María del Rosario Carbajal Rodríguez1
Palabras clave: robo de combustible; crimen organizado; autoridades locales
Para poder hablar de la problemática del delito de robo de combustible, que ha aumentado de manera drástica en el estado de Puebla, es necesario señalar que tal situación se ha dado en el marco de la dura situación que el país padece debido al crimen organizado. Se han de rescatar solo unos datos de interés de la historia por todos conocida y no es necesario que tal se detalle en el presente escrito.
Según Guillermo Valdés, el aumento de la violencia usada por el crimen organizado se dio en función de la acción directa del Estado mexicano en su contra. Tal acción se concentró en mucho mayor medida en atacar la principal actividad del crimen organizado, por ser el origen de dichas organizaciones y la que representa su mayor ingreso económico: el narcotráfico, cuyo destino principal es Estados Unidos.
Fue a partir de la disolución del pacto entre narcotraficantes conocido como la Federación, y ya también con el Estado mexicano que presionado por Estados Unidos emprende acciones contra los narcotraficantes una de las cuales detener a grandes capos, que los carteles que aún estaban activos, ante ese vacío de poder comienzan una pelea por arrebatar las plazas a los demás carteles, iniciando ofensivas cada vez mas violentas, y surge la imperiosa necesidad de obtener recursos para poder mantenerse en la contienda.
Es en este contexto donde surgen los grupos armados de los carteles, los cuales estaban dedicados directamente a la lucha. Un grupo armado que fue y es hasta la fecha de los mas sangrientos fueron los Zetas, que surgió como brazo armado del cartel del Golfo y según Valdés, son ellos los pioneros de la diversificación de las actividades del crimen organizado, pues los salarios que obtenían del cártel del Golfo no les eran suficientes, e inicialmente con el permiso de éste, se dedicaron a obtener recursos propios, por medio de “extracción de rentas de la sociedad”, es decir, atacando los lugares donde estaban asentados.
Otros cárteles también se hicieron de un brazo armado, como los pelones del cártel de Sinaloa. Ante la guerra en la que se encontraban se hicieron necesarios recursos ya que era importante eliminar a los enemigos so pena de ser eliminados ellos mismos. La extracción de las rentas de la sociedad se hace hasta la fecha por medio de asaltos, cobro de piso, secuestros extorsiones, robo de autos y de combustible, entre otras. Diversos espacios; comunidades, municipios y regiones enteras han sido sometidas al violento control de las organizaciones criminales y son testigos del arrebato de sus propiedades, sus cultivos, y sus vidas por parte de los criminales que operan principalmente con la ley de plata o plomo.
Sin embargo, es importante señalar que no se puede hablar de una sola cara del crimen organizado pues esta depende de las condiciones del espacio donde se desenvuelve (la competencia, el uso que se le da a dicho espacio, la postura de las autoridades), es en función de estas condiciones como decidirán el grado de violencia que usarán o incluso lo omitirán en caso
de no ser necesario. También podría pasar que incluso la usen para transmitir a la comunidad que los acoge una percepción de protección. Así, los diversos espacios conocerán diferentes facetas del crimen organizado. Todo el territorio nacional tiene como parte de su realidad a estos grupos y en este sentido, Puebla sobre todo la capital: la cuidad de Puebla, también ha tenido un rol en esta dinámica y es la que se describe a continuación.
Según un reportaje de Periódico Central (Velázquez, Periódico Central, 2017), en Puebla han sido detenidos 18 grandes capos del crimen organizado, esto ha sucedido desde el 2001, y no olvidemos que hasta el Chapo ha vivido en la ciudad. Tales capos han venido de diferentes partes del país e incluso han sido líderes de grupos en conflicto, que estando en Puebla parecen dejar los conflictos atrás. En la ciudad, sus familias llevan una vida normal y pacífica.
Los hijos de estos personajes, según dicen quienes han convivido con ellos en su rol de estudiantes, se caracterizan por estar en escuelas evidentemente muy de alto nivel, pero aun así manejan un bajo perfil; son estudiantes laboriosos y hasta gentiles. Seguramente todo esto lo hacen con la recomendación de sus padres, para no llamar la atención, así que en muchos casos se han ganado la simpatía de quienes les rodean que, intrigados por el mundo de estos personajes cavilan y concluyen que estas personas son gente de bien; empresarios, nada más, los malos son los “gatos”, que pierden el control cuando sienten un poco de poder, aquellos que se dedican a las actividades de poca monta, como la venta de las drogas y el sicariato.
