Fabrizio Filippo Lorusso1
Palabras clave: derechos humanos; movimientos de dolor y búsqueda; desaparecidos; violencia; historia oral.
En la última década el problema de la desaparición de personas en México se ha proyectado en la arena mediática internacional, particularmente tras la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa la noche del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, la cual ha despertado reacciones y solidaridad a nivel global. En el momento en que se redacta este texto, el llamado caso Iguala-Ayotzinapa no ha sido cerrado, no ha habido
1 Doctor en Estudios Latinoamericanos, Depto. de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Iberoamericana León, Línea de investigación: Derechos Humanos, Movimientos Sociales y Neoliberalismo, fabrizio.lorusso@iberoleon.mx / fabriziolorusso@hotmail.com.
sentencias o procesos judiciales en contra de los 130 detenidos hasta la fecha, la “verdad histórica”, así denominada y presentada en enero de 2015 por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ha sido criticada y, poco a poco, desmantelada por científicos, periodistas y expertos internacionales y, no sólo a partir de estos acontecimientos sino por la situación estructural del país, la comunidad internacional ha visto con creciente preocupación el deterioro de la situación de los derechos humanos en México (Alto Comisionado Derechos Humanos de la ONU, 2015).
La noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero, por la policía local en colusión con organizaciones criminales; en los eventos participaron otras ramas del aparato de seguridad mexicano que actuaron o presenciaron los hechos, incluyendo la policía estatal y la policía federal, así como elementos del ejército. Seis personas fueron asesinadas —incluyendo tres estudiantes—, cuarenta resultaron heridas y 43 estudiantes fueron desaparecidos forzadamente. El paradero de esos estudiantes sigue sin ser aclarado y su estatus de “desaparecidos” persiste hasta hoy. El Estado mexicano, en lugar de resolver este crimen emblemático, le ha fallado a las víctimas y al resto de la sociedad mexicana, al construir una narrativa inconsistente y fraudulenta de los acontecimientos de esa noche. (Forensic Architecture, 2017)
En 2017 la cifra acumulada en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) alcanzó su nivel máximo histórico, ya que existen 34,660 personas cuyo paradero se desconoce: 1,147 casos son de competencia del fuero federal (investigados por la PGR) y 33,513 son del fuero común. Estas cifras han ido en aumento desde hace más de una década. Pese a ello, no se dictaron sentencias por desaparición forzada entre 2006 y 2016 y la primera, condenatoria, es del 12/02/2017 (Rodríguez, 2017). La violencia en general ha repuntado y el 2017 fue el año peor de la historia reciente, dado que los homicidios dolosos fueron más de 28,000 (una tasa de más de 20 cada 100,000 habitantes) (Huffington Post, 2017), alcanzando la cifra de más de 200,000 desde 2007, es decir en los seis años de gobierno de Felipe
Calderón, iniciados de la estrategia de militarización de la guerra a las drogas, y en los primeros cinco de Enrique Peña Nieto, continuador de esta estrategia.
Según la investigación de la revista Proceso, titulada “El país de los desaparecidos” (Campa, 2016), el RNPED representa tan solo una aproximación a la problemática, ya que muchos casos conocidos públicamente no aparecen en ella: por ejemplo, no están los datos de ocho cazadores originarios de León, Guanajuato, quienes el 4 de diciembre de 2010 fueron detenidos por policías municipales cuando viajaban en una camioneta hacia la sierra de Zacatecas para practicar la caza deportiva. En la localidad del rancho El Plateado, municipio de Joaquín Amaro, Zacatecas, fueron secuestrados y entregados horas más tarde "a miembros de un grupo de la delincuencia organizada, quienes vestían de negro, con pasamontañas y armas largas", como refiere la recomendación 42/2014 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 24 de septiembre del 2014 (Recomendación de la CNDH, 2014). Además, estas bases de datos no detallan cuáles y cuántos son los casos considerados como simplemente “extraviados”, o bien, como “desaparecidos”, ni indican si una persona no es localizada a raíz de una ausencia voluntaria (por ejemplo debido a problemas familiares, domésticos o migratorios dentro o fuera del país) o involuntaria y, dentro de ésta categoría, si se trata de alguna forma de privación ilegal de su libertad por parte del crimen organizado o de agentes del Estado, la cual se configuraría como una “desaparición forzada”. Lo mismo llegó a confirmar el informe de los defensores de derechos humanos del Centro Fray juan de Larios, quienes concluyeron que en México hay “demasiados registros desvinculados y parciales de personas desaparecidas que no son compatibles ni mutuamente excluyentes entre sí” (CDDHFJL, 2017, p. 69), no hay información fidedigna y suficiente para mejorar las políticas públicas nacionales en este tema, la búsqueda y localización de personas y un castigo sistemático de los delitos para bajar la impunidad. El Centro, fundado por el obispo de Saltillo Raúl Vera en 2004, ha sido un punto de referencia en la defensa de los derechos humanos a nivel nacional y ha sido fundamental en apoyar la lucha de los familiares de desaparecidos.
Sábado 19 de diciembre de 2009, faltaban cinco días para Navidad y otros cuantos para el Año Nuevo. En la sala de prensa de la Diócesis de Saltillo un grupo de personas denunciaron la desaparición de 21 de sus familiares. Era la primera vez que se hablaba de
esta problemática en el estado. Esa mañana decembrina los periódicos daban cuenta del recrudecimiento de la violencia en Coahuila. El propio gobernador Humberto Moreira Valdés temía que se incrementaran las ejecuciones, así lo exponían titulares de los diarios de mayor circulación en la entidad. Mientras tanto, en la oficina del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, los familiares de los desaparecidos exponían una de las consecuencias más graves de la llamada guerra contra el narcotráfico: la desaparición de personas. Sentados en una mesa rectangular colocada frente a las sillas, puestas para los integrantes de la prensa, los familiares de las personas desaparecidas sostenían fotografías. (Durón, 2017)
Así empieza la crónica periodística sobre la reunión que, a la postre, representó el momento fundacional en Saltillo del colectivo Fuundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), que fue el primer grupo de activistas en busca de desaparecidos de la época de guerra al narcotráfico, y luego se convertiría en Fuundec-Fundem, al sustituir Coahuila con México (la letra C con la M en el acrónimo) y extender, así, su lucha y alcance. Dos años después, irrumpió en la escena pública el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que logró aglutinar muchas luchas en el país, incluyendo la de los familiares de desaparecidos. En 2011, este movimiento logró una visibilidad global muy importante, al vincularse con muchas organizaciones en el exterior y al dar voz a las víctimas de la “narcoguerra” o “guerra a las drogas”, a saber, la estrategia de combate militarizado al narcotráfico lanzada el 11 de diciembre del 2006 por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (Bataillon, 2015). Un imponente movimiento social se organizó en torno a la figura del poeta, novelista y periodista Javier Sicilia, cuyo hijo Juan Francisco había sido asesinado por miembros del crimen organizado, presuntamente de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva, el 27 de marzo de 2011 en Cuernavaca, Morelos. El MPJD consiguió visibilidad, presencia masiva en las calles del país y pudo influir en la agenda legislativa, impulsando en 2012 y 2013 la iniciativa por una Ley de Víctimas ante el Congreso y el Ejecutivo y, en los años siguientes, las propuestas para su mejoramiento (CNN, 2013). Mientras seguía imparable la escalada en los índices delictivos en el país, especialmente de la tasa de homicidios cada cien mil habitantes, la cual se había casi triplicado entre 2007 y 2011
(INEGI, 2011), una parte consistente de la sociedad mexicana, atrapada en el discurso político dominante y en el terror suscitado por la retórica belicista oficial y la escalada de la guerra, así como la mayoría de los medios de comunicación, habían experimentado la normalización del miedo y la violencia, justificándolos de alguna manera, aunque se estaba desgarrando el tejido social en extensos territorios y numerosas comunidades del país; sin embargo, desde 2011 distintos sectores sociales, ya no sólo las víctimas del conflicto, pudieron unir fuerzas y levantaron la voz, al identificarse con el reclamo del poeta: “¡Estamos hasta la madre!”.
