César Daniel Diego Chimal2
Palabras clave: Zonas Económicas Especiales; Despojo; Recursos Naturales; Superexplotación laboral
Es menester considerar que ante el convulso panorama nacional, las Ciencias Sociales deben ser piedra angular para desentrañar los verdaderos intereses y objetivos que persiguen las más recientes leyes aprobadas por el Poder Legislativo y sancionadas por el Ejecutivo. Donde se incluyen no sólo
1 Agradezco a la DGAPA-UNAM por su apoyo otorgado a través del Proyecto PAPIIT IN 301415 Geopolítica y Geoeconomía del capital. Hacia una sociología política del “cambio climático” y la explotación de combustibles fósiles convencionales y no convencionales en Estados Unidos y Canadá: Lecciones para América Latina coordinado por el Dr. John Saxe Fernández, para la realización de la presente investigación.
a las Zonas Económicas Especiales, sino a la Ley de Seguridad Interior1 y la Ley de Biodiversidad2 que forman parte de un entramado de relaciones de poder que facultan un permanente Estado de Excepción3.Es por tal que la presente ponencia tiene como objetivo analizar la ocupación y despojo territorial que se fragua para la Zona Económica Especial (ZEE) entre los estados de Michoacán y Guerrero, y que fue suscrita el 30 de octubre de 2017 como parte de la primera etapa de estos proyectos en el territorio nacional.
Es por ello que en primera instancia se busca analizar los objetivos formales y estrategias propuestas por el proyecto de la ZEE, Lázaro Cárdenas, Michoacán-La Unión y Zihuatanejo, Guerrero, contrastándolos con la realidad en materia política, económica y social del corredor mencionado. De igual forma, se realizará un análisis entre los resultados obtenidos en otras partes del mundo que guardan una similitud con dicha propuesta. Finalmente se buscará analizar cuáles son los verdaderos intereses que se persiguen, quiénes serán los mayores beneficiados con las modificaciones a las leyes y regulaciones, pero sobre todo, se pretende enmarcar dicha iniciativa en un contexto nacional de despojo y subordinación a los intereses de los capitales trasnacionales y a las actividades del capitalismo “ilegal”4.
El proyecto de las ZEE está enmarcado en un contexto nacional e internacional de intensificación y recrudecimiento de las prácticas extractivas de recursos naturales estratégicos5, la superexplotación6 de la mano de obra y la apertura y subordinación de los gobiernos nacionales a los capitales trasnacionales. En esta fórmula es posible entender lo que autores como Ana Esther Ceceña7, Raúl Zibechi8 o John Saxe Fernández9 han escrito sobre los planes de despojo material e inmaterial en sectores estratégicos como los energéticos, la minería, la agroindustria o las telecomunicaciones. Sólo como ejemplo, en el año 2015 el 70% de las concesiones mineras en el territorio nacional estaban en manos de compañías extranjeras, principalmente canadienses, estadounidenses y chinas10. Es así como la formalización de las ZEE ha puesto en marcha un camino de legalidad a dichas prácticas, pues se trata de un proyecto sumamente agresivo en contra de las poblaciones que se resisten al saqueo de sus territorios, mientras dota a las compañías y sus capitales de una legislación por encima de las normativas vigentes.
En este contexto, la normatividad mexicana se ha flexibilizado para permitir las operaciones
y con ello subordinar las directrices económicas a los intereses de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Donde se insertan las ZEE, que son definidas por la Secretaría de Economía como “un área delimitada geográficamente, ubicada en un sitio del país con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Su objetivo es democratizar la productividad, a nivel regional, para que sus habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país.”11 Entre algunos de los aspectos que la promulgada Ley Federal de Zonas Económicas Especiales contempla es necesario considerar lo siguiente. El artículo 1 estipula que;
Dichas Zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector privado y social, se contribuya al desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen, a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales. Las personas físicas o morales que operen en las Zonas Económicas Especiales como Administradores Integrales12 o Inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales, en los términos de la presente Ley. Los beneficios e incentivos que se otorguen deberán fomentar la generación de empleos permanentes, el ascenso industrial, el crecimiento de la productividad del trabajo, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico de la Zona y su Área de Influencia.13
Dicho proyecto engloba una serie de medidas que analizadas a profundidad representan un grave peligro para las poblaciones en estos territorios. En primer lugar, pensar que el Estado cederá a los administradores integrales la facultad para operar libremente en estos territorios es no sólo concesionar dicho espacio a la inversión privada, sino permitir que estos estipulen una legislación y operación de las zonas de acuerdo a sus intereses económicos. Lo cual representa la completa dislocación del Estado para dirigir la actividad económica en dichos lugares, liberando de responsabilidad jurídica y permitiendo a las empresas fungir como entes supranacionales en las ZEE. Al mismo tiempo, es fundamental entender que dichas concesiones serán otorgadas principalmente a empresas trasnacionales que fungirán como las administradoras de los proyectos, permitiéndoles completa libertad a sus actividades y equiparándolas como prioridad nacional.
