Fernando Eurístides De la Cruz Carrillo1
Palabras clave: acción colectiva; bienes comunes; conflictos socioambientales.
El análisis del curso histórico del capitalismo, es con frecuencia utilizado como un punto de partida ineludible para la explicación económica del origen de los conflictos socioambientales y la disputa por los bienes comunes1 (Harvey, 2005; Hardt y Negri, 2011; Svampa, 2012; Seoane, 2012; De Angelis, 2012; Laval y Dardot, 2015), a partir de la comprensión que el modelo económico y sus procesos productivos impactan en el ambiente y por ende en la sociedad (Bookchin, 1991; Gudynas, 2004; Foladori, 2001, Moore (2014). La historia muestra que, desde sus orígenes en el siglo XV hasta la actualidad, el capitalismo no solamente ha transformado la productividad del trabajo y las formas de acumulación de capital sino también al paisaje
1 Licenciado en Filosofía y Humanidades por la FFYL de la UANL. Estudiante de Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable impartida por el Instituto de Investigaciones de la UANL. euristides@outlook.com.
ambiental.
Durante la era del capital, extendida a casi seis siglos, han ocurrido acontecimientos que favorecen la acumulación e incentivan la transformación del medio ambiente y las relaciones sociales, algunos de éstos sucesos en siglos anteriores han sido las revoluciones agrícolas, mineras y metalúrgicas en Europa, la deforestación de bosques, la esclavitud moderna, y la colonización de América a partir de la cual fue posible expandir la frontera productiva y comercial motivando la industrialización y el desarrollo de los imperios colonizadores (Moore, 2013).
Así en etapa de la colonización las potencias europeas insertaron al territorio latinoamericano en el capitalismo internacional, dicho proceso implicó la apropiación y mercantilización sin límite de la naturaleza, propiciando la devastación ambiental y el surgimiento de cuantiosas disputas sociales. Respecto a la crisis ecológica derivada de la organización económica y social, respecto a esto Foladori (2001) también ha destacado que los impactos ambientales derivan de problemas internos de la sociedad vinculados a la forma social de producción.
Efectivamente los impactos ambientales2 presentes indican que se derivan de procesos
productivos, pues bajo la idea de que la naturaleza es perpetua y subsidiaria de la acumulación de riqueza, el sistema capitalista contraría ideas como la de los límites físicos, la sustentabilidad3 y la de bienes comunes. Por su parte Murray Bookchin (1991) enfatiza que una sociedad fundada en la economía de mercado, la explotación de los recursos naturales y la competencia lleva sin duda a la destrucción planetaria. En el caso de la región latinoamericana la continuidad del modelo extractivo exportador implementado durante la colonia, evidencia la dependencia económica de los países independientes respecto de los llamados países desarrollados (Marini, 1972) pues hasta la actualidad América Latina destaca como proveedora de materias primas en la división internacional del trabajo (Machado, 2015).
Sin embargo, tras la formación de estados neoliberales y postneoliberales en América Latina se presencia un nuevo extractivismo manifiesto en actividades económicas que remueven grandes cantidades de recursos naturales, teniendo como destino la exportación, en un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación y la expansión de fronteras a territorios antes considerados como improductivos, irrumpiendo en territorios, desestructuando economías
regionales, destruyendo biodiversidad y acaparando mediante la expulsión, el desplazamiento y la violencia hacia los procesos de decisión ciudadana (Merchand, 2016).
Con énfasis en el sector territorial, el agronegocio, la minería a gran escala, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la industria forestal-pastera y la construcción de megaproyectos de infraestructura (carreteras, gasoductos, termoeléctricas, represas, etc.), se identifican como actividades paradigmáticas de una nueva ola de saqueo, dependencia y recolonización en las últimas décadas (Seoane, 2012). Con impulso de políticas neoliberales, esa nueva ola de apropiación distinguen Laval y Dardot (2015) ha sido producto de la obra conjunta del poder público y de fuerzas privadas (empresas multinacionales).
Maristella Svampa (2012) identifica que la expansión del extractivismo en la región latinoamericana, ocurre en el contexto del consenso de los commodities como rearticulación del consenso de Washington, basado en la exportación de bienes primarios (productos alimentarios, hidrocarburos, metales y minerales) a gran escala demandados por países centrales y potencias emergentes; este extractivismo además incluye a los agronegocios y la producción de biocombustibles, lo cual abona una lógica extractivista mediante la consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor, que desestructura y reorienta los territorios, además impacta negativamente en la biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras.