Los familiares de decenas de miles de asesinados, desplazados, deportados, migrantes y desaparecidos, que habían sido definidos por el entonces titular de la SEDENA como “daños colaterales” de la guerra a las drogas (Ballinas, 2010), estaban reivindicando el derecho a unirse y a pedir que sus seres queridos no fueran llamados “víctimas” o “bajas” y no fueran tachados de “criminales” o de “narcotraficantes” por los medios de comunicación y las autoridades (Redacción Proceso, 2011). Los ataques físicos y las intimidaciones contra varios militantes, el agotamiento natural o fisiológico de los recursos y del fervor inicial, la divisiones internas, así como la elección y relevo presidencial del 2012, contribuyeron a un repliegue gradual del movimiento que, sin embargo, hasta la fecha sigue siendo un interlocutor importante y ha dejado tras de sí una herencia importante de luchas y organizaciones (Ballinas, 2016). Nuevamente, sobre todo después de la noche de Iguala, numerosos movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil se han activado en una oleada de protestas y siguen en su lucha para obtener justicia, verdad, reparación del daño y restitución con vida de los desaparecidos, así como para elaborar críticas y lograr mejoras a la Ley de Víctimas (Org, de la Soc. Civil y Colectivos de Familiares, 2016). También lucharon para empujar la aprobación de una Ley contra la desaparición de personas, misma que fue promulgada en noviembre de 2017. La Ley en Materia de Desaparición de Personas (forzada y por particulares) y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Congreso de la Unión, 2017), prevé responsabilidades y obligaciones para los distintos niveles de gobierno y llega a homologar la legislación vigente en todas las entidades del país, llenando así los importantes huecos legales de muchos estados en la materia. Se establece en el Artículo 27 que:
Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular
que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
Por otro lado, el Art. 34 señala que “incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero”. La misma Ley, reflejando el derecho internacional, establece que se trata de crímenes y violaciones múltiples a los derechos humanos de tipo permanente o continuo que se persiguen de oficio y no tienen prescripción. La práctica criminal de la desaparición de personas en México y, dentro de ésta, la de la desaparición forzada, ha estremecido a la sociedad nacional y a la opinión pública mundial, con el caso de los 43 estudiantes como parteaguas y detonador de otras luchas, movimientos y reivindicaciones, entre las que se encuentra la formación del Comité de búsqueda de personas desaparecidas de “Los otros desaparecidos de Iguala”. La situación social y económica del país, a partir de la presidencia de Felipe Calderón, por lo que atañe a la escalada de la violencia, y desde antes, con referencia al cambio del modelo económico y de desarrollo tras el fin del “desarrollo compartido” y la crisis de 1982, ha motivado el surgimiento de un gran número de protestas y descontentos sociales desde distintos sectores de la población (Bizberg & Zapata, 2010).
También los grupos organizados de familiares de desaparecidos se han multiplicado y hoy, por ejemplo, la red que integra el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, fundada en 2015 y muy activa en la denuncia de las fallas de las autoridades, en la búsqueda de los desaparecidos y en la promoción de la nueva Ley en Materia de Desaparición de Personas, cuenta con más de 70 organizaciones, entre colectivos de familiares y centros de derechos humanos. Dentro de estos son varios los que también se dedican a la búsqueda activa, en vida o terrestre (o sea, en campo o en fosas), de las y los desaparecidos. Los grupos de buscadores se han organizado como actores políticos colectivos, logrando articular imaginarios y discursos que han desafiado los dominantes para mostrar una vía alternativa de conceptualizar e interpretar la realidad. Este aspecto es considerado central por la teoría de los nuevos movimientos sociales (NMS) y también se ha estudiado desde el enfoque del interaccionismo simbólico como elemento
determinante en una movilización, más allá de los recursos materiales disponibles y de una dada estructura de oportunidades políticas (Melucci, 1985) (Touraine, 1981) (Snow & Benford, 1992).
En la definición de Della Porta y Diani (1997, p. 13) los movimientos sociales son “redes de interacciones predominantemente informales, basadas en creencias compartidas y solidaridad, que se movilizan sobre asuntos conflictivos a través de un uso frecuente de distintas formas de protestas” y, con base en ella, estudiosos como Aureliani (2016, p. 68), indican la posibilidad de considerar plenamente como movimientos sociales las acciones emprendidas colectivamente por los integrantes de grupos de familiares que en México se articulan y actúan según patrones de informalidad, solidaridad, identidad colectiva cimentada por la muerte o desaparición de un ser querido, reivindicaciones específicas como la obtención de justicia y el esclarecimiento de la verdad y mediante un reportorio de protesta variado (marchas, presencia mediática, acciones legales, etc…).
