Rocío Arroyo Belmonte1
Abstract: The aim of this study is to evaluate background, characteristics and challenges of cultural dimension of mexican foreign policy during Peña Nieto´s government. This paper first gives a brief overview of conceptual links between culture, foreign policy and International Relations. After, it offers historical background, highlighting the achievements and failures from independence to the post-revolutionary period. This paper concludes that Mexico have a high “cultural potential” towards outside because it was constructed together with the state, reaching a splendor in the post-revolutionary period but suffering a lack of continuity
Palabras clave: diplomacia cultural; política exterior; México
torno
a cultura, política
En las teorías dominantes de las Relaciones Internacionales como el realismo político, el
marxismo, el enfoque sistémico, etcétera, tradicionalmente la dimensión cultural de los
fenómenos internacionales ha sido relegada, dándose más
peso
a los factores políticos y
económicos como núcleos explicativos del
poder de
los Estados.
Así mismo, en la política
1 Dra. Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, líneas de investigación: Cultura y Relaciones Internacionales, correo electrónico: rociobelmonte@gmail.com
exterior de los países, los asuntos culturales son tratados por “agregados” dentro de las embajadas, denotando una posición colateral en la agenda nacional.
Los Estados no solo son constructos político-institucionales, sino también narrativas, mitos de origen, pautas de conducta, sistemas de creencias y valores. No debemos olvidar que el origen histórico del Estado, estuvo acompañado por la formación del nacionalismo. En este orden de ideas, puede entonces determinarse que el Estado es, al mismo tiempo, resultado y creador de una dimensión cultural de la política (tanto al interior como al exterior de sus territorios). La dimensión cultural de la política exterior tradicionalmente se asocia con la cooperación internacional, la “neutralidad”, la construcción de la paz, es decir, se circunscribe a las perspectivas teóricas idealistas de las Relaciones Internacionales. Sin embargo, en las últimas fechas los aportes constructivistas y behavioristas al estudio de los procesos internacionales, han resaltado la importancia de la dimensión simbólica de la política y, en esencia, de la construcción y entendimiento del poder. Pues ¿No es acaso la cultura una parte esencial en la determinación de objetivos, en la percepción de la amenaza, en la filiación de aliados y enemigos, en la legitimación de acciones de política exterior?
No hay más que pensar en los ejemplos de las campañas de propaganda a través de los medios de comunicación como un acompañamiento imprescindible de la política exterior estadounidense; los ideales culturalistas en los movimientos de integración panafricanos, panamericanos, panárabes; o los efectos de la impresionante política interior que fue la revolución cultural de China para asegurar la continuidad del comunismo.
Existe entonces corrientes cada vez más fuertes dentro de los estudios de las Relaciones Internacionales, en general, y de la política exterior, en particular, que destacan los vínculos de la dimensión cultural del poder y la política. Y es que la cultura para un Estado no se remite a intercambios artísticos, puede ser también una fuente de ingresos a través de las industrias culturales o el turismo cultural. Igualmente puede permitir el desarrollo de capacidades adaptativas antes problemas sociales o medioambientales. Es además el corazón de las políticas educativas-científicas-tecnológicas, aspectos claves del posicionamiento estratégico de un país.
Cabe aclarar que el concepto de cultura puede llegar a ser muy ambiguo por sus históricas variaciones y su carácter multidimensional. Para este trabajo, retomamos el concepto internacional de cultura trabajado por décadas en el seno de la UNESCO y que dicta que: “la
cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”1
De esta manera, la dimensión cultural de la política exterior de los Estados siempre ha existido, sin embargo, en forma más reciente se ha (re)descubierto su relevancia y se ha intentado teorizar con conceptos como “diplomacia cultural”, “diplomacia pública”, “nueva diplomacia”, “seguridad cultural”, “inteligencia cultural”, “poder blando”, “poder inteligente”. Esto da cuenta de las múltiples variaciones en el análisis de este tema, más de fondo debe asumirse que se trata de “un proceso de interacciones simbólicas”2 que incluye componentes de identidad, creencias, valores, arte, etc. y sus vínculos con las relaciones de poder entre Estados.
La dimensión cultural de la política exterior se centra entonces en aspectos como la interactividad cultural entre Estados y otros actores (sea de cooperación, intercambio o enfrentamiento); uso de estrategias simbólicas de convencimiento y coaptación hacia la agenda nacional de un país sin uso de la violencia material; manejo estratégico de los medios de comunicación al interior y exterior; creación de imágenes y narrativas favorables a los objetivos de un país; gestión intervenida de publicidad y propaganda; cuidado en la imagen y asociaciones que hay en torno a un país en el exterior (nation branding ó marca país); manejo estratégico de las industrias culturales (cine, radio, televisión, música, publicaciones, creaciones artísticas).