En México desde la instauración del neoliberalismo en la década de los ochenta del siglo XX se ha reorientado la política económica a favor de la explotación intensiva de la naturaleza para la acumulación de capital, pues durante sucesivas administraciones presidenciales se ha procurado la construcción y mantenimiento del orden neoliberal impuesto por la globalización (Méndez, 2008), como continuidad política y económica de las ideas impulsadas desde décadas atrás (Czarnecki, L; Sáenz, M, 2014), fomentando el surgimiento de múltiples conflictos sociambientales intensificados en la última década tras la crisis económica global de 2008.
De tal manera a contracorriente del modelo económico imperante que impulsa al extractivismo y por ende a la desposesión de bienes comunes como el agua, la biodiversidad, las tierras comunales, etc., en múltiples latitudes han surgido luchas contra los procesos privatizadores y las formas de mercantilización de la naturaleza (Laval y Dardot, 2015). Los conflictos socioambientales son de acuerdo a Svampa (2012) aquellos conflictos ligados al acceso y control de los recursos naturales y el territorio, en los que actores se enfrentan por
intereses y valores divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder (Svampa, 2012).
Desde esta comprensión no hay duda que los conflictos socioambientales han existido desde hace siglos en el continente, sin embargo a partir de la insurrección zapatista de 1994 se identifica el surgimiento de una ola de movimientos sociales (amplios, diversos y radicales) de resistencia e insubordinación en disputa con el orden neoliberal en Latinoamérica (Gilly, Gutiérrez y Roux, 2006) que incluyen en su lucha la defensa de bienes comunes naturales, aunque ahora en un contexto más rapaz que el establecido durante los siglos XV y XVIII (López, 2011).
Aunque primaron las resistencias indígenas en la defensa de sus territorios y recursos, múltiples acciones colectivas indígenas y no indígenas han surgido en el país oponiéndose al acaparamiento de bienes comunes naturales tales como el agua, los bosques, el territorio y los ecosistemas en general, desde una postura que cuestiona la reificación de la naturaleza en mercancía (Laval y Dardot, 2016), y por contrario reivindica los bienes comunes como negación del capital y la lucha socioambiental aparece como el rostro de su antagonismo (Navarro, 2012).
En el contexto de conflictos socioambientales, la ciudad de Monterrey y su Área Metropolitana (AMM), ubicada en el estado de Nuevo León al noreste de la República Mexicana, actualmente destaca por la permanencia de una veintena de estos conflictos. El desarrollo urbano y metropolitano de Monterrey desde su fundación ha implicado impactos ambientales derivados de actividades productivas, en el pasado por el excesivo pastoreo que convirtió pastizales en matorrales o la siembra de monocultivos de maíz y caña, la tala inmoderada de bosques y arbustos que ocasionaron desertificación (Rubio, 1985).
Posteriormente durante la industrialización de la ciudad entre el siglo XIX y XX, periodo en el que se asientan fábricas del ramo textil, se intensifica también la explotación carbonífera y minera, y además se moderniza el sector agropecuario y de transporte aunado la proximidad con la nueva frontera con Estados Unidos de América establecida en 1848, hecho que en sincronía con la existencia de capitales previamente formados permitió acelerar un proceso de instauración
de formas capitalistas de producción, así como la articulación de una burguesía local que con su influencia económica y social impulsó un significativo proceso de industrialización que convirtió al estado de Nuevo León en fuerza económica de México (Cerutti, 1982).
Respecto a la acumulación originaria como es referida en la teoría marxista o como acumulación por desposesión de acuerdo con Harvey (2005), en la ciudad de Monterrey al igual que otras latitudes se han identificado momentos históricos de acumulación fundamentales para la instauración del capitalismo y el desarrollo industrial (Cerutti, 1982). Desde la etapa de la colonización se identifica la implementación de mecanismos de acumulación no distintos de los entonces habidos en América Latina, tales como la acaparación de tierras indígenas, la agricultura, el comercio local, regional y posteriormente internacional, la financiación de productos rurales y la captación de pequeñas y medianas fortunas, en tanto elementos indispensables para la estructuración del sistema productivo capitalista estos mecanismos de acumulación permitieron el impulso de la industrialización bajo la potestad del capital nacional y extranjero (Cerutti, 1982).
