Pablo Galindo Rodríguez1 y Gardenia Díaz Campos2
Palabras clave: Campesinos; neoliberalismo; relación hombre-naturaleza; soberanía alimentaria; sustentabilidad
En México, desde la segunda mitad del siglo anterior, para satisfacer las demandas del creciente proceso de industrialización-urbanización y con el auge del uso de paquetes tecnológicos y maquinaria agrícola producto de la denominada “revolución verde”, se impuso la meta de modernizar e incrementar la producción agrícola priorizando a la agricultura comercial en detrimento de la agricultura campesina. La apuesta no sólo impacto negativamente en aspectos
1 Estudiante de la licenciatura en antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, línea de investigación: Desarrollo rural, correo electrónico: planeacionrural@yahoo.com.mx
2 Estudiante de la licenciatura en economía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, línea de investigación: Desarrollo rural, correo electrónico: <csh2163052400@titlani.uam.mx>
como la pérdida de empleos, y por ende, el aumento de la migración del campo hacia la ciudad o la polarización de la estructura agraria a través de la creación de neolatifundios, también devino en la pérdida de las prácticas y saberes campesinos que mantenían una armónica relación hombre-naturaleza, que resultó en la degradación de los suelos y contaminación de las aguas subterráneas entre otros efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de los agricultores, sus familias y comunidades.
En México, durante el período denominado “desarrollo estabilizador” (1940-1970), la bonanza en el sector industrial y las zonas urbanas apuntalaron al incremento de la migración hacia las ciudades donde el auge del desarrollo industrial (en su etapa de sustitución de importaciones) se vio concentrado (Guillén, 2013). Cabe apuntar, que la causa del incremento de los flujos migratorios se debía a que si bien el sector agropecuario se mantenía creciendo en términos económicos, por dentro se encontraba polarizado entre productores empresariales y productores de subsistencia. Por un lado, estaban los medianos y grandes empresarios a cargo de la agricultura comercial caracterizada por el uso intensivo de tierras, infraestructura de riego, paquetes tecnológicos y maquinaria agrícola que se vieron beneficiados por las políticas y los programas de fomento agropecuario, tales como subsidios, crédito y transferencia tecnológica que se tradujeron en el aumento de la producción y agilidad en la comercialización e inserción al mercado regional y nacional; por el otro, los pequeños agricultores empresariales que se habían hecho dependientes del uso de paquetes tecnológicos introducidos por la revolución verde, desplazaron con maquinaria el uso de mano de obra de jornaleros agrícolas y también padecían una serie de problemáticas entre las cuales se incluían la restricciones en el acceso a la capacitación, mercados, financiamiento por parte de la banca comercial y de desarrollo, continua volatilidad en los precios agrícolas, entre otros aspectos. Por otro lado, los campesinos con su agricultura de subsistencia o de autoconsumo basada en la ocupación de fuerza de trabajo familiar, uso de conocimientos en prácticas agrícolas como la selección de semillas criollas, aplicación de abonos de origen animal, y el uso herramientas e instrumentos rústico-tradicionales como yunta con tracción animal, coa y azadón (Wolf, 1977), añadían a las problemáticas anteriormente descritas, la inseguridad en la tenencia de la tierra que los hacía vulnerables a
intentos de despojo de este medio de producción (Galindo y Díaz, 2017).
A nivel nacional, al concluir la década de los setentas, México al igual que otros países enfrentó una crisis en cuanto a plantearse la pertinencia de la relación vigente entre Estado y mercado, producto de otra crisis económica y del masivo endeudamiento que se venía acumulando (Ibarra, 1990). La mayor influencia que se venía dando a nivel regional (Latinoamérica) por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para la armonización de las políticas económicas internacionales (Saxe- Fernández y Delgado, 2001) y la adhesión en 1986 de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) (Vidali, 1989) fueron acontecimientos que presionaron y dieron pie a la transformación del papel del Estado mexicano en la administración pública y en las políticas económicas.
En esos momentos, tanto a nivel internacional como nacional, no sólo se cuestionaba la vigencia del modelo keynesiano, en la práctica se obligaba al Estado a reconocer su ineficacia como administrador para entonces desregular o privatizar las empresas paraestatales; a la par también se planteaba el instrumentar un decremento en los niveles de gasto público y gasto corriente (Ibarra, 1990). En realidad, las empresas paraestatales a cargo del Estado tenían una excesiva carga burocrática e impositiva que las hacía inviables económicamente, y muchas veces los ingresos obtenidos por la operación de estas se perdían como “gasto corriente”. Aunado a que los vicios heredados del corporativismo conllevaron al paternalismo de diversos estratos de las clases sociales y coadyuvaron a la errada distribución de recursos la política de subsidios a quienes en muchos casos no los necesitaban.
Bajo este contexto, es entonces que el capitalismo entra en una nueva fase: la globalización. Fase que conlleva la integración comercial y armonización de políticas y marcos jurídicos en donde los Estados-nación adoptan políticas gubernamentales neoliberales. El incipiente modelo “neoliberal” se dice promotor de la liberación económica al desmantelar subsidios, decrecer el gasto público y fomentar la apertura comercial como prioridad a través de la privatización de empresas que estaban anteriormente bajo custodia y administración estatal, al mismo tiempo que busca el arribo de inversión extranjera como detonante del crecimiento económico.
El Estado en el esquema neoliberal circunscribe sus funciones a proveer de servicios
sociales e infraestructura para el fomento de la inversión privada nacional y extranjera. La reducción del Estado y su injerencia en el entramado de actividades económicas ahora desreguladas, ha beneficiado a grandes empresarios nacionales y corporaciones transnacionales que intervienen en los diversos sectores económicos, pues a través del “libre mercado” se tiende a generar la constitución y consolidación de monopolios y oligopolios (Harvey, 2013).