Además de lo anterior, la dimensión cultural de la política exterior puede ayudar a un país a mejorar sus niveles de desarrollo porque: 1) es parte de los esfuerzos para reducir la pobreza por su capacidad de ser un sector económico fuerte, innovador, resilente e inclusivo; 2) tiene un potencial y vinculación con la educación para garantizar acceso y contenidos de calidad adaptados a entornos multiculturales; 3) favorece la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres con enfoques culturalmente sensibles para la búsqueda de la igualdad y reducción de la violencia de género; 4) favorece la creación de entornos viables para una urbanización sostenible;
5) puede fomentar las políticas medioambientales de resilencia y aminorar vulnerabilidades al integrar los conocimientos tradicionales y la diversidad cultural; 6) puede mejorar la cohesión social y construir sociedades pacíficas.3
Como veremos a continuación, en algunas etapas de la historia mexicana, se ha echado mano de algunos elementos culturales para fortalecer el proyecto de seguridad interno y externo del Estado, lo cual nos permitirá entender los quiebres y dificultades en la actualidad.
El Estado mexicano, como muchos de los Estados nacionales europeos, buscó hacer de la cultura un instrumento para forjar una identidad nacional, legitimar sus acciones y proyectar hacia el exterior una distinción. Estas motivaciones estuvieron evidentemente vinculadas con los proyectos de política exterior, y sus variaciones, que se fueron conformando a lo largo de la historia del país. Durante este proceso, tenemos “narrativas cambiantes de legitimación en la política cultural del Estado”4.
Por la amplitud del concepto de cultura que ya se mencionaba, en este artículo ponemos especial énfasis en los orígenes de la cultura nacional instrumentalizada por parte de las entidades estatales. En el caso de nuestro país, durante los primeros orígenes del Estado mexicano recién independiente, esta visión de la cultura se enfocó inicialmente en antigüedades, tesoros y reliquias.
Las “antigüedades indianas”5 comenzaron a llamar la atención de extranjeros y a exhibirse
en Museos de Historia Natural en Europa, creándose una idea de México en el exterior. Un ejemplo serían las narraciones e imágenes difundidas por viajeros como el naturalista alemán Alexander von Humboldt o el diplomático y explorador estadounidense John Lloyd Stephens.6 Poco a poco, se revaloran estos tesoros que, poco tiempo atrás, habían sido percibidos como un signo de idolatría e incivilización.
En el México recién independizado, un sector nacionalista influenciado por la Ilustración, intentó reposicionar estos elementos culturales como una vía para demostrar internacionalmente el valor del nuevo país y reforzar, al mismo tiempo, el proyecto de desarrollo estatal. Se buscaba demostrar que el nuevo Estado tenía un pasado, rescribir su historia y fundamentar que las antigüedades mexicanas podían nutrir la formación de una identidad nacional.
Por ejemplo, en este proceso inicial tenemos el interés por bienes culturales que incluían principalmente códices, figuras prehispánicas monumentales (llamadas ídolos o amuletos),
armas, pinturas, manuscritos de misioneros y vestigios de pirámides. Resaltan las figuras de personajes ilustrados como Antonio de León y Gama, Carlos de Sigüenza y Góngora, Francisco Javier Clavijero, José Antonio Alzate, Lorenzo Boturini, y Mariano Veytia.7
Poco tiempo más tarde, cuando México estuvo dividido en diferentes proyectos de nación de la mano de sus fracciones liberales y conservadoras, un punto en común entre ambas corrientes fue el interés por los bienes culturales. A pesar de la inestabilidad del Estado mexicano se mantuvo la intención de “fomentar la relación histórica entre el nacionalismo, los gobiernos establecidos y los monumentos”.8 Algunos intelectuales, especialmente diplomáticos mexicanos, van a implementar acciones fundamentales para dicho fin, resaltan los nombres de Lucas Alamán, Isidro de Caza, Manuel Orozco y Berra, Joaquín García Izcabalceta, Francisco Pimentel, José Fernando Ramírez. Para estos personajes era necesario acumular, exhibir y estudiar críticamente las antigüedades, riquezas naturales y monumentos arqueológicos para construir una historia nacional de México que acompañara su desarrollo interno y prestigio internacional.
Además de esto, comenzaron a forjarse vínculos entre inversiones extranjeras, desarrollo económico y robo de antigüedades. Al realizarse exploraciones para establecer zonas mineras y agrícolas por parte de inversionistas foráneos, se aprovechaba la ocasión para exportar, lícita o ilícitamente, antigüedades halladas en el país hacia Europa o Estados Unidos.
