Ana Paula Romualdo1
Palabras clave: Corrupción; impunidad; participación púbica; reforma constitucional
América Latina, contando desde su descubrimiento por los europeos, se convirtió en un sinónimo de lucha. Lucha esta, basada en personas benevolentes, corajosas, así como desafortunadas y victimadas, concibiendo su historia a través de mucha divergencia, esfuerzo, trabajo, contingencia y explotación, conquistando una tan soñada libertad a cambio de un alto precio para su pueblo. No obstante, América Latina también es sinónimo de una cultura impar, variando de acuerdo con las originalidades de sus respectivos poblados.
En la actualidad, entre los países latinoamericanos que más se destacan en el mundo, se
encuentran Brasil y México. Por un lado, en toda América Latina juntos, constituyen más de la mitad de este territorio geográfico, son los dos países más poblados y producen los mayores niveles de producto interno bruto (PIB). Por otro lado, son también una gran matriz de crimen, desigualdad económica y social, violencia, y corrupción. Por lo tanto, esta lucha que antes fue peleada por el pueblo latinoamericano contra la explotación europea, hoy aún sigue viva, siendo peleada paulatinamente por el pueblo en contra de un gobierno corrupto que no gobierna en defensa del interés nacional. Hay que puntuar, con todo, que la corrupción no es un fenómeno reciente en América Latina. Por el contrario, engañar, robar, abusar y sacar provecho fueron principios heredados desde el periodo de la colonización española y portuguesa. Esa práctica, sin embrago, se ha tornado profundamente enraizada en la cultura latinoamericana.
De acuerdo con el Instituto para Economía y Paz (The Institute for Economics and Peace), en un estudio publicado en 2017 sobre los niveles de dominio y seguridad nacional de las naciones, México fue clasificado como la 17 ª nación con menor nivel de paz del mundo, juntamente con Brasil, que fue clasificado en la 21 ª posición. Precisamente, esta contradicción presente en Brasil y México, de potencias emergentes con elevadísimos niveles de inseguridad pública, es fácilmente caracterizada por una gigantesca inestabilidad política y pésimo estándar de calidad de vida de sus habitantes. Con índices de pobreza alarmantes en Brasil, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en el último censo demográfico de 2010, cerca de 75% de la población económicamente activa recibió igual o inferior a dos salarios mínimos. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, aproximadamente 40% de la población recibió igual o inferior a dos salarios mínimos. Obviamente, dos salarios mínimos o menos no corresponden, en ningún de los dos países, valores suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia.
El Gobierno a su vez, a pesar de su función representativa con el deber de proteger el interés nacional, se encuentra emergido en una proporción colosal de corrupción que contribuye efectivamente para la pobreza nacional y al colapso del estado de derecho. El cuadro es extenso y dramático: en Brasil, una repercusión de escándalos políticos seguidos por mucho alboroto, que se intensifico en la última década, culmino en el eventual impeachment presidencial en 2016 e inmenso desorden público; En México, licitaciones polémicas, prácticas de clientelismo y gobernadores indecorosos, corrompen el organismo público y alteran el ánimo popular. Como
resultado de la impunidad que sucede, la corrupción se convierte en una anomalía social que produce un ciclo vicioso, y sus daños se extienden a todos los ámbitos de la sociedad, tornándose un problema cotidiano a ser enfrentado, sobre todo en América Latina. Luego, es de fundamental importancia identificar las razones por las cuales este problema todavía persiste en nuestras sociedades.
La función primordial del ámbito ejecutivo, además de representar el interés de sus nacionales, es administrar el estado en conformidad con sus respectivas leyes, promoviéndolas y fortaleciéndolas. El ámbito jurídico, a su vez, tiene la función de interpretar esas leyes y fiscalizar su cumplimiento, garantizando la legalidad en la nación. Por consiguiente, una de las mayores razones por las cuales Brasil y México actualmente comparten tamaña corrupción, se debe a ineficacia de sus correspondientes ámbitos jurídico y ejecutivo. Consecuentemente, ambas naciones poco necesitan preocuparse en reformar y alterar sus actuales constituciones; sin embargo, mucho necesitan preocuparse de que forma la actual legislación será ejecutada de manera eficiente, evitando su degradación y corrompimiento por el actual sistema. No obstante, muchos especialistas argumentan a favor de una reforma constitucional en ambas naciones, indicando sus pertenecientes constituciones como obsoletas, ambiguas y con lagunas. Por ese motivo, es de extrema importancia que se cuestione: ¿Son esas leyes obsoletas porque ya no cumplen con una demanda social moderna, o son obsoletas porque todos los medios legales para su debida aplicación ya fueron agotados y no obtuvieron éxito?