Es entonces que desde el periodo de Miguel de la Madrid (1982-1988) hasta la fecha se implementan políticas que si bien no denotan el abandono total al campo, por lo menos contribuyen a estancar y agravar las condiciones de vida de los habitantes de los entornos rurales. Los apoyos federales y estatales a la pequeña producción dejan mucho que desear, los recursos destinados a capitalizar el sector se han concentrado en un grupo reducido de productores empresariales generalmente exportadores que son quienes aprovechan las “ventajas” de la apertura comercial.
La “reforma para el campo” diseñada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue presentada como una panacea para el desarrollo rural y la modernización agropecuaria que con el tiempo ha demostrado su ineficacia. La expedición de la Ley Agraria y la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 no dieron los resultados esperados en cuanto a transformar radicalmente la estructura agraria y la tenencia de la tierra en nuestro país. Con estas reformas y con la puesta operación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), se buscó abrir un mercado de tierras, que se pensó facilitaría la compra, venta y arrendamiento de tierras, fomentando la capitalización del sector agropecuario a partir de la concentración de tierras para la producción de cultivos altamente rentables y potencialmente exportables favoreciendo por lo tanto la expansión de la agricultura empresarial (Calva, 1993), pero también las actividades de extracción minera, entre otras.
Cabe destacar que en la nueva Ley Agraria (1992) que remplaza a la Ley de la Reforma Agraria, se afirma que se dará una participación a los productores organizados en la elaboración de programas y políticas de desarrollo para el campo mexicano (artículo octavo, lo cual por cierto, generalmente no se cumple), y se destaca la posibilidad de asociación de ejidatarios y comuneros mediante contratos con terceros para formar sociedades mercantiles o contratos de asociación y comerciales (artículos 45 y 46). Con éstas reformas también se da por concluido el reparto agrario, se propone agilizar el cambio de propiedad (de ejidal a privada) y de uso de suelo
(de agrícola a industrial, urbano, etc.), y así permitir la expansión del capitalismo en el campo mexicano.
A partir de 1994, entra en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fue planteado como un acuerdo que traería crecimiento económico y por ende desarrollo social, que en gran parte se lograría a través de la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) que al llegar a los diversos sectores económicos revertiría problemas como la migración y la falta de empleos. Dentro del TLCAN se contempló un apartado agropecuario (capítulo VII) donde se estipularon los tiempos de liberación de aranceles de los productos agropecuarios. Bajo el argumento de equiparar las condiciones de los productores mexicanos con los de los países firmantes se instrumentó el denominado Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) dirigido a apoyar a los productores rurales, favorecer la competitividad al interior y exterior, incrementar el nivel de calidad de vida de las familias rurales y modernizar el sistema de comercialización. El PROCAMPO no sirvió realmente para ese fin, pues por un lado benefició con subsidios considerables a grandes productores empresariales, y por otro, fungió como un subsidio-paliativo para amortiguar la miseria de los habitantes más pobres del medio rural. Éste y otros programas sociales y productivos, en algunos momentos adquieren forma de un sistema de transferencias monetarias con características de una red político-clientelar.
En definitiva, la instrumentación del TLCAN para el sector agropecuario sólo acrecentó la subordinación y el subdesarrollo del mismo, al favorecer únicamente a empresarios agrícolas nacionales exportadores de hortalizas, frutas y flores de corte, y a un conjunto de empresarios nacionales y corporativos transnacionales que se beneficiaron con la exportación e importación de alimentos, insumos o materias primas (Schwentesius y Gómez, 2005).
La adopción del modelo de desarrollo neoliberal y la instrumentación de las políticas antes mencionadas han beneficiado en gran medida únicamente a oligopolios (generalmente empresas transnacionales), y a intermediarios o acaparadores cuya principal función es la especulación para ejercer un control en los precios, y así asegurarse mayor ganancia. En consecuencia, los pequeños productores (y aquí incluimos a los campesinos) obtienen precios irrisorios por sus productos. El resultado ha sido que la desigualdad, marginación y pobreza preexistente en las sociedades rurales se ha acrecentado, marcando mayormente sus impactos en las familias campesinas e indígenas. Cabe apuntar que en las zonas rurales se han escindido a los
programas en dos categorías: los sociales enfocados a combatir la pobreza y los rezagos sociales, y los productivos, enfocados en dotar de capacidades y fomentar la mejora y capitalización de los productores agropecuarios. Combinados ambos programas, se piensa en el largo plazo lograran satisfacer las necesidades básicas, mediante el empleo y la obtención de salario de los sujetos sociales presentes en el sector rural. Cabe anotar que los programas productivos se concentran en apoyar a productores con potencial de expansión o con una producción consolidada y económicamente viable; mientras que los programas sociales aglutinan a un sector poblacional denominado como vulnerable y carente de capacidades que lo integren económicamente al sistema vigente.
Los campesinos que resisten las políticas neoliberales, claramente son una alternativa para la producción de los alimentos de los cuales el país ahora es deficitario (Lazos, 2011: Pérez, 2012). Sin embargo, el Estado mexicano mantiene una política de desarrollo rural ambigua, en específico para los campesinos, pues dice apoyarlos con programas sociales y productivos dedicados a “capitalizar” el agro, a la par que embate contra ellos, al fomentar la expansión de proyectos extractivos por ejemplo. Es de destacar también que, funcionarios tecnócratas e intelectuales orgánicos constantemente se refieren a los campesinos como productores ineficientes que sin embargo, en periodos electorales son dotados de despensas y bombardeados con promesas. Los funcionarios de los diversos órdenes de gobierno no cejan en manifestar su idea de que con cursos y talleres de capacitación, y mediante prestadores de servicios profesionales que coadyuven en la elaboración de proyectos productivos y planes de negocios, se cambiará la percepción arcaica del campesinado que se resiste al cambio. Más bien, habría que observar que estos individuos o “agentes del cambio” no quieren darse cuenta que las formas de pensar y de relacionarse de los campesinos son distintas al imaginario capitalista-individualista.
