Jenny Alexandra Jiménez Medina1
Palabras clave: democracia; neoliberalismo; postdictadura; hegemonía.
[…] Ningún afecto puede ser reprimido a no ser por un afecto más fuerte que el que desea reprimir, y contrario a él, y que cada cual se abstiene de infringir un daño a otro, por temor a un daño mayor. Así pues, de acuerdo con esa ley podrá establecerse una sociedad, a condición de que esta reivindique para sí el derecho, que cada uno detenta, de tomar venganza, y de juzgar acerca del bien y del mal, teniendo así la potestad de prescribir una norma común de vida […] por medio de la coacción. Esta sociedad, cuyo mantenimiento está garantizado por las leyes y por poder de conservarse, se llama Estado, y los que son protegidos por su derecho se llaman
ciudadanos. Q.E.D.
Baruch de Spinoza, Ética Demostrada según el orden Geométrico
Parte Cinco, Proposición XXXV, Escolio II
Contreras, Julio César y Willibald Sonnleitner, coords. 2018. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia.
Vol. I de Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. Cadena Roa, Jorge, Miguel Aguilar
Robledo y David Eduardo Vázquez Salguero, coords. México: COMECSO
El documento presenta un escenario introductorio que permite acercarse a la discusión en torno a las democracias en América Latina; acto seguido se muestra la diferencia entre lo que significa la transición y la consolidación de un régimen político (para este caso la democracia); se prosigue a evidenciar a partir de un breve análisis socio histórico cuál era el escenario que le antecedió a la formación de las democracias en América Latina en los años ochenta y noventa, especialmente en relación con la fuerte injerencia de los Estados Unidos en los asuntos de la región; y finalmente se discute en torno a la forma como el factor económico fue decisivo en el tránsito político de unas circunstancias políticas a otras.
Es de interés examinar cómo actualmente la hegemonía de los Estado-nación de occidente asocia al sujeto político “de manera prácticamente ineludible” a la democracia como el régimen de gobierno y sistema político que por excelencia define su condición de ciudadano. No obstante, tanto la Filosofía política1 como la Ciencia política2 han evidenciado desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XX, y lo que va corrido del siglo XXI, que la puesta en marcha de dicho orden político carece, casi que por completo, de algún tipo de consistencia. Bien sea porque la racionalidad político-jurídica en la mayor parte de Constituciones políticas de corte liberal no tienen una “contingencia igualitaria” que las legitime, o porque el gobierno de la mayoría precisa, desgraciadamente, de una minoría dominante que actúa bajo sus propios intereses (prueba de ello las plutocracias, las oligarquías y la supremacía de las burguesías de la Modernidad, entre otros regímenes imperfectos). Mosca (1936) refuerza lo anterior al asegurar que “en todas las sociedades […] existen dos tipos de personas, la de los gobernantes y la de los gobernados” “y la primera, que siempre es la menos numerosa […] monopoliza el poder”.
El enfoque contrario le apuesta a la “democracia directa” (antagónica a la democracia indirecta-representativa) como el único discurso político que asegura la búsqueda del bien común: la libertad y la igualdad, que se agencia gracias a la participación popular de los ciudadanos. Dicha participación vino a atenuar, por ejemplo, la represión de las dictaduras latinoamericanas de las décadas de los setenta y los ochenta (Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua, entre otras) razón por la cual los “mecanismos de
participación”, propios de la democracia directa, consignados en las constituciones de la última década del siglo XX, justificaron la aceptación multicultural y la solidaridad entre los pueblos, entre otros derechos; esto es: “los derechos de tercera generación”. En este sentido Gil Lavedra (2005) identifica cinco ventajas que la democracia directa posibilitó (a) la política Latinoamericana desde los años noventa: a. la independencia de la justicia; (b) los derechos sociales; (c) los órganos de control y lucha contra la corrupción; (d) el reequilibramiento entre el poder ejecutivo y el legislativo; y (e) las nuevas formas de participación popular.
