Manuel Pérez Aguirre1
Palabras clave: violencia estatal; derechos humanos; entidades federativas; protesta; represión
¿Por qué las autoridades mexicanas reprimen la manifestación pública? Carey (2006) sostiene la existencia de dos corrientes explicativas en la relación entre protesta y represión. La primera se pregunta por el impacto de la represión en la protesta; la segunda, cómo ésta condiciona a la primera. Carey sostiene una tercera opción, que la relación es de impactos recíprocos. Es decir, las autoridades condicionan a los actores colectivos y estos, a su vez, determinan la respuesta gubernamental. Siguiendo a Davenport (1995), la relación es de impulso y respuesta. La manifestación viene desde la sociedad hacia el Estado, mientras la represión depende de la
1 Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Investigador asociado del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Temas de especialización: democracia electoral, capacidades estatales, violencia estatal, violencia criminal. Correo electrónico: meperez@colmex.mx. Esta ponencia es producto de la tesis para obtener la Maestría en Ciencia Política en el Colegio deMéxico, titulada “La violencia estatal en las entidades federativas mexicanas (2008-2014): la influencia de la democracia electoral y las capacidades estatales”, dirigida por la doctora Laura Flamand.
percepción estatal.
Cuatro partes conforman esta ponencia. La primera delimita las aproximaciones teóricas al fenómeno, partiendo de la idea dinámica entre protesta y represión (Carey, 2006) y tomando como referencia al modelo maximizador de la represión, el cual considera que la represión es un resultado posible del cálculo entre costos y beneficios de las autoridades,1 quienes evalúan las limitaciones formales e informales del marco institucional y ponderan las expectativas de éxito de las acciones represoras (Davenport, 2007a; Hill y Jones, 2014). La segunda parte presenta una alternativa de operacionalización del fenómeno represivo para el análisis estadístico, tomando como referencia las formas tradicionales de aproximarse al fenómeno a nivel global y siguiendo el trabajo de Beer y Mitchell (2004) para el caso mexicano. La tercera parte presenta una opción utilizada para el análisis cualitativo, tomando como base las recomendaciones de Davenport (2007b) para la agenda de investigación de la represión en el siglo XXI. En concreto, la tercera parte de esta ponencia muestra los resultados y las ventajas de aproximarse al fenómeno a partir de la revisión hemerográfica. Finalmente, la cuarta parte discute los límites de ambas alternativas.
McAdam, Tarrow y Tilly (2005) denominan contienda política a la interacción episódica, pública y colectiva –en oposición a eventos continuados, privados y multiformes– que, además, tiene dos características específicas: que el gobierno participe, ya sea como actor, objeto contra el que protestan o parte de las demandas;2 y que la satisfacción de las reivindicaciones afectaría los intereses de alguno de los involucrados. Tarrow (2009) denomina acción colectiva contenciosa a la combinación de personas sin acceso regular a las instituciones, con reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se conduce de modo amenazante para otros o las autoridades.
Las razones para manifestarse son diversas: económicas, políticas, materiales, religiosas, y un largo etcétera. Según Dalton, Van Sickle y Weldon (2009), los factores que influyen en la participación en manifestaciones públicas pueden ser de nivel macro, dependiendo la cerrazón o apertura de la estructura de oportunidades políticas, o micro, tanto la percepción personal como los recursos individuales a disposición.
¿Quiénes se manifiestan? Suele considerarse que aquellos que no tienen otros medios recurren a la manifestación pública. Francisco (1993) critica esa idea. Para él, la protesta no es un
recurso extremo, sino el producto de un cálculo maximizador. McAdam, Tarrow y Tilly (2005) plantean tres tipos de actores políticos, dependiendo su postura respecto al statu quo. Mientras los disidentes –actores colectivos que no cuentan con acceso habitual a agentes y recursos del Estado– buscan modificarlo, los miembros de la sociedad política -aquellos con acceso habitual a dichos canales– pretenden mantenerlo; los súbditos ni siquiera están organizados como actores.
Las manifestaciones pueden adquirir diversas formas. Dalton, Van Sickle y Weldon (2009) establecen cuatro umbrales de la protesta. El primer umbral separa las actividades convencionales de las que no lo son; el segundo, acciones directas que son semi-legales; el tercero involucra actos ilegales pero no violentos, como huelgas u ocupaciones pacíficas; el cuarto incluye actos ilegales y violentos.3 ¿Por qué mediante estas formas? Es necesario apuntar que el tipo de régimen es un elemento común, que interfiere tanto en las demandas cuanto en las vías. Se hablará de ello en el siguiente apartado.
Por último, conviene considerar a la protesta como fenómeno multidimensional, en dos sentidos. En primer lugar, considero pertinente la diferencia entre manifestaciones monotemáticas y multitemáticas, establecida por Gamson (1990). En segundo lugar, a partir de la crítica al análisis unidimensional de la protesta, enfocada en la frecuencia, Davenport (1995) opta por considerar también la presencia o no de violencia,4 variedad de estrategias y límites culturales.
