Magali Lizbeth Sánchez Pineda1
Palabras clave: Resocializar; criminales; recaptura; fuga; motín
Desde el inicio de la vida independiente de México comenzaron a llegar renovadas ideas sobre sistemas carcelarios que, si bien ya habían sido emprendidas en Estados Unidos y Europa desde el siglo XVIII, hasta un siglo después arribaron al país, apoyadas en una evidente influencia ilustrada. Tanto en la capital como en los estados se comenzó a buscar la forma de construir inmuebles dedicados exclusivamente a la custodia y regeneración de los individuos infractores. En Michoacán, estas nuevas formas de control civil y castigo comenzaron a plantearse a mediados del
1 Maestra en Historia de México, Instituto de Investigaciones Históricas/Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Historia de la sexualidad, historia de las mujeres, historia de género e historia social del crimen. mag_lizbeth@hotmail.com
siglo XIX, siendo autorizada la creación de un nuevo recinto penitenciario por el Congreso del Estado a finales de 1848.
Propuestas como el Sistema Penitenciario Celular Pensilvánico o Filadélfico, el Panóptico de Jeremías Bentham y el Sistema Auburn,1 fueron tomadas como modelo para reajustar el sistema de control penal que, unido a los derechos de los mexicanos, que se redactaron cuando se estableció la primera República Federal en 1824, se dio paso a una renovación en el discurso de castigo. Estas ideas fueron estipuladas por una Constitución que marcó las bases de la nueva organización del país mediante una especie de pacto entre las regiones geográficas, con la idea de evitar una posible fragmentación; a su vez, esto dio acomodo a los intereses regionales y territoriales que habían surgido años atrás.
La Constitución que se planteó en 1824 poseía elementos de la cultura virreinal, de modo que la primera organización política del país adquirió un carácter híbrido. Un elemento destacable fue la percepción de la libertad, que por formar parte de los derechos naturales se propuso como uno de los derechos del hombre y se consideró desde ese momento como inviolable, superior y anterior al Estado, e igual para todos. En Michoacán, la influencia de estos cambios en el sistema penitenciario dio paso a mutaciones notables, mientras que la Constitución Política del Estado de Michoacán del 17 de julio de 1825 planteó como principal sustento los derechos comunes basados en la libertad de hablar, escribir y hacer cuanto se quisiera, siempre y cuando no se ofendiera a otro; también se habló del derecho a la propiedad, a la seguridad y a la obligación de ser iguales ante la ley, sin más distinciones que las establecidas por la misma. (Michoacán y sus constituciones, 1968: 12-13)
Se expuso que el único aparato administrativo facultado para aplicar la ley eran los tribunales civiles, pero no podían ejercer más funciones que juzgar y vigilar que se ejecutara lo juzgado; quedó prohibido interpretar las leyes o suspender su ejecución y se aclaró que ningún habitante de la entidad podía ser preso sin que se presentase la información sumaria del hecho. También se estableció que cualquier persona podía arrestar al delincuente infraganti, pero sólo tenía la facultad de llevarlo ante la ley. Para poner preso al infractor, la Constitución de 1825 estipuló que se debía contar con una orden de prisión con el motivo de aprehensión, firmada por la autoridad competente y del completo conocimiento del reo. De no seguirse estos pasos, el inculpado no podía ser considerado preso, sino solamente detenido.
Fue importante en ese momento dejar en claro que ningún detenido por indicios sería recluido por más de 70 horas, durante las cuales permanecería aislado hasta ser liberado por falta de pruebas o enviado a la cárcel pública o penitenciaría, momento en que ya pasaría a ser preso. En este último caso no podría permanecer incomunicado por más de seis días. Entre las modificaciones al sistema judicial que fueron plasmadas en este documento constitucional, destacan: a) hacer pública toda causa criminal una vez obtenida la confesión del preso, medida que sirvió para evitar la condena a dos penas por un mismo delito; b) prohibir los azotes, aun por vía de corrección, y la vergüenza de exponer al delincuente al escarnio público; c) impedir la perpetuación del presidio o reclusión, que sólo duraría ocho años; d) dividir las cárceles en galeras para detenidos, incomunicados y presos; y e) procurar que estos espacios sirvieran para la seguridad y no para la mortificación de los reos. (Michoacán y sus constituciones, 1968: 33-38)
Esta última modificación, que planteaba penitenciarías y cárceles como espacios únicamente para la seguridad del reo y no para su mortificación, resulta interesante, ya que esta era una idea adoptada de las Siete Partidas, perdurando e influyendo en los reglamentos carcelarios y en la misma institución penitenciaria en el siglo XIX. A Pesar de que durante los primeros 50 años del siglo XIX, no se contó con un tipo de gobierno fijo en el país, los cambios en materia penal se dieron paulatinamente y tanto la vida cotidiana como la administración de justicia formaron parte de la misma realidad política. (Cárdenas, 2007: 14) No obstante, debido a la variedad de planes para gobernar, los Congresos locales debieron apoyarse en las leyes de libertad, cuyo objetivo era hacer posible el libre desenvolvimiento de los miembros de la sociedad. (García, 1972: 16)
La Penitenciaría del Estado de Michoacán, fue autorizada el 24 de diciembre de 1848, bajo una propuesta del Congreso Constitucional del Estado y el gobernador Melchor Ocampo, respondiendo a una de sus prioridades: contener el desorden y la inseguridad que se había propagado y evidenciado con la proliferación de delitos contra la propiedad y los bienes, siendo desde ese momento el remedio a la descomposición social. Su promesa contempló la creación de un edificio capaz solucionar y corregir a todo aquel que trasgrediera el orden social. Decretaron que la nueva construcción de “una penitenciaría para el castigo y corrección de los reos” (Coromina, Tomo X, 1886: 25) fuera en la capital del estado. Dicho ofrecimiento fue el reflejo de uno de los momentos
más importantes durante este periodo, pues denotó la transformación de la penitencia en sanción penal propiamente dicha, defendiendo en parte, su principal finalidad: la corrección del criminal. (Melossi, 2005: 22)
La nueva penitenciaría, formó parte de la idea de consolidar Estado como una unidad social, organizada política y jurídicamente. La cual debió contar, con un gobierno que ejerciera el poder de mando a través del control cotidiano en todas sus formas y manifestaciones. (García, 2010: 16) El Congreso buscó con el nuevo penal, crear un lugar para “quienes se hayan puesto ó en lo sucesivo se pusieren á disposición del Gobierno en virtud de sentencia que cause ejecutoria; y también para castigo y custodia de los demás que deban estar en la cárcel de la misma capital” (Coromina, Tomo X, 1886: 25-26) Cuyo objetivo principal fue la sanción y el castigo ejemplar para evitar las reincidencias del trasgresor.