De esta circunstancia nace el hecho imperioso de reconocer cómo la democracia —bajo las condiciones antes mencionadas, a saber, con un discurso improcedente y en escenarios sociales históricamente asimétricos e inequitativos; pero que, no obstante, involucró al ciudadano en relaciones del poder político, antes inadmisibles— se ha instituido en el siglo XX en América Latina y ha tratado de lograr su consecución, principalmente en dos categorías de estados (no excluyentes la una de la otra); en primer lugar: Estados donde el discurso democratizante y el respeto a los derechos se construyó desde las décadas de los años sesenta y sesenta, bajo una dominación oligárquica partidista o bipartidista, o en otros donde el discurso liberal presupuso en dichas décadas un orden democrático (la mayor parte de Centro América, Colombia y Venezuela, entre otros); y, en segundo lugar: en los Estados donde las “dictaduras” (en este caso se pasará revista a las del Cono Sur, entre los años setenta y ochenta, Argentina, Chile y Uruguay) determinaron la condición socio política hacia un orden democrático. Si bien es cierto que esta ardua tarea resulta pretensiosa, para los fines del presente escrito, bastará con la identificación de una de las razones, en este caso la económica, que motivó la institución de las democracias en América Latina, tanto en uno como en otro caso. Se parte de la idea de que la democracia en América Latina es capitalista y que más que su consolidación, su instauración, obedece a intereses externos a la región, dada una necesidad de integración económica post Guerra Fría y el avance desmedido de políticas neoliberales de apertura económica desde finales de los años ochenta hasta bien entrados los años noventa. Aunque, como advierte García et al., (2017, s.p.). conocer en teoría lo que significa un modelo de gobierno democrático no implica vis a vis que la democracia opere en la práctica. Lo mismo sucede para el caso de las leyes y normas. Sin embargo, existe también la percepción que por tener ese nivel de legitimidad fuera una realidad práctica; se hace entonces importante cuestionar esas normas y leyes del sistema, pues conocerlas
implica comprenderlas y apropiárselas críticamente.
Los términos transición política y consolidación se encuentran asociados al fenómeno del cambio del orden político, que usualmente es precedido por una crisis social y la necesidad de una gobernabilidad sólida y pacífica que subsane las problemáticas que emergen de dicha crisis. Al respecto O’Donnell, Schmitter, Karl, Pridham, Herz, Dahl y Alcántara, entre otros, se han dado a la tarea de estudiar los cambios políticos que se presentaron en América Latina y que dan cuenta de un difícil proceso en el que se deja en entre dicho la efectividad o no de la democracia.
Antes de entrar en lo que atañe al caso de nuestras democracias, vale la pena echar mano a la conceptualización que realiza Huntington (1994) al respecto. Su definición de la tercera ola de la democracia —a pesar de presentar imprecisiones conceptuales y reconocer procesos democráticos en América Latina donde no los hubo, o no tener en cuenta procesos democráticos que para ese entonces no correspondían a sus criterios de clasificación—3 permite reconocer que en la última cuarta parte del siglo XX los cambios sociales a nivel político presentan dinámicas diferentes del ejercicio de poder a las que se produjeron, por ejemplo entre 1828 a 1926, primera ola, y 1943 a 1962, segunda ola. La tercera ola se manifiesta, según Huntington dese 1974 hasta, por lo menos, 1990. La característica principal de esta última etapa es la globalización de la democracia, por ejemplo, en 1974 121 estados a nivel global (27.5%) eran oficialmente democráticos; el 1995 se hacía referencia a 191 estados (61.3%), es decir, un incremento del más del 40%.