Así para el siglo XIX, el auge de la industrialización modificó las actividades económicas de la ciudad, trayendo consigo el interés por el control del recurso hídrico para el desarrollo de la naciente industria del acero y la producción alimentaria (Rubio, 1985), que sirvió de motor para una extensión más variada y compleja de la actividad industrial persistente hasta hoy en día que incentivó la transformación metropolitana de la ciudad. Este proceso de metropolización impulsado con la industrialización también trajo consigo la pérdida de patrimonio arquitectónico por demoliciones en el siglo XX (Hernández, Peredo, Sánchez y Tapia 2015) para realizar proyectos urbanizadores como la construcción de la Macroplaza y el ensanchamiento de calles en el centro de la ciudad, a lo que siguió el emprendimiento de megaproyectos urbanos como el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía y el sistema Metro (Aparicio, Ortega y Sandoval, 2011).
La historia del desarrollo de Monterrey da cuenta de múltiples impactos ambientales, así también de conflictos en los que la ciudadanía ha tomado parte en la defensa de bienes comunes naturales ante la privatización, mercantilización y destrucción. Para esta investigación se toman en cuenta aquellos episodios contenciosos ocurridos durante la última década, con el objetivo de conocer y explicar cuál es el proyecto político4 implícito en la defensa de bienes comunes naturales, cómo se ha construido y cuáles son las acciones políticas (repertorio de acción5) que ha
tomado dicho proyecto en formas situacionales de acción colectiva.
Ante todo, la acción colectiva se comprende como construcción social resultante de una inversión organizativa (Melucci, 2002), es decir, como un producto, resultado de intenciones, recursos y límites, orientados por relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y restricciones; de tal manera, la acción colectiva es construida a través de una inversión organizativa efectuada por un número de individuos que actúan conjuntamente, por esto también es comprendida como un sistema de acción multipolar, organizado sobre tres ejes u orientaciones sobre las que los individuos crean un “nosotros” colectivo:
Relación con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el actor).
Relación con los medios (posibilidades y límites de la acción).
Relación con el ambiente (campo en el que tiene lugar la acción).
Estos ejes Fines-Medios-Ambiente destacan por su interdependencia y estado de mutua tensión, se trata de un conjunto de vectores a los que el actor colectivo busca dar unidad a través de la forma organizada de la acción (Melucci, 1991).
Por otra parte, en el estudio de la acción colectiva se distinguen tres distinciones analíticas:
Algunos fenómenos colectivos implican solidaridad (capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como parte de una unidad social).
Otros tienen el carácter de simple agregación (se les puede reducir al nivel del individuo sin que pierdan sus características morfológicas, y están orientados exclusivamente hacia el exterior, más que hacia el interior del grupo).
Otros fenómenos colectivos implican la presencia de un conflicto (esto es la oposición entre dos (o más) actores que compiten por los mismos recursos a los que se les atribuye un valor) (Melucci, 1991).
Aunque cualquier forma empírica de acción colectiva implica varias dimensiones, para el caso de esta investigación, se tomará en cuenta únicamente el enfoque de la tercera distinción analítica, la presencia del conflicto, ya que el caso particular de acción colectiva bajo estudio, surge como respuesta a un conflicto de tipo socioambiental que implica la defensa de bienes comunes.
Cabe destacar que para esta investigación se ha considerado realizar un estudio de caso en
el que la acción colectiva denominada Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida (MADMTV) es el centro de análisis, esto a pesar de que algunos de los episodios contenciosos ocurrieron previo a la conformación del MADMTV, pues la mayoría de los actores y organizaciones que forman parte del movimiento también fueron protagonistas en dichos conflictos socioambientales. La metodología empleada en la investigación se auxilia de técnicas de obtención de datos como la observación participante, análisis de documentos, así como la realización en curso de entrevistas abiertas semiestructuradas a activistas que han participado y participan en distintas luchas socioambientales.