Se buscó reforzar el estado de derecho mediante la pena en modalidad de prevención general, instrumento de control social para garantizar el sometimiento y crear las bases de una estructura legal. Para el caso de la Penitenciaría de Michoacán, se consideraron las ideas científicas que veían al delincuente como un ser diferente y anormal, (García, 2010: 17) así que el Congreso determinó mantener la prisión como única forma de castigo que a la vez reeducara al interno, mediante “ejercicios industriales, útiles y productivos que les proporcionase el hábito al trabajo y un arbitrio de subsistencia para lo sucesivo”. (Coromina, Tomo X, 1886: 26)
Para construir la penitenciaría el Congreso estatal impuso “una contribución de un dos por millar anual sobre el valor de las fincas rústicas y urbanas del Estado por solo el tiempo que dure la construcción de la obra”. (Coromina, Tomo VIII, 1886: 26) Empero, en enero de 1849 se comenzó a cobrar bajo reglas anteriores, que estipulaban tres al millar;2 (Mendoza, 1968: 36) como no era suficiente, el Congreso también autorizó “el uno y medio por ciento de todo lo que en efectivo se pague á los empleados del Estado”, “el diez por ciento del contrato de compañía de la renta del Tabaco”, y “el veinticinco por ciento de los ingresos pertenecientes á los fondos municipales de la Capital, y el diez de los foráneos”. (Coromina, Tomo VIII, 1886: 27) Además de ello, se contó con la participación de los reos en la construcción de obra pública, bajo la propuesta de reducir sus condenas, formándose:
Un fondo [producto líquido de manufactura] para la habilitación de los reos sentenciados,
a quienes se entregará cuando cumplan sus respectivas condenas, distribuyéndola con proporcion al tiempo que cada uno haya cooperado con su personal trabajo y conforme a la calidad de éste. Tal beneficio se estiende aun á los reos que obtengan su libertad por sentencia absolutoria. (Coromina, Tomo VIII, 1886: 27)
Los conflictos políticos provocaron inestabilidad económica durante los gobiernos provisionales de Juan Alvares e Ignacio Comonfort, de 1855 a 1857, y frenaron la construcción de la penitenciaría, cuya primera piedra había sido puesta en 1851, en un terreno ubicado al oriente de la capital michoacana –frente al Bosque San Pedro–. Por otra parte, un número significativo de personas tendieron a moverse hacia espacios mejor bendecidos por la economía, lo que alarmó a las autoridades porque un gran porcentaje podía adherirse al bandidaje. (Melossi, 2005: 81) La respuesta del Congreso michoacano fue dar “ocupación forzada de un mes [a los desocupados] en obras públicas por primera vez, dos meses por la segunda y cuatro por la tercera y demás reincidencias”. (Coromina, Tomo XI, 1886: 23)
La preocupación de las autoridades por esa situación fue esencial, ya que, lo que se buscaba era incorporar al Estado en los avances que se dieron en el país, y el aumento excesivo de gente, podía llegar a interferir en la correcta aplicación de los progresos modernos. Se vio a los desocupados como un problema que debió de atender la corrección penal, en vista de una mejora social, lo que formó parte de las preocupaciones del Estado, resolviéndolo con la creación nuevos hábitos a los delincuentes que merecieran estar recluidos en la penitenciaría. (Becaria, 2011: 71) Se buscó desde un inicio, un sistema penitenciario renovado, diseño que se desarrolló desde un criterio científico, (Tomás y Valiente, 1969: 95) y que, respecto a la aplicación de la pena, se ofrecieron reformas para la implantación de una nueva forma de castigar y restaurar al individuo trasgresor.
Las obras de la penitenciaría se retomaron cuando Epitacio Huerta fue nombrado comandante general del Estado de Michoacán (1858-1862). Huerta promulgó también una renovada Constitución que regiría administrativamente desde 1858. Sobre el tema judicial, la nueva Carta Magna continuó respetando como inviolables los derechos de seguridad, igualdad ante la ley y propiedad; la completa exclusividad del Poder Judicial para aplicar la ley civil y criminal; la imposibilidad de interpretarla de manera diferente o suspender su ejecución. Entre lo nuevo,
destacó la posibilidad de resolver los delitos leves de manera verbal, mientras que los de mayor gravedad se juzgarían en el modo y los términos designados por las leyes, con la misma certeza de que nadie podía ser detenido ni preso sin pruebas (Michoacán y sus constituciones, 1968: 69-105). Si bien las constituciones de 1825 y de 1858 prohibían que el preso o detenido estuviera incomunicado, en esta última existía dicha posibilidad, siempre y cuando hubiese una orden que así lo expresara. Dicho aislamiento debía durar un tiempo muy preciso y ser decretado por un motivo justo, establecido en la causa de formal prisión. Además, los delitos de responsabilidad pecuniaria fueron objeto de embargo de bienes. Se hizo hincapié en que, por ningún motivo, en el transcurso de las causas, se utilizaran promesas, amenazas o violaciones hacia los reos. Se reiteró que la información de los procesos criminales era pública y a ninguna persona se le tomaría juramento sobre hechos propios al declarar en juicios criminales, sólo se le incitaría a decir la verdad. No debían imponerse dos penas por la misma infracción y esta Constitución sumó dos años a las penas de reclusión y presidio por un solo delito, para un total de diez años al infractor
(Michoacán y sus constituciones, 1968: 105-106).
De 1863 hasta 1867 se volvieron a varar los trabajos de la Penitenciaría, ya que durante el Segundo Imperio se enfrentaron situaciones económicas que obligaron a las autoridades a “reducirse á los empleados para la construcción de una Penitenciaría de esta capital [Morelia] tendrá sólo lugar respecto a los sueldos que escedan de trescientos pesos”. (Coromina, Tomo X, 1886: 40) En Michoacán se veía la urgencia desde 1868 no sólo de poder concluir la construcción penal, sino también de poder alinearse con los avances que tenían ya en ese rubro en otros Estados; por lo cual, se estableció un nuevo impuesto “de medio por ciento de consumo á los efectos extranjeros, destinados á la Penitenciaría” (Coromina, Tomo VIII, 1886: 27) que se unió a los ya impuestos desde 1862.
Imagen 1: Plano General de la Ciudad de Morelia, formado por M. Bala, 1869.
Fuente: Colección particular. Maestra Juana Martínez Villa.
Pese a que los trabajos se retomaron en 1869, para ese mismo año faltaba más de la mitad del edificio, y pese a al esfuerzo del señor gobernador Justo Mendoza quien acopió algún material con el único animo de continuarla, no fue posible. (Coromina, Tomo VIII, 1886: 26) Los cambios en el área de cárceles a nivel nacional continuaron evolucionando, se fijó que dichos espacios debían se tres de tres tipos: “centrales, de distrito y municipales”. Lo anterior se reforzó en 1870, en donde apareció una de las alternativas más trascendentales de solución a los problemas carcelarios: legislar y expedir reglamentos que permitieran un mejor control sobre los inculpados. (García, 1972: 184-185)
La construcción se retomó en 1873 por el gobernador Rafael Carrillo, quien intentó continuar con la colosal obra por algunos años, ya que se estaba atravesando por un periodo revolucionario. (Coromina, Tomo X, 1886: 26) La constante preocupación por la aplicación de un correcto sistema penitenciario continuó y pese a los conflictos políticos, tanto el castigo, la intimidación y la utilidad, fueron los fines que realmente se persiguieron en dichas propuestas, a las cuales se les agregó el correccionalismo. No obstante, uno de los problemas más graves en dichos aspectos, fue que todo se pretendió alcanzar al mismo tiempo, es decir, tanto la
proporcionalidad de la pena, la intimidación y la utilidad social se persiguieron simultáneamente, (Tomás y Valiente, 1969: 358) generando en varias ocasiones que no se lograse concretar ni siquiera una, al menos en los primeros años.