Un ejemplo de lo anterior serían las investigaciones científicas de la Comisión Científica Francesa organizada por Napoleón III. Esta comisión incursionó en México de 1864 a 1867 durante el mandato de Maximiliano y logró una importante acumulación de conocimientos sobre la geografía, botánica y arqueología en el país, a la par de consolidar evidentes intereses económicos y militares de Francia en México.9
A pesar de esto, institucionalmente el Estado mexicano concreta sus primeras acciones para la conservación de bienes culturales con el establecimiento de archivos y museos. Iturbide encarga la creación de un archivo histórico e instaura el Conservatorio de Antigüedades en 1822. En 1825 el Conservatorio sería reabsorbido para crear el Museo Nacional de México por mandato de Guadalupe Victoria. Más tarde Maximiliano de Habsburgo agregaría al Museo Nacional una biblioteca y le dotaría de un edificio propio para convertirlo en el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia en 1866. Desgraciadamente, los constantes cambios de gobierno dificultaron dar continuidad a los proyectos y no solían haber fondos suficientes para sus labores.
En acciones de política exterior en la materia de la época, existieron algunas disposiciones aduaneras vigiladas por el departamento de Relaciones Exteriores para prohibir, bajo pena de decomiso, la “exportación de monumentos y antigüedades mexicanas”.10 En la práctica, no pudo evitarse el gran saqueo de bienes culturales por parte de extranjeros en esta época.
Con el porfiriato se perfilaría una nueva etapa en la construcción de un proyecto de nación en el cual, nuevamente, la cultura ocuparía un puesto central. Algunos intelectuales acompañarían sus estudios desde puestos de gobiernos, articulando la idea de nación, con educación, una relectura de la historia y descubrimientos arqueológicos. Algunos de los personajes más renombrados en este tema fueron: Alfredo Chavero, Francisco del Paso y Troncoso, Juan E. Hernández y Dávalos, Antonio Peñafiel, José Antonio Plancarte y Cecilio Robelo.11
En este momento se comenzó a hablar más de “monumentos arqueológicos” y se privilegió el estudio de las grandes pirámides y viejas ciudades prehispánicas que mostraran el esplendor del pasado mexicano, en lugar de piezas aisladas. Inician las grandes exploraciones en zonas como Teotihuacán, dando origen a la “arqueología oficialista mexicana” y la “institucionalización de la arqueología”12 en México caracterizada por ser patrocinada por el Estado y estar a su servicio.
El porfiriato destacó también por la consolidación de museos. Se dio continuidad al Museo Nacional de México y se aumentó su presupuesto económico. Se reorganizaron los contenidos museográficos y en 1906, por instrucción de Justo Sierra, se dividió al museo en dos: el Museo Nacional de Historia Natural, y el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. Este último se convirtió en el centro nacional de la investigación antropológica e histórica y adquirió un prestigio internacional. La historia del Museo Nacional es un testimonio de los intentos del Estado mexicano por construir una narrativa de su propio pasado y de conciliar sus múltiples (e imaginarios) orígenes.13
Por ende, en este periodo también se fortalecerían los lazos entre el Estado, la cultura y la política exterior. Un acontecimiento que ejemplifica a la perfección este proceso fueron las preparaciones para las fiestas de aniversario del centenario de la independencia de México en 1910 cuando se invitaron a numerosos embajadores a nuestro país. Para recibirlos, se prepararon trabajos de rescate-exhibición en monumentos y zonas arqueológicas en Teotihuacan, Uxmal, Chichen-Itzá, Monte Albán, Xochicalco y Tajín. Porfirio Díaz se hizo valer de monumentos
arqueológicos como un apoyo a su política, buscando la legitimación de su gobierno hacia el exterior.
Dentro de las prioridades de política exterior del periodo porfirista también estuvieron la atracción de inversiones foráneas para la modernización, pero utilizando el argumento de un México con un pasado glorioso. En esta prioridad, los monumentos arqueológicos jugaron también un papel relevante. Se inició un uso estatal de la cultura hacia el exterior que Sonia Lombardo atina excelentemente en apelar, el uso de los monumentos arqueológicos como “embajadores culturales”14 frente a gobiernos extranjeros (una práctica que no ha cesado en la actualidad).
Poco tiempo después, tuvo inicio la revolución mexicana que llevaría a una nueva etapa. Después de la revolución de 1910 fueron creciendo las críticas al proyecto cultural del Porfiriato que miraba solo hacia el exterior. Se propuso una reformulación de la política cultural de México enfocada en asumir la salvaguarda de la “cultura mexicana” como parte prioritaria de las funciones del Estado y como esencia del nacionalismo posrevolucionario.15
Se trató de crear un movimiento cultural nacionalista en manos de un incomparable grupo de pensadores, artistas, activistas que lograron no sólo una reorganización interpretativa de lo nacional, sino llevaron a la práctica muchos de sus postulados al fungir como funcionarios de gobierno. Destaca por ejemplo el llamado grupo de los cuatro grandes del Ateneo de la Juventud, con figuras como José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes.16
En este nuevo proyecto cultural hubo varios postulados que se implementaron, en forma sintética rescatamos: la revaloración del pasado prehispánico a través de los monumentos (el “siglo de oro” de la arqueología mexicana); la integración de una política indigenista; el énfasis en la importancia de la educación integral como vía para el proyecto nacional; la búsqueda de una unidad social a través de la difusión de una lengua y una versión común de la historia del país; la intención de popularizar las manifestaciones artísticas y la experiencia estética a todos los sectores de la población; mantener un pensamiento universalista pero al mismo tiempo reafirmando la particularidad del nacionalismo mexicano; y, fijar en la raza mestiza la raíz de la cultura nacional. Bajo esta lógica era solo a través de la inculcación de valores y construyendo una historia de reconciliación que se lograría una verdadera modernización y desarrollo del país.