Como se mencionó con anterioridad, aunque la idea de represión está inexorablemente ligada a la protesta, sólo es un resultado posible. ¿Qué es la represión? Para McAdam, Tarrow y Tilly (2005), es una respuesta predecible a la contienda política: endurece la resistencia, modifica las tácticas y desalienta la movilización u otras acciones. Puede ser selectiva, dirigida al sector más militante, o generalizada, radicalizando la protesta. Por su parte, Davenport (1996) la define como un comportamiento mediante el cual el Estado espera neutralizar a sus oponentes políticos
o incrementar los costos de sus estrategias. Así, siguiendo a Young (2013), se entendió a la represión como una acción donde el Estado utiliza violencia contra sus ciudadanos para inducirlos a acatar sus políticas.
Davenport (1999) enuncia tres tradiciones distintas para hablar de represión: terror estatal, enfocada a regímenes cerrados; sanciones negativas, que agrupa las restricciones no violentas en las libertades políticas y sociales; violaciones a los derechos humanos. Sin embargo,
la diferenciación no resulta del todo clara, sobre todo porque el terror estatal incluye a las otras categorías. Hay otra diferenciación que me parece más oportuna. Siguiendo a Carey (2006), el Estado puede realizar diversas acciones represivas, desde restricciones a la libertad de expresión hasta masacres. Por ello se ha optado por distinguir dos dimensiones (Davenport (2007a). Por un lado, las restricciones a las libertades civiles incluyen arrestos, prohibiciones, toques de queda, limitaciones a la libertad de expresión, asociación, asamblea y creencias. Por otro, la vulneración a la integridad de las personas, o lo que Richards y Gelleny (2007) llaman violaciones a la integridad física, contiene mutilación, tortura, asesinato. La diferencia fundamental entre ambas radica en cómo modifican las conductas de los manifestantes, mientras las primeras sólo limitan las oportunidades de los actores, las vulneraciones a la integridad física segundas atentan contra ellos, incluso los eliminan.
¿Por qué las autoridades reprimen? En términos cronológicos, el primer marco explicativo se enfocaba en la frecuencia de las manifestaciones. Consideraba que el impulso tenía relación positiva directa con la respuesta: la percepción del Estado sólo tomaría en cuenta el incremento de las protestas; reprimiría mecánicamente, cuando el número de manifestaciones sobrepasara cierto límite. Sin embargo, dicho enfoque no podría explicar, por ejemplo, altos niveles de represión combinados con pocas protestas, como Chile durante la dictadura de Pinochet.
La academia paulatinamente desechó la explicación unidimensional centrada en la frecuencia. El segundo marco explicativo se centró en la amenaza, porque los “regímenes son mucho más selectivos de lo que se pensaba originalmente, mediante lo que ellos consideran una amenaza y responderán con acciones represivas” (Davenport, 1995, p. 702). Protestantes y autoridades imitan sus comportamientos, actúan en función del otro según la información, capacidades y recompensas disponibles. Es decir, si las autoridades creen que la protesta amenaza su situación, reprimirán. La percepción estaría mediada multidimensionalmente, la frecuencia sería una más. Por ejemplo, Davenport (1995) consideraba que la percepción era influida por cuatro características: tipo de sistema político, capacidad de coerción, desarrollo económico y dependencia; Poe y Tate (1994) incluso consideran que el signo ideológico del régimen influye en la percepción.5
Actualmente, el marco dominante apunta hacia la toma de decisiones informales enfocadas en las condiciones asociadas con el cálculo entre costos y beneficios de implementar
medidas represivas; el objetivo de las autoridades es minimizar los costos y maximizar los beneficios (Hill y Jones, 2014, p. 663). Mediante la adaptación del marco de amenaza, partiendo de un modelo “top down”, plantea que las autoridades maximizan, consideran alternativas y la efectividad potencial de la represión (Davenport, 2007a). En el escenario ideal para la represión los beneficios superan a los costos, no hay alternativas y la probabilidad de éxito es alta; el adverso sería aquel en el que los costos fueran mayores que los beneficios, hubiera alternativas y la probabilidad de éxito fuese baja.
Los beneficios son de orden político, principalmente la eliminación de competidores internos y la preservación de las instituciones coercitivas. Los costos impactan la legitimidad política de líderes, políticas e instituciones, así como el gasto de recursos por mantenimiento logístico. Por lo anterior, dice Carey (2006), no se espera que las protestas escalen o continúen indefinidamente, aunque sí pueden hacerlo de manera significativa en el corto plazo. Así, por un lado, la represión sistemática incrementa los costos logísticos y de legitimidad internacional. Por otro, el disenso generalizado es improbable por problemas de coordinación y comunicación (pocos son los que protestan). Las alternativas presentan las distintas opciones porque, aunque este marco ya no considera la represión como última salida, no deja de ser poco deseable para el Estado. La efectividad no es otra cosa sino la probabilidad de éxito esperada, tomando en cuenta la preparación y la capacidad de las organizaciones coercitivas y su eficacia a lo largo del tiempo.
Las razones que incrementan o disminuyen los beneficios de las acciones represivas son diversos. A continuación presento las que considero más pertinentes para el contexto mexicano, con fines de ilustrar la complejidad del objeto de estudio.