Al principio, un texto constitucional perfecto será también un texto constitucional utopista. Y si así fuera perfecto, otras naciones que verdaderamente poseen un estado de derecho no tendrían necesidad de elaborar formas y medidas de alterar sus constituciones. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, no necesitarían de regulares Judicial Reviews. No obstante, en el caso de los Estados Unidos, un país con una única constitución en toda su historia, guarnecida de una intrínseca complexidad para ser alterada, y, por lo tanto, solamente 27 enmiendas desde su creación, se percibe que el mayor esfuerzo de esa nación es entonces hacer que sus ámbitos jurídico y ejecutivo funcionen correctamente de acuerdo con los principios de justicia establecidos por sus leyes. Con este precepto, el mayor desafío político de Brasil y México es,
por consiguiente, antes de buscar una solución para la corrupción en una ley milagrosa, será preciso preguntarse si el actual sistema judicial sería capaz de comportarse, obedecer y adecuarse con este nuevo conjunto de leyes. En otras palabras, ¿No iría este nuevo documento constitucional sucumbir ante la corrupción?
Brasil, por ejemplo, consiste en una vivaz evidencia de una corrupción heredada que transciende entre generaciones, poseyendo un histórico número de documentos constitucionales, 7 en total, siendo el más reciente de 1988 y ya cuenta con 99 enmiendas constitucionales. Evidentemente, en ninguna de estas reformas la población en realidad se deparo con mudanzas severas en beneficio de los mismos, sino que muchas de ellas parecieron influenciar apenas una ínfima minoría y sus propias posibilidades de adquirir más poder y extender aún más el alcance de sus inmoralidades. Enmiendas constitucionales en Brasil, una vez representan daños a la sociedad, a través de derecho adquirido y revocado; otra vez representan perturbación por aspecto rebuscado y sospechoso; o proporcionan “privilegio aparente”, una vez que resultan ser “reparaciones” de anteriores leyes, actos, o constituciones ilegales y arbitrarias. Por lo tanto, siempre que es anunciada una nueva reforma o enmienda, se cría una expectativa de progreso social. Sin embargo, las expectativas, juntamente con el progreso social, siempre terminan presos y atrapados en las redes burocráticas y corruptas del jurídico y ejecutivo brasileño.
La ineficacia de estos ámbitos también permanece bastante evidenciada en la realidad mexicana. Su respectiva constitución, expresamente otorga en el artículo cuarto que. “… toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará… Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios…” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). En realidad, como observado por Alberto Székely, el pueblo mexicano tiene “una constitución que parece más una lista de intenciones que un régimen que gobierne a la sociedad o al Estado.” (Székely, 2002, p. 217). Consecuentemente, en apenas un breve recorrido en la nación mexicana, se verifica una intrínseca falla en la ejecución de los derechos más fundamentales mexicanos, donde una grande parte de la población no cuenta con esas garantías mínimas. No obstante, una reforma constitucional en esta instancia podría significar una circunstancia de pérdida o retroceso de un derecho ya adquirido. Por otro lado, una lucha más sensata seria garantizar que estos derechos establecidos puedan ser gozados por todas las
personas, así como expresa la Constitución. En otras palabras, en vez de empeñarse para redactar esos derechos de manera más alcanzable, la salida seria exigir la acción del ejecutivo.