Sirva esta narración para evidenciar que hasta hace poco, en Puebla solo se apreciaba la cara amable del crimen organizado, aquella que pagaba colegiaturas, invertía en nuevos negocios, la que vivía pacíficamente y de la que, aunque todos sabíamos que estaba aquí, no causaban molestias y hasta ayudaban a la ciudad y por ende no pasaba nada malo. Sin embargo, la situación ha cambiado actualmente y el cambio no es casual, más bien parece ser una tragedia anunciada, no solamente por lo que sucedía alrededor del territorio del estado, sino dentro del mismo, la cuestión es ¿Por qué se dieron así las cosas? La respuesta consta de muchas variables, necesarias a tomar en cuenta para entender la explosión actual de la violencia dentro
del estado.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que Puebla no había sido un territorio ocupado típicamente por el narcotráfico ni para la producción y evidentemente tampoco para el transporte de drogas. Si bien para precisar el primer punto, existen datos que dan cuenta de que había territorios cultivados en San Andrés Calpan, San Lorenzo Chiautzingo, San Felipe, Los Reyes, San Martín Texmelucan entre otros, esto no estaba tan generalizado como por ejemplo en el caso de Guerrero, era más bien esporádico y bastante discreto. Personas mayores de un municipio asentado en la Mixteca poblana comentan que en la época de los setentas tenían conocimiento de un rancho muy alejado de las comunidades, donde “weros”, probablemente extranjeros, vivían ahí y producían mariguana sin dar más molestias a menos que entraran a su territorio, también recuerdan algunas incursiones militares.
Puebla no había sido un espacio de transito de la droga, porque no es una ciudad fronteriza o un puerto, la zona metropolitana era relativamente pequeña y de hábitos más bien tradicionales y por ende el consumo no estaba tan generalizado. Sin embargo, alrededor del estado se estaban sucediendo cosas que tarde o temprano impactarían negativamente esa tranquilidad; la guerra contra el narcotráfico generó una diáspora de los narcotraficantes, el llamado efecto cucaracha, y los constantes golpes a su actividad principal produjo que buscaran obtener recursos por otros medios, lo que Guillermo Valdez llama la “extracción de las rentas sociales”, y comienzan las extorsiones, el tráfico de personas, cobro de piso entre otros. El vecino Tlaxcala da cuenta de la focalización justamente de una de esas actividades, el tráfico de personas, con fines de explotación sexual.
Si bien la extracción de rentas sociales se refiere al uso de la violencia para obtener una suerte de tributo forzado por parte de la población azotada por el narcotráfico, otros delitos comenzaron a formar parte de las actividades normales del crimen organizado surgido inicialmente alrededor de la actividad del narcotráfico: el robo de vehículos, de ganado, los secuestros y el robo de combustible, el cual ha hecho a Puebla tristemente famosa por la gravedad que ha alcanzado el delito y la conformación de la regio conocida como Triángulo Rojo o la Franja del huachicol.
Pero antes de detallar este aspecto, es necesario resaltar que antes de la consolidación de la Franja del huachicol sí hubo indicios de la presencia del crimen organizado. Tales indicios no
fueron atendidos e incluso se negaron constantemente, la conformación de esa región definida por la comisión de ese delito no fue más que una consecuencia de dicha omisión.
Se puede saber incluso de qué grupo estaba llegando al territorio poblano se trataba, por las zonas donde tenían actividad de los Zetas, el grupo más sanguinario de todos, que comenzó a buscar dominar el territorio de Veracruz, y como actualmente sabemos en manos del gobernador Javier Duarte quedó en charola de plata para tal dominio y así comenzó una etapa terrible en el vecino estado, donde para nuestra desgracia tampoco se quedaron, sino que cual enfermedad comenzaron a infectar la zona norte del estado de Puebla, y colindante con el territorio de Veracruz. El periodista Fernando en una nota publicada en el periódico, Sin Embargo (Montiel, 2015), armó esta lista de encabezados de noticias que evidenciaban que algo no iba bien en el territorio poblano:
- “Se niega MP de Huauchinango a consignar a detenidos por robo de ganado” - abril 8, 2014);
Hablan de presión pública (“Consignan a tres por robo de ganado en Huauchinango” (abril 14, 2014);
Hablan de un tipo de delincuencia que no es atribuible a simples abigeos (“Roban 56 cabezas de ganado y un tráiler en Xicotepec” -agosto 14, 2014);
Hablan de delincuencia organizada (“Grupos armados roban cabezas de ganado a plena luz del día en la Mixteca” -agosto 14, 2014);
Hablan de violencia abierta (“Asesinan a campesino por investigar el robo de ganado” -agosto 21, 2014);
Hablan de inacción de las autoridades (“Aumenta robo de bovinos entre ganaderos de la Sierra Norte” -enero 13, 2015);
Hablan de desesperación popular (“Al borde del linchamiento 2 menores por robo de ganado” -marzo 31, 2015);
Y hablan de reacciones que, no por necesarias, dejan de ser tardías e insuficientes (“Propone diputado aumentar castigo contra robo de ganado en Puebla” - abril 2, 2015).