Los movimientos de buscadores de desaparecidos en fosas clandestinas, a partir de la experiencia pionera de “Los otros desaparecidos de Iguala” desde noviembre de 2014, han agregado a este reportorio las propias actividades de búsqueda en los cerros o, en ciertos casos, de búsqueda en vida de personas, renunciando parcialmente a las marchas y a las caravanas a lo largo del país. Si por un lado está clara su función de señalamiento de las faltas por parte de las autoridades estatales y, en cierta medida, su intención de suplir a la inercia de las instituciones, más a detalle, se puede afirmar que también cumplen con otras tareas importantes como la asistencia a los familiares-víctimas, la incidencia política, la investigación y el análisis, la comunicación y difusión, la movilización (Aureliani, 2016, p. 75). Coincido con este planteamiento, aunque vale la pena señalar cómo, en Italia, se dio un debate acerca de la naturaleza de los movimientos sociales de víctimas, especialmente de los que se conocen como o son parte del movimiento antimafia, el cual tiene rasgos peculiares que no completa o fácilmente se enmarca dentro de los esquemas clásicos sobre movimientos sociales. Según Melucci (1982, p. 15), por ejemplo, estos deberían responder a dos condiciones: ser expresión de un conflicto social; y que la acción colectiva provoque una ruptura de los límites de compatibilidad del sistema en que se halla. Al respecto señala Santino (2003):
En realidad el movimiento antimafia más que expresar un conflicto social se centra
prevalente o exclusivamente unos valores (la demanda de verdad y justicia, la legalidad democrática) y hacia el sistema tiene una postura ambivalente. No es de contestación global, antisistémica, sino enfocada, dirigida a expulsar del seno de las instituciones los poderes criminales. De ello se deriva la peculiaridad de la movilización antimafia, que acaba siendo al mismo tiempo pro-sistema y anti-sistema.
Su carácter pro-sistema estribaría del hecho de que no posee una carga subversiva del orden constitucional o del contrato social, al proponer, más bien, su respeto pleno y cabal, mientras que el lado anti-sistema se concreta en la protesta contra un tipo de orden concreto que ha sido diseñado y en el planteamiento de una “cuestión institucional” que se encarna en la demanda de expulsión de los poderes facticos criminales de la esfera estatal (Dalla Chiesa, 1983,
p. 58) y en el señalamiento de las mediaciones habidas entre criminales y Estado, de los equilibrios alcanzados en el ámbito de la así llamada “mafia invisible” (Santino, 2003).
La investigación que resumo para esta ponencia estudia las razones y los procesos por los cuales un movimiento social de víctimas de desaparición logró formarse, articular acciones y demandas y organizarse a lo largo del tiempo en el contexto mexicano anteriormente descrito. Se eligió un caso relevante, el del Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas de “Los otros desaparecidos de Iguala” durante sus primeros meses de vida. El proyecto se enmarca en el campo de la historia del tiempo presente y en la historia oral de los movimientos sociales.
El nacimiento del grupo se gestó a finales de octubre de 2014, después de la desaparición de los 43 normalistas de la escuela “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre en Iguala, en respuesta al hallazgo en diferentes parajes alrededor de Iguala por parte de la PGR, las fuerzas armadas, ciudadanos y miembros de la policía comunitaria UPOEG (unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) de varias fosas clandestinas y restos humanos que no eran de los estudiantes de Ayotzinapa. A partir de las búsquedas que se realizaban, familiares de otras personas desaparecidas y grupos de solidarios empezaron a participar y a compartir sus historias, fueron bautizados por la prensa “los otros desaparecidos de
Iguala”, llegaron a sumar a más de 400 familias que se reunían cada martes en el sótano y en los patios de la iglesia de San Gerardo en Iguala y que, en grupos más reducidos de entre una y tres decenas de personas en promedio, iban cada día y, después, cada semana los domingos a rastrear y escarbar los cerros de la región para buscar los restos de sus desaparecidos (CIDH, 2015, p. 85). En tres años de búsquedas, hasta el mes de noviembre de 2017, el colectivo logró que la Procuraduría General de la República (PGR) levantara 325 denuncias por desapariciones y tomara más de 500 muestras de ADN a familiares de los desaparecidos, además se integró un registro de 960 víctimas directas e indirectas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y hallado restos humanos de un total de 165 personas, siendo unos 30 los cuerpos o restos que las autoridades han podido identificar y restituir a sus familiares (Guerrero, 2017).
Antes, estos casos se desconocían, o bien, primaban el silencio y el miedo ante el peligro de ser víctima de desaparición en un entorno controlado por el hampa y por autoridades coludidas.
Es importante plantear investigaciones en México sobre los movimientos sociales de familiares de víctimas de desaparición, forzada o por particulares, para aportar a las ciencias sociales, especialmente a la historia, a la sociología, a los estudios latinoamericanos y, temáticamente, al estudio multidimensional de la desigualdad, la pobreza, la violencia, la organización social y los derechos humanos. Fuera de la academia urge crear marcos de sentido y de explicación que puedan ser aterrizados a la realidad y al uso de las comunidades de referencia que experimentan los procesos estudiados, por tanto, se prevén varios momentos de retroalimentación con éstas. Este proyecto se concibe como un estudio de historia del tiempo presente (Bédarida, 1998) que tiene por eje los motivos y los procesos de formación de los movimientos sociales, a través de un caso relevante, y permitirá integrar un archivo de fuentes orales para su uso compartido. De acuerdo con la misión de la Universidad Iberoamericana León, plantea, asimismo, el rescate de las voces silenciadas de los excluidos y vulnerables, en el contexto de la guerra al narcotráfico en México, de la globalización y del modelo socioeconómico neoliberal con sus contradicciones y rasgos excluyentes. Se parte de la idea- supuesto de que un desarrollo pleno, sustentable e incluyente no es posible sin el respeto pleno y no sólo formal de los derechos humanos y el empoderamiento de la sociedad civil para la transformación social. La crisis de los derechos humanos en el país se relaciona, entre otros factores, con el modelo de desarrollo vigente, caracterizado por el privatismo, crecientes
desigualdades y violencia estructural, así como con el surgimiento de nuevos movimientos sociales, producto de estas contradicciones y nuevas conflictividades. Para su emersión y comprensión, privilegiando un enfoque interdisciplinar y la perspectiva de la historia del tiempo presente, la investigación en curso, de la que se muestran aquí algunos avances y planteamientos, profundiza en las razones, modalidades y significados de la movilización de los familiares y otros actores ante la desaparición de personas, así como en la utilidad, el alcance y el potencial transformador del repertorio de los derechos humanos en estos procesos y en el caso específico, en el contexto estructural del neoliberalismo (desde la década de 1980) y de la guerra a las drogas en México (desde 2007).