¿Por qué esta situación representa un grave peligro para los habitantes? Para entender que no se trata de un proyecto que como cita la ley permitirá el libre despliegue de las fuerzas del mercado en beneficio de las poblaciones, es necesario comprender que son las empresas trasnacionales las principales responsables de actividades que despojan a las localidades de sus recursos, que han criminalizado sus protestas en defensa de su patrimonio, que son culpables de la intimidación, coerción e incluso de las desapariciones y asesinatos contra líderes de movimientos sociales y que además funcionan como entes de clase que incrementan la brecha de desigualdad social.
En este sentido, el Tribunal Permanente de los Pueblos, un foro que busca dar justicia y certeza a los miles de afectados por los megaproyectos de empresas trasnacionales mediante la recopilación de información y documentación, ofrece la posibilidad de percatarse del daño mayúsculo que este tipo de entidades realizan a lo largo y ancho del territorio nacional, y que se ubican prácticamente en todos los sectores. Además del profundo daño medioambiental que causan algunas de estas compañías y que permanecerá por muchos años más que las operaciones de las mismas. Desde concesiones mineras en el territorio wixàrika, en el municipio Real de Catorce, San Luis Potosí, hasta los 500 aerogeneradores como parte del proyecto de producción de energía eólica impulsado por empresas españolas transnacionales en el Istmo de Tehuantepec, cada proyecto coincide en la forma voraz en que se expulsa a los pobladores de las zonas que considera estratégicas para la reproducción del capital.
Es fundamental en el análisis, percatarse que dichas empresas funcionaban bajo el amparo y complacencia de las escalas federales, estatales y locales, pero que en última instancia podría existir una defensa de los territorios por parte de las poblaciones afectadas ante dichas autoridades como responsables por preservar y conservar su vida digna. Sin embargo, las ZEE permitirán un nuevo proceso, en el cual serán las empresas, dotadas de nuevas capacidades, las máximas autoridades en las zonas en donde se establezcan.
Aunque en la ley promulgada no se especifica cuáles serán algunos de los beneficios en materia fiscal, aduanal y financiera para los nuevos encargados de administrar las ZEE, no puede esperarse que estos contemplen algún beneficio para las poblaciones e incluso puede plantearse la siguiente interrogante ¿cuáles serán dichos beneficios en un país que ya los otorgaba desde antes? “En 2012, las empresas minerales trasnacionales pagaron al gobierno federal el equivalente al
1.18% de los recursos extraídos en todo el territorio. Las multinacionales extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos” por 6 mil 500 millones”14. Este “beneficio” antecede el proyecto de las ZEE, y da una magnitud de cuál es el poder real entre las relaciones que guardan las empresas con el Estado, si consideramos lo anterior ¿qué régimen fiscal o aduanero más factible podría otorgar el gobierno para facilitar la inversión en estos territorios? Sin duda alguna, no puede esperarse que los beneficios obtenidos de dichos espacios contribuyan y promuevan el desarrollo nacional, sino que por el contrario facilitarán el enriquecimiento y acumulación de las clases dominantes.