Todas estas noticias, como el mismo periodista lo enfatiza, dan cuenta de que ya no se trataba de delitos aislados o de delincuencia común. A estas notas hay que agregarles que muchos
de los ciudadanos de los municipios de Cuetzalan, Zacatlán, Venustiano Carranza, Huauchinango entre otros, relataban que, en las noches, era cada vez más común que se enfrentaran al terror de ser apedreados en los parabrisas de sus coches con la intención de detenerlos y secuestrarlos o robarlos. Sirva el siguiente relato publicado por el periódico Milenio para ejemplificar lo que se ha escrito
“De acuerdo con versiones de las victimas del intento de asalto, los hechos ocurrieron a las 00:30 horas de este martes (20 de enero de 2015), mientras transitaban por la carretera rumbo a su domicilio ubicado en esta ciudad (Huauchinango) y una banda de delincuentes arrojó piedras de gran tamaño sobre su vehículo, un Ford fiesta 2015 que era conducido por Luciano Acosta Escamilla. Las piedras que fueron aventadas sobre el automóvil desde un puente peatonal muy cerca del poblado de Laguna Seca perforaron el toldo y el parabrisas de lado derecho y cayeron sobre el costado izquierdo de su copiloto, Vicente Acosta Escamilla… a pesar de los daños al vehículo los hermanos que viajaban junto con el propietario del mismo e hijo de Vicente, no detuvieron su marcha y pudieron ser evitar ser víctimas de un atraco. Unos kilómetros más adelante señalaron, ya sobre la autopista México -Tuxpan, a la altura del puente Las Jorobas, se encontraron con una patrulla de la Policía Federal y decidieron denunciar lo que acababa de sucederles…” (Ánimas, 2015)
Se agrega también que la nota habla de que los mismos policías estaban atendiendo un caso similar y acababan de cerrar otro con el mismo modus operandi, en este caso la agredida era una mujer. Pero los ejemplos no solo sucedían al interior del estado, en la ciudad de Puebla los ciudadanos de a pie eran conocedores de que algo estaba pasando. Justo en el año 2015, se vivió en la ciudad una especie de paranoia relacionada con el robo de infantes, en todas las zonas altamente transitadas como el centro se rumoraba que había sucedido un forcejeo con una madre o de plano un robo de infante.
Una fuente del sistema de atención telefónica para emergencias dijo a quien escribe que en realidad los casos eran muchísimo más esporádicos de lo que se rumoraba y sucedían en mucho menor medida en lugares altamente transitados, pero sí había casos que se concentraban en colonias a la orilla de la cuidad, sin embargo, el temor flotaba en el aire y el internet estaba
lleno de recomendaciones de qué hacer en caso de que una madre se viera en la situación, se popularizaron una especie de pecheras para niños con correas y hasta grandes tiendas departamentales como Walmart desarrollaron un protocolo en caso de presentarse un incidente de este tipo en sus instalaciones.
Mientras todo esto pasaba el gobierno estatal no parecía darse por enterado de estos sucesos, y de que la realidad era que se trataba de casos aún más complejos que la delincuencia común y ya sea porque subestimaron el caso simplemente no considerándolo importante de atender o bien, desconociéndolo por completo, el crimen organizado escaló aún más en la diversificación de sus actividades dando como resultado el surgimiento de una zona de cuidado conocida como el Triángulo Rojo o la franja del huachicol. Por razones de su forma geográfica y su ubicación a partir de ahora en el texto se referirá a la zona como la Franja del huachicol.
Tal Franja no surgió de la nada, como se decía anteriormente, fue una tragedia anunciada e incluso, es comprensible que existan suspicacias acerca de la verdadera postura de las autoridades y sus responsabilidades en la concreción de esa área; ya sea por omisión, descuido o incluso intencionalmente quienes les abrieron las puertas a estas organizaciones; y que tal vez todo iniciara con la tolerancia que se les tuvo a los grandes líderes cuando estos se asentaban tranquilamente en la cuidad, es decir, aunque solo vinieran a vivir aquí hay que tener claro que se trataba de personajes con acusaciones explicitas, algunos con fichas de búsqueda en la DEA.
¿Cómo es posible que se les dejara vivir en paz? Probablemente alguien contestará que no daban motivos para molestarlos, pagan impuestos y rentas y tal vez son generosos al hacerlo, pero es dinero obtenido de manera ilegal y que si se observa el caso de Bogotá después se cobra caro. Una cadena de descuidos e incluso la importancia que actualmente tiene el dinero como factor social de poder, respeto y reverencia; hizo que estos personajes se encontraran con una sociedad que los respetaba y admiraba, y eso les dio tiempo para conocer el terreno e instalar sus negocios posteriormente.
Para explicar esa tolerancia se dice que la paz en Puebla era producto de un pacto que había entre los narcotraficantes, pero es algo que yo dudo por dos cosas: la primera que no tengo manera de saber si efectivamente tal pacto existió y la segunda porque sabiendo que el crimen organizado tiene una lógica de maximización económica creo que Puebla era mas rentable como un centro de lavado de dinero, y no muy útil para otras actividades que ya estaban bien
establecidas en otros lugares, esa situación evidentemente ya cambió.
