Yuliana Quesada Quesada1
Resumen: Este artículo tiene como objetivo exponer los apremios territoriales que han surgido a partir del desarrollo económico vigente, con el fin de identificar las principales territorialidades presentes en las comunidades de Dota- León Cortés-Tarrazú1, que permitan generar un proyecto integral a la economía local, donde la labor del Gobierno Municipal se concilie y busque mecanismos para integrar estas nuevas demandas territoriales dentro de las políticas públicas y visiones oficiales del territorio nacional. En este sentido surgen preguntas simples, pero importantes: ¿Cómo constituyen territorios los actores sociales? ¿Qué territorios se identifican desde lo local?
Palabras clave: Territorio; territorialidad; políticas públicas; gobernanza; desarrollo urbano
Hacia el año 1760 en Inglaterra, en los Estados Unidos post Guerra Civil, en la Alemania del famoso político Bismarck, en el Japón de la restauración Meiji, etcétera, se resalta el inicio del popular despegue del desarrollo, el cual pasó a ser el modelo ideal de los planteamientos económicos, sociales y políticos a nivel internacional. Dos Santos menciona que “La principal
1 Egresada de la Licenciatura en Economía Agrícola, Universidad de Costa Rica, Líneas de investigación: Territorio y territorialidades, Desarrollo local, Sociedad y Cultura, quesadayuliana@gmail.com
característica de toda la literatura que discutimos hasta ahora era, sin embargo, la visión del subdesarrollo como una ausencia de desarrollo” (2002: 4).
Es, por tanto, que lograr el pleno desarrollo y modernización para el resto de países con economías distintas se dificultó debido a los obstáculos que enfrentaron, conociéndose este hecho como “atraso”. No obstante, estas economías iniciaron un proceso de independencia a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya que, hubo una incapacidad por parte del capitalismo en reproducir experiencias exitosas de desarrollo. Sin embargo, no lograron evadir la dependencia económica y política de la economía internacional, por lo que el crecimiento económico parecía no llegar, y por su parte, se acumulaba miseria, analfabetismo y una desastrosa distribución de la renta (Ibíd.).
Estas economías hacían referencia a los países latinoamericanos, que bajo el impacto de la crisis económica mundial iniciada en 1929, se orientaron a la industria representada por la sustitución de productos importados por una producción nacional. Empero Estados Unidos concentraba el capital y expandía su poder al resto de las regiones, con el fin de buscar oportunidades de inversión, sobretodo en la industria. Lo anterior para Dos Santos (2002), abrió camino para entender “el desarrollo y el subdesarrollo como resultado histórico del desarrollo del capitalismo, como un sistema mundial que producía al mismo tiempo desarrollo y subdesarrollo”.
Ante los embates teóricos anteriores, la teoría de la dependencia surgida durante la segunda mitad de la década de los sesentas, representó un esfuerzo crítico para comprender las limitaciones de un desarrollo iniciado en un periodo histórico en que la economía mundial estaba ya dominada por selectos grupos económicos, a pesar de estar en crisis algunas de ellas (Ibíd.: 5).
Es por tanto que, históricamente, las ciencias sociales en Latinoamérica se hallaron en una situación de elevada dependencia respecto a las norteamericanas y europeas; dependencias científicas e ideológicas. Según Ingrosso (1973: 7), esta dependencia tenía, naturalmente, causas históricas remotas y recientes, insertándose en el cuadro más amplio de la «dependencia estructural» de que se resiente todo el subcontinente.
Paralelamente a todas estas tendencias, la penetración del capitalismo en las zonas rurales se va acentuando y a su vez expulsa la población hacia los centros urbanos. Este acontecer de las zonas rurales se convierte en símbolo de marginalidad y exclusión social, que asumen un carácter étnico. Es debido a ello que como decía Dos Santos “el renacimiento de la cuestión indígena y de los movimientos negros bajo nuevas formas, cada vez más radicales, es una expresión de esa
situación” (2002: 11).