El acercamiento metodológico ha permitido hasta ahora identificar y clasificar los conflictos socioambientales presentes durante la última década (2008-2018), de acuerdo con la tipología proporcionada por Toledo, Garrido y Barrera (2013), los conflictos socioambientales se clasifican en distintos tipos: agrícolas, biotecnológicos, energéticos, forestales, hidráulicos, mineros, por residuos peligrosos y rellenos sanitarios, turísticos y de desarrollo urbano. En el estado de Nuevo León los tipos de conflictos socioambientales presentes en la última década incluyen una veintena entre los cuales prevalecen los de tipo urbano.
Un ejemplo emblemático de los conflictos socioambientales de tipo urbano es el surgido en torno al proyecto inmobiliario Valle de Reyes impulsado por las empresas Maple Urbanizadora, Dos Carlos, Metro Financiera y Grupo Banorte, y respaldado por autoridades gubernamentales locales y estatales. Desde su anuncio público en 2006 generó un prolongado episodio contencioso de disputa entre grupos ambientalistas y agentes promotores de este desarrollo inmobiliario, previsto a construirse en el cañón de Ballesteros en la Huasteca, un espacio perteneciente a la Zona Natural Protegida Parque Nacional Cumbres.
Aunque los intentos de urbanización de la Huasteca estaban desde la década de los noventa cuando un proyecto habitacional fue impulsado por la empresa Altos Hornos de México y Grupo Marfil pero fue rechazado por SEMARNAT, sin embargo el proyecto fue retomado públicamente en el año 2006 cuando el Ayuntamiento del municipio de Santa Catarina en minutos aprobó el Plan de Desarrollo Urbano Valle de Reyes, favoreciendo a las empresas constructoras tras promover el uso de suelo de miles de hectáreas de Zona Natural Protegida, pese a contrariar disposiciones ambientales nacionales e internacionales.
El proyecto Valle de Reyes consistía en la urbanización de 2,400 hectáreas de bosque y
área semidesértica en la Huasteca, con la construcción de más de 5,000 viviendas de lujo, un hotel y un campo de golf, ascendente a una suma de 500 millones de dólares. Cabe resaltar que el Parque Nacional Cumbres ha sido reconocido como un Sitio de Alta Biodiversidad, un Área de importancia para la conservación de las aves, una Región Terrestre Prioritaria y justo antes de la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano Valle de Reyes, el mismo año fue incluido en la Red Mundial de Reservas de la Biósfera.
Ante la decisión del Ayuntamiento de facilitar la consolidación del proyecto urbano, diversas protestas salieron al paso de sus promotores. Las primeras acciones políticas a las que diversas organizaciones recurrieron en respuesta al proyecto fueron las reuniones públicas, marchas y manifestaciones en las que se demandaba ¡No a Valle de Reyes!
Hubo distintas protestas, la primera sucedió a los pocos días en que el municipio de Santa Catarina autorizó el cambio de uso de suelo de casi 2,400 hectáreas, así ciudadanos, representantes de variadas organizaciones organizaron una marcha hacia la casa del ya ex alcalde Ramiro Ayala, ahí los manifestantes mediante pancartas exhibían fotos y nombres del ex alcalde y los exregidores lanzando consignas como: ¡Esos son los que venden la nación! ¡Proyecto de Reyes, viola nuestras leyes! Esta manifestación concluyó con la colocación de cartulinas con frases de rechazo al proyecto Valle de Reyes.
Junto a la defensa de una Zona Natural Protegida, otra de las causas principales de la oposición al proyecto habitacional fue el oscuro impulso que éste tuvo, pues fue posible a partir de turbias negociaciones entre empresarios y autoridades de diferentes niveles, por esto en posteriores manifestaciones además de exigir la cancelación inmediata del proyecto, se enfatizó en denunciar la corrupción de funcionarios locales, estatales y federales, señalamientos que implicaban directamente al entonces gobernador del estado Navidad González Parás y su hermano Luis González Parás propietario de 30 mil m² en los terrenos previstos para Valle de Reyes, además de su íntima relación con las empresas promotoras del proyecto.