Por lo tanto, la deficiencia orgánica de esos ámbitos pone en riesgo la legitimidad de todo un sistema político y tiene conexión directa con la corrupción. Primeramente, los latinoamericanos conocen vagamente de su Constitución, y por esa razón poco conocen de sus derechos. Por otro lado, la porción de la población que tiene conocimiento y acceso a sus propios derechos y referentes instrumentos legales es una minoría. En segundo lugar, que la población conozca de sus derechos no es suficiente, una vez que estos en la práctica mucho se difieren de la teoría. Luego, una vez que la población se siente descontenta, pero no tiene acceso a los debidos recursos legales para reivindicar y sufre de desatención publica, la democracia se torna inaccesible e inalcanzable, y es, por consiguiente, rápidamente suplantada por impunidad y abuso de poder.
En el momento actual, como resultado de la impunidad, del abuso de poder y especialmente de una aversión popular en relación al estado, que es aquel que intrínsecamente debería combatir e impedir la impunidad, el pueblo adhirió la creencia de que el sistema de justicia no funciona y siendo así, si cometieren delitos también serán beneficiados de esta misma impunidad. En otras palabras, un sistema de justicia ineficiente y un cuerpo ejecutivo corrupto actúan como instrumento social educativo, que incentiva al individuo a infringir la ley. De este modo, la alta incidencia delictiva en Brasil y México, podría ser analizada como un resultado de una corrupción e impunidad de los mismos.
Esto se torna, por ejemplo, muy claro en Brasil, donde hay un gran contraste entre el incremento de políticas públicas en la prevención del crimen, como las Unidades de Policía Pacificadoras (UPPs) en Rio de Janeiro, y desproporcional expansión de actividad criminosa sobre todo en las regiones del norte y noreste. Otro ejemplo también interesante, de cómo la corrupción se materializa en cultura, está en un reciente acto del Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendió en diciembre del 2017 un indulto de navidad a presos condenados por corrupción y lavado de dinero. Sucede que Brasil, recientemente vivencia una eventual euforia de cazar y condenar funcionarios corruptos. No obstante, los niveles de corrupción son tan asombrosos y
arraigados que ni un aprisionamiento masivo si aproxima a resolver el problema y restaurar la orden pública. Por otro lado, en la trayectoria del intento de “limpiar” el país, se descubre que todos salen perjudicados con la legalidad, inclusive el propio presidente, que se vio compelido a sobreponer se al sistema de justicia, a través de tal indulto, en la tentativa de librar y abrigar a sus partidarios. La lección que el pueblo brasileño aprende a vista de eso es que en Brasil la delincuencia es recompensada.
Aun en Brasil, la insatisfacción publica con la corrupción pude ser percibida en la creatividad e ironía con que se bautiza a los casos de corrupción. Desde Máfia dos Sanguessugas (2006) (Mafia de las Sanguijuelas), Dossiê dos Aloprados (2006) (Dosier de los Chiflados), Castelo de Areia (2009) (Castillo de Arena), Atos Secretos do Senado (2009) (Actos Secretos del Senado) hasta el Panettonegate (2009). En este último escándalo, después de una filtración de videos mostrando a cierto gobernador recibiendo un saco con dinero ilícito, este se defendió de las acusaciones afirmando que el dinero sería destinado a la compra de panettones y juguetes para la navidad de niños carentes. Los gobernantes brasileños y sus afines, consiguieron desviar, solo en 2006, un valor conocido de, a lo minino, 120 millones de reales (aproximadamente 54 millones de dólares en esa época). ¡Son desvíos millonarios, para sobretodo el beneficio de familiares, que se dieron por los medios más singulares y excéntricos llegando a un extremo de almacenar enormes cantidades de dinero en ropas intimas!