Así, esta nueva ola trajo consigo implícita la idea de la libertad del ciudadano,
permitiendo la generación de democracias más electorales que liberales. En este sentido, las nuevas formas de participación política reclamaban la integración cultural, la eliminación de la pobreza y el ejercicio efectivo de un buen gobierno que reivindicara la condición ciudadana deteriorada en las dictaduras, el bipartidismo y las violencias localizadas. Por esta vía, la democratización se concretó en modernos contratos sociales que en unos estados generaron nuevas constituciones y en otros estados fuertes reformas constitucionales, todas encaminadas a la participación política de las mayorías en función de gobiernos más eficaces. Esto para algunos da cuenta de la crisis del comunismo, el fin de la Guerra fría y el progresivo acenso de las
políticas neoliberales.
Bajo este telón de fondo es más fácil reconstruir la diferencia entre la transición y la consolidación como dos procesos en un mismo engranaje que se dirigen hacia la conquista de la democracia. Según O’Donell, “los procesos de democratización vividos por nuestros países entrañan dos transiciones. La primera es la que va del régimen autoritario anterior hasta la instalación de un gobierno democrático. La segunda va desde ese gobierno hasta la consolidación de la democracia o, en otras palabras, hasta la vigencia efectiva de un régimen democrático” (1989, p.20). La propuesta de O’Donell enfatiza en el hecho de que la transición acaece en tres etapas: preparación, instauración y consolidación; y que si bien no hay un esquema unívoco que dé cuenta de los procesos de cambios en todas las transiciones, sí se vislumbran los siguientes aspectos: “[se presenta] un intervalo temporal que se extiende entre un régimen y otro… En este lapso las reglas del juego político no están bien definidas, de ahí los ajustes/acomodos mutuos entre los actores y sus respectivas estrategias” (O’Donnell, 1991, p.45). De igual forma, en la transición hacia la democracia se tratan de crear las mejores condiciones a fin de no retroceder en los logros políticos y caer de nuevo en las dictaduras y la violencia política que se trata de evitar a toda costa.
Indubitablemente el camino no es fácil, por ello en la transición los principales peligros se encuentran en “la permanencia de actores marcadamente autoritarios que controlan importantes recursos del poder y la actitud de neutralidad o de indiferencia con relación al régimen político en vigor por parte de otros muchos actores, entre otros” (O’Donnell, 1989, p.16). Estos son obstáculos permanentes en todas las transiciones. A esto se suma que sus problemáticas se involucran directamente con las condiciones económicas estatales y las “desigualdades generadas por los regímenes autoritarios que precedieron”.
Acto seguido, las transiciones entran por lo general en un proceso de consolidación, su etapa de culminación, que no es otra cosa que el ejercicio efectivo del régimen democrático. Alcántara (2006) pone de manifiesto que sumado al hecho de que las transiciones no se desarrollan de la misma forma, los resultados tampoco son los mismos. Por ello, “las transiciones hacia la democracia pueden culminar con la consolidación de regímenes con un carácter más o menos democrático: 1) plena democracia; 2) democracia limitada; 3) democracia “protegida” y 4) híbridos (‘dictablandas’ y ‘democraduras’)” (p.54).
Ahora bien, en América Latina emergieron varios de dichos regímenes democráticos, pues las problemáticas internas de cada Estado hicieron que en uno de los casos la transición fuese más aguda que en otros. Por ejemplo, como lo señala O’Donnell (1989) es de vital importancia tener presente que los regímenes dentro del proceso de transición de la tercera ola unos fueron “económicamente destructivos y altamente represivos —Argentina, Uruguay y en varias ocasiones Bolivia, así como también Chile (y la Grecia del régimen de los coroneles). La destructividad económica en estos casos se pone de manifiesto en las agudas recesiones, desindustrialización y pérdidas de empleo que provocan”. En cambio, en otros casos el régimen burocrático-autoritario, como el brasileño, dio origen a economías más libres y menos represivas.