Este subdesarrollo fue y es generado por el proceso histórico que genera el desarrollo económico: el desarrollo del capitalismo (Frank, 1966: 148) que anteriormente se hace alusión. Lo cual ha provocado nuevos problemas y nuevas tensiones sociopolíticas que reflejan la crisis general en que se debate el continente.
Dentro de estas tensiones, se acentúa los apremios territoriales, empero, en los últimos años los conflictos entre el Estado y las comunidades rurales han tenido una dimensión territorial distinta a las históricas luchas por la tierra. En el escenario político actual van más allá de la propiedad y muestran un variado y complejo conjunto de demandas territoriales. Entendiéndose la territorialidad como el discurso (narrativa) que tiene una dimensión territorial explícita y evidente para quien los enuncia. Así, cada tipo de territorialidad describe el espacio físico-social que la narrativa propone (Damonte, 2011).
A raíz de la problemática latinoamericana expuesta y según las narrativas territoriales propuestas por Damonte (2011), es que la población rural se ha caracterizado por presentar importantes rezagos con respecto al proceso de desarrollo urbano. Esto puede explicarse a partir de la teoría convencional del desarrollo económico, donde la acumulación del capital priva sobre los objetivos, favoreciendo la acumulación geográfica del capital y el desarrollo económico de las zonas urbanas, excluyendo las zonas rurales (Fani, 2008). En el caso de Costa Rica, de acuerdo a estudios realizados por el Inder (2017), representa la exclusión de 2.868.346 habitantes rurales del desarrollo económico. Esto lo demuestran cifras estadísticas, donde el 67% de la población del país son territorios rurales, ya que, el factor de producción más abundante es la tierra (Ibíd.: 26).
Es, por tanto, que la presente investigación pretende identificar las principales territorialidades locales presentes en las comunidades de Dota-León Cortés-Tarrazú, que permita generar un proyecto integral a la economía local, donde la labor del Gobierno Local se concilie y busque mecanismos para integrar estas nuevas demandas territoriales dentro de las políticas públicas y visiones oficiales del territorio nacional. No obstante, es esencial que el territorio no importe estériles estereotipos de las ciudades que no se corresponden con su realidad económica y que no responden a sus necesidades de políticas de liberación. En este sentido surgen preguntas simples, pero importantes como: ¿Cómo constituyen territorios los actores sociales? ¿Qué territorios se identifican desde lo local?
“Los territorios son tan antiguos como las sociedades”, afirma Damonte (2011). Es, por tanto, que todo grupo social tuvo, ha tenido y tiene un espacio geográfico donde desarrolla las actividades cotidianas y se difunde sus redes sociales. Estos espacios, históricamente, se han visto envueltos en símbolos que transforman los lugares en espacios identificables para sus habitantes, asimismo, son apropiados y delimitados socioeconómica, política y culturalmente, donde a partir de ello, surgen los territorios.
El tema territorial o del territorio ha sido puesto en pugna en los distintos espacios académicos a lo largo de las últimas décadas, debido al tema de regionalización y, por ende, descentralización, dinamizando las cuestiones territoriales presentes en un país, generalmente, ligadas a la problemática del desarrollo y la desigualdad social. Es, por tanto, que estas discusiones han carecido de un enfoque sociocultural que priorice la visión local, donde ha prevalecido la falsa concepción de relacionar el territorio con los territorios nacionales.
Hobsbawm (1998) reafirma lo anterior en su libro Naciones y nacionalismo desde 1780, donde expone que la constitución de los estados-nacionales tuvo un fuerte componente territorial, y, por tanto, las naciones que surgieron que fueron conquistadoras o sometidas, siempre reclamaron un espacio territorial desde el punto de vista geográfico. Por ello, como menciona Damonte “no resulta sorprendente que la idea del territorio nacional único e indivisible fue y es un componente básico de los proyectos nacionales victoriosos” (2011: 11). Cabe aludir que el proceso de apropiación de un territorio siempre ha estado enmarcado en un contexto de dominación sobre los otros, los otros, en este caso, son aquellas economías subdesarrolladas, carentes de poder e independencia, por ello, América Latina posee una presencia de conflictos sociales a lo largo de su historia. No obstante, esas identidades territoriales han persistido desde siempre.