Ante estas premisas, la pregunta central de mi investigación es: ¿Cuáles fueron las razones, individuales y colectivas, por las cuales los fundadores del comité “Los otros desaparecidos de Iguala” crearon este movimiento social? Las preguntas secundarias son: ¿Cómo y a través de cuáles mecanismos pudieron conformar el movimiento? ¿Por cuáles etapas ha pasado? ¿Cómo influyeron los contextos social, económico y político? ¿Qué niveles de involucramiento hubo entre las personas? ¿Cuáles eran sus motivaciones personales?
La investigación se centra en el periodo formativo del comité, entre octubre de 2014 y febrero de 2015, cuando más propiamente se puede hablar de un movimiento social en formación y aún no de una institución (Alberoni, 1984). Esta “institucionalización” acontece, en efecto, en agosto de 2016, cuando se crea una Asociación Civil y se da un relevo, no exento de conflictos, en los liderazgos del grupo, por lo cual en esta fase habría que considerara otras preguntas y marcos teórico-conceptuales parcialmente distintos. A partir de la literatura sobre movilización de recursos, estructura de oportunidades e interaccionismo simbólico, de los trabajos sobre Nuevos Movimientos Sociales y de mis estancias de campo, planteo que existen tres tipos de factores que, en esa peculiar coyuntura histórica, dan cuenta de los motivos que indujeron la formación de un movimiento como “Los otros de Iguala”: coyunturales, estructurales y culturales. Por tanto, como supuesto principal, planteo que se dio una sinergia entre: (a) una coyuntura determinada, en primer lugar, por la desaparición de los normalistas, que proyectó a los habitantes de Iguala en el centro de la arena mediática y política, los puso en contacto entre sí y con activistas y redes externas, lo cual sirvió de “cobijo”; en segundo lugar, por la eficacia de las primeras acciones realizadas, como consecuencia del estado de alerta que obligó a las
autoridades a dar respuestas inmediatas frente a las problemáticas que se iban destapando; en tercer lugar, por la activación y unión de personas (con sus competencias específicas y, de algún manera, complementarias) dedicadas de lleno al movimiento; (b) la persistencia y percepción de los problemas estructurales de una de las regiones más conflictivas y económicamente desfavorecidas del país, que además es un nudo de tráficos lícitos e ilícitos y de explotaciones mineras generadoras de conflictos; (c) la presencia de una tradición de lucha transmitida culturalmente, sobre todo en Guerrero, y la habilidad en la creación de imaginarios y discursos para los participantes del movimiento y el resto de la sociedad (producción simbólica de cosmovisiones y marcos cognitivos que sugieren alternativas y significados compartidos) hacia la denuncia, la búsqueda y exigencia de “verdad y justicia”, la construcción de nuevas identidades. El objetivo general es comprender los motivos (“porqués”), tanto individuales de los actores como colectivos, que llevaron a la creación de un movimiento social de familiares de personas desaparecidas, a través del estudio del caso de “Los otros desaparecidos de Iguala”. Entre los objetivos particulares: Entender los mecanismos y modalidades, junto a su interacción con las motivaciones, individuales y colectivas, que llevaron a la conformación del movimiento de “Los otros desaparecidos”; utilizar los documentos recabados (orales y escritos) para el análisis, la categorización y la interpretación sobre el porqué y el cómo del nacimiento del colectivo; escribir una historia del tiempo presente del periodo formativo de “Los otros desaparecidos de Iguala” y definir etapas, evoluciones y desenlaces del movimiento; crear fuentes históricas fehacientes y archivos orales utilizables por otros investigadores a partir de testimonios y entrevistas en profundidad; aportar conocimiento útil también para otros colectivos respecto de los procesos organizativos y de estructuración de la acción colectiva.
Este proyecto tiene por antecedente, en 2017, una investigación sobre el tema de los colectivos de familiares de desaparecidos en Iguala que culminó con la recolección de unos 30 testimonios en profundidad, material de prensa y documentos de archivos privados de funcionarios públicos y otros informantes. En 2018 se cubrirá la etapa siguiente con: transcripción de todas las entrevistas, realización de unas entrevistas nuevas en Iguala (a familiares) y Cd. de México (a funcionarios de la PGR y de Ong de víctimas que participaron en o fueron testigos de la formación del colectivo “Los otros” de Iguala), el mantenimiento de vínculos con las comunidades visitadas para compartirles resultados y recibir retroalimentación,
la identificación de categorías y elaboración de descripciones con el material recolectado, su interpretación y análisis para la redacción de un informe de investigación. Ya se estableció contacto con los informantes, los cuales están dispuestos a colaborar o seguir colaborando con la investigación y, en 2017, fueron entrevistados todos los principales protagonistas de las fases formativas del comité, es decir, el grupo de fundadores y fundadoras, los familiares que se integraron desde un principio, las autoridades de PGR que estuvieron presentes en los primeros meses y algunos periodistas y defensores de DDHH que también estuvieron acompañando a “Los otros”. La metodología adoptada es principalmente de tipo cualitativo, aunque se hace uso de estadísticas y datos cuantitativos sobre ciertos aspectos de la realidad social, histórica y económica del país y de Guerrero para los marcos contextuales. Se utilizan la historia oral, entendida como método de las ciencias sociales para la construcción de fuentes primarias, y la técnica de la entrevista en profundidad para recolectar testimonios que luego serán analizados e interpretados. Para el análisis, creación de categorías e interpretación del material se plantea el uso de las herramientas elaboradas por la teoría fundamentada.