La razón de Estado desde las décadas de los cincuenta y los sesenta se trasformó en América Latina principalmente por tres razones que funcionaron en un mismo engranaje, aunque no necesariamente de forma simultánea y homogénea y que condicionaron las nacientes democracias de los noventa: en primer lugar, las consecuencias que tuvo para Estados Unidos el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la presencia del espíritu de sospecha propio de la Guerra Fría hasta 1989; en segundo lugar, la tenencia de la tierra aunado a los conflictos territoriales “que se relaciona directamente con la explosión demográfica de postguerra en los países [que hasta hace poco se les referenciaba en términos] de El tercer Mundo: África y América Latina” (Hobsbawm, 2013); y, en tercer lugar, las dictaduras que coaccionaron a los sujetos sociales en función de la violencia: unas de orden militar y las otras civiles, que aprovecharon el estado de excepción como pretexto para la guerra.
Si bien es cierto que tácitamente dichas razones obedecen a la transición de la modernización incipiente de los recién creados Estado-nación hacia la consolidación definitiva del capitalismo industrial y que el escenario en Centro América, Sur América y el Cono Sur se agudizó en unos frentes más que en otros, la consecuencia a futuro será la misma en todos los Estados: la necesaria institución y construcción efectiva de la democracia como mecanismo de poder que salvaguardará al ciudadano de cualquier hostilidad del mismo Estado y, en términos de Lissidini (2011), creará su identidad como ciudadano. Problemáticas territoriales e ideológicas de la región serán el precedente que intensificará la crisis de gobernabilidad que tratarán de subsanar
las democracias de la tercera ola; por ejemplo en Centro América, el problema de los límites del territorio; en el Cono Sur y Colombia, las dictaduras y violencia política; y los Movimientos sociales revolucionarios diseminados en la región, como la resistencia política que alentará el inconformismo de las mayoría. Dichos sucesos en el fondo se relacionaron directamente con el advenimiento de las políticas capitalistas y la presencia de los Estados Unidos en la región.
Desde el siglo XIX la política exterior e interior de los Estados Unidos tuvo un mensaje muy claro con la Doctrina Monroe: América para los Americanos; en donde los “Americanos” resultaron ser exclusivamente los norteamericanos y las consignas que perseguían la defensa de los intereses americanos frente a los intereses europeos, hicieron ver, siguiendo a Eliot et al (1998) que todos los asuntos americanos de todo el hemisferio occidental obedecían a un propósito netamente expansionista. La primera aplicación, siguiendo a Casanueva (2007) es
[…] la anexión de Texas a los Estados Unidos. Polk fue el primer presidente que apeló a los principios de Monroe, dándoles tal nombre. Efectivamente, justificó los hechos utilizando como argumento el peligro que significaba para los Estados Unidos el que el Estado independiente de Texas se aliara o se convirtiera en la dependencia de una nación extranjera más poderosa, convirtiéndose así en una amenaza para la seguridad norteamericana. (p.3)
De ahí en adelante Estados Unidos gradualmente se involucró en las incipientes economías de los Estados Latinoamericanos. Bajo el pretexto de la ubicación estratégica de Panamá en el continente, por ejemplo, dicho Estado le compró a Colombia la concesión del istmo, lo que trasladó al capital norteamericano a reconfirmar tres aspectos: en primer lugar que sus alcances pueden llegar a cambiar la geografía política; en segundo lugar, que cualquier mercado puede ser vulnerado y sujeto a su dependencia; y en tercer lugar, sobre todo, la construcción del Canal de Panamá fue la prueba fehaciente del control de los Estados Unidos frente a toda América Latina. Por ello, de ahí en adelante la figura de América Latina como el “patio trasero” de Estados Unidos es solo un eufemismo.