Otro aspecto a considerar, es que la naturaleza se encuentra estrechamente ligada al tema social y su espacio, por ende, es inherente al proceso de reproducción social, el cual enseña los conceptos que han surgido de territorio. Es decir, desde una mirada crítica expuesta por Marx (1986), el territorio es una construcción social realizada de manera consciente por grupos que objetivizan el ámbito natural en el que ocurre su reproducción como sociedad. Por otro lado, Bourdeau (1990), resalta que cada grupo social se nutre de experiencias adquiridas al momento de formular una nueva práctica, realizándola acorde a las posibilidades que le otorga el contexto social
inmediato. Lo cual puede analizarse, que más allá de una experiencia individual, se expone una construcción colectiva, que, además, es consciente y mutable.
A partir de estas aseveraciones, a lo largo de la historia se ha defendido la tierra o el territorio como expresiones semejantes, empero, cuando el valor se concentra en la posesión de la tierra es esta la que hay que defender, mientras que cuando el valor se concentra en los recursos son los territorios los que hay que salvaguardar. Cabe señalar que la tierra en su sentido más estrecho refiere a la propiedad, pero en su sentido más amplio y social se iguala al territorio (Damonte, 2011). Por tanto, ambas conceptualizaciones han estado marcadas por la pugna entre el dominio local del espacio social de reproducción colectivo y el valor que dicho espacio adquiere para las élites políticas regionales o nacionales. Es decir, las poblaciones claudican o resisten para con el sector dominante para resguardar el espacio de reproducción social amenazado. Damonte expone que:
Esta tensión entre los grupos subalternos y la sociedad nacional se refleja en el entramado institucional que se constituye para la gestión de territorios. Es a través de las instituciones que se ejerce el dominio territorial cotidiano, reflejando el balance de poder existente. (2011: 15).
Así las instituciones comunales de las diversas regiones son el producto de siglos de dominio, resistencia y colaboración entre un estado que buscaba controlar a la población indígena y una población indígena que hacía esfuerzos por mantener los espacios institucionales de reproducción social, pero esta resistencia en términos institucionales solo se puede llevar a cabo por medio del desarrollo de representaciones. Es así que Damonte explica que la defensa de la tierra o el territorio implica necesariamente la efectiva representación de las familias campesinas en espacios institucionales (Ibíd.). Esto permite que el contenido político sea relevante a partir del proyecto que se plantee y defienda, así como del discurso político imperante. No obstante, las representaciones territoriales están directamente ligadas a la identidad y políticas de estas poblaciones.
Ante estas discusiones, el desarrollo rural de las comunidades no puede adherirse a discursos meramente agrícolas o ganaderos, como desarrollo, sino que la articulación y
dinamización de los espacios productivos rurales y urbanos es pieza fundamental para la construcción de ruralidad. Para ello, los actores sociales son los encargados de identificar y fortalecer estos espacios productivo-comerciales para contribuir a la reactivación de economías locales. Por ello, para Damonte (2011) la territorialidad es una herramienta para identificar estas relaciones de poder constituyentes de un territorio, por su parte, territorialdidades, que señalan los distintos tipos de territorios presentes, y, territorialismo, que define el control ejercido sobre el territorio.