No hay, a la fecha, monografías dedicadas a “Los otros desaparecidos de Iguala” ni a otros colectivos de familiares creados en los años de la “guerra al narcotráfico” y sólo abundan fuentes periodísticas. Las fuentes hemerográficas y documentales, en este caso, se necesitan para construir el contexto, las líneas temporales y las referencias para la interpretación y el análisis de las fuentes orales generadas por la interacción entre el investigador y los integrantes-fundadores del movimiento. Al tratarse de un estudio de historia del tiempo presente y al no haber mucha documentación escrita sobre las fases formativas del movimiento, se considera necesario el uso preminente de las fuentes orales para la reconstrucción histórica, el rescate de la voz directa de los actores y de sus visiones/percepciones y la sucesiva interpretación. Unas encuestas de tipo cerrado con información demográfica se utilizan para integrar la información básica sobre los informantes, pero se aplican de manera informal, es decir como guía y parte de la misma conversación preliminar a la entrevista profunda. También se ha empezado a integrar un registro fotográfico y una serie de diarios y notas de campo que se van a ampliar y ordenar. Se realizaron 4 estancias de 4-5 días en Iguala y otras localidades de Guerrero, Morelos y la Ciudad de México en 2017 y en 2018 se prevén dos estancias de campo en Iguala y una en la Ciudad de México, de 3/4 días cada una. La selección de entrevistados se basa en estos factores: el narrador tiene que
ser reconocido como uno de los fundadores del movimiento y haber participado en sus actividades desde el principio (octubre 2014-febrero 2015); no es necesario que los informantes sean familiares de víctimas, sino que pueden ser, igualmente, activistas, religiosos, profesionales o ciudadanos comunes que decidieron integrarse desde el inicio; no tienen que haber permanecido en el comité hasta la fecha actual, pero sí por un periodo significativo que les haya permitido identificarse con las demandas y las acciones llevadas a cabo por el grupo. Los informantes firman una carta de cesión de derechos para fines académicos sobre el material generado. Las entrevistas duran entre 60 y 150 minutos y son grabadas en digital (formato WAVE) con micrófono de solapa y grabadora digital Sony. Se van a incorporar a las fuentes los documentos, por lo general privados, que los informantes puedan proveer. Seguirá también la recolección de información a través de periódicos. El análisis por códigos y categorías, con base en la teoría fundamentada, y el descriptivo “denso” acompañarán la interpretación de las fuentes orales y su cruce con las documentales y con los datos cuantitativos para preguntas de investigación y supuestos (Geertz,2003; Morelli & Sangalli,1994). El método comparativo se usará para realizar cruces entre distintos relatos en el mismo núcleo familiar y entre diferentes personas, familias e informantes y para pasar del nivel individual al nivel social en la interpretación del material (García Peñaranda, 2011). La metodología para la transcripción de las entrevistas y su integración en un archivo va a seguir el estándar dictado por el Archivo de la Palabra del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de la Cd. de México. Finalmente, el proyecto cuenta con el apoyo de cuatro estudiantes de la carrera en relaciones Internacionales de la Ibero león, asistentes de investigación, con las siguientes funciones: transcripción de entrevistas; comentarios a las entrevistas; revisión de material hemerográfico y bibliográfico; apoyo en interpretación del material y en la formación de un archivo oral. Con lo cual se van a acercar al proceso de investigación en diferentes fases, incluyendo también la retroalimentación cuando ya se proceda al análisis del material recolectado, organizado y procesado. La Ibero León ha sido la única institución financiadora de los trabajos de investigación, junto a las aportaciones personales del investigador.
En Iguala cuentan que el comandante de la policía mandaba desaparecer a la gente. Después el papá del mismo funcionario público se juntó a las víctimas de desaparición forzada para buscar a su hijo desaparecido. Se volvió víctima a su vez. Una espiral sin fin. Y a todos y todas les une el mismo dolor. Ni siquiera la pérdida, porque un desaparecido no está propiamente “perdido”. Más bien no está. No está en Huitzuco, no está en Mezcala ni en Iguala. No está en una mina de Taxco, en la entrada de la ciudad, de donde en 2010 sacaron a decenas de cuerpos y se dieron cuenta porque toda la zona apestaba. El hedor a muerte no pudo esconderse más y se derramó durante días para señalar que algo terrible había pasado. Y que seguiría sucediendo. Que el retén en la carretera o el cateo sin orden ni permiso podrían ser definitivos y tragarse a las personas como si nada. Un periodista recuerda que su primera vez en los cerros con los buscadores fue espeluznante: había pantaletas de mujeres tiradas a lado de botellas de whiskey en los campamentos de los narcos. Allí las obligaban a excavar su propia fosa antes de ser enterradas. Alguna prenda de ellas quedaba en la superficie como resquicio de la violencia, dejando abierta la puerta al horror de la imaginación.
Relatan que los traficantes establecían sus campamentos todavía muy lejos cuando explotó todo esto, por allí de 2009, a mediados del sexenio de la narcoguerra de Felipe Calderón, pero después, como gozaban de una impunidad lisa y llana, total e indignante, perdieron el pudor y la humanidad. Se fueron acercando, prendiendo fogatas y torturando a sus rehenes en las cercanías del casco urbano, a pocos metros de las últimas colonias habitadas, de donde se podía percibir, si no es que ver directamente, lo que hacían. Perpetradores trepados en sillas naturales sobre las ramas más fuertes de los arboles miraban desde arriba a lo lejos para detectar movimientos, mientras debajo de ellos las raíces tragaban gotas de sangre y secretos que ahora los restos revelan. Hoy por allí cerca construyeron viviendas y hasta un OXXO.
El silencio. El miedo. Lo perdían los criminales al destrozar vidas y destinos. Y petrificaba a quienes sabían algo de ese infierno. Centenares de fosas alrededor de Iguala quedan como imagen viva de la barbarie. Más de quinientas son las personas que por allí, sin paz, descansan. Antes no se manejaban cifras. Nadie denunciaba, pocos casos llegaban a algún ministerio público. Las amenazas, el estigma social, la colusión narco-estatal, la falta de recursos
y el terror paralizaban a los familiares. La ley garantiza el derecho a denunciar la desaparición de inmediato, pero las autoridades hablan de que tienen que pasar 72 horas. Mentira. Y a veces incluso es ése el tiempo en que los mismos perpetradores envían a algún falso negociador para que, cínicamente, les haga falsas promesas a las familias y les haga perder tiempo precioso. Pero,
¿De dónde agarrar valor o esperanza cuando el jefe de plaza es el comandante de la policía? ¿O su hermano? ¿O cuando es el mismo ministerio público que te lleva a “negociar” en algún local público y a sentarte frente al líder de los traficantes de la ciudad? Relatan que a veces los narcos arrepentidos son quienes dan tips a alguna persona sobre los lugares en que enterraron a sus víctimas. Otras veces es algún pastor, un campesino o un aldeano quien puede indicar para dónde ir a buscar y por dónde, en algún pasado reciente o muy remoto, hubo algún carro, un fuego, una luz o gente marchando. Y así lo comunican, lo susurran o lo escriben en un papelito, para que la gente busque. Y los buscadores, las buscadoras, prometen tan solo ir por lo mínimo, pues ya no buscan ni verdad, ni justicia, sino paz. Conocer el paradero de su ser querido. Prometen no levantar denuncias, qué la justicia se ve como algo muy lejano ya, mientras que para ellos saber en dónde están es lo prioritario, lo eternamente urgente que consume pero mueve.