México se destaca, principalmente, por el desvío de millones de pesos no declarados de los tesoros públicos que frecuentemente desaparecen, además de una gigantesca lista con gobernadores forajidos, que utilizaron dinero público en beneficio propio. Un ejemplo reciente sería el caso “Padrés”, donde el exgobernador del estado de Sonora fue detenido después de desviar fondos públicos, que pudieron haber llegado hasta 30,000 millones de pesos, a empresas vinculadas a sus amigos y familiares. Por lo tanto, con un dinero que podría ser usado en la mejora de carreteras, salud o educación, pudiendo ser suficiente para construir hasta 20,000 escuelas, una vez más, centenas de niños mexicanos dejaron de ser educados, en pro del enriquecimiento ilícito de cinco o diez personas. Esencialmente, “no existen en México las condiciones objetivas que hagan más fácil y conveniente ser honesto que ser deshonesto.” (Benitez, 2002, p. 41). De este modo, si el gobierno pretende lucrar con el sistema de salud, administrando medicamentos falsos, civiles por otro lado también pretenderán lucrar con
piratería; o si el gobierno pretende lucrar, aceptando sobornos en cambio de favores, civiles también intentaran zafarse de una violación vial, sobornando policías de tránsito; y finalmente, si el gobierno por un lado pretende lucrar reteniendo y desviando fondos públicos, por otro lado, civiles perjudicados, pueden evadir sus impuestos.
Con este mal funcionamiento, sobretodo del ámbito jurídico, la sociedad se ve drásticamente afectada e incentivada a perpetrar crímenes frente a la amenaza de impunidad. La honestidad, una vez que deja de ser ventajosa, hace que los individuos que en otro contexto serian compelidos en acuerdo a los preceptos establecidos por la ley, sean atraídos a la ilegalidad y como resultado, sean respaldados por un sistema de justicia fallido incapaz de castigar. Todos los días hay corrupción, tanto cuando un cajero no devuelve el cambio al cliente, como un conductor que estaciona su carro en espacio destinado a personas discapacitadas, así como “abarroteros que dan kilos de 900 gramos o gasolineros que dan litros de 900 mililitros.” (Benitez, 2002, p. 41). De esta forma, la impunidad y la corrupción tienen el poder de moldear a una sociedad entera.
El antídoto más adecuado en contra de la corrupción es una participación pública activa y elocuente. Sin embargo, tanto la ausencia de esa participación, como la existencia de problemas en su estructuración se convierten en factores decisivos en la manutención de la misma. Primeramente, la ausencia de participación, cuando es causada por una carencia generalizada de interés popular de participar en la vida pública, como por ejemplo en los momentos donde son necesarios reivindicar o protestar, es una evidencia de apatía política. Luego, es importante resaltar que el más básico principio que conduce al individuo a participar activamente en la vida pública, es su respectivo grado de confianza en los sistemas gubernamentales. En otras palabras, el individuo que no posee confianza en el sistema público y que, por otro lado, posee una incerteza de impunidad o certeza de represalia, se abstendrá en participar, no hará una denuncia, y todo el ordenamiento social será deteriorado. En este sentido, la impunidad se torna tan peligrosa como el juzgamiento arbitrario, una vez que, en la existencia de uno u otro, el estado pierde su principal función frente a la sociedad: la de regular el orden, de castigar al criminal y recompensar a la víctima, y acaba conquistando, por esa razón, la aversión social. Por consiguiente, esa aversión mantenida por la sociedad, evita que la misma cuente con la voluntad
política suficiente para actuar y buscar por mejorías a través de una acción colectiva. Si observada, por ejemplo, la percepción de los mexicanos acerca del desempeño de sus autoridades, rápidamente se identifica una de las razones de una baja incidencia de participación pública: de acuerdo con el INEGI, 78%, 68% y 66% de la población identifico, respectivamente, la policía de tránsito, la policía preventiva municipal y jueces, y a el ministerio público como corruptos.
No obstante, si la población participa en la vida pública, un factor crucial para comprender la vivacidad de una corrupción en este contexto, seria analizar de qué forma esa participación se organiza. En este sentido, uno de los grandes problemas en las protestas y reivindicaciones en curso en Brasil y México es que la mayoría de esos movimientos no disponen de los requisitos mínimos para alcanzar suficiente relevancia en la actualidad. Entre esos requisitos mínimos, se encuentran principalmente el tamaño y recursos que el movimiento dispone, el tipo de liderazgo, su motivación y capacidad de cohesión. Esta no es, por ende, una discusión acerca de si un determinado grupo activista deba o no alcanzar esa totalidad de sus reivindicaciones, pero si el porqué de, eventualmente, no la alcancen.