Precisamente en este contexto es cuando se introduce por parte de científicos sociales en México un enfoque denominado “nueva ruralidad” que permite analizar y explicar los cambios en lo rural que han implicado los procesos de globalización y los efectos de la serie de políticas neoliberales aplicadas al campo mexicano.
A finales de la década de los años ochenta del siglo anterior, en algunos países de la Unión Europea (principalmente Francia y España) los científicos sociales, académicos universitarios y funcionarios gubernamentales incluyeron en sus escritos y discursos el término
“nueva ruralidad” o “neorrural” para explicar los cambios que venían presentándose en la conformación social y estructuras agrarias de aquellos países (Bardají y Giménez, 1995) producto de la instrumentación de políticas neoliberales gestadas y recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Kay, 2009). A mediados de los años noventa, aparece el término “nueva ruralidad” en la literatura científica y (casi inmediatamente) en los documentos institucionales de diversos países de América Latina. La mayor difusión de éste término se dio cuando organismos internacionales como la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) lo acuñaron en sus respectivos informes y documentos (Kay, 2009).
Los principales autores que inicialmente retoman el término llegado de Europa (Llambí, 1996; Pérez, 2001; Teubal, 2001; Echeverri y Ribero, 2002; De Grammont, 2004 y 2009; Concheiro et al., 2006 y Kay, 2009) coinciden en la necesidad de estudiar los efectos que ha tenido la globalización en la transformación de las sociedades y los espacios rurales, que a grosso modo obligan a los habitantes de las zonas rurales a diversificar sus actividades (ejercer la pluriactividad o el desempeño de varias actividades simultáneas tanto en el sector primario, como secundario y/o terciario para completar los ingresos necesarios para sostener la unidad familiar), a emprender procesos de desagrarización (desarraigarse de la tierra, y en general de las actividades agropecuarias), a la mayor presencia de la mujer en actividades fuera del hogar y los hijos, que a su vez se le menciona como feminización del campo, y a revalorar y darle multifuncionalidad a los espacios rurales como generadores de servicios ambientales, paisaje, lugares de esparcimiento (actividades turísticas), etc. A lo anterior a su vez se le conoce como estrategias de sobrevivencia de los pobladores de las zonas rurales, quienes pasan de desempeñar principalmente actividades directamente relacionadas con la producción agropecuaria, forestal, pero también pesca, caza y recolección hacia los denominados ERNA (Empleos Rurales No Agrícolas) (Pérez, 2001; Echeverri y Ribero, 2002).
No hay que pasar por alto un acierto de este enfoque: el evidenciar la mutua relación de codependencia entre el campo y la ciudad (relación asimétrica a favor de lo urbano), entre el sector primario, el secundario y el terciario (lo agropecuario ya no se puede entender sin la industria y los servicios), y desarraigar esa idea de que lo rural es igual a lo atrasado, y que lo
urbano es sinónimo de lo moderno (Carton de Grammont, 2004). Sin embargo, en éste enfoque aún hace falta hacer énfasis en aspectos como la revalorización de la agricultura tradicional y el rescate de saberes y prácticas ancestrales, que siguen utilizando campesinos y pueblos originarios que se niegan a incorporarse a la dinámica de producción y reproducción hegemónica capitalista.
Los científicos sociales coinciden en que en general se busca explicar el acontecer de lo rural desde una visión holística, integral e interdisciplinaria contemplando aspectos de índole social, económico, político, cultural y ambiental. Sin embargo, es de criticar la extrapolación de conceptos como lo “neorrural” y la pluriactividad de los documentos gubernamentales y artículos académicos europeos para tratar de explicar cambios que si bien coinciden en algunas generalidades como la creciente importancia de los empleos e ingresos rurales no agrícolas para el ingreso de los hogares ubicados en esas zonas; los contextos y su historia difieren entre la realidad de los países miembros de la Unión Europea y los de América Latina. Más aun, la realidad entre los países latinoamericanos es marcada, y es difícil de entender que se quieran explicar los cambios sufridos por los actores sociales con una serie de generalidades que en el peor de los casos tienden a simplificar los efectos de la globalización y el neoliberalismo en la realidad social.