Hay quien se enoja, justificadamente, si llegamos y llamamos “halcones” a los chavos- espías, pagados de 3000 a 5000 pesos semanales por la delincuencia organizada para estar vigilando accesos, calles, esquinas y terminales de autobuses en la “cuna de la bandera nacional”. “Son pendejos nada más”, precisan, ya que no hay que enaltecerlos con el lenguaje y asemejarlos a un ave tan capaz. “Y ni siquiera les siguen pagando después de unas semanas, y se quedan más pendejos que antes”. Juran que por donde está el asta bandera, símbolo de la ciudad, hay más entierros clandestinos. Allí, pocos metros abajo, las construcciones precarias le han ganado terreno a los arbolitos y al matorral. Llama la atención el nombre de una calle, la polvosa “calle del PRI”, así se llama, desde la cual se han llevado gente. La colonia es El Capire, a mí me lleva un taxista, y a la primera me pregunta si soy un misionero, ya que no hay extranjero que ande por allí ni en toda la ciudad. Después de los 43 de Ayotzinapa, cuentan que poco a poco la gente ha dejado de hablar de “levantados” y ha comenzado a decir “desaparecidos”. “Después de los 43 salimos del rincón”, comentan, “Nos sacudimos el polvo y salimos”, dice el buscador Mario Vergara, quien busca a su hermano Tomás con el apoyo de su hermana Mayra. Se hablaba primero de los normalistas, que no pocos en la ciudad despectivamente todavía llaman
“ayotzinapos”, pero luego también de otros, de “Los Otros Desaparecidos de Iguala”. Sin embargo, aún no todos usan el verbo con sujeto y objeto directo. A un hijo, a una hija, a un marido, a una esposa, a un niño, una niña, los y las desaparecen. Alguien los y las desaparece. No se van solos y no “se desaparecen” como espectros. Ni son simplemente “levantados”. Cada vez más personas pierden el miedo a pronunciar la desaparición, al aceptar la palabra, pero no lo ineluctable que parece significar. Y entonces, poco a poco, le van restituyendo su sentido de transitividad, hasta decir “él o ellos han desaparecido a mi hijo”. Y lo han hecho con la complicidad de uno que otro funcionario público, en muchísimos casos.
La tierra de los desaparecidos no es un lugar físico, es un recuerdo que viaja con nosotros cuando la habitamos, o tan solo cuando tratamos de comprenderla. Acercárnosle respetuosamente implica abrirse a un dolor indescriptible. Una herida abierta de la memoria y de la tierra. Desde fuera, desde la región más indiferente del “no pasa nada”, del “se fue con el novio o la novia” o del “si les pasó, algo habrán hecho”, gobernadores y mentes manipuladas se permiten criminalizar y revictimizar sin conocer, sin haber visitado de lejos ni percibido la existencia de ese dolor. En Iguala, en Sinaloa, en Veracruz, en Coahuila y en muchos horizontes más, dicen que un diente hallado en una fosa no es un resto, no es una evidencia, no es un hueso. Es un tesoro. Un patrimonio que resurge al mundo de los vivos y nos hace llorar: de esperanza, de coraje, de inconsciencia. Y lo celebran con un abrazo entre lágrimas. Suelen decir que de tanto buscar muerto y hallar fosas, a veces Dios te recompensa con el nacimiento de un bebé, quien no borra el dolor del todo, pero se vuelve un desafiante himno a la vida. Encontrar es ganar la lotería, ya no tener esa incertidumbre que carcome, es subir a un limbo de relativa paz. Lo hayamos sabido o no, hay quienes han pasado por múltiples victimizaciones, antes o después de ser “desaparecidos y desaparecidas”, como en una “interseccionalidad” del dolor, secuencial o simultánea, en que se experimentan las variantes tremendas del abuso: una mujer es secuestrada, violada, prostituida por el perpetrador, luego es víctima de feminicidio y, finalmente, queda desaparecida porque se pierden sus rastros; un hombre es raptado, encarcelado injustamente, esclavizado, obligado a matar, luego asesinado a su vez o vendido por partes y, finalmente, es otro desaparecido. Se podrán hallar sus restos, pero jamás se conocerá su historia. La mercantilización de cada etapa de este proceso terrible es evidente, despiadada, y se da en un entorno social descompuesto, putrefacto, en que cada eslabón se desresponsabiliza y echa a andar
la maquinaría. A muchas personas desaparecidas las desaparecen dos o tres veces: primero el MP no acepta la denuncia, después le da entrada, pero alguien la cambia y le pone “secuestro” o “robo” u “homicidio”. No quieren que se registren a más desaparecidos, no quieren que se sepa. Así pasan meses y sucede que se esfuma una carpeta, un expediente entero se perdió, y todo se tiene que hacer de nuevo. ¿Es esto algo como la banalidad del mal? Grita el periódico del día que hubo balacera en las afueras. Que un turista con su papá fue baleado a una pierna. Que los delincuentes acabaron el hurto con saña, y un asalto en la caseta de la autopista se transformó en una tragedia más grande. Es la vida diaria de la comunidad. Las bocinas de un bocho blanco y carcomido no permiten alivio ninguno, irrumpen en la tarde como anunciadoras de desgracias que no son calamidades naturales, sino plagas que los hombres acarrean. El sonido amplificado del voceador desafía el aguante de los tímpanos y reproduce mil veces los titulares de los diarios igualtecos y guerrerenses para que todos sepan y no quede duda de que los malos, como les dicen a los del hampa, siguen operando y tienen secuestrada a la sociedad. Y junto a ellos actúan todavía los policías. A veces los mismos de antes. Los diarios locales se venden, pese al horror de sus primeras planas, porque ese horror es para algunos una esperanza, la de reconocer a los suyos entre los rostros de los asesinados del día.
Confiesa una mujer valiente tener miedo. Pero sigue en la lucha por su hija. Son militares los que se la llevaron. Fuero federal, PGR, desaparición forzada. Se ven en el barrio puertas destrozadas por policías y agujeros de balazos atemorizadores. La noche del batallón ha de ser infestada de fantasmas. Para alejarlos un rato se embriagan en la zona de tolerancia, de donde también alguna vez en el pasado se han llevado a almas y cuerpos. Jura otro buscador que ya recibió amenazas por parte de un anónimo mensajero del reino del mentado Tequilero. Le dicen que buscar a su hermano calienta la plaza. ¿Pero a quién? ¿A lo mañosos organizados o a algunos de sus aliados en las policías?, se preguntan por allí. Se calienta el cerro en las colindancias de la tierra caliente porque hoy es perforado por barritas de metal que penetran el suelo más blandito en busca de huesitos y hedores a putrefacción que son indicios del tesoro, de un posible ser querido enterrado allí abajo. Son las fosas clandestinas, y Guerrero tiene centenares, más que cualquier otra entidad.
Hay más de 20mil pedidos de asilo político de mexicanos en Estados Unidos. Y hay centenares de miles de desplazados, migrantes internos forzados, desde que un par de gobiernos
macabros, en secuencia, decidieron militarizar el combate a las drogas, o sea metieron armas y fuego para encarar un problema de salud pública y de economía neoliberal-disfuncional en México.