La proposición democrática
En primer lugar, el régimen político media el conflicto interno y la negociación, “establece las reglas del juego y perfila la interacción entre gobierno y oposición. Determinan las elecciones de los actores y los costos que traen consigo” (Carey, 2006, p. 4). De acuerdo con el ideal de democracia liberal, la literatura apunta hacia una relación negativa entre democracia y represión, conocida como la proposición democrática (Davenport, 1999). Básicamente, afirma que un
régimen democrático es más tolerante de los derechos ciudadanos y relaja las actividades represivas; un régimen autoritario tiende al efecto contrario. Además de la efectividad de las democracias en la canalización de las demandas ciudadanas, tratada con anterioridad, la proposición democrática está basada en tres supuestos: menor proclividad a la violencia,6 rendición de cuentas y duración del régimen (Davenport, 1999).
Uno de los problemas principales de la proposición democrática es que los estudios sobre represión frecuentemente encuentran regímenes no democráticos menos represivos que algunas democracias. Según la teorización conocida como “U invertida” o “más violencia a la mitad”, las mayores violaciones estatales a la integridad física ocurren en países ‘parcialmente libres’, no en los estados autoritarios (Fein, 1995; Davenport, 1999; Davenport y Armstrong, 2004). En palabras de Fein: “más que una panacea, la democracia especialmente en sus etapas tempranas, es una caja de pandora […] acceder a una democracia limitada no sólo es un oxímoron sino una condición peligrosa” (1995, p. 185).
Las capacidades estatales
La democracia es sólo una de las razones que deberían incrementar los costos y disminuir los beneficios de las autoridades en su cálculo sobre la represión. El Estado, más allá del tipo de régimen político, es otra. Considero que en las capacidades estatales hay otra explicación plausible, complementaria, pero autónoma, de la proposición democrática.
Englehart (2009) afirma que la relación entre Estado y protección de la sociedad, incluidos derechos humanos, discurre en dos dimensiones. Por un lado, la normativa sostiene que los Estados deben protegerlos; por el otro, la empírica muestra que hay Estados incapaces de hacerlo. Es decir, si bien a veces el Estado es la amenaza, otras sólo es un mal protector.
Los conflictos armados
Los conflictos armados merecen atención especial porque constituyen una de las causas más significativas e influyentes en la literatura revisada, incluso por encima de instituciones, capacidades estatales o regímenes políticos (Poe y Tate, 1994; Hill y Jones, 2014). Siguiendo a Poe y Tate, la literatura separa a los conflictos armados en guerras internacionales y guerras civiles. Ambos presentan resultados interesantes, tanto que los enfrentamientos entre países
incrementan la represión cuanto que las pugnas internas también incrementan la respuesta gubernamental.
Las causas estructurales
El esquema de cálculo entre costos y beneficios considera la toma de decisiones por parte de las autoridades. Sin embargo, la literatura considera factores externos a los gobernantes, a los que denominaré estructurales. Es decir, no se trata únicamente de quienes reprimen u ordenan reprimir, también de otros elementos que conforman el ambiente en que lo hacen. Retomo tres grupos, a partir de la lista elaborada por Hill y Jones (2014).7 Las causas económicas, que incluyen PIB per cápita, ingresos petroleros, apertura comercial, inversión extranjera directa. Las causas demográficas incluyen el tamaño de la población, densidad demográfica y el número relativo de jóvenes (para este grupo sí hay una relación clara, el aumento en estas variables incrementa la represión porque genera tensiones al sistema, desestabilizándolo). Las causas políticas, incluyen ideología del gobierno y presencia de organizaciones no gubernamentales: las primeras incrementan la respuesta gubernamental represiva cuando los gobiernos se ubican a la izquierda en el espectro ideológico, aunque con un sesgo claro a favor de otras ubicaciones políticas porque Poe y Tate (1994) no presentan, por ejemplo, la opción de regímenes de derecha, sin dejar claro cuántos de los que etiquetan como gobiernos militares podrían ubicarse ahí; las segundas disminuyen la respuesta gubernamental represiva porque las ONG’s cumplen funciones de vigilancia y denuncia de abusos gubernamentales.8
La adaptación de las fuentes tradicionales como alternativa para el análisis estadístico Según Rivera (2010a), la academia en América Latina, incluida la mexicana, estudia la represión mediante estudios de caso, a contrapelo de la corriente dominante a nivel mundial, interesada en explicaciones generales. Es decir, hay un desfase entre el estudio latinoamericano y las tendencias globales, inclinadas a diseños de investigación con muchos casos, o de N grande. Ésta, a la que Rivera (2010b) llama literatura macrocuantitativa de la represión, tiene dos formas tradicionales de operacionalizar el fenómeno. La primera utiliza la Escala de Terror Político (ETP) de Poe y Tate (1994), centrada en la violación a la integridad física: presos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. La segunda, elaborada por
Cingranelli y Richards (2010) en el CIRI Human Rights Data Project (CHRDP), también incluye las restricciones a las libertades civiles, desde censura en los medios y restricciones políticas hasta derechos económicos o de género.