Por otra parte, se define espacio social, desde los conceptos expuestos por Lefevbre (1991), para el cual:
Todo espacio, desde un salón de clase o un territorio nacional, es un espacio social, el cual es producido por agentes sociales en el contexto de las luchas sociales. Este espacio está compuesto por tres dimensiones interrelacionadas e inherentes a su constitución: el espacio físico, el diseñado y el vivido. Esta definición teórica tiene varias virtudes: enfatiza el carácter práctico y multi-vocálico de espacio, es decir, el espacio puede ser producido y reproducido por más de una “voz” o actor social; reconoce el carácter multi-dimensional del espacio que se compone de espacios superpuestos y reconoce la importancia intrínseca de las luchas sociales en las que se enmarca la producción del espacio. (Citado en Damonte, 2011: 18).
Por su parte, las narrativas territoriales se definen como aquellas que integran discursos y prácticas sociales que poseen una dimensión territorial explícita y evidente, produciendo espacios sociales no delimitados. Asimismo, estas narraciones poseen una memoria colectiva, pero que a su vez son prácticas cotidianas donde se involucran los ritos, es decir, las variables físicas y sociales se entrelazan. Para Damonte (2011) cada tipo de narrativa territorial describe y se inscribe en un espacio físico-social, son descripciones hechas por grupos sociales (a veces a través de individuos), por lo que son narrativas que dan sustento espacial a discursos y prácticas colectivas.
Así es como se retoma que el territorio es una construcción social que se nutre de las narrativas territoriales presentes en los espacios físico-sociales, en donde encuentran apoyo político, cuyo fin es buscar el dominio sobre los espacios determinados. Para esto los territorios se
constituyen sobre la base de las narrativas territoriales, las cuales le otorgan identidad, pero establecen fronteras que señalan su dominio territorial, es decir, se autodeterminan. Lo cual permite entrever que existe un potencial endógeno que posee un espacio social y políticamente construido para generar y reproducir condiciones de crecimiento económico y desarrollo socio-político a partir de la actividad de grupos e instituciones locales que utilizan los recursos naturales y los creados por las actividades de cada sociedad (Magri, Abrahan y Ogues, 2014: 22).
Magri, Abrahan y Ogues en su libro Nuevos desafíos y respuestas de los actores sobre el desarrollo local entienden territorio como “apropiación del espacio que genera un recorte geográfico particular” (2014: 24), sea éste un territorio administrativo, territorio político- institucional, territorio comunidad, territorio económico, territorio geográfico y territorio como hábitat. Dada la importancia en definir cada visión interdisciplinaria del desarrollo territorial, se muestran las abordadas por Magri, Abrahan y Ogues (2014):
Territorio administrativo: Es la entidad jurídica, la proyección sobre un espacio geográfico dado de las estructuras político-administrativas definidas en los ámbitos de poder político- institucional pertinentes. Incluye las disposiciones formales de cómo se organizan, ordenan y gestionan las relaciones humanas en ese espacio, en los ámbitos que las leyes y normativas disponen.
Territorio político-institucional: Es la apropiación del espacio por parte de una estructura de poder que determina en un recorte geográfico dado una organización política de las relaciones humanas. Por un lado, se refiere al ámbito jurídico y político-administrativo, es decir, las reglas de juego formales: la distribución del poder (instituciones), los juegos de poder (la política) y la aplicación del poder (políticas públicas). Por otro lado, supone procesos de gobernabilidad (la capacidad de los organismos públicos de ejercer sus cometidos) y gobernanza (la estructura de relacionamiento con la sociedad en general), con una (o más de una) comunidad o grupos de actores sociales y económicos, con disposición a aceptar la autoridad y la administración de las relaciones sociales por parte de ese poder político (autoridad, autonomía y legitimidad). En la definición de este recorte del espacio son claves tanto los actores locales (que viven y trabajan en el territorio) como los externos.
Territorio comunidad o ambiente simbólico: Desde la perspectiva de una apropiación afectiva del espacio por un grupo humano, el territorio supone un recorte del espacio geográfico
que está dado por las condiciones de identidad y pertenencia de las personas que lo habitan, lo que no siempre coincide con los recortes administrativos. En el sentido original, el territorio es una construcción social, un proceso histórico y de construcción subjetiva y simbólica. Este recorte involucra espacios que pueden ir desde el hábitat social o residencial, que es la escala del espacio más inmediato y de la vida cotidiana o las escalas barrio, municipio, pueblo, ciudad, zona, microrregión, región.