Los medios periodísticos están de acuerdo en señalar que el robo de combustible no es nuevo ni surgió en Puebla. Algunos medios señalan que tal actividad tiene ya muchos años, más de veinte, pero que no representaba una gran pérdida así que incluso era un costo previsto por Petróleos Mexicanos (PEMEX). La verdadera problemática surgió cuando tal actividad se hizo atractiva para el crimen organizado, que acosado por las fuerzas del Estado diversificó sus fuentes de ingresos y sometió a quienes anteriormente lo llevaban a cabo de manera más o menos aislada y como ocurrió con el narcotráfico encontró aliados entre las autoridades, sobre todo las municipales. Muestra de ello son las detenciones e investigaciones que justamente involucran a alcaldes de algunos de los municipios de la Franja y lo que es peor, incluso autoridades de niveles superiores.
Antes de profundizar en el aspecto de las diversas alianzas que ha generado el delito quiero precisar algunas diferencias respecto al narcotráfico que creo que dan cuenta de un rostro distinto y de la forma en la que se ha leído la problemática respecto del origen y características de quienes se involucran en estas actividades. Sé que lo que diré no es necesariamente una novedad, pero sí creo que es conveniente enfatizarlo.
Las diferencias entre el narcotráfico y el robo de combustible son sobre todo en dos aspectos, cada uno de ellos íntimamente relacionados; el primero de es que para la extracción del combustible es necesaria más que la voluntad para perforar los ductos, es necesario tener los conocimientos técnicos primero para saber en dónde es conveniente perforar y segundo para instalar la toma adecuadamente, la cual consiste en instalar un boquete que tiene una llave que se puede abrir y cerrar a voluntad.
Probablemente tales habilidades ya son más comunes, pero hay que enfatizar que en un principio no lo eran, es más, existe un riesgo altísimo al ejecutar esta perforación, que disminuye con la pericia, por ende, se puede concluir que al menos al principio y como se ha observado de manera persistente, es personal de la propia PEMEX quien se encuentra involucrado en ello, lo cual evidencia un saqueo desde adentro. Sería interesante preguntarse qué orilla a estos personajes a involucrarse en esta actividad. La diferencia con el narco es que con excepción de la
actividad de colocación de drogas que implica contactos y ciertos conocimientos de negociación, la venta minorista de drogas y su cultivo no requieren grandes conocimientos.
El segundo aspecto de diferencia es que, si bien es cierto que la actividad era llevada a cabo por bandas aisladas, el problema empezó a adquirir gravedad cuando la extracción alcanzó cifras exorbitantes, esto pasó durante el sexenio pasado, donde, aunque se tenía conocimiento de que el alza era la tendencia de este delito, no hubo acciones reales para hacer frente a la problemática. Así se tiene el dato de que en Puebla entre el 2011 y el 2015 el número de tomas clandestinas creció un 915% respecto del sexenio local anterior (Morales, 2017). Sorprende también el número de alcaldes involucrados en la actividad, lo cual hace sospechar que la actividad no viene de abajo, y que además desde que adquirió un matiz preocupante, se halla regulada ilegalmente por autoridades, como sucedió en un principio con el crimen organizado, esto ha de sentar también un rasgo: hay que pensar también en los huachicoleros de cuello blanco.
Otro aspecto que resaltar como diferencia es que el cultivo y la venta de narcóticos tuvo un breve pero suficientemente largo lapso de legalidad, lo cual generó que en un principio cualquiera que lo quisiera y pudiera cultivar o vender estos productos podía hacerlo. No así con el robo de combustible, el cual desde el principio constituye un robo y el daño a instalaciones con protección federal, lo cual insisto, da como resultado que no cualquiera se pueda involucrar en la actividad.
Las semejanzas también son muchas; las organizaciones delictivas vinieron aquí porque es evidente que vieron una fuente importante de ingresos, pero, sobre todo, vieron la posibilidad de cometer el delito sin enfrentar demasiados obstáculos y además con la ventaja de que obtuvieron muy pronto alianzas con los gobiernos municipales. En el municipio donde radico, sabíamos del delito desde hace más de diez años y se hablaba de que era el presidente municipal el que lo coordinaba, que dicho sea de paso es un personaje de cuidado y con altas relaciones partidistas.
Las características físicas y sociales que parecen haber facilitado el crecimiento del delito son: en primer lugar, que por el territorio de los municipios donde se lleva a cabo el robo de combustible circula el ducto Minatitlán- México, y aunque muchos de estos se encuentran muy cerca de la capital su desarrollo económico no se compara con el de esta. En su mayoría, son
zonas dedicadas al campo, que ha sido un sector bastante maltratado no solo por las autoridades estatales, sino también a nivel federal y tampoco ha sido una cuestión reciente, la deuda de favorecer el campo tiene toda una tradición histórica. La migración a Estados Unidos también es un fenómeno cotidiano en esta zona. Con todas estas características y las que se agregan, Puebla por fin es una zona atractiva para las actividades del crimen organizado.
Quienes dirigen a nuestro país han de cuidar no solo las acciones que llevan a cabo, sino también el momento que eligen para hacerlo. Lo dicho no es gratuito, sino resultado de la observación de la postura de las autoridades respecto al delito del huachicol. Como se mencionó, el delito no es nuevo, sin embargo, su crecimiento sí es inédito, además ha generado toda una cultura alrededor de la actividad, lo cual da cuenta del grado de aceptación social que ya tiene y que pudo evitarse de tomarse las acciones pertinentes.