Creo que la ETP es la mejor opción, por dos razones. En primer lugar, porque considero que las violaciones a la integridad física de las personas son más graves que las restricciones a las libertades civiles. Vale la pena subrayar que la separación entre grupos es principalmente académica, porque, en la realidad, los conjuntos de violaciones pueden ocurrir simultáneamente – por ejemplo, el desalojo violento de una manifestación llega a involucrar detenciones arbitrarias y lesiones, pero también vulnera el derecho a la manifestación y la libertad de expresión. La segunda razón es que enfocarse a las violaciones a la integridad física permite delimitar el fenómeno y facilita la búsqueda de información, de por sí complicada en asuntos de derechos humanos (Poe y Tate, 1994; Davenport, 2007b).
Esta discusión es muy pertinente en el contexto político del país. A nadie escapa el incremento generalizado de la represión en México, denunciado por diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Sin embargo, hay pocos estudios sistemáticos del fenómeno y están enfocados a la defensa activa de los derechos humanos. Por ello, desde mi perspectiva, es necesario estudiar el fenómeno buscando tendencias generales y los factores que pueden explicar ese aumento. Además, debe considerarse que las entidades federativas mexicanas son tan heterogéneas entre sí que presentan un laboratorio natural para poner a prueba los efectos de distintos cuerpos teóricos sobre la violencia estatal.
Desafortunadamente, no es posible emplear los datos de la ETP en el ámbito subnacional, porque su información sólo es válida para países. El problema es el mismo con la CHRDP. Para subsanar eso, Beer y Mitchell (2004) centraron su atención en las violaciones a los artículos 3 a 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la vida, derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a no ser torturado o castigado degradantemente, derecho a no ser arrestado arbitrariamente. Beer y Mitchell midieron la violencia estatal mediante el número de quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por estado. Podría argumentarse que las quejas no son indicadores fiables porque aún no han sido evaluadas por las autoridades pertinentes. Sin embargo, debe considerarse que los organismos autónomos de derechos humanos difícilmente emiten recomendaciones. De hecho, Magaloni y Elizondo (2014)
mostraron recientemente que la CNDH sólo emite recomendaciones del 1% de las quejas presentadas.9
Como parte de mi investigación sobre la violencia estatal en las entidades federativas mexicanas, busqué trabajos que sistematizaran las violaciones a la integridad física en los estados mexicanos durante los últimos años (Pérez Aguirre, 2016). Desafortunadamente, la labor fue infructuosa. Ante esto, una idea fue actualizar el trabajo de Beer y Mitchell, aproximándome al fenómeno de la represión mediante el número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos. La diferencia primordial con su trabajo fue en el origen de la información, sustituyendo los datos de la CNDH por información de los organismos autónomos de Derechos Humanos (OADH) de cada entidad. ¿Por qué? Considérese que la CNDH sólo puede atraer algunos de los casos atendidos previamente por los OADH, resultando menos representativa de las realidades en las entidades federativas.
Como Beer y Mitchell, mi investigación centró la atención en las violaciones a los artículos 3 a 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a la vida, derecho a la libertad y seguridad de la persona, derecho a no ser torturado o castigado degradantemente, derecho a no ser arrestado arbitrariamente. Se utilizó la tasa de violencia estatal a partir del número de quejas (TVEQ), que es el número de quejas por violaciones a la integridad física interpuestas en los OADH por cada 100 mil habitantes. La información proviene de los informes anuales de los OADH, complementadas con múltiples solicitudes de acceso a la información a esos organismos. Cuatro indicadores componen la TVEQ: a) violaciones a la libertad es la suma del número de quejas por detención arbitraria y retención ilegal; b) tortura y maltrato agrupa las quejas por tortura, tratos crueles y degradantes, empleo arbitrario de la fuerza y lesiones; c) violaciones a la vida recopila las quejas por homicidio extrajudicial, asesinato y violaciones al derecho a la vida; d) desaparición forzada concentra las quejas por incomunicación y desaparición forzada.
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de los indicadores. Como descripción general, analizando la siguiente figura, se aprecia que la violencia estatal se ha incrementado sistemáticamente en el país. En términos llanos, las violaciones a la integridad física se incrementaron 45.6% en las entidades mexicanas, pasando de 10,877 casos registrados en 2008 a 15,896 en 2014. El periodo entre 2012 y 2013 presenta el cambio más abrupto, pasando de
14,504 registros a 15,463. Como se aprecia en la gráfica, la privación de la vida y la desaparición forzada son los derechos humanos a la integridad física menos violentados por las autoridades. Desagregando, sólo tortura y maltrato presentó un incremento permanente, los otros indicadores disminuyeron en alguno de los años, aunque la tendencia general es al incremento sistemático.
Aproximarse al fenómeno de esta manera tiene la gran ventaja de permitir el análisis estadístico, tanto descriptivo como inferencial. En otro texto analizo la violencia estatal utilizando como variable dependiente el número de quejas por violaciones a la integridad física presentadas en los organismos autónomos de Derechos Humanos de las entidades federativas (Pérez Aguirre, 2018). En ese texto, utilizo modelos de regresión con datos panel para poner a prueba los impactos de la democratización electoral y las capacidades estatales sobre la violencia estatal, operacionalizada a partir del número de quejas. A grandes rasgos, los resultados muestran dos cosas: a) la irrelevancia casi total de las variables correspondientes a la proposición democrática sobre la violencia estatal, b) mientras el incremento de las capacidades estatales determina la violencia estatal arbitraria, aunque no necesariamente la disminuye.