Por comunidad se entiende a las personas en sus diferentes roles y relacionadas entre sí: ciudadanos, trabajadores, empresarios (micro, pymes, grandes), sociedad civil organizada, instituciones públicas y privadas, vecinos y afincados. Serán ejemplo, la comunidad de una ciudad, un barrio, una región, una microrregión, un pueblo, una zona, una localidad.
Territorio económico: Es la apropiación del espacio por parte de procesos económicos que involucran producción y generación de excedente económico. El recorte geográfico de interés es el que se determina por el conjunto de relaciones económicas y sociales que interactúan en forma relevante en dichos procesos. Estos pueden involucrar un territorio económico que contenga uno o varios territorios-comunidad e involucre uno o más territorios político-institucionales.
Territorio geográfico: El concepto de territorio tiene implícita la noción de apropiación del espacio geográfico, es decir, un ámbito espacial donde se ejerce algún tipo de control, sea político, social o económico. Como espacio geográfico supone una materialidad que incluye tanto el patrimonio natural como el social (las estructuras productivas, los asentamientos humanos). Como construcción social es el resultante de la acumulación de formas espaciales que se convierten en nuevas condiciones de producción y reproducción que determinan parcialmente los procesos sociales futuros. Es decir que es resultado y condicionante a la vez.
Territorio como hábitat: Es el sistema resultante de la interacción compleja entre una sociedad y el espacio que habita, producto de la relación histórica y multidimensional entre ese grupo social organizado y una porción de superficie terrestre. El hábitat comprende el entorno espacial modificado o construido por el ser humano, que se encuentra contenido dentro de un sistema productivo, económico, social, ambiental e histórico-cultural, que interactúa con su entorno contiguo (el barrio) y con la ciudad, y que establece una red de relaciones con otros territorios y con otros seres humanos.
A partir de dichas definiciones, es que resulta esencial comprender que para que el territorio
extraiga de sí los elementos políticos y se transforme en un sujeto de su propio desarrollo socioeconómico, se debe analizar desde un sistema de actores que intercambian intereses propios, pero a la vez colectivos, es decir, desde una mirada integral del territorio. Por ende, el desarrollo territorial es un proceso guiado a mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan un territorio específico, desde la noción liberadora, esto incluye la cobertura de necesidades básicas, un crecimiento de las capacidades endógenas y la creación de valor en el propio territorio a partir de las narrativas territoriales. Este desarrollo territorial implica necesariamente la integración de dimensiones sociales, económicas y políticas para poder ser analizado.
Actualmente, el proceso de globalización desafía el concepto de Estado nación moderno y, de esa forma, trastoca todos los niveles del territorio como elemento esencial, siendo necesario transformar estructuras normativas, procedimientos, tipos de relación y comportamientos en los sistemas de incentivos que mueven a los actores. Por ello, desde la mirada institucional, la gobernanza debe permitir el desarrollo de actividades que se adecuen a las narrativas territoriales presentes en el espacio en cuestión, que logren fusionar las necesidades de inversión para generar empleo y alternativas productivas. Por su lado, las poblaciones deben producir bienes y servicios en armonía con sus narrativas, permitiendo un crecimiento económico en equilibrio con los elementos que se han expuesto.
Así para Magri, Abrahan y Ogues (2014), la principal tensión del gobierno local será, entonces, conciliar la antinomia entre mercado y sociedad. Este desafío implica la tarea de conjugar el proceso de crecimiento y desarrollo económico con los objetivos de desarrollo social y humano de la comunidad local, no como etapas consecutivas separadas y ni siquiera como procesos compatibles, sino como dos caras de un mismo proceso, que al mismo tiempo construye sociedad local con el desarrollo de sus fuerzas productivas, tomando en consideración las política públicas y la institucionalidad, con el fin de dar marco a la administración del conflicto y generar las herramientas necesarias para planificar y gestionar un proceso de desarrollo integral del territorio. Es, por tanto, en la combinación de estas tensiones que se reconocen en instituciones y actores, se encuentra la clave de la construcción del desarrollo territorial como un proceso integral,
únicamente abordable en forma interdisciplinaria.