El concepto nueva ruralidad busca poner a la vista los fenómenos “nuevos” surgidos de la presión que ejerce el avance del capitalismo sobre los espacios y actores rurales. Sin embargo, es posible que la mayoría de estos fenómenos “nuevos” ya se presentasen anteriormente, mas no se les había dado la atención necesaria para reconocer las fallas del proceso “modernizador” en la economía mexicana de los años del “nacionalismo revolucionario”. Para hablar de nueva ruralidad se debe aclara qué era la vieja ruralidad (Gómez, 2008), y si tomamos en cuenta la crítica que hacen los académicos citados, entenderemos que en la vieja ruralidad las actividades agropecuarias eran el núcleo en donde giraban las formas de organización de las comunidades rurales. Al hacer esta interpretación, podemos caer en la misma dicotomía criticada, en la trampa de oponer lo rural a lo urbano, o peor, lo atrasado o tradicional a lo moderno, lo viejo ante lo nuevo. El enfoque de la nueva ruralidad incluye entre los nuevos fenómenos sociales la desagrarización del campo mexicano, lo cual durante finales de los setentas e inicios de los ochenta del siglo XX se había denominado como descampesinización, ambos conceptos coinciden en prever la disminución de la población campesina en las zonas rurales (Galindo,
2011; Galindo y Martínez, 2017). Cabe mencionar que los estudiosos de la nueva ruralidad con sus contadas excepciones (Verbi gratia Arias, 2009 y Salas-Quintanal y González-De la Fuente, 2014), se han olvidado de realizar estudios en campo, y principalmente han omitido a la etnografía como forma de estudiar los cambios señalados por este enfoque. Por otra parte, al mencionarse el término multifuncionalidad en la literatura de la nueva ruralidad se pone énfasis en la necesidad de buscar la sustentabilidad de los recursos naturales como estrategia coadyuvadora para el desarrollo de las zonas rurales al establecerse proyectos ecoturísticos y el pago por servicios ambientales a comuneros y ejidatarios que entren a programas con este propósito. Sin embargo, se olvida el poner el mismo énfasis en recalcar que la agricultura comercial se ha expandido en territorios que no cuentan con una vocación agrícola, y la intensiva actividad de la agricultura empresarial ha traído efectos adversos para la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. Es de apreciar el efecto positivo que ha merecido el volver a darle importancia al concepto de la sustentabilidad que ya comenzaba a desgastarse en los discursos gubernamentales, retornando al concepto original emanado del Informe Brutland como lo recuerda José Alejandro Vargas (2008) quien menciona que comúnmente se ha adoptado la definición de sustentabilidad como la acción de “satisfacer las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades” (Vargas, 2008: 126), sin embargo, el mismo autor señala que las premisas del desarrollo sustentable son meramente indicativas más no especifican cómo se llevarán a cabo sus objetivos. En otras palabras, son un compilado de buenas intenciones. Si bien la sustentabilidad implica el mantenimiento de un equilibrio socioambiental que involucra la necesaria interacción de factores físicos, biológicos, económicos, sociales y culturales; ésta relación del hombre con la naturaleza no excluye la incorporación de nuevas prácticas (para el desarrollo sustentable), siendo para el caso de la agricultura el conjunto de prácticas denominadas como agroecología (Altieri, 1993).
No hay que perder de vista que los ecosistemas al ser transformados para su uso como recursos naturales y productivos, implican per se la perturbación de los ciclos naturales, que al traspasar la barrera de la resiliencia natural se transforma en amenazas a la biodiversidad. Es entonces que se hacen necesarias prácticas de uso y conservación de los ecosistemas, que involucren entender de manera multidimensional los posibles impactos y las maneras de
revertirlos o aminorarlos cuando no sea posible evitarlos, este enfoque obliga a determinar la compatibilidad entre actividades económicas y sociales en su interacción con el medio ambiente (Torres, 2011). Las diversas actividades humanas que involucran la degradación del ambiente inciden inmediatamente en la ecología de los espacios afectados, convirtiéndose en problemáticas ambientales diversas, desde niveles micro como la contaminación de un arroyo hasta macro como el cambio climático mundial.
Las políticas de adaptación al cambio climático basadas en la resiliencia de los ecosistemas no deben ser la prioridad, más bien deberían ser uno de los tantos recursos ante la amenaza que implica este fenómeno para toda la humanidad. De ahí la importancia de comenzar desde lo micro o lo local, con prácticas agroecológicas que reestablezcan el equilibrio perdido al incursionar en prácticas de agricultura comercial basadas en los principios de mayor productividad y rentabilidad sin tomar en cuenta la degradación acelerada que ocasionan a los recursos naturales. Se debe comenzar por reconstruir el tejido social, fomentar el diálogo y educar para un cambio de racionalidad en la percepción de la relación hombre-naturaleza. Transformar está racionalidad, pasa necesariamente por retomar valores culturales (incluso de los ya perdidos en la práctica pero aún vigentes en la memoria) presentes en los pueblos indígenas y comunidades campesinas; presentes en sus cosmovisiones, tradiciones, lenguas e historia, pero también en la forma en que se relacionan entre ellos, en su comunidad, con sus territorios. Revalorar el patrimonio biológico y cultural implica revalorar los conocimientos y saberes tradicionales que no sólo forman parte de la identidad de sus miembros, sino que son producto de la sabiduría acumulada y transmitida de generación en generación (Boege et al., 2008; Zizumbo y Colunga, 1993; Toledo y Bassols, 2008).
La agricultura tradicional o campesina que sin acceso a crédito, sin asistencia técnica “profesional”, con escases de agua y alta dependencia del temporal, lo cual a su vez, incrementa su vulnerabilidad a los cambios atmosféricos (heladas, sequías, etc.) y que al interactuar en condiciones de mercado (incluyendo sus fluctuaciones y desigualdad en términos de intercambio) no obstante demuestra ser más eficiente, tanto desde el punto economicista-mercantilista al ser altamente productiva (al “hacer más con menos”), como también resulta ser ecológicamente viable al ejercer menor presión sobre el agroecosistema al utilizar pocos o nulos insumos agroquímicos e incorporar prácticas agrícolas tradicionales producto de la transmisión de esos
conocimientos de generación en generación, generalmente de manera oral de padres a hijos.
La sustentabilidad no sólo implica transformar o retomar prácticas y saberes ancestrales, conlleva la salvaguarda de la diversidad cultural y biológica (Argueta, 2011). También en la defensa de los derechos humanos se debe garantizar el derecho a un medio ambiente sin contaminación, y señalar la necesidad de establecer el respeto tanto del hombre con la naturaleza, así como entre los propios seres humanos. Lo anterior implica superar la visión impuesta del interés y beneficio individual, retomando la visión comunal, al reconocer a los pueblos indígenas y campesinos como depositarios de conocimientos y saberes invaluables para la preservación del medio ambiente (Argueta, 1997; Toledo, 2011). Las comunidades indígenas y campesinas con autogestión, solidaridad, participación, consenso, manejo colectivo de los bienes comunes y protección ambiental son ejemplo de resistencia. La organización social por causas comunes como la sociedad civil, sea en organizaciones no gubernamentales o en asociaciones civiles puede coadyuvar al objetivo de preservar, conservar y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales siempre y cuando no asimile el término sustentabilidad como un concepto meramente económico, sino más bien socioambiental (Leff, 1996).