Pese a no estar concluida, la Cárcel Penitenciaria fue inaugurada el 30 de junio de 1877, “formándose de la antigua cárcel de hombres que existía en la calle del Mira al llano y el edificio donde estaba la Alhóndiga, frente á la plaza de San Agustín”. (La Lira michoacana, 1894, Morelia:
131) Bajo el Gobierno Provisional del C. general de División D. Manuel González, en un acto solemne donde el discurso del doctor Ramón Fernández, enfatizó en los principios modernos que proclamaban la regeneración del delincuente e hizo “a esos infelices, una promesa, Trabajo, y una esperanza realizable, Regeneración”.3 (La actualidad. Diario católico, 4 de febrero del 1908: 1) Robusteciendo la idea preocupante del gobierno: la tranquilidad. La nueva institución también significó, la fortaleza del poder político a cargo de responder con exactitud a las necesidades de la población y atacar de manera correcta los problemas de seguridad con castigos correctos y siempre buscando el equilibrio de la ley con aquel que osaba romper la paz de la nación, mostrándose mediante esta inauguración penitenciaria como un Estado progresista.
La llegada de una nueva reestructura en Michoacán se dio con la aparición de Manuel González, cuya función era la reconstrucción administrativa y política del Estado. Quien, apoyado por el general Porfirio Díaz, tuvo como único objetivo conducirse (y conducir al Estado) con apego estricto a la Constitución de 1857 y demás leyes fundamentales del país, así como a brindar libertad en todo y para todos, sin más restricciones que las que la ley demarcaba en cada caso. Desde un inicio, el general González alardeó la época de regeneración política que se estaba dando, incitando a que “todos los michoacanos que amen verdaderamente al país en que vieron la luz primera, me ayuden á conseguir el afianzamiento de la paz, basado en el respecto inviolable á la ley”. (González, 1877: 4)
Una de sus primeras acciones, fue la apertura de la Penitenciaría del Estado, espacio en el cuál se consideró y atendió un triple punto de vista: el higiénico, tecnológico y económico, elementos que serían determinantes para el funcionamiento del presidio, con base en la nueva forma de castigar: el encierro, y con la virtud de generar un doble funcionamiento, el del menos
costo y el de mayor beneficio. Una discusión que fue trazada desde el siglo XVIII y que buscó darle legitimidad al poder de castigar, misma que iría unida a la libertad del individuo. (Anitua, 2013: 30-43)
Pese al tiempo transcurrido desde la llegada de las posturas ilustradas, la realidad distó mucho de lo planteado, pues las visitas previas que dio a las cárceles publicas González, lo había dejado perplejo, ya que había encontrado espacios que no contaban con las condiciones para su objetivo, pues lejos de contener aquel espíritu regenerador del que se hablaba, sólo eran lugares llenos de degradación en degradación, llegando a un extremo inconcebible, pues “la permanencia de los desgraciados reos ó procesados en algunas de estas prisiones, debía hacerles sufrir -en corto tiempo- torturas peores que la misma muerte”. (González, 1877: 8-9) Si bien, existió un reglamento económico para la cárcel de hombre y otro para el de las mujeres, eran textos que contenían disposiciones meramente obligatorias para los empleados de dichos establecimientos, pero no había una disposición legal referente al régimen penitenciario.
A pesar de que el poder de castigar ya no era justificable como un atributo del más fuerte, sino que debió demostrarse como si ello fuera conveniente para la sociedad, (Anitua, 2013: 53) pues desde mediados del siglo XIX la legislación mexicana prohibía las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada o trascendental. (Speackman, 2007: 53) Es verdad que la visita del nuevo gobernador a las cárceles públicas michoacanas evidenció que ni siquiera existía un seguimiento al código fundamental que estaba vigente en el país, pues fue el mismo González quien sostuvo que “en el momento de la visita que hice á dicho establecimiento [refiriéndose a la cárcel publica], dos presos aherrojados con instrumentos de tortura, y al reclamar contra tan abusiva práctica, me contestó por el alcaide, que era aquel un modo de castigar”, (González, 1877: 9) refiriéndose a una práctica que pese a estar prohibida en la constitución no se había dejado de ejercer.
Respecto a la Penitenciaría, el nuevo gobernador provisional, hizo evidente que el edificio, pese a haber sido proyectado por Ocampo, comenzando él su construcción había permanecido in statu quo, pero también anticipó (González) que, una vez terminado este establecimiento, podía rivalizar ventajosamente con los que existían ya como el de Guadalajara y Salamanca. De manera inmediata, se calculó que la conclusión del primer cuerpo podría costar unos:
Diez y ocho ó veinte mil pesos; y podría llevarse a cabo en el término de un año. Pero preciso es confesar que, en el estado casi continuo de nuestras revueltas intestinas, un establecimiento de esta naturaleza -en circunstancias difíciles- no podría ser custodiado convenientemente; y la probable evasión de los criminales sería un constante amago contra la seguridad de los habitantes de Morelia. La cárcel de Belén, en México, no está tan distante del centro de la población como la proyectada Penitenciaría lo está de esta capital; sin embargo, de esta circunstancia, y de que en México se tienen siempre más fuerzas disponibles, conocidas son de todo el mundo las zozobras é inquietudes que ha causado y causará la Cárcel Nacional de Belén, por el simple hecho de estar un poco distante del centro de acción de las autoridades. (González, 1877: 9)
Se planteó retomar las construcción del presidio, ya que este recinto cubría todas las ramas de convivencia social, posicionándose como el lugar de regeneración moral, donde la educación se forjó como necesaria y se vio como un elemento de fuerza vital, porque fomentaría la inteligencia, arrancando al ser humano de la ignorancia, facilitándole los medios para emplearse en la lucha honesta por la vida, brindándole a todo aquel transgresor la condición de darse cuenta de la intensidad y clase del delito cometido, así como la necesidad social de reprimirlo. (Muratgia, 2015: 141)
Era importante la apertura de este espacio penal, ya que se había dictaminado por el presidente Díaz, que mientras el sistema de penitenciarías no sustituyese a los lugares donde se ultrajaba a la humanidad, degradándola y difamando al hombre que:
Entra en ellas acaso inocente ó por un delito y sale de esa abominable universidad del crimen con los conocimientos y las disposiciones necesarias para cometerlos todos, sin haber alcanzado la sociedad ninguna ventaja del encierro y de la ociosidad á que condenó á un hombre por uno ó muchos años en que tuvo que mantenerlo, sin sacar ningún partido, ni en cuanto á su perfección moral, ni en cuanto á su trabajo, ni su inteligencia que nulificó por completo. (Estrada y Zenea, 1878: 140-141)