Al haber una claridad en el proyecto cultural de Estado, el surgimiento masivo de
instituciones fue un sello consecuente. Se crean en forma puntera la Secretaria de Educación Pública (SEP) en 1921, a la cual le seguirían más tarde el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA ó INBAL) en 1946. Resaltó también la creación de centros educativos en la materia como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) en 1946 y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRyM) surgida en 1966. Además, se dio el “boom” en la creación de museos, por ejemplo, en 1964 el antiguo Museo de Antropología daría lugar a la magna obra del Museo Nacional de Antropología e Historia (MNA) como una de las instituciones más innovadoras en su época y de fama internacional.
Surgen también numerosas leyes en materia de protección de monumentos que se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo, en éstas se consolida el papel central del Estado y se tratan de ampliar el acervo de bienes protegidos, buscando también detener el constante problema del tráfico ilícito de piezas arqueológicas.
Como una extensión del auge de un modelo cultural interno, también se evidenció una etapa muy activa y propositiva de la política exterior mexicana. Puede comprenderse entonces que México hiciera del campo cultural un baluarte a defender y un campo esencial de su actuar, acrecentándose y resaltando la participación mexicana en los foros internacionales relacionados con estos temas. Además de que los intercambios y exhibiciones culturales de México hacia el extranjero consolidaron un tipo de memoria histórica e identificación nacional por parte del Estado, asociado a bienes prehispánicos, riquezas naturales y exotismo.17
En estos tiempos se impulsa en México la firma de acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Monumentos Históricos (conocido como Pacto Roerich) en 1936, el Tratado sobre la Protección de Muebles de Valor Histórico y la Convención para el Fomento de las Relaciones Culturales Interamericanas, ambos en 1939.
Un par de años más tarde se crearía el que sería el máximo organismo internacional en materia cultural: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1945. México participó muy activamente en la conformación de este organismo multilateral y sería uno de los 37 países en aprobarla desde sus inicios. En este proceso fue notable el actuar de sus grandes diplomáticos como Jaime Torres Bodet, Samuel
Ramos, José Gorostiza y Manuel Martínez Báez. Inclusive, la importante Segunda Conferencia General de la UNESCO se llevaría a cabo en la Ciudad de México en noviembre de 1947 y Jaime Torres Bodet sería nombrado director general de este organismo internacional para el período de 1948 a 1952.18
De esta manera, durante la década de los sesenta y los setenta, México en política exterior fue muy activo y propositivo. Todos los esfuerzos se enfocaron en impulsar los acuerdos que emanaron de la UNESCO. También se perfiló en trabajar prioritariamente en la cooperación en materia cultural por lo que surgió dentro de la SEP la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica Internacional en 1971. Se firmaron tratados bilaterales de intercambio cultural y educativo con muy distintos países.19
De igual forma, en todo este periodo se ejerce hacia el exterior la diplomacia cultural para tratar de borrar la imagen negativa que los EE.UU. hicieron de México durante los años de la revolución. Se suelen citar también los ejemplos de los trabajos de la Escuela al Aire Libre, la corriente del muralismo mexicano, la música y danza folclórica que fueron cuidadosamente seleccionadas para ser exhibidas internacionalmente buscando demostrar la modernización de los indígenas en el nuevo México y los “dones artísticos del mexicano”.20
A pesar de estos grandes logros, con el correr de los años, para los inicios de la década de 1980, este proyecto cultural posrevolucionario de Estado comenzó a sufrir crisis y críticas. Lo grandes reclamos son sintetizados por Mercedes Olivera quien denuncia: que la antropología mexicana no genera estudios ni teorías sino estudios técnicos; que la falta de presupuesto estatal propicia solamente obras de “salvamento” (que además son proyectos decididos políticamente); la visión romanticista, paternalista y folclórica de las comunidades indígenas; los trabajos totalmente incomunicados entre las instituciones; su vinculación con intereses políticos y necesidades de legitimación; la falta de planeación; la educación nacionalista que anulaba las diferencias culturales.21
Se opaca desde entonces la claridad de la dimensión cultural de la política del Estado mexicano hacia el interior y el exterior, para dar paso a acciones más difusas que siguen manteniéndose hoy en día.