Las protestas continuaron extendiéndose por más de dos años, otras manifestaciones se realizaron en el Parque la Huasteca y en las inmediaciones de los terrenos donde se pretendía construir el proyecto, el cambio de uso de suelo de la ZNP permitió agrupar a decenas de organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos, sindicales, deportivas, estudiantiles y vecinales, cuyo interés en común permitió la conformación de una alianza
denominada Coalición de Organizaciones Ambientalistas contra Valle de Reyes. Entre otras acciones políticas que siguieron a las manifestaciones se realizaron actividades como el volanteo, peticiones y estrategias jurídicas que buscaron revertir la autorización de su construcción bajo el slogan "La Huasteca somos todos".
Los posibles impactos que se derivarían de la edificación de Valle de Reyes fueron argumento constante en la defensa de la Huasteca, fundamentalmente se defendía la preservación de una Zona Natural Protegida en el que habitan 1368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial, hogar de una diversidad de especies de fauna silvestre como son el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja, la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoiris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón peregrino y el jilguero americano.
Desde que iniciaron las protestas contra Valle de Reyes los grupos contenciosos alertaron sobre el riesgo de ecocidio que implicaría la realización del proyecto, pues además de las afectaciones a la flora y la fauna del lugar, se propiciarían otros impactos como degradación de suelos, afectación de acuíferos, desertificación e incremento de la contaminación, además de que la incursión de complejos habitacionales en el lugar expandiría un boom urbanizador.
Aunque fue en 2008 cuando se invalida la autorización previa al proyecto dada por el Ayuntamiento de Santa Catarina en 2006, las empresas promotoras continuaron trámites legales durante años después, en el 2012 la licencia del proyecto resulta negada por la Secretaría de Desarrollo Urbano. A pesar de que la construcción del proyecto habitacional Valle de Reyes tuvo una resolución negativa para sus promotores, en el AMM la expansión de la urbe hacia espacios naturales sigue promoviéndose, basado en la idea de un crecimiento ilimitado de la ciudad, el municipio de Santa Catarina sigue siendo escenario de un boom inmobiliario sobre todo en zonas cercanas al Parque Nacional Cumbres.
Otro proyecto urbano ante los que ha habido respuesta colectivamente organizada es el Arco Vial Sureste consistente en un tramo carretero de 20 kilómetros que conectaría la carretera a Reynosa con la carretera nacional, y al municipio de Juárez con Monterrey, pero implicando la perforación de la sierra en el Cañón de Santa Ana, un paraje endémico de la Sierra Cerro de la Silla. Tras múltiples acciones políticas tales como protestas, formación de coaliciones,
comunicados en medios, peticiones, reuniones públicas y acciones legales se logró impedir su construcción.
Otro caso de conflictos socioambientales de tipo urbano es la lucha contra el proyecto de estadio de fútbol Monterrey promovido por el Club Fútbol Monterrey y la empresa FEMSA. Tras un episodio de intensas protestas que incluyeron acciones políticas como marchas, comunicados en medios e internet, reuniones públicas, demandas legales, peticiones y boicots, su construcción sobre 20 hectáreas del bosque La Pastora no fue evitada y su finalización en el 2015 implicó la rezonificación y privatización del terreno.
Los conflictos socioambientales de tipo urbano en Nuevo León incluyen otros proyectos urbanos ante los que ha habido respuestas opositoras por parte de la acción colectiva. Otros conflictos de este tipo que han recibido rechazo son la llamada Interconexión Loma Larga que contempla la perforación del cerro del mismo nombre para construir un túnel vehicular, el Proyecto de Rehabilitación del Río Santa Catarina que busca alterar el curso natural del agua para urbanizar y comercializar el entorno natural del río, también el Proyecto inmobiliario y comercial del río La Silla, el estadio de fútbol Tigres, así como la topofagia urbana y comercial.
Ante dichos proyectos la acción colectiva que disputa el acceso y control de bienes comunes como zonas protegidas, bosques, ríos, cerros, demuestra que su postura contenciosa radica precisamente en la valorización que tienen de la naturaleza, pues mientras para los agentes promotores de los proyectos mencionados, la naturaleza solamente tiene un valor en tanto fuente de acumulación de capital, mientras desde la defensa ambiental prevalece una valorización en la que la naturaleza no es concebida como mercancía sino como bienes comunes.