¿Cuál es esa postura de las autoridades de las que se habla? Empezando por el ex gobernador, en cuyo discurso nunca apareció la intención de oponer una resistencia real al delito, cuando por todos es conocida más bien su procuración de proyectar su imagen a nivel nacional e incluso internacional por medio de la construcción de las “mega obras”, que si se observa con atención solo se concentraron en la zona metropolitana del estado, no hubo una seria atención al problema del campo y sí más bien, la presión en contra de este sector empezando por la construcción de la planta de la automotriz “AUDI”, de donde se dice, aunque no está publicitado que los terrenos que generosamente cedió a la empresa los arrebató de la forma más autoritaria. Respecto de esta obra que prometió tanto ya muchos medios están cuestionando su impacto real empezando por el complejo habitacional “Ciudad Modelo”, el cual hasta la fecha no ha sido ocupado y luce en el abandono total (Serrano, 2017).
En segundo lugar, está el multicitado crecimiento del delito en la administración morenovallista, donde el delito no solo se incrementó respecto del combustible robado, sino también respecto a la extensión territorial donde se llevaba a cabo. Durante el sexenio anterior, los casos más graves se daban principalmente en la zona de San Martin Texmelucan y era más esporádico en los municipios donde actualmente se sabe que tiene presencia y dominio.
Además de la postura del gobernador es preocupante lo que nos dicen los perfiles de las
personalidades que se han visto involucrados en el delito. Durante la administración morenovallista dos eventos relacionados con el robo de combustible parecieron poner en jaque a dicha administración y fue la detención de los dos altos mandos policiacos director de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada y su jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Tomás Méndez Lozano, cuya detención produjo la renuncia del entonces secretario de Seguridad Publica, Facundo Rosas Rosas, quien además tiene toda una trayectoria como servidor público a nivel nacional y al parecer aún está siendo investigado por supuestos vínculos con este delito.
El otro evento fue la detención de los policías del municipio de Amozoc que resguardaban un camión cargado con combustible robado y cuya detención no fue por ese hecho, sino que se les imputaron otros cargos como privación ilegal de la libertad, portación de arma de fuego, usurpación de funciones, robo agravado y lesiones dolosas. Ha de precisarse también que ambos eventos sucedieron en años electorales, en el 2015 que se elegirían diputados federales y en el 2016 cuando se eligió al nuevo gobernador del estado.
Hay que considerar también la forma en la que el gobernador había llevado la administración del estado y como residente de Puebla puedo decir que fue bastante autoritaria. Rafael Moreno Valle era el hombre fuerte, el gobernador con mas aprobaciones a sus iniciativas de ley ante un congreso que claramente se hallaba subordinado a sus intereses. Entre las reformas más trascendentales que promovió está justamente la llamada “Ley bala”, que dio como resultado que el 9 de julio de 2014 un niño resultara herido y posteriormente muerto durante las protestas en San Bernardino Chalchihuapan, y la reforma electoral que también puso a su disposición el órgano electoral local, y por medio de la cual el proceso electoral 2013 dio como resultado que la mayor parte de las autoridades elegidas empezando por los diputados y pasando por los alcaldes fueran afines al gobierno del estado.
La segunda reforma es relevante porque de los 217 alcaldes que fueron elegidos en 2014, noventa y cuatro fueron abanderados de la coalición “Puebla Unida” que englobaba a los partidos PAN, PANAL, PRD y Compromiso por Puebla. Los primeros tres partidos junto con el partido Convergencia, ahora llamado Movimiento Ciudadano fueron los que llevaron a Rafael Moreno Valle a la gubernatura por medio de la coalición “Compromiso por Puebla”, nombre que también tiene el último partido que conforma la coalición “Puebla Unida” y es un partido local.
Ante estos datos es comprensible pensar que Compromiso por Puebla es un partido
perteneciente al gobierno estatal. no es el tema principal de este trabajo el analizar la manera en la que la elección se llevó a cabo pero sí se puede comentar que el logo usado por ese partido específicamente era el mismo de la coalición de donde procede el gobernador, y los colores usados por la coalición “Puebla Unida” eran iguales a los colores institucionales del gobierno estatal y la única respuesta de este ante las suspicacias fue poner una escala de grises donde aparecían tales colores relacionados con el gobernó estatal mientras se llevó a cabo el proceso electoral. Creo que esto es una muestra de la subordinación de las autoridades electorales hacia el poder ejecutivo y un recordatorio de quién estaba a cargo de lo que sucedía en el estado.
En la siguiente tabla se puede observar la procedencia partidista de los alcaldes de los municipios que constituyen la Franja del huachicol. Se tiene a doce alcaldes de quince que fueron abanderados por los partidos políticos que llevaron a Rafael Moreno Valle a la gubernatura. Podría replicárseme que los alcaldes que se identifican en mayor medida con el gobernador son los que resultaron vencedores al cobijo de la coalición “Puebla Unida” excluyendo así a Movimiento Ciudadano que ya no formó parte de la coalición. Aceptando tal exclusión da como resultado seis alcaldes de 15 afines al gobernador.