Tiendo en vista esos parámetros, se puede analizar la presente onda de protestas que tomo cuenta de Brasil a partir de 2013. Esas protestas, al principio, eran una reacción en contra del aumento de las tarifas del transporte público. Sin embargo, en el advenimiento de la Copa del Mundo FIFA 2014 con sede en Brasil, esas protestas consistían sobre todo en una profunda reacción anticorrupción. Por un lado, el gobierno pretendía gastar billones en la construcción de nuevos estadios e infraestructura para llevar a cabo la copa, por otro la juventud tomaba aquello como injuria, una vez que grande parte de ese dinero probablemente sería desviado. Inicialmente, las manifestaciones eran esparcidas y no poseían un gigantesco número de adherentes. Aquellos que participaron en las protestas creían que el país no necesitaba ser sede de una copa, pero si utilizar tales billones en la mejora de la calidad de vida del pueblo brasileño. No obstante, también había aquellos que vestían máscaras, asaltaban y destruían pequeños establecimientos comerciales, así como otros que llevaban bebidas alcohólicas y se aprovechaban de las circunstancias para interactuar socialmente. Por ende, el mayor defecto estructural de esas protestas fue no contar con liderazgo y reivindicaciones claras, habiendo, por consiguiente, un gran número de manifestantes autónomos que traían con ellos requerimientos divergentes. Como
resultado, por la ausencia de un líder especifico y cierto grado de desorden, los movimientos a pesar de haber atraído bastante la atención, fallaron en alcanzar la cohesión necesaria a fin de conquistar una mudanza efectiva. Como prueba, esas tarifas de transporte público hoy son el doble, y el movimiento, “¡No habrá copa!” no impidió que la copa se llevara a cabo.
De la misma manera fueron, y son, las protestas que siguieron, como por ejemplo las protestas de 2015 contra el gobierno de la ex-presidente Dilma Rousseff que, por más que alcanzaron un nivel histórico de participación, aproximadamente 3 millones de personas en las principales ciudades brasileñas, y culminaron en el eventual impeachment de Dilma en el año siguiente, por las mismas razones estructurales anteriores, no fueron capaces de alcanzar su totalidad. Además del hecho de que una grande mayoría de los participantes desconocía cuales eran en realidad los crímenes cometidos por la presidente, y con excepción de aquellos que pedían por un golpe militar, los protestos fueron categóricamente una marcha de solidaridad al estado de decadencia general en el que se encontraba el país, sin contar con una lista de requerimientos concisos y objetivos.
Como ejemplo de participación pública en México, se encuentra el polémico movimiento zapatista de Chiapas y a través de su análisis, con base en esos parámetros, también es posible identificar las razones por las cuales ese grupo no consigue alcanzar la totalidad de su reivindicación. La ideología del grupo, se encuentra en la revuelta en contra del gobierno mexicano, que no consigue cumplir con los acuerdos mutuos establecidos, y es realzada por un sentimiento de que el mismo no respeta la cultura y autonomía del pueblo indígena. Pero es también una revuelta en contra de las ONGs Internacionales que, a través de la imposición de proyectos intentaban decidir como el conflicto sería resuelto, de acuerdo con sus propios arbitrarios entendimientos. Como observado por el Subcomandante Marcos (2003), “imaginen la desesperación de una comunidad que necesita agua potable y a la que le endilgan una biblioteca, la que requiere una escuela para los niños y le dan un curso de herbolaria.” (citado en Gonzáles, 2013, p. 123). Frente a eso, decidieron cesar las negociaciones con el gobierno mexicano, levantaron sus armas en contra del mismo, y declararon su autonomía política. No se puede decir, por tanto, que los zapatistas fallaron, apuesto que gozan de cierta autonomía, moderadamente reconocida por el estado en función de la Constitución mexicana que les garantiza el derecho de oponerse al gobierno. Sin embargo, Chiapas aun es una región que sigue revestida por muchos
conflictos en función de la cualidad de meta a la que los zapatistas pretenden, una autonomía absoluta que, por residir expresamente en territorios mexicanos, se torna inviable. La primera razón de no haber alcanzado el éxito integral es, por tanto, en relación a su motivación y capacidad de cohesión. En un segundo plano, a pesar de contar con fuerte liderazgo, este movimiento no cuenta con suficientes recursos y adherentes a la causa, una vez que la mayoría de los conflictos, son con los propios habitantes de esos territorios que desacuerdan drásticamente con la ideología zapatista.