Desde este punto de vista, se planteó la construcción a la par de escuelas y talleres en todas las prisiones, con la finalidad de eliminar la ignorancia de los internos (característica que los había orillado al crimen) y ahí obtener la ilustración para así poder volver a la sociedad arrepentidos, y a aquellos a los que ya sabían algún oficio, lo continúen practicando y obtengan así cierto ahorro y “á la vez de renumerar al gobierno los gastos que hace por él, se formen un pequeño capital con el que puedan ayudar a su familia mientras dure su encierro”. (Estrada y Zenea, 1878: 140-141)
Una vez inaugurada la Penitenciaría el 30 de junio de 1877, se buscó que este espacio funcionara como el castigo impuesto por la autoridad con el único fin de reprender una conducta incorrecta para la mirada de la autoridad, (Zavala, 2011: 65) y que estaba apoyada ya en la codificación que entró en 1872, pero no como una vía de salvación, sino como una forma de regeneración social. Que no fue extraña, pues la concepción de la delincuencia como el peligro para la seguridad de las personas se filtró tanto en la discusión político-contingente como a nivel de las percepciones sociales y se tradujo en la exigencia a las autoridades a adoptar una postura firme, inflexible e incrementar los medios represivos para detenerla. (Palma, 2011: 7)
Se planteó que espacios de reclusión como este, fueran el lugar en el que la igualdad descansara en el hecho de que todos los delincuentes, independientemente de su condición, debían ser juzgados por los mismos tribunales, bajo leyes iguales y conocidas, considerando el delito cometido y no sus características principales. Se vio entonces a la justicia como aquel elemento que cuidaba la libertad jurídica y los jueces eran quienes la garantizaban, atendiendo todos los pormenores del proceso y cada una de las circunstancias que intervinieron en el acto delictivo, reduciendo su función a simples administradores de sanciones previamente contempladas, finalizando con la reclusión en la cárcel pública o en la penitenciaría, en este último espacio, los delincuentes permanecerían en galeras separadas, dispuestos a regenerarse con las enseñanzas que ahí aprendieran para su futura libertad. (Speackman, 2007: 48-49)
Ya que desde un inicio se estuvo consciente que la obra no estaba concluida por completo, las autoridades michoacanas estuvieron pendientes de los problemas que debían de enfrentar, entre ellos las fugas, pues las autoridades tenían el antecedente de que las cárceles públicas eran estructuralmente débiles.4 Como medida preventiva, el Congreso del Estado autorizó la creación de una Junta de Vigilancia de Cárceles, con la facultad de supervisar y vigilar el funcionamiento de cada espacio moreliano dedicado al resguardo del criminal. (la Cárcel Pública de la Ciudad y la
Penitenciaría del Estado) Esta junta también tuvo como funciones reunir fondos para continuar con las mejoras a la penitenciaría y procurar el bienestar de los internos. Entre las primeras acciones de la junta, después de elegir sus integrantes, destaca la creación de una escuela de primeras letras con un maestro; la aportación de 12 piezas de manta, con la que se hicieron 92 vestidos, compuestos de camisa y calzón; la donación de 17 sábanas; y mejoras en la comida, tanto en cantidad como en calidad. (Periódico Oficial, 1882: 7)
La Penitenciaría continuó trabajando con deficiencias, así que en 1885 el gobernador Mariano Jiménez decidió retomar su construcción material, interrumpida “de mucho tiempo atrás con graves y trascendentales prejuicios para sociedad”. (Gaceta Oficial, Año I, 1885: 1) Consciente de lo significativo que sería para su administración terminar la obra, justificó su disposición sosteniendo que era inútil:
Cualquier demostración respecto de la necesidad palpitante en que este gobierno [encabezado por él] se encuentra la realización de ese pensamiento, obteniendo los fondos precisos siquiera para poner en acción los trabajos paralizados y contar oportunamente con los mayores recursos que sea posible, á fin de que no vuelvan á sufrir interrupción alguna dichos trabajos y, con fundadas esperanzas pueda brindar la halagadera idea de que en el periodo más ó menos largo de tiempo, llegue á verse enteramente concluida una obra monumental de grande honra para el Estado y de inmensa moralidad para sus hijos. (Gaceta Oficial, Año I, 1885: 1)
Es evidente que la conclusión de la penitenciaría iba más allá de sólo contar con un espacio para el castigo. Para el gobernador se trataba de una obra capaz de brindar a quien la terminara el respeto y reconocimiento de los demás, pues era el mejor ejemplo de progreso y modernidad porfirianos. Además, brindaría ventajas a todas las municipalidades del estado, al tener “un espacio seguro y conveniente a donde remitir á los presos rematados,5 y en el que por las condiciones de su organización, volverían á los pueblos de su vecindad completamente regenerados”. (Gaceta Oficial, Año I, 1885: 1)
Que no se concluyera la obra no fue el único problema en la Penitenciaría de Michoacán, la criminalidad en su interior y que albergara tres veces más delincuentes de lo que su capacidad
permitía, comenzaron a hacer eco en la prensa y en la población. (Gaceta Oficial, Año I, 1886: 1) Aunque al inicio era posible controlar la cantidad de reclusos, se sabía que una sobrepoblación podía provocar su derrumbe funcional. Para evitar dicho colapso, la Tesorería del Estado aportó
$14,145 para continuar las obras y finalizar el edificio, (Gaceta Oficial, Año I, 1887: 3) objetivo que no se logró.
Como el penal estuvo planteado para recibir presos rematados de las demás municipalidades, para finales del siglo XIX se dio a conocer que se encontraban 69 individuos procesados por delitos como homicidio y homicidio imprudencial, heridas y heridas por imprudencia, robo y robo con asalto en despoblado, fratricidio, estupro inmaturo, violación frustrada, rapto con violencia, riñas, abigeato, fraude, fuga y fuga con horadación, resistencia y falta a los agentes de la autoridad (Gaceta Oficial, Año VI, 1891: 5). Informe que nos brinda una idea sobre los delitos cometidos por los presos.
Para 1893 el Congreso del Estado proporcionó $26,528 para frenar el deterioro de lo ya construido, (La Libertad, 1893-1904) pues desde el gobierno de Mariano Jiménez no se había tenido un avance evidente en la obra. El licenciado Francisco Pérez Gil, presidente en ese tiempo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se incorporó a una de las visitas regulares que la Junta de Cárceles hizo a la Penitenciaría del Estado, tras lo cual dio varias recomendaciones para “subsanar deterioros producidos por el trascurso del tiempo”. (La Libertad, 1893-1904: 1)
Llegado el gobierno de Aristeo Mercado en 1891, dio inicio una etapa de consolidación para la penitenciaría, ya que se procuró el mejoramiento en todos los ramos de la gestión administrativa. Desde la prensa, Mercado fue visto como un “gobernante progresista” quien buscó finalizar definitivamente el edificio penitenciario, “concluyendo la planta baja, y aprovechando que dicho espacio estuvo situado, inmediato al exuberante bosque de San Pedro, hecho que haría que la prisión disfrutase de notables mejoras higiénicas”. (La Libertad, 1893-1904:1) Las primeras acciones en este sentido consistieron en revisar los planos, observar que los muros tuvieran una altura considerable y continuaran en buen estado.