Otro de los rasgos que conviene considerar es lo referente a la generación de empleos y productividad laboral que marca la propuesta. Es innegable que mayor inversión significa o repercute en las fuentes de empleos circundantes a dichas zonas. Sin embargo, lo importante al analizar este funcionamiento es establecer la calidad y no sólo la cantidad de los empleos generados, es decir, los salarios reales, las prestaciones laborales y la seguridad a la que accedan las poblaciones ocupadas. En este rubro tampoco existe un antecedente que respalde la situación, aunque cada sector posee una cotización especial por el grado de conocimiento específico y las horas promedio de labores, diversos estudios confirman que las empresas multinacionales pagan a sus trabajadores salarios precarios. Carlos Muñoz Mosqueda, Secretario General de la FROC- CTM, mencionó que “aunque el desarrollo industrial se esté dando en la entidad [Guanajuato], no favorece a la clase obrera porque se pagan sueldos de miseria, apenas unos 650 pesos a la semana, cuando para sostener una familia de 4 integrantes se requieren de por lo menos un sueldo de 430 pesos diarios”15.
Por último podría considerarse que en lo referente a los proyectos de infraestructura como
construcción de carreteras o ampliación de puertos, los grandes beneficiados serán las empresas Ya que es el Estado mexicano quien dotará de la posibilidad de distribución y comercialización a las grandes firmas, mientras éstas percibirán enormes ganancias sin retribuir sus beneficios. Si dicha situación se compara con la zona norte del país, puede verse a simple vista que la infraestructura tiene como objetivo central permitir la continuidad y movilidad en los megacorredores, facilitando el transporte multimodal de las mercancías y el envío de los recursos obtenidos. Se trata de un proyecto que hace recordar el trazado del ferrocarril en la época porfiriana, con un sentido extravertido para las exportaciones que no genera beneficio alguno al interior del
país.
A ello pueden agregarse los actores involucrados en el proyecto, que aunque sale de los
parámetros legales permite obtener una idea clara de quiénes son los principales orquestadores de dicha iniciativa. Es necesario subrayar que la oficina encargada de llevar a cabo este proyecto será la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica, operativa y de gestión, y que será presidida por Gerardo Gutiérrez Candiani16. Él es egresado de la Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y se ha desempeñado en cargos como Presidente del Centro Empresarial de Oaxaca, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y Presidente Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con lo que se muestra como un perfil cercano y ligado durante toda su carrera a los intereses empresariales en el país.
Además, es necesario tener presente el contexto en el cual ocurre dicha iniciativa, garantizando los beneficios a las empresas y a las inversiones privadas en el territorio nacional. Frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y la cancelación del proyecto del Acuerdo Transpacífico (TTP) era necesario contar con un instrumento que garantizara y diera certeza económica y jurídica en el país para los grandes capitales. En síntesis, se trata de un proyecto de gran beneficio para las clases dominantes a nivel nacional e internacional, y en concreto, para los grandes capitales trasnacionales. Ante una normatividad poco clara y ambigua sobre la toma de decisiones, y ante la falta de transparencia en los procesos para asignar los administradores de las ZEE, no puede augurarse resultado favorable para las poblaciones involucradas directamente.
Una manera de visualizar los alcances y limitaciones de las ZEE puede realizarse a través de un estudio comparativo entre diversos proyectos alrededor del mundo. Con ello se pretende buscar cuáles son las condiciones necesarias y contrastarlas con la realidad nacional.
En todo el mundo hay más de 4,300 Zonas Económicas Especiales y más de la mitad han fracasado: son elefantes blancos. De acuerdo con The Economist, son apenas 50 las zonas
que califican como éxitos rotundos en todo el orbe. El denominador común de los éxitos es la continuidad en el largo plazo. En el mundo, eso quiere decir trabajo sostenido por un periodo de 25 o 30 años. En el diccionario de la administración pública de México, largo plazo significa que va más allá de un sexenio.17
El primer experimento de este tipo se dio en 1959 en Irlanda, específicamente en Shannon. El resultado después de varias décadas fue favorable, pero hasta el año 2005 pudo levantarse la regulación especial que garantizaba altos dividendos a las empresas que se instalaban ahí. Aun con ello las cifras “exitosas” indican que al lugar llegaron unas 100 empresas donde destacan algunas como GE Capital, Intel, Lufthansa y Schwarz Pharma y generaron 6500 fuentes de empleo, es decir, unas 650 vacantes por empresa en promedio. Otro caso que ha sido considerado como exitoso es el de la región Shenzhen, China, un proyecto implementado en 1980 y que gozó de enormes beneficios fiscales siempre guiados y administrados por el Estado en conjunción con las empresas que buscaban invertir ahí18.