Con el fin de la Guerra Fría, las crisis económicas, la implementación de políticas neoliberales, la revolución en las tecnologías de la información y demás avatares de la llamada globalización, se ha venido replanteando el papel de la cultura en las acciones de los Estados. Se han privilegiado paulatinamente la rentabilidad económica de los bienes culturales por sobre otro tipo de valoraciones identitarias, nacionalistas y simbólicas. Lorenç Prats afirma que la ecuación “patrimonio-identidad nacional” que había predominado por muchos años se ve desplazada por lo que él denomina el “mercado lúdico-turístico-cultural”.22
Se ha reposicionado prioritariamente el papel de las industrias culturales y creativas, los derechos de propiedad y el turismo cultural en el crecimiento económico de los países, más allá de sus aportes simbólicos al nacionalismo.
También se generaron cambios en la administración de la cultura por parte del Estado donde, al menos en México, se implementó un proceso de restructuración tendiente al adelgazamiento y la descentralización de sus funciones. No es de sorprender entonces, que el tema cultural que había sido asumido como una función exclusiva del Estado mexicano décadas atrás, esté acompañado de una crisis en su capacidad real de injerencia ante el surgimiento de nuevos actores y factores incidentes en la denominada gestión cultural.
En el nuevo proyecto cultural que debe construir el Estado en México, se hacen evidentes los retos de las nuevas demandas de democratización, el cumplimiento de los derechos culturales, la inclusión de la participación ciudadana y el respeto por la diversidad cultural.23
Esto nos sume en una difícil transición que ha generado una especie de quiebre entre los dirigentes que han manejado la política cultural del Estado en las últimas décadas. Por un lado, está la corriente de quienes abogan por la continuidad en la función social, simbólica y nacionalista de la cultura mexicana; mientras que, por otro lado, están los que intentan ver en la cultura un negocio o mercancía generadora de recursos sin importar contenidos, consecuencias e implicaciones. En esta aparente lucha por definir y gestionar el proyecto cultural del país, se oculta un desdibujado proyecto nacional que no atina a puntualizar la participación que la cultura ejercerá en él.
Puntualmente, en la administración de Enrique Peña Nieto, la cultura al exterior del país ha sido un elemento presente desde su campaña electoral y, oficialmente, hoy forma un
componente central en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Como un eje de política exterior se contempla “consolidar el papel constructivo de México en el mundo” y para ello se plantea:
“la difusión de los valores de México en el exterior, a través de una diversidad de ámbitos que van desde las labores tradicionales, como generar información y favorecer la comunicación con distintos interlocutores, hasta realizar esfuerzos en materia de diplomacia cultural y, más ampliamente, de diplomacia pública con base en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.”24
Más puntualmente se contempla: 1) impulsar la imagen de México en el exterior mediante una amplia estrategia de diplomacia pública y cultural; 2) promover que los mexicanos en el exterior contribuyan a la promoción de la imagen de México; 3) emplear la cultura como instrumento para la proyección de México en el mundo, con base en las fortalezas del país; 4) aprovechar los bienes culturales, entre ellos la lengua española y los productos de las industrias creativas, como instrumentos de intercambio diplomático, diálogo y cooperación; 5) impulsar los vínculos de los sectores cultural, científico y educativo mexicano con sus similares en Latinoamérica y otras regiones del mundo.25
Sin embargo, el interés de la administración por definir agendas en materia de diplomacia pública y cultural para mejorar la imagen de México en el exterior, se conecta también con la intención expresa de mejorar flujos de comercio, inversión y turismo. Es decir, con la rentabilidad económica del patrimonio cultural.
Fue también durante la administración de Enrique Peña Nieto que se lanzó una iniciativa tendiente a descentralizar las acciones del Estado mexicano en materia cultural y a vincular la cultura con el turismo, las industrias culturales y la llamada marca país. Así fue que surgió la controvertida Secretaría de Cultura el 18 de diciembre de 2015, la cual asumió todas las atribuciones de difusión y promoción de la cultura que antes pertenecían al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
En esencia, la nueva Secretaría de Cultura se escinde administrativamente por completo de la Secretaría de Educación Pública y se vuelve rectora de los lineamientos de la política
cultural mexicana, dejando en segundo plano al resto de las instituciones culturales heredadas del proyecto cultural posrevolucionario. Así, por ejemplo, supedita al INAH y al INBA como “órganos administrativos desconcentrados” 26, dejando muchas lagunas sobre sus funciones históricas y favoreciendo, según algunos críticos, un acercamiento con el turismo, la privatización y la generación de ingresos económicos.