A la par que el neoliberalismo se asentaba en nuestro país durante la década de los años ochenta del siglo XX, comenzaron a gestarse otras visiones que más tarde se transformarían en alternativas a la visión hegemónica capitalista impuesta para el desarrollo rural y modernización agrícola. Una de estas visiones distintas fue el Proyecto de Desarrollo Integral Vicente Guerrero formalmente integrado en 1983. Esta organización surge con la finalidad de transformar las condiciones de pobreza, hambre y deterioro ambiental que estaba pasando la comunidad desde mucho tiempo atrás retomando la experiencia adquirida sobre la marcha, en la práctica diaria, incluso después de padecer las consecuencias de deforestar y de utilizar insumos químicos que se reflejaron en pérdida y degradación de los suelos y por ende, en la baja de la productividad de los mismos.
Si bien esta organización inicia de manera autogestiva (subsiste con los ingresos obtenidos por capacitaciones y de la venta de los excedentes de su producción) pronto comienza a gestionar recursos públicos (por ejemplo de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Estado de Tlaxcala) y privados (organizaciones nacionales e internacionales). El Grupo Vicente Guerrero (GVG) como organización campesina se caracteriza por partir de principios democráticos al
fomentar la participación, para la integración e inclusión de propuestas que aportan cada uno de sus miembros, dando especial importancia a la búsqueda de la equidad de género para revalorar el papel de la mujer en el conjunto de actividades desempeñadas tanto en la familia, en la comunidad y en la organización (incluso las que antes eran asumidas como labores desempeñadas únicamente por hombres) (Pérez, 2012; Proyecto de Desarrollo Integral Vicente Guerrero, s/f).
El GVG se ha encaminado sus esfuerzos desde su creación a la no sólo a la recuperación de prácticas y saberes ancestrales, también a su difusión mediante capacitaciones de campesino a campesino (como ellos han denominado esta metodología de enseñanza-aprendizaje) entre los propios integrantes de la comunidad, pero también a campesinos de comunidades y municipios vecinos, e incluso capacitando a los de otros estados de la república mexicana (Boege y Tzinnia, 2008).
Esta capacitación de campesino a campesino hace hincapié en el retorno a la selección y uso de semillas nativas e incorporación de prácticas agroecológicas que fomentan el uso y cuidado de la biodiversidad en la milpa a través del policultivo, uso de abonos verdes y compostas (inlcuyendo la lombricomposta). Complementando con prácticas de reforestación para impedir la erosión, mejorar la fertilidad del suelo y la filtración del agua hacia los mantos freáticos. Prácticas que pasan desde las labores de conservación de suelos: hacer zanjas y bordos, trazar curvas de nivel, terrazas o utilizar magueyes como barreras que impidan la erosión por deslave. Captación de agua de lluvia (cosecha de agua mediante jagüeyes u ollas de agua). Inclusive propuestas innovadoras como el aprovechamiento del chapulín (que dejó de considerarse una plaga) como alimento que conjuntado con lo producido en la milpa, el traspatio y el huerto escolar, aunado al uso de las redes de intercambio de excedentes y venta regional en mercados y tianguis comunitarios contribuyen a completar una dieta sana y variada con alimentos libres de agroquímicos y producidos de manera sustentable.
El retornar a sus prácticas tradicionales y añadirles técnicas agroecológicas les ha válido el contar con certificaciones de producción orgánica y libre de agroquímicos, además de reconocimientos estatales, e incluso internacionales que le han dado aliciente para seguir trabajando como una organización de desarrollo integral, pues en la comunidad se da la sostenibilidad no sólo con el uso eficiente de los recursos naturales (al evitar su degradación) sino también a través de la constante búsqueda del equilibrio entre la cantidad de trabajo utilizado y la
cantidad de producción obtenida para el autoconsumo y el intercambio o comercialización. Lo cual no sólo disminuye la migración a otros lugares en búsqueda de empleo, también la migración a otras actividades fuera de la agricultura.
A nivel estatal, el GVG ha participado con diversas propuestas normativas para prohibir el uso de semillas transgénicas, pero también con la creación de un banco de semillas nativas para preservar el patrimonio biocultural de las comunidades campesinas del estado de Tlaxcala, pero también del país entero.
Algunas problemáticas que enfrentan son por ejemplo los programas de gobierno de fomento agropecuario que operan en su contra al distribuir fertilizantes y fomentar el uso de semillas mejoradas que aún son utilizadas por campesinos de la región donde el GVG se encuentra trabajando.
Pese a que las condiciones orográficas son accidentadas (pendientes pronunciadas, laderas, barrancas, cárcavas, etc.) en el municipio de Españita, sin embargo, la vocación agrícola de sus habitantes no se amedrenta ni por las variaciones climáticas (heladas, sequías, etc.) que amenazan el crecimiento de los cultivos agrícolas tan indispensables para la subsistencia familiar. En definitiva, el proyecto del GVG se muestra como una alternativa que va contracorriente del avance que ha tenido el capitalismo en la agricultura que se refleja en el uso de paquetes tecnológicos y la reconversión de cultivos, pero también en la degradación y contaminación de los recursos (agua y suelo) y la migración para sobrevivir de los campesinos pauperizados. La organización social ha sido la fortaleza de este proyecto. Esto demuestra que
otras visiones son posibles, sólo falta organizarse para todos juntos trabajar.
Cabría apuntar que los diversos movimientos sociales (incluyendo ecologistas y ambientalistas), activistas, organizaciones independientes, etcétera, pueden avanzar más al unificar sus reivindicaciones en búsqueda de una sociedad más democrática que necesariamente implica su conversión en una sociedad sustentable (Leff, 1996). La democracia pasa por terminar con la concentración de la riqueza y la explotación de los recursos por minorías en detrimento de la calidad de vida de las mayorías.