En ambos casos, el calificativo parece exagerado y más si se compara con las estimaciones que se tienen en México. En primer lugar, porque como demuestran los resultados antes expuestos no hay garantía que todas las zonas que se contemplan sean redituables, por el contrario, considerando que en el mundo apenas la mitad pudo alcanzar buenos resultados no podría esperarse una cifra más alta para el país. También se demuestra que es necesario un periodo prolongado de tiempo para construir la infraestructura y modificar las condiciones que permitan tasas de ganancia elevadas, sin embargo, la continuidad en materia política será uno de los mayores obstáculos para este tipo de lugares. También hay que considerar que en el caso chino el Estado fue central para garantizar el correcto funcionamiento. Si bien otorgaba mayores facilidades respecto al resto de su territorio e influían factores como el interés de estas empresas por invertir en ese país en el contexto de apertura comercial, lo cierto es que no se daba libre albedrío a ellas para explotar la fuerza laboral o en casos subsecuentes los recursos naturales.
En México, la idea planteada es una completa liberalización a las grandes firmas, el Estado que desde el inicio del neoliberalismo ha permitido una mayor injerencia a la inversión privada limitándose a garantizar sus beneficios, legalizará y dotará de las herramientas jurídicas a éstas para operar en el territorio. El proyecto presenta grandes diferencias con los casos de éxito que han
sido difundidos y mediatizados como el objetivo a alcanzar, y las condiciones que a continuación se retratarán modifican por completo la operación de dichas zonas. Es por tal que comparar los posibles resultados con lo ocurrido en el resto del mundo es poco certero ante las características particulares y las condiciones específicas en el territorio nacional.
Una vez que se han establecido los objetivos centrales del proyecto en general, desentrañando algunos de los principales postulados y contrastándolos con iniciativas similares en otras partes del mundo, es posible estudiar una ZEE en específico en el territorio mexicano. Si bien la presente investigación no pretende detallar la historia reciente en los estados de Michoacán y Guerrero, resulta necesario comprender factores económicos, políticos, militares y sociales que han ocurrido en estas entidades y que sirven como plataforma para el proyecto estudiado.
En el año 2016 Guerrero ocupó el lugar 26 de las 32 entidades federativas respecto a la inversión extranjera directa con 164 millones de dólares dando una inversión per cápita de 56 dólares por habitante, el acumulado de 1999 a 2017 lo ubica con un porcentaje del 1% de las inversiones a nivel nacional en este periodo. Por su parte, el estado de Michoacán ocupó para dicho año el lugar 30 en el mismo rubro, con apenas 131 millones de dólares dando una inversión per cápita de 28 dólares anuales, en el acumulado histórico su inversión representa el 1.5% de lo que recibió el país en el lapso descrito19.
Las cifras anteriores tienen lugar ya que el país concentra sus actividades económicas en industrias manufactureras y exporta más del 60% de las mercancías producidas hacia los Estados Unidos, con lo cual los estados de la región sureste y occidental ocupan una menor importancia en las relaciones comerciales bilaterales. Lo que resulta de gran relevancia es identificar cuáles son las principales actividades económicas de dichas entidades federativas para rastrear el fin de las inversiones que pueden llegar a estos territorios.
Entre las principales actividades económicas del estado de Guerrero se encuentran la agricultura, ganadería, actividad forestal y el turismo. Sin embargo, una de las actividades más redituables en la entidad es la explotación minera. De hecho entre los municipios de Mezcala y
Carrizalillo se encuentra la mina de oro más grande de América Latina, la cual puede explotar hasta 60 millones de toneladas de oro en 20 años, y donde también se obtienen otros minerales como hierro, plata, zinc y plomo20. Es necesario mencionar que informes elaborados por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, destacó que de forma deliberada grandes compañías mineras colaboran y tienen tratos con líderes y agrupaciones criminales del narcotráfico en estados como Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Morelos y Tamaulipas21. Dicha relación obedece a las formas de intimidación y hostigamiento que sufre la población aledaña por protestar ante los daños ambientales, a su salud y a su territorio causado por estas compañías.