N° | MUNICIPIO | ALCALDE | EXTRACCION PARTIDISTA |
1 | Acajete | Antonio Aguilar | Coalición Puebla Unida |
2 | Acatzingo | Carlos Váldez | Movimiento Ciudadano |
3 | Amozoc | José Cruz | Coalición Puebla Unida |
4 | Chalchicomula de Sesma | Juan Navarro | Coalición 5 de Mayo |
5 | Coyoaco | José Luis Rechy | Movimiento Ciudadano |
6 | Esperanza | Eduardo Barojas | Movimiento Ciudadano |
7 | Felipe Ángeles | Leonardo Gómez | Coalición 5 de Mayo |
8 | Huixcolotla | Filomeno Cruz | Coalición Puebla Unida |
9 | Quecholac | Néstor Camarillo | Coalición 5 de Mayo |
10 | Tecamachalco | Inés Saturnino | Coalición Puebla Unida |
11 | Tepeaca | David Huerta | Coalición 5 de Mayo |
12 | Tlacotepec | Pablo Pérez | Movimiento Ciudadano |
13 | Puebla | Antonio Gali/Luis Bank | Coalición Puebla Unida |
14 | Palmar de Bravo | Pablo Morales | Pacto Social de Integración |
15 | San Martín Texmelucan | José Rafael Nuñez Martínez | Coalición Puebla Unida |
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
Si bien no es una novedad decir que las elecciones son llanamente competencias por el poder, en esa elección se observó un gran pragmatismo para elegir a los candidatos de la coalición Puebla Unida. He observado la carrera política de un gran número de los 217 alcaldes ganadores y me he dado cuenta de que muchos de ellos tienen una importante carrera política previa en sus respectivos municipios, y en su mayoría son desertores del PRI. Lo que quiero decir es que en esa elección para la coalición Puebla Unida el interés principal fue maximizar la probabilidad del triunfo de sus candidatos y por ello cobijaron a personajes fuertes, que llegaron con un gran capital político que los acompaño en su deserción del PRI. En la tabla está el ejemplo del edil de Palmar de Bravo y de Amozoc.
De los alcaldes que aparecen en la tabla al menos doce están bajo investigación por probables nexos con el crimen organizado, y de estos dos han sido ya detenidos al ser comprobada su vinculación con los grupos delictivos. Tales alcaldes son Pablo Morales de Palmar de Bravo, y José Isaías Velázquez de Atzitzintla, que, aunque no aparece en la tabla fue donde sucedió el levantamiento de tres elementos de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FISDAI) la cual se atribuyó a los Zetas (Velásquez, 2017).
Los elementos investigaban los secuestros ocurridos en el área y fueron asesinados en la comunidad de San José Cuyachapa, en el municipio de Esperanza. Además de la detención del alcalde se detuvo a otras 86 personas y a los agresores que pertenecen al grupo de Roberto de Los Santos de Jesús, alias el “Bukanans”, que es un capo de los Zetas y que según las autoridades controla gran parte del robo de combustible y al parecer también tiene vínculos con el alcalde de Esperanza, pues fue ahí donde asesinaron a los tres elementos de la FISDAI. La actividad criminal de este capo se remite a 2014, cuando se descubrió un rancho donde se entrenaba a los futuros sicarios de los Zetas ¿Cómo esta trayectoria fue ignorada y consiguió cobijo con los
presidentes municipales?
El motivo que ha hecho que se inicien las investigaciones a los alcaldes es que gran parte de estos poseen gasolineras en sus municipios y en el caso concreto de los dos detenidos además se les acusa de evasión fiscal. El huachicol no solo se vende en las orillas de la carretera, sino que es introducido a la legalidad por medio de estas y de otras gasolineras que pertenecen a toda una variedad de personajes, como lo ejemplifica bien el caso de la hermana del Secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda Nava en el Estado de México, en cuya gasolinera se detuvo a doce personas que fueron encontradas descargando combustible robado. Esto es especialmente indígnate porque no solo están robando combustible, dañando instalaciones federales pertenecientes a PEMEX, sino que además al vender el producto en gasolineras lo hacen con el mismo precio establecido en estas, obteniendo ganancias exorbitantes al disminuir drásticamente el costo que implica adquirirla legalmente para su comercialización.