La Secretaría de Cultura era una necesidad reclamada desde hace varias décadas en el país, no obstante la premura con la que se realizó, la poca participación de la élite intelectual y artística mexicana, las fuertes reticencias de otras dependencias federales, así como los vacíos legales de la nueva institución, hacen pensar que “sólo se trata de un anuncio de carácter administrativo, efectista y mediático que sólo tiene por objetivo plantear una especie de solución pragmática a los problemas más profundos que enfrenta el país”.27
La última gran reforma del gobierno peñista en la materia fue la aprobación de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales recientemente en junio de 2017. Esta ley que se presenta como un marco de “coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural”, en realidad resulta igualmente debatida al promover visiblemente la descentralización estatal y un manejo economicista.
La Ley General de Cultura permite la participación de actores privados, así como de otros niveles de gobierno más allá del plano federal, concretamente entidades federativas y municipios que antes estaban fuera de la gestión cultural. Llama la atención que el marco que busca promover la protección de derechos culturales y garantizar el acceso a la cultura, deje en manos de “prestadores de servicios culturales” (públicos y privados) las políticas a seguir con la simple coordinación de la Secretaría de Cultura.28
Desde mi punto de vista, la nueva Ley General de Cultura, aunque favorable en el discurso general de garantizar acceso a la cultura respetando la diversidad y favoreciendo una diplomacia cultural, tiene algunas inconsistencias e incongruencias. Especialmente preocupante es la estricta reducción de la cultura a un “servicio” o “recurso” económico más allá de su función articuladora del nacionalismo mexicano, lo cual abre peligrosamente el paso a la participación de la iniciativa privada en el delicado sector cultural que por décadas se mantuvo bajo el control central del Estado. Una abrupta apertura del sector cultural a fundaciones, empresas, mecenazgos o, incluso, a los intereses particulares de los gobiernos de las entidades
federales podría favorecer la privatización cultural en lugar de un libre acceso a ella.
Además, otros analistas han criticado en esta ley su premura, la falta de consulta ciudadana, la interposición con otras instituciones federales, su ambigua definición de cultura, la exclusión de los grupos indígenas y su redacción recortada de la versión original, lo cual en conjunto resulta poco provisorio para su éxito.29
Correlativamente con la fluctuación interna, la política cultural de México hacia el exterior ha reproducido acciones vacilantes en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. En un inicio se mantuvo una línea enfocada en la promoción, difusión y publicidad de México en el mundo a través de intercambios culturales, cooperación internacional y exhibiciones artísticas. Sin embargo, la política exterior cultural poco a poco se fue involucrando más visiblemente con la iniciativa privada, esquemas de coinversión y marketing cultural para la promoción de la marca país.
La Secretaría de Relaciones Exteriores al inicio de la administración de Enrique Peña, contó con la gran ventaja de inaugurar los posibles beneficios de la recién aprobada Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 2011 que, a su vez, propició la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en el mismo año.
Por desgracia, ese gran logro en el avance de instaurar en México una política cultural exterior vinculada con la cooperación internacional, no ha dado los frutos esperados. En gran parte, esto se debe a que AMEXCID funciona como un “órgano desconcentrado” de la SRE, creado en forma exprés traslapándose en funciones. Además de que sus operaciones han estado más enfocadas en la promoción del turismo cultural, las industrias culturales y el área comercial, en lugar de la cooperación internacional para el desarrollo, en la cual México ha dejado ser un gran donante para convertirse en receptor. Se suma la falta de presupuesto, poca capacitación de los funcionarios, los trámites burocráticos y la falta de sensibilidad sobre la importancia estratégica de la Agencia.30
Se suma que a la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto le han correspondido tres cancilleres diferentes dificultando la continuidad de las políticas (José Antonio Meade de 2012 a 2015; Claudia Ruiz Massieu de 2015 a 2017; y, Luis Videgaray en lo que va del año 2017). Esta fluctuación se ha reflejado además en la dimensión cultural de la
política exterior, por ejemplo, con los cambiantes representantes de México ante la UNESCO. En tan solo cinco años, el importante rol recayó en dos personas diferentes quienes, además, tuvieron desempeños muy controvertidos por anteponer sus intereses personales sobre los principios de política exterior (Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Roemer Slomianski).
Y aunque han existido esfuerzos por mantener las mismas estrategias de política exterior de México en materia cultural como programas de intercambios culturales, exhibición de arte mexicano en el exterior, promoción de ferias culturales, firma de acuerdos de cooperación, los resultados han sido parcos en comparación con las aspiraciones iniciales expuestas en campaña y en el Plan Nacional de Desarrollo.
El desafío ahora es hacer que la nueva Secretaría de Cultura, la nueva Ley de Cultura y la AEMXID funcionen ante un país tan convulsionado y desgraciadamente cada vez más marcado por la violencia y la corrupción.