En Michoacán las principales actividades económicas son el comercio, la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal. Se destaca que el estado exporta una gran cantidad de productos agrícolas a los Estados Unidos y a 56 países más. Contrario a lo que ocurre en Guerrero cuenta con amplia infraestructura carretera, dos aeropuertos y el puerto de Lázaro Cárdenas, considerado uno de los de mayor operatividad en América Latina y que en 2017 tuvo una inversión de 10,000 millones de pesos para incrementar su capacidad de 27 a 47 millones de toneladas anuales22.
Respecto a la situación política ambos estados se encuentran gravemente cuestionados en sus instituciones. En Guerrero la crisis derivada del crimen de Estado contra los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, provocó la salida del gobernador en turno Ángel Aguirre en 2015. Al mismo tiempo, el problema cuestionó ante la opinión pública e internacional la gobernabilidad en el estado, pues ligó de forma directa a las corporaciones policiales con las actividades del crimen organizado, e involucró al ejército mexicano durante los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 contra los compañeros normalistas. Esta situación ocasionó una severa crisis en el estado, motivó la conflictividad social y demostró la vinculación entre los grupos criminales y las autoridades locales y estatales.
En Michoacán la situación no es menor, pues se trata de uno de los estados más golpeados por la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico” que emprendió el expresidente Felipe Calderón. Desde atentados contra población civil en 2008 en Morelia, el Michoacanazo23 en 2009, y el laboratorio de pruebas que significó la entidad para el despliegue militar y policial del gobierno
federal, Michoacán es uno de los estados con mayor desconfianza en las autoridades.
En este rubro es vital conocer que la mayor represión y despojo a través de los medios legales e “ilegales” del capitalismo también empuja a una mayor organización y resistencia social. La militarización en el estado de Guerrero data prácticamente desde la Guerra Sucia durante los años 70, emprendida por el gobierno federal para aniquilar a los grupos de insurgencia en la entidad. Actualmente la 40/a zona militar opera en el estado de Guerrero, pero destaca el caso del 27 Batallón de Infantería, uno de los que más acusaciones tienen por violaciones a los derechos humanos. La situación histórica ha provocado que la entidad sea un polvorín, pues el control ha sido disputado por las autoridades, los grupos del crimen organizado, y las poblaciones que se oponen al despojo de sus tierras, dando pie a policías comunitarias y grupos de autodefensa que operan en el estado. “De la Costa-Montaña y de la Sierra Madre del Sur, en Guerrero, hablan representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)-Policía Comunitaria, y denuncian que diversas empresas mineras internacionales tienen ya autorización del gobierno mexicano para exploración y explotación hasta por 50 años en esas áreas.”24
En Michoacán la militarización durante el gobierno calderonista no tiene precedentes. Sin embargo, la estrategia fallida ocasionó un incremento en la violencia de la entidad, para 2015 el Semáforo de Violencia en el país indicaba que el estado se encontraba por encima de la tasa media nacional de asesinatos dolosos con 17.9 por cada 100 mil habitantes. Pero en algunos de sus municipios como Múgica o Apatzingán la tasa era del doble del promedio nacional con más de 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Manifestando que la mayor militarización del territorio no es un combate eficaz y por el contrario provoca un incremento exponencial en la violencia de Estado. A raíz de ello en Michoacán también ocurrió la formación de grupos de autodefensa e incluso el proyecto de la comunidad autónoma de Cherán que se opuso a la tala indiscriminada de sus bosques por parte del crimen organizado en colusión con las autoridades locales. “comuneros del pueblo purhépecha de las comunidades de Nurío y Cherán y del municipio de Uruapan, ofrecen testimonios sobre la invasión de cultivos de aguacate transgénico, además de la invasión de tiendas departamentales como Wal-Mart y Soriana en su región.”25
Los factores antes descritos construyen un panorama general de las entidades donde tendrá
lugar el proyecto del corredor entre estos estados, como puede observarse las condiciones no son favorables y hacen dudar no sólo la viabilidad del proyecto sino los verdaderos intereses en su ejecución. Juan de Dios Alonso, integrante de la comunidad purhépecha de Nurío expresa; “Estos proyectos son para destruir los montes y despojarnos de nuestros territorios. El único objetivo para ellos es que las grandes empresas transnacionales ubicadas en nuestras regiones puedan ser beneficiadas transportando sus productos”26, y en consonancia Salvador Campanur Sánchez, de la comunidad purhépecha de Cherán agrega "Claro que el mal gobierno ha venido sustentando esos proyectos porque pertenece al ramal del Plan Puebla Panamá y también al Tratado de Libre Comercio"27.