Como se discutirá en la cuarta parte de esta ponencia, esta alternativa tiene varias limitantes. Así, a pesar de sus bondades y de que los resultados en el análisis estadístico fueron robustos (Pérez Aguirre, 2018), la disponibilidad de información limita los alcances explicativos del análisis cuantitativo, tanto por las diferencias en el desempeño de los organismos de derechos humanos como por la falta de información de distintas agencias gubernamentales. Sin embargo, los límites son principalmente metodológicos: el modelo estadístico es pertinente para explicar las violaciones a la integridad física en las entidades mexicanas, pero es incapaz de aprehender la dinámica entre protesta y represión, entendida como un fenómeno eminentemente político. Dicho de otra forma, considero que capta el comportamiento brutal de los agentes de seguridad, pero no permite discriminar entre aquellas dirigidas explícitamente a modificar la conducta de actores políticos y las de sus acciones cotidianas. Por ejemplo, no permite discriminar las detenciones arbitrarias generadas para finalizar una protesta de otras por daños a la moral pública. Por lo mismo, corresponde más a una operacionalización de la violencia estatal que de la represión.
Uno de los mayores estudiosos del tema, Christian Davenport (2007b), propuso una agenda de investigación para el estudio de la represión en el siglo XXI. Una de sus recomendaciones era avanzar en el terreno cualitativo para retroalimentar el análisis cuantitativo, obteniendo un conocimiento más profundo del fenómeno pero con la mira puesta hacia explicaciones más generales. Siguiendo esta premisa, como parte de mi investigación (Pérez Aguirre, 2016), se realizó revisión hemerográfica de las protestas y represiones en Guanajuato y Tlaxcala en el periodo 2008 a 2014.
¿Por qué esas entidades? Partiendo de un diseño de comparación de casos más similares, los casos se seleccionaron de acuerdo al esquema de la siguiente figura. Primero se obtuvo información sobre las distintas áreas de las capacidades estatales, para tener una noción certera del desempeño de las entidades y ordenarlas en cada una de las áreas. En segundo lugar, pensando en términos de democracia electoral, eliminé a aquellas entidades que encajaran con la operacionalización de enclaves autoritarios. Se prescindió de aquellos estados donde el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida, partiendo del supuesto de que algunas élites priistas locales pudieron conservar y adaptar el antiguo régimen en el plano subnacional (Cornelius, 1999;
Gibson, 2005; Giraudy, 2009), además de considerar que la homogeneidad partidista ininterrumpida inhibe la división de poderes, las elecciones limpias y competitivas, y evidencia pluralismo limitado, en el sentido de Linz (Casar, 1996). Posteriormente, procedí a discriminar en función del tiempo transcurrido, en el supuesto que mayor distancia temporal en el cambio de régimen se relaciona positivamente con su consolidación y estabilidad.
Una vez seleccionadas las entidades se procedió a la revisión hemerográfica, utilizando la herramienta informática Infolatina. En primer lugar, obtuve noticias del periodo transcurrido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, utilizando los términos “Enfrentamiento Tlaxcala” y “Enfrentamiento Guanajuato”, “Protesta Tlaxcala” y “Protesta Guanajuato”, “Represión Tlaxcala” y “Represión Guanajuato” durante la búsqueda. Posteriormente, a partir de los resultados arrojados, discriminé las noticias referentes a manifestaciones de aquellas relacionadas con otros temas. Por ejemplo, “Protesta Tlaxcala” arrojó muchas noticias con títulos parecidos a “El presidente municipal tomó protesta del nuevo secretario de gobierno”. Por último, capturé la información contenida en las notas periodísticas pertinentes, 187 registros válidos para Guanajuato y 225 para Tlaxcala, en una base de datos, para analizarlos.
La revisión hemerográfica tiene la ventaja de visibilizar la dinámica entre protesta y represión, separando esos casos de otros donde la violencia estatal no perseguía motivos políticos. Por ejemplo, la siguiente figura muestra la relación entre casos de acción colectiva y respuesta estatal en Tlaxcala de 2008 a 2014. Además, como se aprecia, la figura permite conocer
el incremento o decremento entre años de estudio, las localidades que sirven con mayor frecuencia como escenario de protestas y represiones, además de permitir el análisis por tipo de manifestantes.