Las instituciones avocadas a teorizar mediante debates con “expertos” y/o académicos lograrán avanzar cuando esta nueva visión de la sustentabilidad, no sólo se objetive en construcción de conceptos y terminologías, o en el plano del discurso político, sino que se
transforme en estrategias (por ejemplo: metodologías con relación teoría-práctica) que incidan en la toma de decisiones y sirvan para un cambio de paradigma tanto en el modelo de desarrollo actual, pero también en el cambio de racionalidad colectiva que involucra necesariamente asumir una ética de respeto con el otro y con la naturaleza como ente vivo (como un “otro”), para así armonizar el diálogo y la interacción hombre-naturaleza que nos permita subsistir como especie y como civilización (Leff, 2004; Toledo, 1993).
En el medio rural aun predomina la marginación y pobreza, producto de décadas de políticas y programas que en la práctica promueven la desigualdad (entre ricos y pobres, intrarregionales e interregionales, e incluso entre naciones desarrolladas y en “vías de desarrollo” o “emergentes”). El “desarrollo rural” es polarizado al establecerse una clara diferenciación entre las formas de producir de los agricultores campesinos de los capitalistas, cabe destacar que los efectos de la división del trabajo ahondan la clásica dicotomía rural-urbano actualmente cuestionada por adjetivar ciertas formas de producción como tradicionales y por tanto como anticuadas, y otras tantas como modernas y eficientes, lo cual solo aporta a la polarización prevaleciente dentro del campo mexicano. Debe superarse esta visión, pues es clara la estrecha relación entre el sector agropecuario, industrial, y servicios, y su mutua dependencia, no sólo en el intercambio comercial, sino en el resto de la lógica de reproducción del sistema económico capitalista, que incluso involucra cierta especialización y división internacional del trabajo. Lo cual es posible por la explotación a la que son sometidos los campesinos y pequeños productores por parte de intermediarios y empresarios que medran con su productos al transpórtalos y/o transformarlos y apropiarse del trabajo empleado en su producción. La situación tan difícil que enfrentan los campesinos puede ocasionar (o tal vez eso se pretende) que decidan vender, rentar, o incluso abandonar sus tierras de manera permanente para migrar hacia empleos en el sector industrial o servicios sea en el campo o en la ciudad.
Por lo anterior, y por muchos aspectos más, sería un error relegar los estudios campesinos, rurales y agrarios, o adjetivarlos como “pasados de moda”. El campo mexicano se ha reconfigurado con el impacto de la globalización y la instrumentación de políticas neoliberales; algunos teóricos, principalmente sociólogos latinoamericanos, subrayan estos cambios como
síntomas de una nueva ruralidad (Llambí, 1996; Pérez, 2001; Teubal, 2001; Echeverri y Ribero, 2002; De Grammont, 2004 y 2009; Concheiro et al., 2006 y Kay, 2009). Más bien, el enfoque de la nueva ruralidad trata de dar nuevas formas de comprender fenómenos que en su mayoría ya existían antes y que ahora se están exacerbando al aumentar el embate capitalista (en su fase global-neoliberal) sobre las comunidades campesinas y pueblos indígenas. Sin embargo a este enfoque le falta aún reconocer los alternativas que se están gestando desde los propios actores sociales organizados paro resistir y persistir, para demostrar que hay alternativas al modelo hegemónico impuesto desde afuera.
Presentar a la agricultura campesina como alternativa para la sustentabilidad en la producción agropecuaria y para la consecución de la soberanía alimentaria de todo el país no pasará de ser una utopía, hasta que el modelo económico no se modifique de manera radical, al dejar de explotar a los campesinos y pueblos indígenas que mantienen otras lógicas de producción y reproducción no coincidentes con el capitalismo neoliberal (Barkin, 2011; Toledo, 1992). Para estos pueblos y comunidades, la agricultura y la milpa han sido su forma de vida (Bernardo y Morales, 2011). Es menester recuperar saberes, trasmitirlos de generación en generación, por ejemplo en los huertos escolares (Caballero y Martínez-Ballesté, 2010). Fomentar la participación de todos los actores sociales y destacar el de mujeres, niños y jóvenes tanto a nivel familiar e (intra)comunitario en principio, como después a nivel regional (intercomunitario) para abastecerse mediante intercambios de los excedentes producidos por cada unidad familiar. La agricultura campesina puede ser una alternativa para alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria, siempre y cuando se den ordenamientos ecológicos territoriales (con real participación de los campesinos) que permitan retomar la “vocación” de las tierras, la producción de policultivos y la instrumentación de agroecosistemas que intercalen cultivos agrícolas con árboles frutales y maderables, plantas medicinales y ornamentales, e incluso a su vez, permitan la interacción con otros sistemas de producción por ejemplo los acuícolas, o la cría de animales como todavía se hace en traspatios y huertos familiares (Boege y Carranza, 2009).
Para entender las transformaciones pero también las resistencias, el conjunto de ciencias sociales e incluso las naturales tienen un gran reto, ese reto pasa necesariamente por el diálogo interdisciplinario para la transformación del presente, para la construcción de utopías (Damián y Toledo, 2016).
Altieri, Miguel A. (1993). “Agroecología, conocimiento tradicional y desarrollo sustentable” págs. 671-679 en Leff, Enrique y Carabias, Julia (Coordinadores). Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. Vol. II. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM / PNUMA / Miguel Ángel Porrúa.
Argueta Villamar, Arturo (1997). Epistemología e historia de las etnociencias (La construcción de las etnociencias de la naturaleza y el desarrollo de los saberes biológicos de los pueblos indígenas). Tesis de maestría en ciencias (enseñanza e historia de la biología). México: Facultad de Ciencias-UNAM.
Argueta Villamar, Arturo (2011). “El diálogo de saberes, una utopía realista” págs. 495-510 en Argueta Villamar, Arturo et al. (Coordinadores). Saberes colectivos y diálogo de saberes en México. Cuernavaca: CRIM-UNAM / Universidad Iberoamericana.