A partir de los embates interdisciplinarios, se plantea una metodología que involucre los distintos enfoques que abordan las narrativas territoriales. Donde se realice un diagnóstico socio productivo del territorio Dota-León Cortés-Tarrazú, con el fin de caracterizar la realidad de la región y sus dimensiones físico-naturales, político-institucionales, socioeconómicos y culturales, siendo estos a escala macro, meso y micro. Por tanto, el desarrollo metodológico se pretende llevar a cabo en tres fases:
Análisis estructural del territorio propuesto,
Diagnóstico socio-productivo
Fase propositiva para la reactivación económica a partir de las narrativas territoriales.
Asimismo, con los resultados obtenidos se construirá un modelo de gestión pública territorial orientado a fortalecer los elementos locales. De este modo, se plantea llevar a cabo una estrategia cualitativa, basada en entrevistas y revisión de documentos, así como un análisis estadístico descriptivo con fuentes secundarias sobre la situación socioeconómica y demográfica de las localidades. Las fuentes secundarias utilizadas serán la Encuesta Continua de Hogares (ECH) y los Censos 2011 y 2014, ambos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En lo referido al trabajo de campo concreto, por un lado, se realizará un análisis de la literatura sobre las localidades y procesamiento de datos secundarios en base a datos de prensa y del INEC, y, por otro, se entrevistará a un conjunto de actores relevantes resentes en el territorio. Además, se realizarán entrevistas a profundidad con los actores más relevantes para el desarrollo de la localidad, a partir de la definición de un listado de referentes de diferentes instituciones y áreas de acción (gubernamental, salud, educación, empresarial, medios de comunicación, organizaciones sociales).
Para ambos relevamientos se construirán pautas de entrevista según tipo de actor, por ejemplo, empresarios, actores políticos, autoridades del gobierno municipal, autoridades educativas y sanitarias, ciudadanos movilizados y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de captar aspectos relevantes en cada caso según los diferentes ámbitos de acción. Además, se realizará un análisis sobre los conflictos más relevantes en torno a problemas territoriales y de regulación de la actividad económica en diversas localidades y territorios.
Finalmente, para el abordaje de las narrativas, se concretarán talleres con las comunidades que conforman el territorio, con el fin de re conceptualizar las narrativas desde la identidad que ha persistido en la historia, para lo cual se utilizará material audiovisual, historias de vida, y narraciones sobre fotografías. Así por medio de la observación participativa se recolectará información valiosa para dar propuestas de reactivación económica local.
El proceso globalizador ha asumido una forma intermediaria en cuanto a la separación del mundo en bloques regionales, con el fin de resistir al libre movimiento de capitales financieros y de las empresas transnacionales. Lo anterior se mencionó a lo largo del presente estudio de avance, y lo cual hace entrever que fue una de las previsiones dadas por la teoría de la dependencia, inclusive la importancia de las integraciones regionales en Latinoamérica como el pasaje más sólido para la unificación regional de todo el continente.
Dos Santos expone que hasta “los propios Estados Unidos se ven obligados a buscar un camino de mayor aproximación hemisférica” (2002: 12). Asimismo, da ejemplos de ello:
El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) muestra las dificultades de esa integración de estructuras tan asimétricas y tan desiguales. La propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) encuentra resistencia en todos lados. La integración bien acontecida del Mercado Común del Sur (Mercosur) reafirma el principio de que es más fácil integrar mercados de niveles semejantes, como los industriales. Sin embargo, la Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) muestra la posibilidad de una complementariedad entre un país central que ocupa la función de un polo de acumulación como Japón y otros periféricos, en que el primero organice su mercado como consumidor de los productos de los mercados próximos, con transferencia de tecnología para garantizar la calidad de sus abastecedores. Estados Unidos estaría dispuesto a generar una política de buena vecindad que integrase las Américas bajo su égida. Si no lo hacen a mediano plazo, tal vez ya encuentre un Brasil consolidado como líder de un desarrollo regional en América del Sur. (Ibíd.).