La revisión hemerográfica nutrió el análisis cualitativo y mostró diferencias notables entre las entidades estudiadas. Por ejemplo, en mi investigación logré apreciar cuatro elementos diferenciadores en las dinámicas generales entre protesta y represión en Guanajuato y Tlaxcala (Pérez Aguirre, 2016). La primera es la dinámica territorial, urbano-rural en Guanajuato y capital-municipios en Tlaxcala, por razones de dispersión de las dependencias burocráticas, el tipo de manifestantes –campesinos y mineros en Guanajuato, burócratas en Tlaxcala- y el rol que
juegan las otras ciudades importantes como escenario de manifestaciones, siendo León mucho más importante que Apizaco, por ejemplo. La segunda es la frecuencia de las manifestaciones y las represiones, mucho menor en Guanajuato cuando se pondera los datos de la figura anterior con el número de habitantes en cada entidad, teniendo Tlaxcala casi 5 veces menos pobladores. La tercera hace referencia a los niveles de violencia entre manifestantes y autoridades, porque los manifestantes de Tlaxcala tienden casi 7 veces más a recurrir a repertorios de acción colectiva violentos y las autoridades tlaxcaltecas reprimen casi el doble que las guanajuatenses. La cuarta involucra el proceso de cambio de gobierno estatal entre 2010 y 2011 fue una coyuntura política que, sin duda, modificó la dinámica entre protesta y represión en Tlaxcala.
En resumen, desde mi perspectiva, la revisión hemerográfica permite seguir los consejos de Davenport (2007b) y subsanar los límites de las fuentes tradicionales. En mi caso, la revisión hemerográfica permitió el estudio de la dinámica entre protesta y represión de una forma que otras alternativas dificultaron. Sobre todo permitió separar la violencia política de otras que también implican violaciones estatales a la integridad física, como la violencia criminal para el caso mexicano. La principal objeción es que los costos temporales y económicos son muy altos, de lo que trataré en la última parte de este texto.
Los límites pueden dividirse en dos grupos: los generales, aplicables al estudio de la represión a nivel global, y los específicos, constreñidos a las alternativas utilizadas para el caso mexicano mencionadas en este texto. Sin embargo, el problema principal de los estudios cuantitativos de la represión radica en la naturaleza misma del fenómeno, porque el registro de las violaciones estatales a la integridad física de los ciudadanos frecuentemente corre a cargo de agentes estatales. Dicho de otra forma, el Estado no sólo es juez y parte en términos de represión, también llega a fungir de narrador.
Los límites generales están relacionados con algunas particularidades de las fuentes tradicionales de información sobre el fenómeno represivo a nivel mundial. En primer lugar, tanto el CIRI Project como la Escala de Terror Político son incapaces de aprehender la dinámica entre protesta y represión. Los estudios buscan mecanismos para incorporar a las protestas en el estudio de la represión –por ejemplo, mediante la utilización de lags–, pero se enfocan principalmente a
la respuesta del Estado, dejando a un lado su relación con la protesta: ¿qué papel juega la conducta de los manifestantes?, ¿su origen socioeconómico?, ¿su localidad?, ¿sus liderazgos?, etcétera.
En segundo lugar, en mi opinión, es necesario individualizar los casos y no sólo las violaciones. Por ejemplo, los eventos del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán incluyeron lesiones, homicidios extrajudiciales, detenciones arbitrarias y abuso de autoridad pero, a la vez, fue una sola dinámica de protesta y represión, entre bloqueo carretero y desalojo violento. Una de las ventajas de hacerlo de este modo es que permite insertar los casos dentro de sus ambientes. Regresando a Nochixtlán, ¿la represión es un caso aislado en Oaxaca durante el sexenio de Cué?,
¿cuál ha sido la postura del gobernador frente a las manifestaciones?, etcétera.10
En tercer lugar, las alternativas tradicionales dificultan la discriminación de la violencia estatal con fines políticos de otros tipos. Este punto es de la mayor relevancia en países como México, donde los agentes de seguridad vulneran la integridad física de los ciudadanos durante sus actividades cotidianas. En ese sentido, es necesario tener en cuenta los efectos que la guerra contra el crimen organizado iniciada por Calderón ha tenido sobre el clima de Derechos Humanos en el país.11 Por un lado, vulnera la vida democrática en su conjunto, erosionando la competencia política y el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos (Alvarado, 2012). Además, las organizaciones criminales no sólo minan las capacidades del Estado, incluso sustituyéndolo en su control territorial, sino que el Estado mexicano ha optado por mimetizar sus acciones y estrategias con las de los delincuentes, para mejorar sus posibilidades de derrotar a las organizaciones criminales (Pereyra, 2012). Esta configuración incrementa no sólo el número de homicidios, sino las violaciones a derechos humanos, resultando en que las formas tradicionales de operacionalización del fenómeno represivo resulten incapaces de aprehender la dinámica entre protesta y represión (Carey, 2006), dificultando aún más la diferenciación entre violencia política y violencia criminal.
Los límites específicos están relacionados con la disponibilidad de la información.
Recordemos que el CIRI Project y la Escala de Terror Político no pueden ser utilizados en el estudio de las entidades federativas mexicanas porque sus datos se interesan en países y no en unidades subnacionales. En mi opinión, la mejor opción disponible es seguir el camino trazado por Beer y Mitchell (2004) y utilizar el número de quejas por violaciones a la integridad física
como mecanismo de aproximación al fenómeno. Desafortunadamente, eso tiene dos problemas. El primero es que las quejas probablemente subregistran las violaciones a derechos humanos de los grupos vulnerables, porque interponer una requiere de tiempo y recursos, como Internet o teléfono, que no están a la mano de toda la población. Además, la falta de efectos vinculantes y castigos verdaderos a los violadores disminuyen los incentivos de la población, en general, para denunciar a sus agresores.