En conclusión, igualmente importante que la ocurrencia de la participación pública, es también importante que esta deba ser correctamente estructurada para tornarse efectiva. Por lo tanto, la ausencia de participación pública puede ser comprendida como un efecto de la apatía política. Un gobierno que es incapaz de ejercer su legitimidad, por medio de un buen funcionamiento de sus respectivos ámbitos, cría una sociedad desamparada que se torna indiferente y apática. Con la confianza pública desmazalada, la única certeza popular es de la existencia de la impunidad y de la ausencia del estado de derecho. Todavía, si hay una porción de la sociedad dispuesta a participar y reivindicar sus derechos, o indignada lo bastante a punto de rebelarse, por no contar con el suficiente tamaño, recursos, liderazgo, motivación y cohesión, esa participación o movimiento corre el riesgo de no obtener considerable voz y destaque, como es la presente situación brasileña y mexicana.
El inicio de este articulo sugiere que la misma lucha peleada por el pueblo latino americano en contra de la explotación europea aún sigue viva para este pueblo, que ahora sufre en virtud de otro mal: la corrupción. Indignante es, recorrer los distintos poblados de Brasil y México, sobre todo aquellos que no son exhibidos en las tarjetas postales, y ver todo aquello que un gobierno se esfuerza para esconder, toda una población viviendo sobre pésimas condiciones de vida. Son lugares donde las personas no tienen lo que comer, no cuentan con educación, salud, seguridad, saneamiento y recreación. Esas personas, por lo tanto, no cuentan con ciudadanía, cuentan con solamente un grande y vacío nada. No obstante, eses mismos lugares también abrigan una clase opuesta que radicalmente se contrasta en medio a ese contexto de pobreza por su excesiva cantidad de riquezas. Sin embargo, una reflexión que, para muchos podría ser el inicio de un
apelo marxista ideológico, es en realidad una renuencia en tolerar y sujetarse a esa corrupción. Por lo tanto, lo que deja esa población esencialmente sofocada, diferentemente de un progreso o mejoría ajena merecida y conquistada a través de trabajo arduo, es un repudio al enriquecimiento ilícito que provoca serios daños y consecuencias para los mismos. Finalmente, el mayor lamento de ese pueblo es acreditar en una inmensidad de promesas electorales de mejoría de vida y, como símbolo de esta confianza, depositar su voto en el candidato “menos peor” disponible y día a día descubrir que su voto fue inútil, una vez que el nuevo electo que tanto le prometió hoy se ha tornado en solamente uno más que le roba.
En este sentido, en virtud de ese defecto social y sus respectivos resultados, después de comprender los diferentes aspectos discutidos en este texto y como esos contribuyen a la existencia y sustento de la corrupción en Brasil y México en su verdadera esencia, el mayor desafío se convierte, por lo tanto, en cómo combatir este problema. Es necesario comprender que antes de una reforma constitucional es preciso una reforma judicial, y que los ámbitos ejecutivo y jurídico sean crucialmente capases de trabajar únicamente en pro del interés nacional; es necesario observar que parte de la ola de crímenes que afecta esas sociedades es también parte de un ciclo vicioso establecido por una corrupción impune que compele a toda una sociedad a actuar contrariamente a la legalidad; y que la participación pública es fundamental, pero debe ser correctamente estructurada y organizada a fin de alcanzar transformaciones lo suficientemente relevantes en el actual contexto. Al acrecentar, por lo tanto, una perspectiva más a esa incesante discusión, este texto pretende hacer al lector cuestionarse, formular y reflexionar acerca de qué forma podríamos talvez un día, fomentar algo que ponga fin a ese panorama de decadencia política que la corrupción llevo a nuestro ordenamiento social.
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