Quien busca solo, en la desesperanza, cae presa del temor cada vez que recibe una llamada de un número desconocido. A mí no me contestan, hay que ir con discreción y acompañado de algún conocido de ellos y hasta su casa para que me reciban. O a las reuniones de los martes, cuando todavía se sienten protegidos por la comunidad, en la cual ya no están solos. El acento foráneo me ayuda, pues es raro que lo identifiquen con el de algún perpetrador. Quien busca solo, a veces cae presa de ilusiones, busca a un ser querido entre cartas y tarots, confía en defraudadores entrenados con tal de irse con un granito de esperanza. Son tres o cuatro los policías municipales que atraviesan el centro, de negro uniformados, circulando sobre su camioneta de rediles. No se les ve nada más que los ojos porque andan encapuchados, pese a que la barrita del termómetro ya rebasa, bajo el sol, el número 40. Y si los ves a los ojos, ya te tienen. Con sus armas de alto calibre y atuendos parecen fanáticos del Estado Islámico o ISIS. Narran que hay personas que aprendieron a ser luchonas y en noviembre, mes y medio después de la “noche de Iguala”, se pusieron sus playeras como un equipo. Eran negras y en blanco traían impresas dos frases. “Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando”. A ésta la describían como triste, un puñetazo, el último recurso. Y la otra, más tajante, anunciaba: “Te buscaré hasta encontrarte”, simplemente así. Multiplíquenla 34mil veces. Este lema forma parte del argot de la esperanza y del valor. Cuando un grupo de familiares de desaparecidos y de ciudadanos de la región se armaron de valor y energía, de ánimo y rabia, y salieron a los cerros a buscar sus seres queridos, fue entonces cuando más y más mexicanos comenzaron a buscar. Ya lo hacían, claro, pero después fueron más. Y fueron colectivos, movimientos, no solamente individuos. Denunciaron y relataron al mundo la inercia de las autoridades.
Por eso, fueron de alguna manera piratas y canes. Can 1, Can 2 y Can 3: así se apodaban algunos de los más solertes y expertos. Porque volverse un perro, oliendo la putrefacción y escarbando sin descanso entre espinas y alacranes, podía ser una forma de acercarse a la verdad, de ser útil para los demás, de ablandar la parálisis del miedo y desandar el camino de la inercia.
Can es un explorador por necesidad. Pirata es el buscador de un tesoro que igualmente reta a la autoridad constituida, sin saberlo y sin quererlo quizás, o bien, justo a sabiendas de que
la ridiculiza. Sin embargo, no hay picardía ni épica aquí, más bien coraje, desesperación, catarsis y anhelo. Un pirata camina y busca, se mueve con osadía, quizá ilegal pero urgente, y reitera acciones valientes, Es el sobreviviente de una tragedia y la víctima de un conflicto no suyo que lo ha fagocitado. Son, los suyos, actos subversivos de los sentidos comunes y sacudidores de las indiferencias cómplices de la sociedad. “Somos como muertos en vida”, repiten, pero todavía no tiran la toalla los familiares. Hay quienes ya les entregaron a quien buscaban, pero siguen en la lucha, caminando a lado de los demás entre arbolitos espinosos, víboras sedientas y cuevas que fungieron de casas de seguridad. Hay movimientos que se han denominado de “dolor y pérdida”, pero creo que aquí se vale hablar de movimientos de “dolor y búsqueda” porque hay de alguna forma una pérdida, pero no se da por definitiva. Los suyos no están ni vivos ni muertos. Es una ausencia dolorosa, desde luego, pero a un desparecido se le busca y se le espera, y para ello surgen los colectivos, hasta encontrarles y más allá, hasta encontrarles a todos y todas. Lo que tienen en común las y los buscadores, que marchan en brigadas y, a veces sin planteárselo, evidencian las endémicas fallas de las autoridades, son el dolor, la búsqueda, la esperanza del encuentro y el afán por conocer el paradero de su familiar. El desaparecido no está perdido, de él
o de ella se habla en tiempo presente y se festeja su cumpleaños. Dicen que las autoridades siempre hacen todo lo posible para atenderte: extraviar tu expediente, mandar a unos judiciales a tu casa para extorsionarte, llevarte frente al jefe de plaza de los malos para ver si él puede arreglar tu caso, no recibir de plano tu denuncia, mandarte a pasear a la capital del estado, enviarte al Semefo, al IMSS, al ISSSTE, al cuartel y al Cereso de quien sabe dónde, y así sucesivamente, como en un círculo del infierno dantesco. Cuando les conviene, la PGR y el gobierno inyectan al grupo dinero y promesas, o sea problemas. Así brotan las divisiones y los intereses se contraponen. El desgaste es mucho y la pobreza apremia. Recuerdan cuando los mangos del huerto de la parroquia de San Gerardo se volvieron un bien común, todos iban por ellos, los comían o los regalaban. Alrededor del árbol y en la clandestinidad inicial de un sótano es donde se cimentaron solidaridades, se intercambiaron abrazos e historias de vida que forjaron el movimiento. Hay quienes los compararon con los primeros cristianos. Buscar y encontrar, ¿qué significa para ti? ¿La búsqueda interior de la paz? ¿Hacer comunidad? ¿El recorrer quilómetros de carreteras, pasillos burocráticos y soledades forzadas? ¿Padecer el azote del sol, del viento seco, de la lluvia ríspida y de palabras ingratas todos los días en tu cara? ¿Las miradas
puntiagudas de los vecinos y las frases amenazantes de la policía? ¿La solidaridad de otros como tú? Búsqueda terrestre o en fosas, en el campo, le dicen: es extrema y dolorosa pero igual da energía. Pero también existe la búsqueda en vida, por la que ya se han hecho brigadas en todo el país, generando marejadas esperanzadoras. Para seguir adelante, hasta encontrarte.
Como el proyecto y la labor de campo todavía están en una fase de desarrollo, sólo se esbozan aquí algunas consideraciones de cierre, que habrán de ser ampliadas y complementadas después de la transcripción integral de todas las entrevistas, y una serie de conceptos y posibles interpretaciones que por ahora tienen calidad de “emergentes”. Los conceptos que, hasta la fecha y a reservas de mayores precisiones al respecto en trabajos sucesivos, han sido provechosos para encuadrar la historia de este colectivo han sido: ciudadanía peligrosa, duelo suspendido, pedagogía del cuerpo, contraconducta y la categoría de “movimientos de dolor y pérdida”, que bien podría especificarse y modificarse, para el caso de estudio, en “movimientos de dolor y búsqueda”.