No siendo esto suficiente, en 1904 Roosevelt le añade un Corolario a la doctrina,
que no buscaba sino justificar la hegemonía norteamericana en América Latina y su intervencionismo en los asuntos de las repúblicas independientes de la zona. Asimismo, esta fue la oportunidad de demostrar el poder que tenía el Presidente en asuntos exteriores y proveer de un antecedente de autoritarismo para la idea que este era la voz de la nación en asuntos exteriores. (Castro, 2007, p.78)
Avanzando en la historia, desde la postguerra y durante la Guerra Fría, la cercanía territorial a Estados Unidos trasformó el mapa global y redujo a América Latina a la economía centro-periferia; el orden geopolítico se ideologizó en dos frentes y la “empresa” fue la cristalización de la idea de progreso. Siguiendo a Lourdes (S.f.), aunado a lo anterior y a “la necesidad de expansión hacia el exterior, los Estados Unidos estaban obligados a promover un clima favorable a la empresa en el mundo entero” (Lourdes, S.f. p.16), lo que lo facultó para tener injerencia en el statu quo de los Estados-nación de la región. El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso dan cuenta de la necesidad de dichas políticas en función de la preservación del capital privado norteamericano, so pretexto de los principios de “puerta abierta” y del “buen vecino”.
Indudablemente en vista de la amenaza comunista las estrategias de guerra se agudizaron; así, de un lado las milicias campesinas (por ejemplo la Revolución Boliviana de los años cuarenta a cincuenta) y los movimientos revolucionarios se constituyeron en la resistencia armada que le hizo frente a la dominación capitalista con propuestas económicas de igualdad social propias de “democracias centralistas”; y de otro lado, los Estados Unidos patrocinaron las fuerzas militares personificadas en las dictaduras y las oligarquías de América Latina en el contexto de la Guerra Fría. Bajo esta circunstancia se puso de manifiesto que el capitalismo norteamericano derivó por transición en el enriquecimiento de las oligarquías locales. Lo cual suscitó una desigualdad social que propició la emergencia de los movimientos sociales marxistas, que aunque fueron desapareciendo en los años ochenta, edificaron sobre la acción colectiva de libertad e igualdad al sujeto político. La ecuación se demostró así:
[…] el marxismo no es una colección de dogmas fosilizados y canonizados, cuyo “éxito” teórico y práctico se encuentra garantizado de antemano. Sin la praxis creativa de los hombres y las mujeres que son los hacedores reales de la historia, la noble utopía diseñada por Marx puede frustrarse, y lo que hoy conocemos como “civilización” replegarse a la más oscura barbarie. La lucha por la democracia en América Latina, es decir, la conquista de la igualdad, la libertad y la participación ciudadana, es insostenible al margen de una lucha contra el despotismo del capital. Más democracia implica, necesariamente, menos capitalismo (Boron, 2003, p.253)
Las experiencias revolucionarias en Centro América (por nombrar algunas: México La Revolución Mexicana, 1910; Guatemala y La Revolución de octubre en 1944; Cuba, con Revolución Cubana en 1959; Nicaragua, Revolución Sandinista 1979-1990; La Revolución de El Salvador) evidenciaron crisis relacionadas sobre todo con sus propios conflictos limítrofes y la injerencia económica de los Estados Unidos, en especial por su condición geopolítica tan vulnerable.
Torres-Rivas (2008) identifica que desde la década de los cuarenta la dificultad generalizada en Centro América de cristalizar el proyecto moderno del Estado-nación, se da gracias a una historia excedida por dictaduras y prácticas autoritarias, que no son más que otra revelación de la necesidad de control de orden civil de parte de Estados Unidos, ya que las dictaduras y las oligarquías siempre estuvieron patrocinadas por dicho gobierno. En este sentido, los Movimientos Sociales en América Central surgirán como el actor político contestatario que aunque no será el protagonista de las transiciones democráticas de los noventa, ni representará la fuerza dominante, sí será el motor de la confrontación que le hará frente a la violencia militar y, como afirma Torres-Rivas (2008) “los fracasos [de las fuerzas armadas de izquierda] no hicieron sino estimular la resistencia, y de esta desigualdad salió fortalecida la experiencia de clase, y no lo contrario. De la derrota y no de la domesticación surgió el actual movimiento revolucionario de Centroamérica, esa voluntad colectiva-popular que hoy ha puesto en jaque mate a la burguesía centroamericana” (p. 144).