De esta forma la ZEE estudiada forma parte de un trazado de leyes que legalizan el despojo y materializan la subordinación, tanto en materia de seguridad, como de las directrices económicas para satisfacer los intereses de los grandes capitales. Aunque el polígono central del proyecto contempla 8,483 hectáreas, incluyendo un predio federal de 547 hectáreas en el estado de Michoacán, el Área de Influencia involucrará a los municipios aledaños de ambos estados: Lázaro Cárdenas en Michoacán, La Unión y Zihuatanejo en Guerrero.
En este contexto los gobernadores de los estados de Michoacán y Guerrero, Silvano Aureoles y Héctor Astudillo respectivamente, firmaron el acuerdo con el cual formalizaban el proyecto. Según las estimaciones se espera “para los próximos 20 años […] una inversión superior a los 10 mil millones de dólares, con la llegada de 15 posibles empresas que generarán 8 mil 500 empleos directos”28. Si bien el gobierno michoacano ha comentado que las principales ramas de inversión que buscan atraer se concentran en el sector metalúrgico y automotriz aún será necesario esperar para conocer cuáles son los nombres de las 15 empresas interesadas en formar parte de este proyecto.
Un aspecto que resulta de gran interés y que debe ser estudiado con precaución es la posible vía de comunicación que esta zona tenderá entre los estados, y que no sólo podría ser aprovechada por las grandes firmas sino por organizaciones criminales. Existe una amplia información sobre cómo el Puerto de Lázaro Cárdenas fue utilizado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y empresarios de origen chino como el conocido caso de Zhenli Ye Gon29 para realizar las
importaciones y exportaciones de metanfetaminas30. Si en el pasado el puerto sirvió como un enlace para este tipo de negocios del capitalismo “ilegal” el nuevo proyecto conecta a la zona conocida como el Pentágono de la Amapola en el estado de Guerrero y le otorga una ruta con la capacidad de exportar esta mercancía.
La situación no es menor, y aunque para comprobar dicha teoría sería necesario conocer los proyectos de infraestructura que se ejecutarán, las empresas que invertirán en la zona y las normatividades que se aplicarán no puede ignorarse que la ruta trazada no es ajena a las dinámicas nacionales y relaciones del capitalismo voraz que tienen lugar en el territorio nacional. Por esta situación pensar que estos proyectos son benéficos para las clases dominantes del país, conlleva a integrar a todos los que forman parte de las mismas. Las ZEE tienen una proyección más allá de lo evidente y como Carlos Fazio señala pueden vincularse a estrategias regionales para garantizar recursos energéticos hacia los Estados Unidos. “[Las] ZEE en función de su posición geopolítica y al servicio de una economía de enclave en el contexto de la territorialización de la contrarreforma energética, son los puertos de Lázaro Cárdenas, con proyección a los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero, y Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, como punto intermedio de un área geográfica que enlazará Salina Cruz con Guatemala.”31
Para construir proyectos que busquen un beneficio a la población cualquier intento debe suponer en primera instancia el mejoramiento de las condiciones de vida de las mismas. Pese a que las ZEE contemplan incluso programas de educación estos versarán en la especialización de los habitantes en las actividades que las empresas administradoras realizarán en sus territorios, lo que formalizará la creación de mano de obra capacitada y eficiente, pero no garantizará el acceso a un trabajo digno y bien remunerado. Lo que se busca es la apropiación de los territorios por los capitales privados, al hacerlos funcionales a los intereses económicos de las empresas por encima del bien común de los habitantes. Se trata de una ley sumamente agresiva y sin escrutinio, que permitirá a las empresas actuar con completa libertad para explotar y extraer la riqueza nacional.