Los parientes del colectivo de “Los otros desaparecidos”, así como los movimientos que de alguna manera los imitaron o se inspiraron en sus iniciativas, por ejemplo Las rastreadoras de Sinaloa o el Solecito de Veracruz, han estado rompiendo los límites establecidos por las autoridades, no sólo estatales sino también académicas, entre ser expertos forenses y parientes de víctimas, proponiéndose inconscientemente como “ciudadanos peligrosos” y haciendo evidentes las fracturas en la lógica biopolítica “que hace vivir y deja morir” conformando un dispositivo de poder (Foucault, 2006). La violación estratégica de estos límites ha causado revuelo en la esfera del poder y en los medios de comunicación y ha sido, desde luego, uno de los elementos clave en el análisis de los movimientos de buscadores de fosas clandestinas, ya que
los familiares de desaparecidos están revelando un orden social caracterizado por la falta de estado de derecho y violencia rampante y, entonces, abriendo lo que identificamos como una forma de ciudadanía peligrosa que no sólo intenta reconectar los cuerpos de los muertos con su socialidad, sino que trata de transformar las relaciones existentes entre los
muertos y los vivos. (Schwartz-Marin &Cruz-Santiago, 2016, p. 484)
Con base en evidencia directa y testimonios recolectados en las fases iniciales del movimiento de Iguala y en su calidad de miembros del proyecto de Ciencia Forense Ciudadana, Schwartz-Marin y Cruz-Santiago (2016, p. 485) aplican la categoría de “ciudadanía peligrosa” y concluyen que “las prácticas de desentierro no son una señal de desesperación, como afirman muchas voces críticas, sino una toma de posición estratégica contra la impunidad, la falta de castigos, o incluso la falta de investigaciones por parte del Estado mexicano”, lo que constituye un reto abierto al monopolio estatal sobre la gestión de la vida y la muerte y también es un componente esencial en la definición de un movimiento social como tal.
La pedagogía del cuerpo es un concepto que es útil para explicar una pregunta recurrente sobre el porqué de las desapariciones, por ejemplo en contraste con ejecuciones y asesinatos, e implica la transmisión de un mensaje cuando un cuerpo es hallado en una fosa clandestina. La inhumación clandestina de personas en contextos de violencia, ya sea por mano de presuntos delincuentes o de funcionarios públicos, es un fenómeno endémico y difuso sobre todo el territorio nacional, por lo que el colectivo de Iguala y las búsqueda anteriores de los 43 estudiantes llegaron a destapar una cloaca de impunidad y amplificaron, o bien revelaron, los mecanismos pedagógicos de esta práctica criminal que tiene dos objetivos: “(1) generar terror y, con ello, lograr control, y (2) hacer alarde de la impunidad con la se puede actuar en México” (González y Chávez, 2017, p. 82).
No hay mejor definición del concepto de duelo suspendido de la que puede dar con un testimonio una mamá con un hijo desaparecido como Araceli Rodríguez, cuyo hijo es policía federal y fue desaparecido en Michoacán en 2009:
La desaparición de un ser humano es una pregunta sin respuesta, es vivir sin vivir, es muerte en vida, es vivir suspendido en el tiempo. No hay certeza muchas de las veces de cómo, cuándo, dónde y por qué sucedieron los hechos. Por ello la diferencia [entre] la ejecución y la desaparición. En la ejecución puede vivirse el duelo: [mientras que] en la desaparición se vive un duelo congelado, porque [la persona] no está muerta, no está viva,
¿dónde está? [Lo anterior ocurre] aun cuando se tiene acompañamiento psicológico. [Es
un hecho que] mientras la persona no aparezca no habrá duelo cerrado. (Rodríguez, 2016, p. 33-34)
De hecho, la inquietud principal de gran parte de los integrantes del colectivo en Iguala, pero también en otros casos semejantes, es conocer el paradero de su familiar desaparecido, localizarlo aunque sea en alguna fosa para cerrar el proceso de duelo incompleto en que se hallan, y no tanto luchar por la justicia y la verdad (Vélez, 2016, p. 42).
Se trata de un estado liminar, un limbo intangible en que es imposible elaborar el trauma y que, sin embargo, puede llevar, tras un periodo de desolación y soledad, a la posibilidad de compartir el dolor con otros para buscar una salida al mismo, de convertirse en activistas, de denunciar públicamente su situación y su historia y unirse en una comunidad de dolor y pérdida (Jennings, 1998) que, más bien, para el caso analizado podría denominarse movimiento de dolor y búsqueda, pues los testimonios coinciden en que son estos dos los elementos de identidad y de aglutinamiento más importantes para el grupo: el dolor común y la búsqueda. Esto lleva a las personas “a no ser ya simplemente el pariente de una víctima, sino un familiar-ciudadano” (Aureliani, 2016, p. 68) quien vive la experiencia del movimiento social, al redefinir la frontera entre lo público y lo privado, según lo que Donolo y Tornatura (1988) definieron como “familismo moral”, o sea personas o grupos que son víctimas de un sufrimiento producido socialmente o cuya responsabilidad podría recaer en alguna autoridad y que lo muestran públicamente, juntándose con otros, para contrastar presiones sociales o políticas que pretenden ocultarlo dentro de la esfera privada.
Finalmente, un concepto sugerente para el análisis es el foucaultiano de lucha de contraconducta, o sea la que es realizada en oposición a la dirección o conducción de otros, por ejemplo del gobierno, para llegar a una conducta distinta o, cuando menos, no dirigida desde fuera y más autónoma. Al respecto Estévez (2017, p. 202) habla de una contraconducta como un deseo de ser conducido de otra manera y de una conducta diferente para una misma persona que se torna resistencia a una gubernamentabilidad específica, como la neoliberal, y se articula tanto mediante el uso de “diferentes tácticas y estrategias para modificar las relaciones de poder” como a través de “cambios teóricos con el fin de proporcionar las bases para esas tácticas y estrategias” (Foucault, 2006, pp. 260-261). En este sentido podemos pensar las búsquedas ciudadanas y el
destape del horror de las fosas clandestinas, de la impunidad y de la inercia (o incluso de la connivencia mafiosa) de las autoridades como momentos desestabilizadores del orden constituido, de la ciudadanía considerada normal (no peligrosa) y de la que Estévez (2016, p.
183) ha llamado “gubernametabilidad neoliberal de la muerte a través de necropolíticas públicas”, con el fin extremo de cerrar el dolor suspendido gracias a acciones colectivas movidas por la identidad del dolor y la búsqueda.
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