Se implantaron nuevos espacios para reforzar la parte ocupacional de los presos, como un gabinete de lectura que les diera recreo y “endulzara las horas amargas de prisión, les proporcione el medio de instruirse en las ciencias y las artes que les sean útiles cuando vuelvan al seno de la sociedad, de la que están separados, pero no excluidos”. (Periódico Oficial, 1893: 4) Fue dotado
con periódicos de la capital del país y del estado, y los reos crearon grupos de lectura en su tiempo libre. También se incorporaron clases de música en el mismo espacio de la escuela de primeras letras, con un registro inicial de 40 reos y en un horario de tres a cinco de la tarde. (Periódico Oficial, 1899: 3) Estas actividades artísticas completaban las funciones de recreación y educación del interno, y llegaron a ser tan importantes que después de un tiempo el penal contó con su propia banda. Se implementaron talleres manufactureros como el de elaboración de sombreros de palma, pese a que por momentos hubo escasez de materia prima. El ejercicio de esta industria sirvió como medio de distracción honesta que además brindaba a los reclusos la posibilidad de obtener algunos recursos económicos. (La Libertad, 1893-1904: 1)
Por otra parte, en esta temporalidad la higiene formaba parte destacada del discurso porfiriano dirigido a todos los espacios sociales, entre ellos las penitenciarías. Las autoridades eventualmente enfrentaban problemas epidemiológicos como la aparición de casos de influenza o la propagación de gripe dentro del presidio. Mientras se trataban de solucionar los inconvenientes médicos, se distribuyó entre los presos más necesitados un buen número de piezas de ropa blanca y se pintó el interior de la prisión para darle aseo, higiene y comodidad. (Periódico Oficial, 1896: 2)
El siglo XX trajo algunos conflictos en la Penitenciaría. Paulatinamente aparecieron reportajes sobre las deficiencias en salubridad, seguridad y regeneración de los presos. Uno de los primeros reportes, realizado en enero de 1900 por la prensa nacional, enfatizaba la insalubridad, ya que estaba “inundada por un foco de miasmas pútridos”, (Periódico Oficial, 1900: 2) comentario que llevó a las autoridades y específicamente a don Ángel Carreón, presidente de la penitenciaría, a contestar que:
Pasó á varios departamentos de la cárcel [Penitenciaría] y en la inspección practicada no apareció circunstancia alguna que perturbe las condiciones higiénicas del establecimiento. Por el contrario, el caño que desemboca en la calle bajo la acera del frente de la puerta de entrada, está completamente segado, y no permite, por lo tanto, la salida de gas ni líquido de ninguna clase; todos los derrames van del interior de la cárcel directamente á la cloaca,
por conductos subterráneos. Se colige de lo expuesto que el periódico á que aludimos, a sido mal informado. (Periódico Oficial, 1900: 3)
Notas aclaratorias como ésta comenzaron a ser constantes, dado el interés cada vez mayor de la prensa por observar las instituciones carcelarias en general y esta penitenciaría en particular. Recordemos que se trataba de una magna institución progresista que al concluirse daría una imagen de modernidad a Michoacán, en consonancia con el ideal porfirista. Ante las notas que desacreditaban la “buena higiene” en el presidio, la prensa oficial continuó con reportes mensuales que expresaban que, durante “las visitas practicadas a las cárceles de esta capital [Morelia], no se notó alteración alguna en el estado higiénico y sanitario”. (Periódico Oficial, 1900: 4) Lo curioso es que estos reportes fueron idénticos unos con otros y mes tras mes.
Debido a la intromisión de la prensa, el gobierno tomó el tema de la criminalidad como otro punto importante que alteraba el mundo progresista. Para 1901 se buscó demostrar que la gestión de Aristeo Mercado iba por buen rumbo, con 6,634 enjuiciados y 5,984 trámites en los juzgados de primera instancia y en las dos salas del Supremo Tribunal. De acuerdo con el informe, el homicidio se posicionó en primer lugar en el índice de criminalidad, con un registro de 1,401 individuos, seguido por el delito de heridas, con 1,052 personas; en robo, rapto, fuga y protección de identidad hubo más de 100 involucrados; crímenes como abuso de confianza, violación, ultraje a funcionarios, amagos, abuso de autoridad, fraude y estafa, incendio, adulterio y estupro, falsedad, asonada, agresión, peculado, calumnia, daños en propiedad ajena, violencia física, allanamiento de morada, injurias y falsificación de firma, tuvieron un registro que fue de los 10 a los 79 infractores. (La Libertad, 1893-1904: 1)
Si las autoridades tomaban como referencia los 900,000 habitantes que aproximadamente tenían registrados, esos datos parecían bajos, como alardeaba el gobierno de Mercado. No obstante, recordemos que se trataba solamente de los registros de delitos ya procesados, y no de las problemáticas criminales cotidianas. En cuestión criminal, dicho año se caracterizó porque entre marzo y septiembre se realizó la mayor parte de los delitos mencionados. Mientras el gobierno mostraba que el “control” de la criminalidad en el Estado daba resultados, en la penitenciaría volvían a escasear insumos como la palma, necesarios para las manufacturas de los reos, actividad que les proporcionaba algo de ganancias pues los productos que salían a la venta, “se repartirán
proporcionalmente entre los reclusos más necesitados. Así, las infelices familias de los delincuentes tendrán un auxilio en sus penurias”. (Periódico Oficial, 1903: 3)
La constante presión de la prensa a la administración estatal se hacía cada vez más fuerte, especialmente en cuanto al estado de salubridad en la penitenciaría. Las extensas respuestas de las autoridades se centraban en sostener que “la salubridad en las cárceles era mejor y la mortalidad menor que fuera de ella”, (Periódico Oficial, 1904: 4) y argumentaban al público lector, pero sobre todo a los detractores de esa idea, que:
Al hombre encarcelado se le sujeta á un régimen que redunda en la mejor conservación de su salud. Se le hace acostar temprano y levantar lo mismo con lo que ya se atiende al proverbio inglés que dice: “acostarse temprano y levantarse, hacen al hombre, rico, sabio y sano”. Se le restringe el uso del alcohol y en ocasiones hasta del tabaco, y decimos restringe, porque aunque el primero se prohíbe, siempre se inventan tretas para conseguirlo. Se le obliga al baño frecuente y á la limpieza; se les dan los alimentos con toda puntualidad, se les hace trabajar en espacios bien ventilados y se le somete al médico desde el principio de las enfermedades. Ello es que se han dado casos de hombres enclenques, reducidos á la prisión, que allí se han restablecido y tornados vigorosos. (Periódico Oficial, 1904: 3)
Este discurso oficial fue cuestionado por la prensa, que ya comenzaba a voltear hacia la fragilidad del edificio penal. Abordaban referencias de fugas de reos, que las autoridades combatieron con reportes de reaprehensiones. Para 1906 se publicó la primera respuesta oficial a las críticas del sistema carcelario estatal: se alardeó sobre la captura en Zamora de un homicida que había escapado un año antes, y se ordenó que fuera regresado al edificio penal. (Periódico Oficial, 1906: 3) Pero la continua incorporación de presos, aun cuando el edificio no estaba terminado desató un mayor caos. Para 1907 ingresaron 40 presos más por heridas y lesiones; 110 por homicidio, robo o violaciones; y 54 reos, para mantener la seguridad de las cárceles donde se encontraban. (Informe de Lauro Guzmán, 1909: 130)
Aunque oficialmente las autoridades consideraban que se iba por buen camino en cuestión de criminalidad y seguridad, y que las instituciones encargadas del orden cumplían cabalmente con su función, la prensa discutió sus informes por la cantidad de robos diarios cometidos en la capital
del estado, y ejemplificó con el realizado por “unos malhechores en la casa del Sr. Rafael Villalón, en la calle de la Merced, y que se frustró por la intervención casual del Sr. Florencio Acquart”. (El Centinela, 1902-1909: 3) Se dijo que “la ciudad está alarmada con esos hechos, y espera que la autoridad política, redoblará sus esfuerzos en bien de la seguridad pública”. (El Centinela, 1902- 1909: 3) También, que el número de guardias diurnos y nocturnos con que contaba Morelia era reducido y, opuesto a lo expresado por las autoridades, que la penitenciaría estaba en completo abandono desde varios años. Se pedían mejoras al edificio con el dinero que debía estar en Tesorería desde el gobierno de Mariano Jiménez.