Por esta situación, es urgente notificar y comunicar a los posibles afectados sobre las repercusiones que las ZEE pueden llegar a tener, pues ante el eclipsamiento electoral, y la mayor
difusión de otras leyes, proyectos de este tipo no han sido ampliamente debatidos. Es urgente crear condiciones favorables para que estados como Michoacán y Guerrero, con altos índices de pobreza y carencia de servicios básicos puedan acceder a mayores oportunidades, pero las ZEE no son una estrategia pensada hacia el interior sino vinculada al exterior. Si desde la implantación del neoliberalismo en México las condiciones se han deteriorado la intensificación de sus prácticas no puede esperar mejores resultados. Antes de liberar cualquier zona al exterior lo necesario sería fortalecerla al interior y proveer de los mecanismos necesarios para un desarrollo nacional completo e integral.
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Notas
1 La Ley de Seguridad Interior fue aprobada en el Congreso de la Unión el 15 de diciembre de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del mismo año. El objetivo principal de la misma es regular la función de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, dotándolas de mayores facultades y eximiéndolas de una clara rendición de cuentas. Pese a las protestas en contra de ella, ésta fue aprobada sin una extensa discusión.
2 La Ley General de Biodiversidad fue aprobada por el Senado de la República el 16 de diciembre de 2017. Entre algunas de las preocupaciones sobre la misma se presenta que se faculta a mineras a explotar los recursos en Áreas Naturales Protegidas al considerar una actividad primordial para el desarrollo de la nación. 3 Sobre el concepto de Estado de Excepción se retoma la idea central de Giorgio Agamben quien explica
que este es; “ese momento del derecho en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad, e inclusive su existencia. O también: la forma legal de lo que no puede tener forma legal, porque es incluido en la legalidad a través de su exclusión.” En Giorgio Agamben, Estado de excepción, Homo Sacer II, I, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005, p. 5.
4 David Harvey menciona al respecto de la ilegalidad lo siguiente “En casi todos los países del mundo capitalista vemos pruebas evidentes de ilegalidad. La definición de lo que es normal en la circulación legal
del capital se ve al parecer muy influida, si no definida, por el campo de los comportamientos ilegales. Esa dualidad legal-ilegal desempeña pues también un papel en el funcionamiento del capital. […] Las ilegalidades practicadas por Wall Street en tiempos recientes no se podrían haber producido sin cierta combinación de negligencia y complicidad por parte del aparato estatal.” En David Harvey, Diecisite contradicciones y el fin del capitalismo, Ecuador, Traficantes de sueños, 2014, p. 83.
5 Gian Carlo Delgado define a los recursos naturales estratégicos como “aquel que es clave en el funcionamiento del sistema capitalista de producción y/o para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial.” en Gian Carlo Delgado Ramos, “Seguridad nacional e internacional y recursos naturales”, Tareas, No. 135, Panamá, 2010, p. 15.
6 Ruy Mauro Marini especifica que “En términos capitalistas, estos mecanismos [—la intensificación del trabajo, la prolongación de la jornada de trabajo y la expropiación de parte del trabajo necesario al obrero para reponer su fuerza de trabajo—] (que además se pueden dar, y normalmente se dan, en forma combinada) significan que el trabajo se remunera por debajo de su valor, y corresponden, pues, a una superexplotación del trabajo.” en Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, Ediciones Era, México, 1991, Dirección URL; http://www.marini-escritos.unam.mx/024_dialectica_dependencia.html#3
7 Cfr. Ana Esther Ceceña, La territorialidad de las corporaciones trasnacionales, IIEC-UNAM, México,
Dirección URL; http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2017- 08/Cecen%CC%83aTerritorialidaddelasCorporaciones.pdf
8 Cfr. Raúl Zibechi, “El Estado de excepción como paradigma político del extractivismo” en Territorios en disputa, Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, Bajo Tierra Ediciones, México, 2014, pp. 76-88.
9 Cfr. John Saxe Fernández, La compra venta de México, Una interpretación histórica y estratégica de las
relaciones México-Estados Unidos, CEIICH-UNAM, México, 2016, pp. 621.