Posteriormente está el caso de otro personaje conocido como el “Cachetes” Othón Muñoz Bravo, quien fue detenido en la zona de Angelópolis en la ciudad de Puebla después de un enfrentamiento a balazos con elementos de la Secretaría de Marina (León, 2017). De este personaje sobresale el hecho de que se le ha vinculado directamente con el ex gobernador Rafael Moreno Valle. Posteriormente a la detención del “Cachetes” se exhibieron muchas fotografías en su compañía, y se ha dicho que al parecer lo ha apoyado en su carrera política. El capo actualmente ha sido liberado después de unos cuantos meses en la cárcel, después de pagar una fianza de un millón de pesos (Velázquez, Periódico Central, 2017). Al parecer su incursión en el crimen organizado es familiar, pues su hermano Rodrigo fue asesinado por su participación en el robo de combustible
Si algo nos ha de quedar claro hasta ahora es que el ingreso a la actividad del huachicol no le está permitido a cualquiera, sino a quienes han demostrado tener un liderazgo ya sea dentro de las grandes organizaciones delictivas nacionales como es el caso del Bukanans con los Zetas, el Toñín, que antes de incursionar en el huachicol prosperaba como comerciante de legumbres, el Cachetes quien hasta hace poco pasaba por ser un ganadero, y así abundan los ejemplos de personajes cuyo perfil desdice un mito que se ha generado respecto al crimen organizado que es posibilidad de alcanzar una movilidad social al introducirse en él. Tal vez en algún momento eso fue una realidad, pero lo que está sucediendo en Puebla demuestra que esa etapa ya ha pasado; las
diversas actividades del crimen, como todo mercado, enriquecen a unos cuantos, y explotan a una gran base de trabajadores de poca monta, dígase por ejemplo sicarios, que no solo pueden perder su empleo, sino también su vida con mucho mayor facilidad que sus jefes.
Lo hasta aquí dicho constituye elementos que generan suspicacias acerca del grado de involucramiento del exgobernador, el hombre fuerte de Puebla en cuyo mandato el delito de robo de combustible prosperó y no solo eso, sino la naturaleza de esa probable responsabilidad; es decir, si fue por omisión, si había colusión o por lo menos una regulación ilegal de la actividad, si era el gobierno el que dictaba las reglas que deberían respetarse al llevar a cabo la actividad y quienes lo tenían permitido y quienes no. Todo esto no sería nada nuevo, puesto que hubo un tiempo en el que el narcotráfico estaba regulado por el Estado mexicano, por medio de la Dirección Federal de Seguridad. En todo caso tan solo se replicaría el modelo a nivel local.
Para agregar más elementos a la descripción del robo de combustible que dé mucho más qué pensar respecto al involucramiento del gobierno estatal es que fue justo cuando Rafael Moreno Valle entregó el cargo al gobernador entrante Antonio Gali Fayat, quien recordemos solo durará en el cargo un año ocho meses, que el delito se hizo presente en los medios de comunicación, que al parecer se hallaban censurados, o tal vez siguiendo una línea de intereses para no tocar el tema.
Pero en este punto también se puede cuestionar la postura del gobierno federal y de las verdaderas intenciones para intervenir en el área que actualmente como ha sucedido en otros focos rojos del crimen organizado se ha desplegado al ejército y es este órgano el que se hace cargo de la contención de ese delito, lo cual si bien sí lo está mermando, también ha dejado mucho que desear después del evento adverso de la ejecución ilegal de un presunto huachicolero y el levantamiento de la población en Palmarito en su contra y evidencia que la acción tomada no está del todo bien pensada y genera la duda de si su despliegue corresponde a una verdadera voluntad por parte del gobierno federal para acabar con el delito o más bien al interés de detener la carrera política del exgobernador que parecía ir viento en popa.
Es el año pasado (2017), justo en el marco también del gasolinazo que Puebla por fin llega a ser noticia no por las grandes obras y el esplendor, sino porque resulta que ahora es el estado donde se roba más combustible en el país, y los huachicoleros se mueven a placer en este territorio que consideran suyo. Cuando se dio el enfrentamiento en Palmarito, se le cuestionó al
exgobernador su postura ante tal situación y él, claramente evadiendo su propia responsabilidad, aseguró que al ser un delito de tipo federal no le correspondía atenderlo, pero alrededor de esta actividad de robo de combustible se dan otros delitos que sí son de un orden que podía atender: como el robo de vehículos que se destinan al transporte del combustible, amenazas a quienes viven en estas localidades, asesinatos y una enorme lista de etcéteras.
El rostro del fenómeno de robo de combustible da cuenta de la dinámica que tiene el poder político en el país, y de la grave situación del crimen organizado, que ha seguido encontrando las condiciones que favorecen su crecimiento. Se repiten elementos que se supone debieron ser erradicados porque constituyen un caldo de cultivo para el esplendor de las actividades delictivas, que a mi parecer son los siguientes:
Es un delito que ha sido llevado a cabo por parte de autoridades principalmente de orden local: presidentes municipales, y autoridades estatales de los órganos de seguridad, aunque si bien es necesario reconocer que, desde el incidente de Rosas Rosas, al parecer no ha habido mas involucrados surgidos de estos órganos. El carácter local del crimen organizado también muestra una debilidad por parte del orden federal, ante los gobiernos estatales que han tenido en los últimos años un poder enorme en sus territorios. Muestra de ello es la cantidad de gobernadores que han sido detenidos o son investigados por la infinidad de delitos que cometieron con toda impunidad en detrimento de sus estados.