A lo anterior, comenzaron a sumarse actos violentos en el presidio, uno de los más sonados fue el ocurrido un martes de enero por la tarde, cuando:
El soldado Gregorio León, se encontraba de centinela en el interior del establecimiento penitenciario de referencia, cuando se presentó un Cabo con el soldado Epifanio Chávez, que iba a relevar a León en su puesto; después de pasarse la consigna y cuando se disponía a marchar León, se volvió éste violentamente, y sin mediar palabra, disparó un tiro con el Rémington sobre Chávez, la bala le entró por la tetilla y salió por el pulmón del mismo lado, Chávez cayó exámine. Se cree con fundamento que León estaba marihuano y que los efectos de esa infernal yerba fueron los que lo impulsaron a cometer el crimen, que fue visto con las agravantes de alevosía y ventaja. (La Actualidad, 1907: 1)
Cuestionando lo expuesto en las fuentes oficiales –que hacían énfasis en la “buena” vida del delincuente dentro de la Penitenciaría–, se dio a conocer al escrutinio público una carta elaborada por los presos del lugar, fechada el 1º de mayo de 1907:
Muy nuestro señor. Después de saludarlo le manifestamos lo siguiente: hoy, 1º de mayo, se nos ha dado el alimento de la mañana materialmente, peor que en los días anteriores. Con trabajo y por necesidad lo habíamos aceptado siempre, pero hoy nos fue imposible hacerlo. Casi siempre nos vienen los alimentos mal cocidos, y a consecuencia de ello, los más estamos enfermos del estómago. Ya han sucumbido muchos. Suplicamos a usted hablar de esto en su periódico para que el gobierno lo sepa y lo remedie. LA PRISIÓN. (La
Actualidad, 1907: 2)
A partir de entonces encontramos quejas sobre vestido, alimento y falta de seguridad en la penitenciaría, que marcan un notable declive desde ese año. Meses más tarde sucedió la primera fuga “masiva”. El 17 de agosto de 1907, a las 3:45 de la tarde, 14 criminales se evadieron, “sin llevar a cabo horadaciones ni escalamientos; esto es sin emplear la astucia ni la sagacidad, sino á viva fuerza, á mano armada y arriesgando el todo por el todo”. (La Actualidad, 1907: 5) Aprovecharon la salida de recipientes de comida, se armaron con cuchillos, tranchetes y puñales, corrieron hacia afuera, agredieron a los encargados de las puertas de acceso y causaron gran alboroto en las calles. Se logró recapturar a tres de ellos al instante, y después a otros cinco.
Entre los delincuentes que escaparon se encontraba un fratricida y “terrible asesino de la Hacienda de Guadalupe” llamado Salazar, mismo que junto con otro criminal resultó muerto por las autoridades en su intento de captura. Los cuerpos fueron recogidos y llevados a la penitenciaría, donde se mostró “el cuerpo inanimado del difunto Salazar a los heridos, y a los reaprehendidos” y el señor alcaide D. Juan Ponce, les dijo que “aquel cuadro tan imponente era el resultado del desorden y terminó exhortándolos á conducirse bien”. (La Actualidad, 1907: 5) Como reconocimiento, el teniente que participó en la persecución de Salazar fue ascendido a cabo.
Ese año las autoridades continuaron con la recaptura de delincuentes como Remigio Cervin, localizado en San Miguel del Monte gracias a declaraciones de dos de sus compañeros de huida. (La Actualidad, 1907: 5) Las reaprehensiones fueron cada vez más constantes, agosto resultó muy agitado en la penitenciaría y, por ende, en las planas de la prensa. Para el día 19 se capturaron cuatro delincuentes originarios de Uruapan, Puruándiro, Chiquimitío y Morelia, todos con sentencia por homicidio. Seis días después fueron detenidos y devueltos a la penitenciaría cinco delincuentes más: tres originarios de Uruapan, uno de Zinapécuaro y el otro de Morelia; el primero de ellos, detenido por homicidio; el segundo por robo con violencia y heridas; el tercero por asesinato; el cuarto por rapto y violación de una doncella, así como por asesinato. (La Actualidad, 1907: 5) La violencia y las fugas se incrementaron y al parecer, a las autoridades penitenciarias sólo les quedaba la recaptura.
Al año siguiente, el gobernador Aristeo Mercado visitó la penitenciaría. Se realizó un acto solemne que contó con una orquesta formada por presos que desfilaron en formación de dos
mientras un gran número de reclusos permanecía en guardia. La máxima autoridad estatal visitó el taller de zapatería y conversó con algunos hombres que ahí se encontraban; entró a la galería número 1 y al segundo patio en la planta baja, y pasó al departamento de lavaderos y baños. En la pared del fondo de la escalera se había colocado un letrero en que se leía: “La moralidad y la subordinación, constituyen el orden y la tranquilidad de este recinto”.
Mercado, con su comitiva, recorrió los demás departamentos hasta llegar a la escuela, donde fue recibido por un “¡viva!”. Ahí escuchó la lectura de algunos reos. Después arribó al taller de sastrería, donde se leía en la pared “El crimen envilece y el trabajo ennoblece” (La Actualidad, 1908: 1). Incluso retirado el gobernador seguían escuchándose gritos de “¡viva el gobernador!,
¡viva la justicia!”. Desde luego que este acto estuvo marcado por elementos protocolarios, pues don Aristeo Mercado, más que indagar sobre los problemas que mencionaba la prensa, había ido a inaugurar las mejoras realizadas, llevando consigo la Banda del Estado, puros, cigarros y uniformes nuevos para los internos. Esta visita inició la culminación del edificio, si bien no al cien por ciento, sí muy cerca de su término. Naturalmente, se tenía conciencia de las deficiencias del edificio, pues se declaró que:
Ya no es la cárcel penitenciaria el antro sucio, maloliente, de paredes destartaladas, de muros mugrosos, donde el criminal iba á compurgar el delito sin contar con el recirso del contraste entre el bien y el mal; entre el ocio que nada produce, que no sean males, y el trabajo, la actividad, el aseo, el orden y la moral, que son capaces de una regeneración completa, en almas no muy pervertidas, y de atenuar los vicios de los criminales natos. (Periódico Oficial, 1909: 2)
Las deficiencias penitenciarias no fueron características de Michoacán, desde principios de 1909 ya se advertían los defectos en el sistema carcelario del país y en las penitenciarías de mayor fama, como la Escobedo de Guadalajara o la de Salamanca en Guanajuato, donde “se ven cosas que no son para contadas [contarlas], pues, aunque los edificios son magníficos y bien dispuestos, no están siempre bien administrados”. (La Actualidad, 1909: 2) Las críticas de la prensa comenzaron a dirigirse hacia la función principal de los espacios penitenciarios, al recalcar que:
No es únicamente el castigo del delito, sino la regeneración moral del delincuente y que si bien éste tiene que sufrir la merecida privación de su libertad; no debe ser sujeto á penas infamantes ni duras, sino ser conducido por los senderos del trabajo honrado y de la enseñanza á la modificación total de la conducta. (La Actualidad, 1909: 3).
Es evidente lo lejos que se estuvo de contar con un correcto sistema penitenciario, aquel prometido desde los primeros años de la vida independiente del siglo XIX y que comenzó a edificarse en la segunda mitad del mismo siglo. Incumpliendo, por lo tanto, las bases regenerativas para lo que fue creado. Los problemas estructurales se hicieron cada vez más evidentes, y la prensa atacó con planas completas para desmentir los discursos oficiales, que sostenían que todo se encontraba en perfecto estado.