Estos aportes pueden ser de especial importancia al momento de diseñar políticas de consulta en contexto de transformación territorial. En la medida en que el Estado identifique e incorpore institucionalmente ciertos derechos indígenas en el manejo de los territorios en los que habitan estas poblaciones se podrán evitar conflictos y la posible radicalización de reclamos autonómicos a reclamos secesionistas. En este sentido, el proceso en curso de reconstitución territorial formalizada desde el Estado boliviano pudiera servir de ejemplo. Aquí se le están brindando derechos territoriales a organizaciones indígenas que, sin embargo, responden a una unidad de planificación territorial nacional estatal. El resultado de este proceso está, sin embargo, aún por ser analizado.
Tomando en cuenta que el territorio nacional es un campo dinámico en continua transformación, por las propias especificidades que contiene esta estructura política, que está mostrando inadecuaciones en su interior y en la relación con la región. En especial, inadecuaciones con respecto al nivel subnacional del Estado, compuesto por los gobiernos departamentales y por los nóveles Municipios. Estos están atravesando una serie de transformaciones, producto de la aplicación de nuevos modelos económicos y decisiones políticas que se combinan en acuerdo o en conflicto con respuestas sociales organizadas o no.
Es solo a partir del trabajo cultural reflejado en la revitalización de narrativas territoriales que el proyecto político de restitución territorial ha logrado una base segura para su desarrollo. Estos aportes pueden ser de especial importancia al momento de diseñar políticas de consulta en contexto de transformación territorial. En la medida en que el Estado identifique e incorpore institucionalmente ciertos derechos indígenas en el manejo de los territorios en los que habitan estas poblaciones se podrán evitar conflictos y la posible radicalización de reclamos autonómicos a reclamos secesionistas. En este sentido, el proceso en curso de reconstitución territorial formalizada desde el Estado boliviano pudiera servir de ejemplo. Aquí se le están brindando derechos territoriales a organizaciones indígenas que, sin embargo, responden a una unidad de planificación territorial nacional estatal. El resultado de este proceso está, sin embargo, aún por ser analizado.
En las sociedades latinoamericanas modernas se reconoce enfáticamente el papel de ciertos grupos sociales, que si bien no son nuevos, su importancia se ha hecho evidente sólo en las últimas dos décadas. De ahí surge la necesidad de incluir a las mujeres, a la juventud rural y a los migrantes
como actores esenciales en el diseño de estrategias, políticas e inversiones. Ya que esto es una preocupación de fondo y no a una cuestión de forma o moda (Sepúlveda, 2008: 31).
Finalmente, la presente investigación expone elementos teóricos, ya que el proyecto investigativo continua, donde se incorporará los resultados del trabajo de campo y se abordará desde el análisis territorial, las distintas propuestas para la reactivación de la economía local del territorio Dota-León Cortés-Tarrazú, desde una mirada integral de la sociedad.
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Notas
1 El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), a partir del artículo 9 de la Ley 9036, dividió las seis regiones de Costa Rica en 28 territorios en 2016. Actividad que se realizó con previo consenso de los distintos actores de los territorios y con los Ministerios y autoridades competentes. La elección del territorio Dota-León Cortés-Tarrazú para el estudio de caso, se llevó a cabo debido a las grandes pérdidas de parcelas de las familias de la zona a causa de la Tormenta Tropical Nate, suscitando la necesidad de cuestionar la conformación del territorio y de reactivar la economía local.