, Sociedad y Territorio, vol. 14, núm. 46, pp. 715. Villafuerte Solís, D. y C. García Aguilar, (2006), “Crisis rural y migración en Chiapas”, en
Migración y Desarrollo, primer semestre, pp-102-130.
Villafuerte Solís, D. y C. García Aguilar, (2014), “Tres ciclos migratorios en Chiapas: interno, regional e internacional”, Migración y Desarrollo, primer semestre, núm. 22, pp. 3-37.
Villafuerte Solís, D. y C. García Aguilar, (2015), “Crisis rural, pobreza y hambre en Chiapas”, Revista Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, vol. XIII, núm. 1, enero-junio, pp. 13- 28.
Notas
1 De 2002 a 2004 se reportan las acciones del Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral Interna (SAEMLI) de 2005 y 2006 consideran las acciones de Jornaleros Agrícolas, a partir de 2007 cambia su nomenclatura a Movilidad Laboral Interna (MLI). A partir de 2007 la MLI se compone de los Sectores Agrícola, Industrial y de Servicios. Se incluyen acciones financiadas con presupuesto federal y estatal. El SUMLI operado como un Subprograma forma parte de otros programas de la STPS que transfieren diversos subsidios no solo a los jornaleros agrícolas, sino a los empresarios agrícolas para mejorar comedores, albergues y baños donde viven los jornaleros, incluyen también programas de educación para los hijos de los jornaleros.