En Michoacán se continuó mostrando que no existía “edificio adecuado para una Penitenciaría, cuya necesidad se hace cada vez más notoria y todo el mundo es testigo del abandono en que se tiene la parte pequeña de los muros que proyectó edificar el Gral. Jiménez”. (La Actualidad, 1909: 3) Tampoco había protocolos en materia de seguridad, alimentación y separación de los internos, ya que tanto niños como jóvenes recluidos –incluso por delitos menores– estaban mezclados con internos más peligrosos. Así, “estos pobres seres, salen de allí, en vez de regenerados, pervertidos por el ejemplo y por los malos consejos de sus compañeros, para entregarse después al seno de la sociedad á todo género de vicios”. (La Actualidad, 1909: 3)
Tal parece que las autoridades no pudieron hacer frente a las acusaciones de la prensa ni a los problemas estructurales del edificio. Para 1911 la llegada de diferentes gobernadores interinos fue muestra de la inestabilidad política que se sentía. La salida del gobierno de Porfirio Díaz y la naciente revuelta en buena parte del país no dejaron espacio para otro tipo de necesidades, como la conclusión del edificio penitenciario. Otra visita de las autoridades evidenció carencias en el espacio penal. Las primeras observaciones advirtieron que la alimentación era:
Completamente deficiente, tanto en cantidad como en calidad; el caldo muy delgado; la sopa que es siempre de tallarín, llena de impurezas y muy mal confeccionada; la ración que debe de ser de carne está compuesta de huesos; los frijoles cocidos; el pan frío y duro. (Periódico Oficial, 1911: 3)
Por primera vez las autoridades reconocían las faltas y deficiencias del espacio carcelario, y era evidente que varios insumos se recogían de sobras de establecimientos comerciales. La higiene era tan impropia, que:
Los separos estaban húmedos, obscuros é inhabitables, las galeras demasiado estrechas, la estrechez es tal que a cada hombre le corresponden 5 metros cúbicos de aire insano para respirar, la impureza del aire es notoria, pues al desalojamiento de gases que produce la misma aglomeración, se le deben agregar los que emanan las ropas sucias que visten los presos y las que desprenden de las cubas descubiertas, donde los presos depositan sus deyecciones (Periódico Oficial, 1911: 3).
Además, la mayoría de los presos se encontraban cubiertos por harapos, otros no disponían de mantas, había un número importante de enfermos por tuberculosis y generalmente no se contaba con atención médica en la Penitenciaría (Periódico Oficial, 1911: 3). Las autoridades buscaron algunas formas de remediar estas deficiencias, sobre todo porque la prisión se ubicaba –ya para ese momento– en el centro de la ciudad, y los problemas higiénicos eran una amenaza para la salubridad pública. Se continuó con la construcción del edificio y, finalmente, en 1912 se concluyó completamente.
Los años que siguieron estuvieron llenos de conflictos políticos y luchas en la mayor parte del país. Nueve gobernadores interinos ocuparon el cargo desde 1911 hasta 1917, (Carmona León, Ma. Teresa, Alicia Badajoz Carrillo, 2003: 12-48) lo que causó en la obra considerada “magna institución progresista” un rezago evidente, un abandono y, por lo tanto, un decaimiento que la llevó a un paupérrimo control de sus internos y una promesa resocializadora sin cumplir.
La llegada de un nuevo gobernador constitucional el 6 de agosto del 1917 frenaría esos cambios políticos. Pascual Ortiz Rubio tomó las riendas políticas de Michoacán, consciente de que no sería fácil enfrentar la crisis económica en que se encontraba el estado, máxime que las fuentes de riqueza y prosperidad habían sido destruidas por las diferentes confrontaciones. (Oikión Solano, Verónica, 1989: 42-43) Con Ortiz Rubio se dio paso a una tercera Constitución, aprobada el 5 de febrero de 1918, que incluyó modificaciones penales como privilegiar el convenio entre personas
involucradas en algún delito-agresión por medio de árbitro o arbitradores; dejar promesas, amenazas o violaciones lejos de procesos penales; y modificar la cantidad de años para las penas privativas de la libertad, que fueron elevadas a treinta años, pero sin exceder este número. (Michoacán y sus constituciones, 1968: 3-25)
Los cambios administrativos a la salida de Ortiz Rubio en 1920 fueron abundantes y los conflictos administrativos y sociales comenzaron a agudizarse, Michoacán se vio inmerso en problemas religiosos, sindicales, agrarios y de estructura política, que afectaron todos los espacios y estructuras establecidas con anterioridad.
Los cambios en el estado, la aparición de nuevos personajes políticos y los conflictos económicos quitaron atención a la penitenciaría, que para los años treinta del siglo XX era más una zona olvidada que al deteriorarse cada día se alejó de ser un lugar para la regeneración del criminal. Pese a la conclusión del edificio hubo una nueva ola de agitación interna. La falta de informes penitenciarios durante varios años pasó factura al gobierno de Gildardo Magaña Cerda, a la vez que aumentó la cantidad de fugas y reaprehensiones, ahora mucho más fuertes y violentas. Las más famosas ocurrieron en 1939 y comenzó un declive sin control que llevó al cierre de las instalaciones para mediados del siglo XX.
La primera ocurrió a principios de año, cuando la dirección del penal estaba a cargo del señor Domingo Rubio, misma que llamó poderosamente la atención de la prensa. Se trató de la fuga de “el Sátiro Carrillo Ruíz”, (El Heraldo de Michoacán, Año I, 1939: 2) quien escapó con otros 15 hombres. Dicho criminal, preso por delitos de violación, estupro y otros, se evadió por la parte posterior de la penitenciaría empleando un cinturón como cuerda para saltar la barda. Este hecho evidenció más la fragilidad del espacio, pues –según la prensa– era “una galera que se destina a los reos correccionales, siendo por lo mismo lugar sin mucha vigilancia a pesar de contar con dos respiradores que tiene rejas de hierro”. (El Heraldo de Michoacán, Año I, 1939: 2)
Otro caso fue el de Francisco Jiménez, conocido carterista y ladrón apodado “Bigotes”, con varias entradas al penal ya que “operaba generalmente en los templos donde desvalija a las señoras, preferentemente de sus bolsos de mano, así como a las imágenes a las que arranca los milagros que los fieles les colocan”. (El Heraldo de Michoacán, Año II, 1939: 2) Su recaptura mostró la
deficiencia en la administración de justicia, pues siempre escapaba del presidio y volvía a cometer delitos, generalmente en la calle Valladolid, donde amenazaba a los comerciantes y realizaba sus robos. La detención del “Huesitos” José Madrigal también llamó la atención. Su récord de entradas al penal, del que se evadía fácilmente, lo caracterizaba. Fue detenido un domingo en el Mercado Valladolid, donde solía robar ropa y prendas, y llevado de nuevo a la penitenciaría. (El Heraldo de Michoacán, Año II, 1939: 2)
Con el transcurso de los meses empeoraron las cosas, para el 17 de diciembre de 1939 “estalló un grave motín, encabezado por el peligroso criminal Isidoro García Negrete, que hace tiempo como es de dominio público, dio muerte al Diputado Pedro S. Talavera”. (El Heraldo de Michoacán, Año II, 1939: 1) Todo inició cuando varios internos encabezados por García Negrete se amotinaron frente a las rejas de la prisión y molestó al personal policiaco, que pidió refuerzos para contenerlo. No pasó mucho tiempo para que este grupo continuara las agitaciones en el penal, la última se dio por la prohibición de entrada de marihuana. Este motín también fue guiado por Isidoro García, quien pretendía imponer su voluntad e incentivaba a los demás internos para que se quejaran por los atropellos y problemas a que estaban expuestos. Sin embargo, según las autoridades, lo que en realidad pasó fue que:
El malestar que existe entre los presos se debe principalmente a que la Dirección, obrando con toda energía, ha logrado que “el paraíso verde” de que venía disfrutando a sus anchas los reclusos viciosos quede menguado, impidiendo que la marihuana penetre al penal. (El Heraldo de Michoacán, Año II, 1939: 1)
El conflicto comenzó a tomar tintes políticos porque los reos enviaron oficios para exhibir los maltratos a que eran sometidos en la penitenciaría, información que llegó hasta la Cámara de Diputados, la cual debió enfrentar estas demandas. El problema generado por este motín fue tal, que la solución inmediata por parte del gobierno fue el cambio de director de la ya conocida para esos años como “La peni del estado”. Con esta modificación se estableció momentáneamente la paz y se remediaron varias agitaciones en el presidio. Dejó el cargo de director el señor Amador Rubio y llegó don José Abarca Pérez. Esta tranquilidad no duraría mucho, pues al año siguiente hubo un nuevo motín, cuando un sábado por la tarde escaparon cuatro peligrosos delincuentes, lo
que generó gran alarma en el vecindario del Bosque Cuauhtémoc, (El Heraldo de Michoacán, Año II, 1939: 5) para esa fecha ya convertido en espacio habitacional. Poco después los fugitivos fueron perseguidos, capturados y devueltos al presidio.