Arias, Patricia (2009). “La pluriactividad rural a debate” págs. 171-205 en Carton de Grammont, Hubert y Martínez Valle, Luciano (Compiladores). La pluriactividad en el campo latinoamericano. Quito, Ecuador: FLACSO.
Bardají, Isabel y Giménez, María Mar (1995). “La iniciativa Leader I y su contribución a la pluriactividad en Castilla y León”. Agricultura y Sociedad, (77): 147-172.
Barkin, David (2011). “Creando una sociedad sustentable, ¿tarea posible o ilusa?”, págs. 43-54 en Serrano Flores, Elena y Espinosa Castillo, Maribel (Coordinadoras). Las vías del desarrollo sustentable en el medio rural: naturaleza, sociedad rural y turismo en América Latina. Memorias del seminario internacional. México: Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo-IPN.
Bernardo Hernández, María de Jesús y Morales Hernández, Jaime (2011). “El conocimiento campesino y la percepción simbólica como elementos para la formación hacia la sustentabilidad rural” págs. 211-240 en Reyes Escutia, Felipe y Barrasa García, Sara (Coordinadores). Saberes ambientales campesinos: cultura y naturaleza en comunidades indígenas y mestizas de México. Tuxtla Gutiérrez: UNICACH.
Boege, Eckart et al. (2008). El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de México.
México: INAH / CDI.
Boege, Eckart y Carranza, Tzinnia (2009). Agricultura sostenible campesino-indígena, soberanía
alimentaria y equidad de género. Seis experiencias de organizaciones indígenas y campesinas en México. México: PIDAASSA / Bröt für die Welt / Xilotl Servicios Comunitarios, SC.
Caballero, Javier, Laura Cortés y Martínez-Ballesté, Andrea (2010). “El manejo de la biodiversidad en los huertos familiares” págs. 220-234 en Toledo, Víctor M. (Coord.). La biodiversidad de México: inventarios, manejos, usos, informática, conservación e importancia cultural. México: FCE / CONACULTA.
Calva, José Luis (1993). La disputa por la tierra. La reforma del Artículo 27 y la nueva Ley Agraria. México: Fontamara.
Carton de Grammont, Hubert (2004). “La Nueva Ruralidad en América Latina” en Revista Mexicana de Sociología, 66 (número especial): 279-300.
Carton de Grammont, Hubert (2009). “La desagrarización del campo mexicano” en
Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. (50): 13-55
Concheiro Bórquez, Luciano et al. (2006). “Los azarosos caminos” págs. 17-27 en CEDRSSA Nueva Ruralidad. Enfoques y propuestas para América Latina. México: CEDRSSA- Cámara de Diputados, LX Legislatura.
Damián Huato, Miguel Ángel y Toledo, Víctor M. (2016). Utopística agroecológica. Innovaciones campesinas y seguridad alimentaria en maíz. Puebla: Dirección de fomento editorial-BUAP.
Echeverri Perico, Rafael y Ribero, María Pilar (2002). Nueva Ruralidad. Visión del territorio en América Latina y el Caribe. Bogotá: IICA / CIDER / Corporación Latinoamericana Misión Rural.
Galindo Rodríguez, Pablo (2011). “Políticas públicas y nueva ruralidad en México: Una agenda pendiente”, conferencia presentada en el Primer Foro: Perspectivas de la Planeación para el Desarrollo Agropecuario en México en el marco de los eventos conmemorativos por el XXXV aniversario de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nezahualcóyotl, estado de México.
Galindo Rodríguez, Pablo y Martínez Álvarez, Alondra (Junio de 2017). Los campesinos ante la nueva ruralidad. El caso de Españita, Tlaxcala. En Montiel Torres, Oscar (Coordinador general). V Encuentro de antropología social. Desafíos de la antropología, entre lo global
y lo local. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Encuentro que se llevó a cabo en Tlaxcala de Xicohténcatl.
Galindo Rodríguez, Pablo y Díaz Campos, Gardenia (Octubre de 2017). Hacia una agricultura sustentable. En Carreño Meléndez, Fermín (Coordinador general). 4° Congreso Internacional de Sustentabilidad. Hegemonía y visiones alternas en el contexto actual. Universidad Autónoma del Estado de México. Congreso llevado a cabo en Toluca de Lerdo, estado de México.
Gómez, Sergio (2008). La Nueva Ruralidad ¿Qué tan nueva? Santiago de Chile: GIA.
Guillén Romo, Héctor (2013). “México: de la sustitución de importaciones al nuevo modelo económico.” Comercio Exterior 63 (4): 34-60.
H. Congreso de la Unión-Cámara de Diputados (1992). Ley Agraria. México. Harvey, David (2013). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Ediciones Akal.
Ibarra, David (1990). “Los acomodos de poder entre el Estado y el mercado.” Revista de la CEPAL (42): 69-96.
Kay, Cristobal (2009). “Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad?” Revista Mexicana de Sociología 71 (4): 607-645.
Lazos Chauvero, Elena (2011). “Tiempo de maíz: tiempo de ayer y de mañana” págs. 61-96 en Reyes Escutia, Felipe y Barrasa García, Sara (Coordinadores). Saberes ambientales campesinos: cultura y naturaleza en comunidades indígenas y mestizas de México. Tuxtla Gutiérrez: UNICACH.
Leff, Enrique (1996). “Ambiente y democracia: los nuevos actores del ambientalismo en el medio rural mexicano” págs. 35-64 en Carton de Grammont, Hubert y Tejera Gaona, Héctor (Coordinadores generales). La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. Volumen IV: Los nuevos actores sociales y procesos políticos en el campo. México: INAH / UAM / UNAM / Plaza y Valdés editores.