Un estudio reciente demostró que prevalece en el exterior la visión paradójica de un México “marginal” por la prevalencia de la desigualdad y los sellos de un Estado fallido, pero al mismo tiempo se le evalúa con un potencial “emergente” en la economía y se le aprecia por el carácter “exótico” en su turismo, patrimonio y arte. A estas visiones se le están insertando cada vez más las imágenes de violencia, violación de derechos humanos y un país dominado por el narcotráfico.31
Por tanto, no será posible una diplomacia cultural efectiva mientras no exista una correspondencia con una política cultural interna inclusiva, consensuada, coherente y, especialmente, sentada en bases legales e institucionales firmes.
México no es una potencia militar ni históricamente se ha valido de la fuerza para hacer prevalecer sus intereses; económicamente es incapaz de rivalizar con las grandes hegemonías mundiales. No obstante, nuestro país posee un enorme potencial cultural que debe ser gestionado estratégicamente en forma conducida y planeada.
Para cerrar, cito solo a manera de ejemplo algunos datos que hablan por sí mismos. México tiene 34 sitios inscritos en la “Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” de la UNESCO (convirtiéndose en el 7º lugar en el mundo y el 1º en América Latina); ha inscrito 9
expresiones culturales en la “Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”; posee 42 “Reservas de la Biósfera”; es el 13º “País Megadiverso” en el planeta según el PNUMA; tiene cerca de 173 zonas arqueológicas abiertas al público y alrededor de 1123 museos; ha distinguido a 111 localidades como “Pueblos Mágicos”; es uno de los principales destinos del “turismo cultural” (13.6 millones de personas visitaron las zonas arqueológicas y 7.3 millones los museos tan solo en el año 2015); tiene registradas cerca de 7408 bibliotecas públicas, 1828 centros y casas de cultura, 174 casas de artesanías, 573 teatros, 1579 radiodifusoras, 817 galerías y 832 auditorios; posee una diversidad étnica y lingüística con cerca de 70 lenguas indígenas; se estima que la cultura contribuyó a cerca del 2.7% del PIB nacional en 2011, siendo un gran mercado en las “industrias culturales” (es el 1º lugar en América Latina en audiencia de cine).32
Puede concluirse de esta forma que México ha intentado por diferentes medios mantener un papel de líder en la dimensión cultural de su política exterior. No obstante, la falta de continuidad, los problemas económicos, las trabas institucionales, las inconsistencias entre principios y acciones, la poca importancia que le otorgan los gobiernos, la falta de visión a largo plazo, el creciente escenario de violencia, dificultan esta labor.
No puede haber éxito en una política cultural hacia el exterior en el país, sino hay una congruencia con el desarrollo interno o si falta un proyecto claro de Estado. De seguirse así, se corre el riesgo de repetir los errores del porfiriato que buscó hacer de la cultura un mero objeto de promoción política al exterior, incapaz de generar identificaciones, apegos y contenidos consensuados sobre la política cultural estatal al interior.
En el periodo posrevolucionario mexicano, nuestro país fue forjando poco a poco una política cultural puntera, a través del acercamiento con los grupos intelectuales, la generación de innovadoras instituciones y legislaciones, aprovechando el contexto internacional, lo cual en conjunto se proyectó en una política exterior activa cimentada en la cooperación cultural. La posibilidad de México para desarrollar una diplomacia cultural, está respaldada en los aciertos y errores de su historia, lo cual debe ser considerado para afrontar su presente y futuro.
En la administración de Enrique Peña Nieto en este tema, a pesar de los intentos por
consolidar una fuerte dimensión cultural de la política exterior a través de la creación de la Secretaría de Cultura y la Ley General de Cultura con miras a construir una buena imagen de México hacia el mundo y favorecer el aprovechamiento económico de las industrias culturales, quedan pendientes los retos del traslape institucional entre los órganos culturales del país, el creciente escenario de violencia que anula cualquier imagen favorable, la falta de inclusión de todos los sectores de la población, la poca designación de recursos al sector cultural y la poca sensibilidad de funcionarios claves ante este proceso.
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Notas
1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. Versión electrónica disponible en http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/, consultada el 26 de septiembre de 2017.
2 Eytan Giboa, “Searching for a Theory of Public Diplomacy”, en Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616, marzo de 2008, p. 56.
3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Diálogos post-2015 sobre cultura y desarrollo. Versión electrónica disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247718s.pdf, consultada el 26 de septiembre de 2017.
4 Tob Miller y George Yúdice. Política Cultural. España, Ed. Gedisa, 2002, introducción.
5 Florescano, Enrique. “La creación del Museo Nacional de Historia”, en Enrique Florescano. El patrimonio nacional de México. México, Ed. CONACULTA/FCE, 1997, volumen 2, p. 149
6 Ferrer Muñoz, Manuel. La imagen del México decimonónico de los visitantes extranjeros: ¿un estado nación o un mosaico plurinacional? México, Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2002, p. 200.
7 Bernal, Ignacio; Historia de la arqueología en México. México, Ed. Porrúa, 1992, pp. 60-61.
8 Litvak, Jaime y Sandra L. López Varela. “El patrimonio arqueológico. Conceptos y usos”, en Enrique Florescano; Op. Cit., p. 186.