La situación de inestabilidad en la penitenciaría no paró, con el paso de los meses fueron más frecuentes las riñas internas y las fugas se hicieron más evidentes, sobre todo por la enorme movilidad y el pánico desatados entre los habitantes de la colonia aledaña. Aunado a ello, la débil higiene del espacio contribuyó a que las autoridades tomaran decisiones al respecto. La prensa no dio tregua al mostrar la insalubridad en la penitenciaría, ya que los reos no contaban con atención médica, carecían de un espacio adecuado para el botiquín y para curaciones; no había piletas para el aseo personal y el drenaje cada vez era más deficiente, por lo que el encharcamiento de las aguas se convirtió en un peligro más. (El Heraldo de Michoacán, Año II, 1939: 6) Aun cuando los internos pudieron conseguir medicinas y médicos, el espacio penitenciario era deficiente, pues ni siquiera podía brindar los elementos básicos de seguridad, higiene y regeneración, de modo que llegó a un evidente colapso en 1940.
La primer Penitenciaría del Estado de Michoacán fue un proyecto que se planteó en el siglo XIX como un espacio para contener aquellas actividades delictivas que rompieran el orden social, y en el que se plasmaron técnicas meticulosas de control y disciplina, así como métodos para la rehabilitación total y la futura reinserción del individuo (interno) a su sociedad, para cumplir con decencia sus actividades cotidianas. Pero, ¿fue efectivo el primer centro penitenciario del estado? Por lo expuesto en este trabajo se considera que no, su incapacidad de castigar, corregir y resociabilizar al infractor, que, al no preverse situaciones como sobrepoblación, insalubridad, violencia y corrupción, así como conflictos políticos, problemas a los que se enfrentó el sistema penal de este estado llevándolo a una inevitable desaparición.
Donde la distancia que existió entre el discurso y los hechos, alejó los objetivos que se habían planteado para la penitenciaría. Ya que, desde un inicio, su edificación se vio entorpecida por diferentes factores políticos, administrativos y económicos que influyeron directamente en su funcionamiento, y que hicieron que este espacio de reclusión fracasara totalmente. La deficiente edificación y la mala organización interna generaron un ambiente propicio para reincidencias,
fugas, asesinatos, sobrepoblación, circulación de droga, motines, falta de salubridad y seguridad, lo cual, aunado a una mala ubicación geográfica, fueron aspectos que le llevaron directamente a su decadencia, a perder el respeto de la población y a ser objeto del escrutinio de la prensa, misma que mes con mes publicó reportes que evidenciaron lo lejos que estuvo la penitenciaría de aquella promesa resocializadora porfirista. Pese a que las diferentes autoridades estatales estuvieron conscientes de los problemas estructurales del espacio, no dejaron de sostener que se tenía un “control” total del presidio, convirtiéndose en una lucha de reportes entre la prensa que cuestionaba su funcionamiento y los textos oficiales que alardearon los avances en el edificio.
Pese a la importancia con la se visualizó a la primer Penitenciaría del Estado como el lugar donde comenzaron a plantearse y llevarse a cabo diferentes mecanismos para reincorporar a los delincuentes –una vez cumplida su condena– a su sociedad, la realidad es que se vio rebasada por las carencias y deficiencias que la caracterizaron, hecho que llevó a este edificio a dejar de funcionar en 1958, año en que las autoridades decidieron demolerlo, sepultando su existencia ante la sociedad moreliana y michoacana.
Publicaciones periódicas:
El Centinela. Semanario de política y variedades, 1902-1907.
El Heraldo de Michoacán. Diario gráfico de la mañana, Año I, 1939. El Heraldo de Michoacán. Diario gráfico de la mañana, Año II, 1939.
Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Año I, 1885. Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Año IV, 1891. La Actualidad. Diario de la mañana. Verdad y justicia, 1907.
La Actualidad. Diario de la mañana. Verdad y justicia, 1908. La Actualidad. Diario de la mañana. Verdad y justicia, 1909. La lira michoacana, 1894.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1880. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1882. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1893. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1896.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1899. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1900. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1903. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1904. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1906. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1909. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, 1911.
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Coromina, Amador, 1886, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el Estado de Michoacán, Tomo X, Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango.
Coromina, Amador, 1886, Recopilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares expedidas en el Estado de Michoacán, Tomo XI, Morelia, Imprenta de los hijos de I. Arango.
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Notas
1 El Sistema Penitenciario Celular Pensilvánico o Filadélfico tenía raíces religiosas, se apoyaba en la clasificación, disciplina y aislamiento total del delincuente, así como en la constante meditación, oración y silencio. El Panóptico de Bentham creaba un espacio con visibilidad total de los internos, inspección constante y reglas de funcionamiento basadas en la dulzura, la economía y la severidad. El Auburn fue un sistema mixto, de trabajo durante el día y aislamiento por la noche, que mantenía a los internos en disciplina y silencio.
2 Como dato estadístico, el promedio del valor de la propiedad urbana en Morelia era de 3.185,833 pesos, excluyendo aquellas casas que no pagaban contribución.
3 Subrayado en el original.
4 Uno de los casos más sonados que pusieron en alerta a las autoridades fue un intento de escape en la antigua cárcel de la ciudad, en 1877: los presos arrancaron en esa ocasión las losas de la puerta de un calabozo, fracturando la puerta que conectaba con el segundo patio, rompieron sillas para hacer una especie de escalera con los barrotes y subieron a la azotea. Sin embargo, un oficial de la tropa del Estado los sorprendió y dio aviso al prefecto, quien dispuso la separación de todos los involucrados (Periódico Oficial, 1880: 4).
5 La expresión “preso rematado” hace referencia a los presos con sentencia.