El segundo es que las diferencias en el desempeño de los organismos de derechos humanos de las entidades son abismales, notorias en el procesamiento de la información del número de quejas en sus informes anuales, en sus mecanismos de atención y en la capacitación de su personal. Vale la pena mencionar que la Federación Mexicana de Organismos de Derechos Humanos (FMODH) ha intentado homologar los catálogos de violaciones desde principios de esta década, aunque todavía las comisiones y procuradurías no procesan la información de manera uniforme.
Por otro lado, el análisis cualitativo siguiendo la línea trazada por Davenport (2007b) fue satisfactorio y prometedor. Como se mostró líneas arriba, permite analizar fielmente la dinámica entre protesta y represión, aislándola de otras violaciones a la integridad física por motivos variados, además de que brinda la posibilidad de extraer una serie de elementos que no serían accesibles desde las fuentes tradicionales o la adaptación del trabajo de Beer y Mitchell (2004).
Desafortunadamente, esa alternativa implica costos económicos y temporales muy altos. Además, tampoco garantiza una certeza absoluta, pues se trataría de sistematizar información desigual, a partir de medios de comunicación impresos distintos entre sí, no sólo por su línea editorial, también por su capacidad logística y el tamaño de información a cubrir. Dicho de otra forma, definitivamente no es igual cubrir notas periodísticas en Tlaxcala que en Chihuahua, ni se puede comparar la cantidad de noticias a reportar entre Colima y el Estado de México, mucho menos los recursos disponibles de los principales medios capitalinos frente a algunas de sus contrapartes en el resto de la República. Esto plantearía otro problema: los criterios de selección de los medios de comunicación y, sobre todo, de clasificación de los fenómenos. Sobre todo, al ser un procedimiento detallado y costoso.
No obstante, estoy convencido de que valdría la pena ampliar la relación, depurarla y extenderla hacia otras unidades de análisis, buscando explicaciones de mayor alcance. Como
apuntan Poe y Tate (1994), buscar y conocer las causas de la represión trasciende el ámbito académico, sirve para denunciar arbitrariedades y, en un escenario ideal, puede evitar sufrimiento humano.
Aguayo, S. & Dayán, J. (2017). El Yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011. Documento de trabajo del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. México: El Colegio de México.
Beer, C. & Mitchell, N. (2004). Democracy and human rights in the Mexican states: Elections or social capital? International Studies Quarterly, 48 (2), pp. 293-312.
Carey, S. (2006). The dynamic relationship between protest and repression. Political Research Quarterly, 59 (1), pp. 1-11.
Casar, M. A. (1996). Las bases político-institucionales del poder presidencial en México. Política y Gobierno, III (1), 61-92.
Cingranelli, D. & Richards, D. (2010) The Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Project. Human Rights Quarterly, 32 (2), pp. 401-424
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016). Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Cornelius, W. (1999) Subnational Politics and Democratization: Tensions between Center and Periphery in the Mexican Political System. En Cornelius, W., Eisenstadt, T. & Hindley, J. (Eds.), Subnational politics and democratization in Mexico (pp. 3-16). La Jolla: University of California, Center for U.S.-Mexican Studies.
Dalton, R., Van Sickle, A., & Weldon, S. (2009). The individual-institutional nexus of protest behavior. British Journal of Political Science, 40, pp. 51-73.
Davenport, C. & Armstrong, D. (2004). Democracy and the violation of human rights: a statistical analysis from 1976 to 1996. American Journal of Political Science. 48 (3), pp. 538-554.
Davenport, C. (1995). Multidimensional threat perception and state repression: an inquiry into why states apply negative sanctions. American Journal of political Science. 39 (3), pp. 683-713.
Davenport, C. (1996). "Constitutional Promises" and Repressive reality: a cross-national time- series investigation of why political and civil liberties are suppressed. The Journal of Politics. 58 (3), pp. 627-654.
Davenport, C. (1999). Human rights and democratic proposition. The Journal of Conflict Resolution. 43 (1), pp. 92-116.
Davenport, C. (2007a). State Repression and the Tyrannical Peace. Journal of Peace Research, 44 (4), pp. 485-504.
Davenport, C. (2007b). State Repression and Political Order. Annual Review of Political Science, 10, pp. 1-23.
Englehart, N. (2009). State capacity, state failure, and Human Rights. Journal of Peace Research, 46 (2), pp. 163-180.
Favela, G. (2005). Cambios en el sistema político y en la protesta social en México, 1946-2000: interacción entre instituciones y acción social. Estudios Sociológicos. 23 (68), pp. 535- 559.
Fein, H. (1995). More murder in the middle: Life-Integrity violations and democracy in the world, 1987. Human Rights Quarterly, 17 (1), pp. 170-191.
Francisco, R. (1993). Theories of protest and the revolutions of 1989. American Journal of Political Science, 37 (3), pp. 663-680.
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (2014). Control del Espacio Público: Informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno. México, D.F.: Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.