Leff, Enrique (2001). “Tiempo de sustentabilidad” págs. 129-139 en Muñoz, Humberto y Rodríguez, Roberto (Editor). La sociedad mexicana frente al tercer milenio. Tomo II. México: Coordinación de Humanidades-UNAM / Miguel Ángel Porrúa.
Leff, Enrique (2004). Racionalidad ambiental. La reapropiación ambiental social de la naturaleza. México: Siglo XXI editores.
Leff, Enrique (2011). “Diálogo de saberes, saberes locales y racionalidad ambiental en la construcción social de la sustentabilidad” págs. 379-391 en Argueta Villamar, Arturo et al. (Coordinadores). Saberes colectivos y diálogo de saberes en México. Cuernavaca: CRIM-UNAM / Universidad Iberoamericana.
Llambí, Luis (1996) “Globalización y nueva ruralidad en América Latina.” En Lara Flores, Sara María y Chauvet, Michelle (Coord. del volumen); Carton de Grammont, Hubert y Tejera Gaona, Héctor (Coord. Generales). La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. La inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial. México: INAH / UAM
/ UNAM / Plaza y Valdés editores.
Pérez Correa, Edelmira (2001). “Hacia una nueva visión de lo rural” págs. 17-29 en Giarracca, Norma (Compiladora). ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
Pérez Llamas, Luis Eduardo (2012). La autosuficiencia alimentaria como eje de desarrollo autosustentable: el caso de la comunidad de Vicente Guerrero en Tlaxcala. Ensayo presentado para obtener el grado de licenciado en economía. México: Facultad de Economía-UNAM.
Proyecto de Desarrollo Integral Vicente Guerrero (s/f). Trayectoria del Grupo Vicente Guerrero. Españita, Tlaxcala: Grupo Vicente Guerrero. Recuperado de http://vicenteguerrero.blogsite.org/documentos/proyecto-de-desarrollo-rural-integral- vicente-guerrro-gvg/30-anos-de-experiencia-gvg/view
Proyecto de Desarrollo Integral Vicente Guerrero (2010). Manual de prácticas agroecológicas para una agricultura sostenible y soberanía alimentaria. Españita, Tlaxcala: Grupo Vicente Guerrero.
Salas-Quintanal, Hernán y González-De La Fuente, Íñigo (2014). “La reproducción de la pluriactividad laboral entre los jóvenes rurales en Tlaxcala, México.” Papeles de Población 20 (29): 281-307.
Sánchez Morales, Primo et al. (2008). “Proceso autogestivo para la conservación de suelos y agua en sistemas campesinos sustentables. Los casos de Vicente Guerrero y La Reforma, Tlaxcala”. Ra Ximhai. Revista de sociedad, cultura y desarrollo sustentable 7 (2): 297- 311.
Saxe-Fernández, John y Delgado Ramos, Gian Carlo (2004). “Banco Mundial y desnacionalización integral en México” págs. 281-314 en Saxe-Fernández, John (Coord.) Tercera vía y neoliberalismo. Un análisis crítico. México: Siglo XXI editores / Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-UNAM.
Schwentesius Rindermann, Rita y Manuel Á. Gómez Cruz (2005). “Evaluación del TLCAN en la agricultura mexicana.” En La economía mexicana bajo el TLCAN. Evaluación y alternativas. Tomo I. Universidad de Guadalajara y UNAM. México.
Teubal, Miguel (2001). “Globalización y nueva ruralidad en América Latina” págs. 45-65 en Giarracca, Norma (Compiladora). ¿Una Nueva Ruralidad en América Latina? Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
Toledo, Víctor M. (1992). “Toda la utopía: el nuevo movimiento ecológico de los indígenas (y campesinos) de México” págs. 33-51 en Moguel, Julio et al. (Coordinadores). Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural. México: Siglo XXI editores / CEHAM.
Toledo, Víctor M. (1993) "La racionalidad ecológica de la producción campesina" págs. 197-218 en Sevilla Guzmán, Eduardo y González de Molina, Manuel Luis (Coordinadores.). Ecología, campesinado e historia. Madrid: La Piqueta.
Toledo, Víctor M. (2011). “Del “diálogo de fantasmas” al “diálogo de saberes”: conocimiento y sustentabilidad comunitaria” págs. 469-484 en Argueta Villamar, Arturo et al. (Coordinadores). Saberes colectivos y diálogo de saberes en México. Cuernavaca: CRIM- UNAM / Universidad Iberoamericana.
Toledo, Víctor M. (2014). La apropiación campesina de la naturaleza: un análisis etnoecológico. Tesis de doctorado en biología. México: Facultad de Ciencias-UNAM.
Toledo, Víctor M. y Bassols, Narciso (2008). La memoria biocultural: la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Barcelona, España: Icaria editorial.
Torres Carral, Guillermo (2011). Desarrollo compatible y sustentabilidad alimentaria.
Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Universitaria Española.
Vargas Castro, José Alejandro (2008). El desarrollo local en el contexto de la globalización. Tres casos de estudio en el estado de México: San Mateo Atenco, Valle de Bravo y Villa Guerrero. México: UAEM.
Vidali Carbajal, Carlos (1989). “El ingreso de México al GATT y la agricultura” págs. 131-173
en Torres, Blanca y Falk, Pamela S. (Coordinadoras). La adhesión de México al GATT. Repercusiones internas e impacto sobre las relaciones México-Estados Unidos. El Colegio de México. México.
Wolf, Eric (1977). Los campesinos. Barcelona: Editorial Labor.
Zizumbo Villareal, Daniel y Colunga García-Marín, Patricia (1993). “Tecnología agrícola tradicional, conservación de recursos naturales y desarrollo sustentable” págs. 165-201 en Leff, Enrique y Julia Carabias (Coordinadores). Cultura y manejo sustentable de los recursos naturales. Vol. I. México: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-UNAM, PNUMA y Miguel Ángel Porrúa.