Para finalizar este breve apartado es necesario aclarar que evidentemente las crisis políticas de los Estados en América Latina han sido mucho más complejas y lo anterior no deja
de ser un breve acercamiento para reconocer a grandes rasgos cómo se dio la preparación de un proceso de transición política hacia la democracia.
En 1949 Harry Truman delimitó muy bien la función de Estados Unidos en el orden mundial, y dejó ver que el proyecto moderno del porvenir (el bien común y la igualdad de condiciones para todos) ya no era el eje del crecimiento económico de su política monetaria. Su técnica de dominación tendría un nombre propio: el desarrollo, con todas sus consecuencias, para bien o para mal. En su discurso de posesión utilizó términos que cambiarán de ahí en adelante los propósitos de Estados Unidos para con América Latina. Afirmó:
Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes… Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor… Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático… Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno (Truman, 1964). (Énfasis agregado)
Qué significo esta proclama, en términos de Escobar (2007) la invención del Tercer mundo y la definitiva hegemonía económica estadunidense. Que en últimas quiere decir que su papel de redentor de la miseria lo legitimó como el interventor de las políticas internas de los Estados en América Latina. La fórmula fue muy simple: especialistas con formación en universidades norteamericanas e inglesas instituyeron programas a favor de los ciudadanos; pero no del todo gratis, pues gracias al apoyo de capital extranjero se crearon “estrategias de planificación alimentaria y nutricional y de desarrollo rural integrado [que] trajeron como
resultado la implementación durante las décadas del setenta y del ochenta, de programas masivos en países del Tercer Mundo, financiados principalmente por el Banco Mundial, con el apoyo humanitario de las Naciones Unidas” Escobar (2007, p.144) .
Desarrollarse implicó un progreso orientado a la competencia, la homogeneización del lenguaje, culturas y resignificación de lo exótico. En este contexto se reestructura el orden del Estado de bienestar que ante todo detenía los avances de la mano negra del pensamiento crítico y político del socialismo; las democracias representaron la inclusión dentro de la exclusión, con mecanismos de participación tan ambiguos como el voto. El trato justo y democrático y producir más para la prosperidad, hizo que los ciudadanos que antes eran invisibilizados se integraran a las dinámicas del mercado: se blanqueó al negro, se civilizó al indígena y la mujer se integró al mercado en todas sus dimensiones.
En términos generales, la democracia surgió como elemento fundamental de los Estados- nación en América Latina, pero, por sobre todo, como la necesidad de fortalecer las economías domésticas. Al respecto (Bethell, 1991) afirma que “de hecho, durante el período 1945-947 muchas democracias parecían estar en proceso de consolidación y los regímenes dictatoriales hacían una transición a la democracia”.
En este sentido, es un imperativo reconocer que las condiciones políticas empezaron a ir de la mano con los procesos económicos. Por ello, a lo largo del presente escrito se ha querido evidenciar que la transición implicó necesariamente la cristalización del proyecto económico.
En la década de los noventa América Latina ingresó al escenario global a partir de la transición política hacia la consolidación de un nuevo orden mundial, que más que un régimen democrático de gobierno se puede traducir en un “capitalismo democrático”. Un hecho fundacional indispensable para comprender los cambios económicos y políticos de América Latina en las últimas décadas fue El Consenso de Washington; toda vez que a partir de su promulgación en 1989 las estructuras de la economía de la región transitaron del modelo ISI (Industrialización por Sustitución de Importaciones) a la liberación y desregulación del mercado. La caída del muro de Berlín y el fin del socialismo en la antigua URSS, permitieron que los Estados Unidos dejaran atrás el fantasma de las revoluciones en Latinoamérica y olvidaran el asistencialismo que habían
proyectado al continente; por ello la promulgación del Consenso de Washington significó una nueva puesta en escena de las políticas del gobierno Norteamericano con respecto a América Latina, en el que solicitaba fundamentalmente la inmersión al mercado global y la advertencia a solucionar la crisis de la deuda externa.