Gamson, W. (1990). The strategy of social protest. Belmont: Wadsworth.
Gibson, E. (2005). Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Democratic Countries.
World Politics, 58 (1), pp. 101-132.
Giraudy, A. (2009). Subnational undemocratic regime continuity after democratization: Argentina and Mexico in comparative perspective. Tesis de doctorado, The University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina, Estados Unidos.
Hill, D. & Jones, Z. (2014). An empirical evaluation of explanations for state repression.
American Political Science Review, 108 (3), pp. 661-687.
Instituto Belisario Domínguez, Desaparición forzada y tortura en México. La perspectiva de
organismos internacionales y datos según averiguaciones previas, Temas estratégicos 32, Reporte quincenal, abril 2016.
Magaloni A. & Elizondo, C. (2014). ¿Qué hacer con la CNDH? Nexos, Disponible en http://www.nexos.com.mx/?p=23111, consultado el 19 de enero de 2018.
McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2005). Dinámicas de la contienda. Barcelona: Hacer Editorial.
Open Society Justice Initiative (2016). Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México. Ciudad de México: Open Society Justice Initiative.
Pérez Aguirre, M. (2016). La violencia estatal en las entidades federativas mexicanas (2008- 2014): la influencia de la democracia electoral y las capacidades estatales. Tesis de maestría en Ciencia Política. El Colegio de México, Ciudad de México.
Pérez Aguirre, M. (2018). Panorama de la violencia estatal en las entidades federativas mexicanas. Revista Mexicana de Sociología, 80 (1), pp. 63-114.
Poe, S. & Tate, N. (1994). Repression of human rights to personal integrity in the 1980's: A global analysis. The American Political Science Review, 88 (4), pp. 853-872.
Richards, D. & Gelleny, R. (2007). Good things to those who wait? National Elections and Government Respect for Human Rights. Journal of Peace Research. 44 (4), pp. 505-523.
Rivera, M. (2010a). Estudios sobre represión estatal en regímenes democráticos: teorías, métodos, hallazgos y desafíos. Política y Gobierno. 17 (1), pp. 59-95.
Rivera, M. (2010b). ¿Por qué reprimen las democracias? Los determinantes de la violencia estatal en América Latina. México: FLACSO-México.
Staff MVS (3 de mayo de 2014). Represión aumentó con la llegada de Peña Nieto: Comité Cerezo. Noticias MVS. Recuperado de: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/represion-aumento-con-la-llegada-de-pena-nieto- comite-cerezo-504.html
Tarrow, S. (2009). El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Madrid: Alianza Editorial.
Young, J. (2013). Repression, dissent, and the onset of civil war. Political Research Quarterly, 66 (3), pp. 516-532.
Notas
1 Los costos incluyen las variaciones de la legitimidad política y gastos en mantenimiento logístico; los beneficios son, principalmente, la eliminación de opositores internos y la preservación de instituciones coercitivas.
2 Abundando, dicen los actores que “movimientos, identidades, gobiernos, revoluciones, clases y otros nombres igualmente colectivos no representan objetos fijos, impenetrables, claramente delimitados, sino abstracciones de los observadores a partir de unas interacciones continuamente negociadas entre personas y conjunto de personas” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 13).
3 Favela (2005) establece cuatro tipos de acciones: a) convencional (a través de instituciones establecidas);
no convencional demostrativa (manifestaciones legales y pacíficas, plantones, huelgas legales); no convencional confrontacionista (ilegal pero no violenta); no convencional violenta (sabotajes, asaltos, incendios, secuestros y asesinatos).
4 Así, según Gamson, las probabilidades de satisfacción de demandas son mucho mayores en una manifestación monotemática y violenta que en otra multitemática y pacífica.
5 Aunque considero que sesgadamente: sólo incluyen a los ‘regímenes de izquierda’ (por motivos
ideológicos, desde mi perspectiva), sin llamar a sus contrapartes de derecha como tales, sino, por ejemplo, regímenes militares.
6 Por la presencia de debate público y una relación entre actores que deriva en menor peso relativo inserto en un sistema de vetos.
7 Plantean que la significancia estadística de esos conceptos refleja más el ruido que las relaciones
significativas, por lo que hacen un llamado a explorar lo más posible.
8 El grupo también incluye a la democracia e instituciones, pero ya han sido tratadas con anterioridad.
9 http://www.nexos.com.mx/?p=23111
10 Animal Político realizó una cobertura excepcional del caso: http://www.animalpolitico.com/2016/06/la- batalla-de-nochixtlan-contada-por-sus-testigos-primera-parte/
11 Diversos estudios han enfocado sus esfuerzos en describir y explicar la tragedia mexicana. Algunos desde la sociedad civil, como el informe de Open Society (2016) sobre crímenes de lesa humanidad en el país, otros desde las mismas instancias estatales, como el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado de la CNDH o el de desapariciones forzadas y tortura del Instituto Belisario Domínguez. Además, hay
otros que analizan casos concretos de captura criminal sobre el Estado, como el reciente informe sobre el control de los Zetas del penal de Piedras Negras, con aquiescencia del Estado mexicano (Aguayo y Dayán, 2017).