10 Roberto Garduño, En manos extranjeras, 70% de las concesiones de exploración minera, La Jornada, México, 2015, Dirección URL; http://www.jornada.unam.mx/2015/04/26/politica/005n1pol
11 Secretaría de Economía, Las zonas económicas especiales de México, Gobierno Federal, México, Dirección URL; https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexico
12 La persona moral o entidad paraestatal que, con base en un Permiso o Asignación, funge como desarrollador-operador de la Zona y en tal carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo,
administración y mantenimiento de la misma, incluyendo los Servicios Asociados o, en su caso, la tramitación de éstos ante las instancias correspondientes;
13 Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, Artículo 1, Diario oficial de la federación, Dirección URL; http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5439557&fecha=01/06/2016
14 Érika Ramírez, Mineras pagan a México 1% de lo que extraen, Contralínea, México, 2012, Dirección URL; http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2012/03/04/mineras-pagan-a-mexico-1-por-ciento-
de-lo-que-extraen/
15 Cuca Domínguez, Sueldos de miseria pagan en las empresas trasnacionales, acusa CTM, Periódico correo, 25 de octubre de 2015, Dirección URL; https://periodicocorreo.com.mx/sueldos-de-miseria-pagan- en-las-empresas-del-estado-acusa-ctm/
16Presidencia de la República, Gerardo Gutiérrez Candiani encabezará la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gobierno, México, 2017,
Dirección URL; https://www.gob.mx/presidencia/prensa/gerardo-gutierrez-candiani-encabezara-la- autoridad-federal-para-el-desarrollo-de-las-zonas-economicas-especiales
17 Luis Miguel González, Zonas Económicas Especiales ¿Qué pasará después de 2018?, El Economista, México, 28 de septiembre de 2017, Dirección URL; https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Zonas-
Economicas-Especiales-que-pasara-despues-del-2018-20170929-0093.html
18 Valeria Moy, Zonas Económicas Especiales ¿Un paso hacia el desarrollo?, Foreign Affairs Latinoamérica, 26 de agosto de 2016, Dirección URL; http://revistafal.com/zonas-economicas-especiales- un-paso-hacia-el-desarrollo/
19 INEGI, Inversión extranjera directa por entidad federativa, 2011-IV Trim 2017, INEGI, México.
20 Redacción, En Guerrero, la mina de oro más grande de Latinoamérica, Crónica, México, 2015, Dirección URL; http://www.cronica.com.mx/notas/2005/212974.html
21 Redacción, Revelan colusión de empresas mineras con líderes del narco, Proceso, México, 2016,
Dirección URL; http://www.proceso.com.mx/435267/revelan-colusion-empresas-mineras-lideres-del- narco
22 Gerardo Villafranco, México invierte 10,000 mdp para tener el puerto más grande de AL, Forbes, México, 2017, Dirección URL; https://www.forbes.com.mx/10000-mdp-modernizar-puerto-lazaro-cardenas/
23 El llamado Michoacanazo fue un operativo que resultó en la detención de 11 presidentes municipales, 16
altos funcionarios y un juez el estado de Michoacán realizada por la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano el 26 de mayo del 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado
24 Marisela Salas, et. Al., Un recorrido por el despojo y la resistencia en el territorio indígena de México, Vanguardia, México, 2011, Dirección URL; https://www.vanguardia.com.mx/unrecorridoporeldespojoylaresistenciaenelterritorioindigenademexico- 679586.html
25 Ídem.
26 Ídem.
27 Ídem.
28 Redacción, La Zona Económica Lázaro Cárdenas-Puerto Unión es la única en el país que está conformada por dos entidades, Novedades Acapulco, México, 30 de octubre de 2017, Dirección URL; https://novedadesaca.mx/guerrero-michoacan-sellan-zona-economica-especial/
29 Zhenli Ye Gon ha sido señalado como uno de los precursores del tráfico de químicos para la fabricación de metanfetamina en México en colaboración con el cártel de Sinaloa.
30 Verónica Calderón, El empresario chino vinculado con El Chapo teme volver a México, El País, España,
12 de septiembre de 2015, Dirección URL; https://elpais.com/internacional/2015/09/11/actualidad/1441987811_392494.html
31 Carlos Fazio, La sumisión y la entrega, La Jornada, México, 11 de septiembre de 2017, Dirección URL; http://www.jornada.unam.mx/2017/09/11/opinion/022a1pol