El desarrollo de la investigación ha permitido hasta ahora ir identificando las particularidades de los distintos episodios, desde saber cómo se deciden y ejecutan las acciones políticas, las demandas, así como las ideas específicas que la acción colectiva sostiene respecto al medio ambiente y la sustentabilidad. Si bien como se dijo en el estado de Nuevo León abundan los conflictos socioambientales de tipo urbano, también se ha detectado otros tipos de conflictos que incluso siguen vigentes hasta hoy.
En lo que respecta a los conflictos socioambientales de tipo agrícola, existen aquellos relacionados a la contaminación de ríos, como el caso de un derrame de hidrocarburos por parte de la empresa PEMEX en el río San Juan en Cadereyta6, que además de los daños ocurridos
directamente en el río también afectó gravemente a tierras agrícolas y ganaderas. Actualmente la amenaza del fracking o fractura hidráulica7 en la entidad es otro conflicto que atenta contra la subsistencia de comunidades agrícolas, pues se pretende realizar en 21 municipios del estado.
Un conflicto de tipo energético también se encuentra en el Proyecto de Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, dentro del cual se contempla la construcción de varias presas rompepicos dentro del ANP Parque Nacional Cumbres, cuya realización además de afectar directamente el ecosistema, alteraría también el curso natural del agua, es por eso que este proyecto particularmente se encuentra ligado con aquel que contempla la urbanización del río Santa Catarina, pues al alterar el curso del líquido proveniente de la ZNP se tendría como resultado la muerte del río facilitando su plena urbanización.
Los conflictos socioambientales del tipo turístico también se encuentran en esta lista, pues la acción colectiva también se ha manifestado tras el anuncio de proyectos tales como la construcción de un teleférico y de un corredor turístico que iría del municipio de Santiago a Santa Catarina atravesando también el Parque Nacional Cumbres y por ende impactando negativamente en la conservación del área natural, además de fomentar su urbanización y privatización.
Por otra parte, los conflictos socioambientales de tipo minero también se encuentran presentes en el estado, ya que el extractivismo de piedra caliza, barita y zinc en los últimos años además de devastar grandes terrenos de cerro, también ha incrementado gravemente la contaminación atmosférica de la metrópoli al grado que Monterrey y su Área Metropolitana destaca como una de las ciudades más contaminadas de México y América Latina. Respecto a este conflicto la acción colectiva ha denunciado la complicidad de autoridades estatales con las empresas contaminantes, también ha desaprobado las soluciones ofrecidas por el gobierno tales como los ecoimpuestos o la reinstalación de las pedreras lejos del AMM, promoviendo que sea la Sierra Picachos, una Zona Natural Protegida, el lugar destinado como zona de sacrificio para este negocio.
Así una de las demandas vigentes de la acción colectiva ante el problema de la contaminación causada por las empresas extractivas, ha sido solicitar el cierre definitivo de las mineras en el estado, sin embargo es aún un tema en disputa. Aunque esta demanda tiene un alcance más radical, hay otras más simples que se reivindican, como en el caso de los conflictos de tipo forestal, ante los que se ha demandado la responsabilidad municipal en labores de
limpieza pública, pues recurrentes incendios que ocurren en cerros delimitados por la mancha urbana, suceden porque los colonos ante la ausencia del camión recolector queman sus desechos en el cerro.
Finalmente los conflictos socioambientales de tipo hidráulico también están presentes en el estado, tal es el caso del extractivismo hídrico industrial que accede a grandes cantidades de agua necesaria para la producción a través de pozos de donde se extrae el líquido directamente de mantos acuíferos, ante esto la acción colectiva ha buscado maneras de organizar acciones que informen a la población del conflicto, el mapeo es una de esas herramientas a las que se ha recurrido para visualizar la problemática.
Otro conflicto hídrico es el derivado del anuncio de Monterrey VI, un megaproyecto impulsado por empresas trasnacionales respaldadas gubernamentalmente con el que se pretende abastecer de agua al AMM, consiste en la construcción de un acueducto que trasladaría el agua desde río Pánuco en Veracruz hasta la ciudad de Monterrey. El proyecto inicialmente fue cuestionado por su alto costo económico y ambiental, así como por la existencia de otras opciones de abastecimiento, posteriormente el proyecto dejó ver los intereses industriales puestos en él, incluso para suministrar la extracción de gas y petróleo mediante el fracking.