9 Schávelzo, Daniel. “La Comisión Científica Francesa a México y el inicio de la arqueología americana”, en Pacarina, Arqueología y Etnografía Americana. Universidad Nacional de Jujuy, Argentina; vol. 3, año III, 2003, p. 316.
10 Cottom, Bolfy. Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción
del marco jurídico federal sobre monumentos en México, siglo XX, México, Ed. Porrúa / H. Cámara de Diputados, LX Legislatura, 2008, p. 89.
11 Florescano, Enrique. “La creación del Museo Nacional de Antropología”, en Enrique Florescano Op. Cit., 1997, p. 158.
12 Litvak, Jaime y Sandra L. López Varela, “El patrimonio arqueológico. Conceptos y usos”, en Enrique
Florescano; Op. Cit., p. 187.
13 Mechthild Rutsch. Entre el campo y el gabinete. Nacionales y extranjeros en la profesionalización de la antropología mexicana, (1877-1920). México, Ed. INAH / UNAM-IIA, 2007, p. 27.
14 Lombardo de Ruiz, Sonia. El pasado prehispánico en la cultura nacional (Memoria hemerográfica, 1877-1911). México, Ed. INAH, Volumen 1, 1994, p. 14.
15 cfr. Azuela de la Cueva, Alicia. Arte y poder. Renacimiento artístico y revolución social, México, 1910-
1945. México, Ed. Colegio de Michoacán / FCE, 2005.
16 Ibargüengoitia, A. “El ateneo de la juventud y sus consecuencias políticas y culturales”, en Revista de Filosofía, Universidad Iberoamericana, México; vol. 27, núm. 79, enero-abril 1994, pp. 150-168.
17 Arciniega Ávila, Hugo. México en los pabellones y las exposiciones internacionales: 1889-1929. México, Ed. INBA, 2010, p. 40.
18 Martínez Palomo, Adolfo. “México en los orígenes de la UNESCO”, en La Crónica de Hoy, México,
miércoles 7 de abril de 2010.
19 De 1950 a 1970 México firmó acuerdos bilaterales de intercambio cultural con: Japón, Israel, Yugoslavia, República Árabe Unida (Egipto), Países Bajos, Bélgica, Italia, República de Corea, Guatemala, Checoslovaquia, Filipinas, Francia, República Dominicana, Austria, Ecuador, Cuba, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Senegal, Irán, India, Perú, Canadá, Gabón, República Federal Alemana, Portugal, Argelia, España, República Popular de China y Colombia.
20 Azuela de la Cueva, Alicia. Op. Cit., p. 18.
21 Warman, Arturo, et al. De eso que llaman Antropología Mexicana. México, Ed. Nuestro Tiempo, 1970, pp. 94-118.
22 Prats, Llorenç. “Concepto y gestión del patrimonio local”, en Cuadernos de Antropología Social, Universidad de Barcelona, núm. 21, 2005, pp. 17-35.
23 Nivón Bolán, Eduardo. La política cultural. Temas, problemas y oportunidades. México, Ed.
CONACULTA, 2006, pp. 132-133.
24 Presidencia de la República. Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2015. Versión electrónica disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465, consultada el 4 de octubre de 2017. 25 Ibídem.
26 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para
crear la Secretaría de Cultura, México, 17 de diciembre de 2015. Versión electrónica disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015, consultada el 4 de octubre de 2017.
27 Cottom, Bolfy. “Propone Peña Nieto creación de Secretaría de Cultural”, en Excélsior¸ Sección Cultura, 3 de septiembre de 2015, en www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/09/03/1043704 consultada el 10 de octubre de 2017.
28 Diario Oficial de la Federación. Ley General de Cultura y Derechos Culturales, México, 19 de junio de 2017. Versión electrónica disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487339&fecha=19/06/2017, consultada el 10 de octubre de 2017.
29 Amador Tello, Judith. “Ley de Cultura: muchos años, mucho ruido, poca satisfacción” en Proceso, 7 de
mayo de 2017, Reportaje especial, p. 14.
30 Prado, Juan Pablo. “La cooperación internacional para el desarrollo de México. Un análisis de sus acciones, institucionalización y percepciones”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, Año LIX, núm. 222, septiembre-diciembre de 2014, pp. 74-75.
31 Dabdoub, Alejandro. “Un país marginal, emergente y exótico: así se ve México en el extranjero”, en El País, España, 25 de octubre de 2016, en
www.internacional.elpais.com/internacional/2016/10/25/mexico/1477365548_282449.html, consultada el 10 de septiembre de 2017.
32 Datos obtenidos de la Secretaría de Cultura, Sistema de Información Cultural. Versión electrónica disponible en: http://sic.conaculta.gob.mx/, consultada el 13 de octubre de 2017.