El consenso promulgado4 por primera vez por John Williamson en 1989, uno de los
miembros más prestigiosos del Banco Mundial en aquella época y de origen inglés, pretendía generar una disciplina presupuestaria en los países que desearan solicitar los préstamos del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI); dicha disciplina presupuestaria buscaba frenar la inflación y equilibrar las condiciones microeconómicas de las naciones, para lo cual era indispensable la transición a las democracia de la mayoría de países en América Latina, pues el clima político debía ser favorables a las nuevas consignas económicas.
La primera traducción de esta iniciativa es que todo aquello que se relacionase con el Consenso de Washington, implicaba necesariamente la aceptación del neoliberalismo. Así, siguiendo a Boron (2003), el Consenso trajo “una democracia política reducida, el famoso “efecto derrame” (trickledown) que según la teoría neoliberal descargaría pródigamente sobre los hogares de los más pobres parte de la riqueza acumulada por los más ricos no se produjo” (p. 45). En cambio, lo que sí trajo fue una profunda desigualdad social, inequidad y un individualismo que en vez de fomentar el espíritu democrático de las masas trajo consigo la posterior democracia delegativa. Además, en su lugar, “hemos visto el fenomenal aumento en la concentración de la riqueza, que hizo que nuestros ricos se enriquecieran cada día más mientras abajo crecía aceleradamente el número de pobres e indigentes que se sumían en una deprivación sin precedentes en nuestra historia” (Boron, p. 56).
Llegados a este punto se concluye que los procesos de transición y consolidación no han sido tan favorables para los ciudadanos de América Latina, pues la inclusión de los años noventa implicó un reforzamiento de las políticas económicas de parte de Estados Unidos. Lo cual traduce que lo que se denomina democracia de tercera ola es simplemente una extensión de las políticas neoliberales hegemónicas.
Alcántara, M. (1992). Las transiciones a la democracia en España, América Latina y Europa Oriental. Elementos de aproximación a un estudio comparativo. Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 11. Recuperado de http://campus.usal.es/~acpa/sites/default/files/RCEC_11Alcantara.pdf
Bethell, L. (1991). From The Second World War to the Cold War, 1944-1954. En Exporting Democracy, The United States and Latin America, Abraham F. Lowenthal, ed., págs. 41- 71., Baltimore, Johns. Hopkins University Press.
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Notas
La teoría política se ha encargado desde Platón en República VIII y Aristóteles en la Política a cuestionar el poder político y efectivamente consecuente de la Democracia. Los dos coinciden en que esta representa una enfermedad del Estado y una desviación del verdadero gobierno desde las mayorías para las mayorías, esto es, la Politeia. La Ciencia política (entendida como verdadera ciencia desde el siglo XX), ha cuestionado
Sartori, dese la ciencia política, reconoce que aquellos fenómenos que emergen como democracia no son siempre uniformes y dada su ambigüedad y confusión, fácilmente caen en una superficialidad política; así
diferencia por lo menos tres tipos de democracia, Democracia política, Democracia Social y Democracia económica, en las que las dos últimas necesariamente se subordinan a la primera. En esta medida, el problema fundamental va a residir en las “trampas, simplicidades o banalización” que se hace de los microcosmos sociales (Sartori).
Al respecto García (2003) asegura: “en algunas ocasiones menciona a Panamá como país democrático, no incluye a Costa Rica en el cuadro general, se excluye a República Dominicana e incluye a Surinán, a pesar de que solo contaba con un millón de habitantes” (p.19).