Desde el anuncio del proyecto Monterrey VI en el año 2015 la acción colectiva organizó un nuevo episodio de protestas que además permitió la conformación del Movimiento Ambientalista en Defensa de la Madre Tierra y de la Vida, un grupo de acción colectiva contenciosa integrado por individuos y organizaciones diversas pero con el interés común de defender el medio ambiente, de tal manera que desde entonces el MADMTYV ha emprendido acciones políticas no solamente contra el Monterrey VI sino que también ha organizado acciones en otros conflictos que ya se han mencionado, siendo actualmente una de sus luchas centrales lograr la prohibición del fracking en el estado.
Las protestas contra el proyecto Monterrey VI se han reflejado en peticiones a autoridades, reuniones públicas, cabildeo, actos político-culturales, denuncias, así como comunicados en medios e internet. Después de un periodo de casi dos años de lucha contra este proyecto, finalmente tras constantes presiones de la acción colectiva en 2017 fue anunciada su no realización, sin embargo desde entonces se ha solicitado al gobierno estatal que haga pública la cancelación definitiva del contrato, petición cuyo cumplimiento no ha prosperado.
La observación participante y la realización de entrevistas semiestructuradas ha permitido aproximarse a la genealogía de los conflictos socioambientales en Nuevo León, sus diferentes tipos así como las respuestas organizadas contenciosas que la acción colectiva antes y después de la conformación del MADMTYV ha dirigido en forma de demandas y acciones políticas.
En lo que toca al proyecto político, el acceso a comunicados, peticiones y entrevistas a activistas, se han ido obteniendo datos previos que permitirán conocer a profundidad cuáles son los intereses, ideas y aspiraciones contenidas en la lucha ambiental en Nuevo León, hasta hoy lo que se puede afirmar es que en el origen de las disputas entre la acción colectiva analizada y los promotores de proyectos extractivos mencionados radica en las distintas valoraciones que ambos tienen del medio ambiente así como de sus ideas particulares sobre la sustentabilidad o desarrollo sustentable.
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Notas
1 Bajo el término bienes comunes o comunes se comprende la riqueza común del mundo material que incluye al aire, el agua, los frutos de la tierra y la munificiencia de la naturaleza, y por otro lado a los resultados inmateriales de la producción social tales como saberes, lenguajes, códigos, información, afectos, etc. (Hardt y Negri, 2011). Para esta investigación se toma en cuenta únicamente el sentido de bienes comunes naturales o ecológicos.
2 Algunos impactos o problemas ambientales son la deforestación de bosques, la contaminación del agua y del aire, la sobreexplotación de mantos acuíferos, la erosión de suelos, la desertificación, la pérdida de diversidad agrícola, la extinción de seres vivos, la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global del planeta (Foladori, 2001)
3 Para efectos dela investigación se comprende a la sustentabilidad o desarrollo sustentable como un adjetivo sobre el que existen distintas y múltiples valoraciones. Foladori y Pierri (2005) señalan que la
sostenibilidad o sustentabilidad se comprende desde distintas valoraciones que van desde un grado débil a uno fuerte o del antropocentrismo al biocentrismo.
4 El proyecto político se considera como un conjunto de lineamientos y propuestas planteadas en un determinado momento histórico con la finalidad de transformar, reformar, romper o reafirmar el estado de cosas imperante en una sociedad dada. Su estudio implica el análisis de proclamas, manifiestos y programas propuestos por individuos o movimientos, desde una consideración que contempla en todo proyecto político un programa, aunque no todo plan o programa sea un proyecto político (Trejo, 1993).
5 El repertorio de acción refiere al conjunto variable de actuaciones, conformada por el uso combinado de formas de acción política, tales como la creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, procesiones solemnes, vigilias, mítines, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos, y propaganda (Tilly, 2010).
6 La contaminación de ríos en el estado es un problema grave que no se resume al río San Juan, pues otros como el río Pesquería y San Juan también han sufrido daños por arrojo de desechos tóxicos, sumándose estos conflictos a los de tipo hídrico.
7 Consiste en la perforación vertical de pozos para extraer petróleo o gas natural atrapado en formaciones rocosas poco permeable, para lograrlo se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos a los poros. Sobre dicho proceso, se ha ocultado valiosa información de los impactos socioambientales en los territorios donde se lleva a cabo, aunado a que no se cuenta con la consulta ni consentimiento de las comunidades afectadas.