Se ignoran otras actividades que forman parte de la cadena de un delito mas complejo, como el robo de vehículos, los levantamientos, el uso de niños en halconeo, la contaminación de las tierras de cultivo en caso de derrame del combustible, el almacenamiento del combustible robado, hasta el abuso que estos personajes hacen al manejar a un exceso de velocidad. En una ocasión hubo una persecución en mi municipio y dos vehículos pasaron a toda velocidad frente a un grupo de policías municipales que conscientes de que se trataba de huachicoleros dijeron tranquilamente que perseguirlos no les correspondía a ellos sino al ejército. Son estas omisiones las que dan un sentido de impunidad a los delincuentes que después escalan en delitos mucho mayores.
Las acciones tomadas como combate al delito parecen responder a una lógica de intereses
de la pugna por el poder y no a una voluntad real de terminar con la problemática, tal como pasó en el combate al narcotráfico donde se llevaban acciones con impacto real solo cuando había presión de Estados Unidos, así también parece que la intervención a la Franja del huachicol responde al interés de contener la carrera política de Rafael Moreno Valle. Solo el tiempo mostrará si el interés es genuino, tal vez si las acciones se mantienen incluso después de las elecciones que se avecinan este año.
Las acciones solo se concentran en intervenir un área en conflicto por ser el lugar sede de las acciones de las organizaciones criminales en este caso la innegable extracción del huachicol, pero no parecen interesadas en resolver las condiciones que generan que el sitio sea apto, y tampoco dan golpes certeros al no tocar a los políticos y empresarios que se hallan involucrados y el ingreso de los recursos que son extraídos y son introducidos a un mercado legal. Recordemos el caso de la hermana del secretario de SEDESOL, cuyo caso seguramente es uno de muchos. Como otras actividades seguramente produce un terreno fértil para el lavado de dinero, y hasta la fecha no se ha hablado de la desactivación del flujo de los recursos financieros que son resultado de la actividad.
Es un hecho que se ha vuelto una fuente de empleo, preocupa el involucramiento en gran medida de jóvenes y hasta niños que se encuentran en un contexto de marginación y pobreza, y que se ocupan de actividades tales como la extracción, el almacenaje y la venta del combustible robado, y otras actividades de tipo indirecto como es el “halconeo”, que consiste en dar aviso a los interesados en caso de que observe movimientos sospechosos como el ingreso de personas desconocidas al territorio, o de las fuerzas de seguridad o el ejército. Participar en esta actividad les da la oportunidad de ingresar a un nivel económico superior, cuya pertenencia les asegura estatus y un sentido de pertenencia e identidad.
No es una novedad ver que los grandes capos involucrados en el crimen organizado busquen generar un vinculo con la sociedad donde se hallan establecidos. El caso de algunos huachicoleros no es la excepción como es el caso del Toñín de quienes cuentan los pobladores de Palmarito daba importantes aportaciones al desarrollo de la comunidad, e incluso les daba regalos fastuosos en fechas especiales, como el día de las madres, que les llevó estufas y refrigeradores a
las festejadas.
Otro elemento que se creo que se ha estudiado poco, pero se hace cada vez mas evidente es el resentimiento de los que se involucran en actividades del crimen organizado en contra de las autoridades que representan al Estado como son los policías, y los políticos. Tal resentimiento en muchos casos es el justificante que dan estos personajes para actuar en contra de la ley que usan argumentos tales como: “los políticos roban más”, o “los policías abusan de su poder”. Quiero precisar que no los justifico y evidentemente estos argumentos no son suficientes para que alguien justifique el robo y el saqueo que hace, si me hace cuestionarme acerca de la experiencia que comunidades como estas han tenido al relacionarse con las autoridades y en el caso de los políticos creo que tal repudio no es gratuito.
El abandono en el que se encuentran estos municipios a pesar de su cercanía con la capital del estado, las obras del gobernador que se concentraron solo al área metropolitana y a favorecer la actividad industrial, desconociendo situaciones y formas de vida distintos e incluso su ataque, ha dado como resultado que los criminales parezcan darles el cobijo que les hace falta, e incluso se perciben beneficios económicos en razón de las operaciones de tales criminales, aunque se sabe que en un futuro no muy lejano tendrán un costo tal vez mucho mayor.
Esto es solo parte de la experiencia que ha tenido Puebla en el problema del robo de combustible, experiencia que no habría sucedido de haberse solucionado adecuadamente el problema del crimen organizado a nivel federal. Que esto sirva para evidenciar que el crimen organizado no solo no se ha debilitado, sino que aun encuentra condiciones favorables para operar y, sobre todo, que indigne el involucramiento de quienes se supone están para hacer cumplir la ley quienes en lugar de cumplir con esa tarea han manejado las instituciones y los recursos públicos como si se tratara de algo suyo. Que a los ciudadanos nos recuerde la gravedad del asunto y la urgencia que tiene cambiar las reglas del juego político, so pena de nunca salir de esta situación.
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