Pedro Orozco Espinosa1 y Ma. Cristina Recéndez Guerrero2
Palabras clave: igualdad; oportunidades; pobreza; transferencias.
Este trabajo de investigación busca analizar la construcción del bienestar que se forman las beneficiarias de la política social Prospera en siete localidades del municipio de Santa María del Oro y su impacto en la reducción de la desigualdad. A partir de la idea de igualdad de
1 Estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Zacatecas, Maestro en Desarrollo Económico Local por la Universidad Autónoma de Nayarit, líneas de investigación: Pobreza, desigualdad, política social, desarrollo económico y social.
2 Doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas, líneas de investigación: Política, desarrollo, género y educación.
oportunidades, como discurso oficial (neoliberal) y su contrapartida en los planteamientos de la igualdad de posiciones. Por lo que las preguntas que emergen y orientan la investigación son:
¿Cuáles son las percepciones de bienestar e igualdad existentes entre las beneficiarias del Programa Prospera? Los gobiernos locales ¿Generan condiciones para la Igualdad de Oportunidades o de Posición que impacten la reconstrucción del tejido social (cohesión social)?
¿Qué relación existe entre la Bienestar, la Igualdad de Oportunidades y la Igualdad de Posiciones de quienes participan de este programa en las localidades de estudio?
En las actuales economías, se tiene que el objetivo principal de sus políticas económicas es el crecimiento y el desarrollo económico, las cuales pretenden siempre alcanzar los mejores niveles de vida y de bienestar de todos y cada uno de sus habitantes. Las estrategias son el pleno empleo de sus recursos, una alta tasa de crecimiento, estabilidad de los precios, un equilibrio del mercado interno y externo, y la distribución justa del ingreso, entre otras.
Según Midgley (1995), quien propone integrar la política económica y social, considera que desarrollo social es un proceso que impulsa el bienestar de las personas junto a un proceso dinámico de desarrollo económico. El cual se traduce en el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en los distintos ámbitos de su vida: educación, salud, vivienda, nutrición, seguridad social, salarios, empleo, vulnerabilidad, reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. El agente promotor y coordinador de este proceso es principalmente el Estado junto a la participación de otros actores públicos, privados y sociales (Chávez 2011; CEPAL 2015). Así, Chávez (2011) explica que el desarrollo social es procesual e institucional, conectado con el desarrollo económico, la infraestructura social (capital físico), el bienestar individual y comunal (capital humano), con la mediación de todos los actores sociales.
En este sentido, se confirmaría que la actividad económica de la sociedad se comprometería a generar a partir del crecimiento económico las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades tanto inmediatas como en el mediano y largo plazo. En la satisfacción de algunas de las condiciones de vida de tipo colectivo, la participación del Estado, a través de la administración pública, es fundamental y necesario, con la implementación de una serie de acciones, o políticas públicas, tendientes a proporcionar los servicios requeridos en tales ámbitos. Sin embargo, el desempeño del Estado se ve condicionado por la orientación que adopte la política económica. Por tanto, las acciones estatales pueden aumentar o disminuir según sea
acuerde la cantidad de recursos asignados al gasto público.
Así, si se comparan de las condiciones de vida de la población mexicana, en algunos ámbitos, se tiene que, de acuerdo con información oficial, en el 2014, la población en condición de pobreza alcanzó la cifra de 55.3 millones de personas. Ello significó que el 46.2 por ciento de la población mexicana experimentaba tal situación. Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL 2014) informaba que 86.9 millones de personas vivían en situación de pobreza con al menos una carencia social lo que en términos relativos se traduce en
72.4 por ciento. Lo preocupante de estas cifras es que el número de pobres aumentó 2.5 millones respecto al 2010.
Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) informó que en el tercer trimestre del 2016, el número de desocupados fue de poco más de dos millones. Lo que arrojaría una tasa de desocupación del 4.03 por ciento. Pero si tomamos en cuenta a los desocupados que estaban desalentados de encontrar empleo, las cifras se disparan de manera importante: 7.7 millones de desocupados y una tasa de desocupación del 14.2 por ciento. Lo que significaría que la economía nacional no está creando los empleos suficientes que necesita la sociedad.
Estos datos ponen en evidencia las dificultades de acción del Estado por las presiones ejercidas por el mercado y los intereses del capital. Y que dan cuenta de una tendencia a la consolidación de políticas neoliberales. Cabría plantearse, entonces, el lugar que desempeñan las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en el engranaje neoliberal como política social focalizada. Cómo estas políticas, a través de este tipo de apoyos, en el neoliberalismo reproducen las lógicas de profunda individuación, donde se ha construido todo un sentido de lo social en el cual las personas son responsables de sí mismas, bajo las ideas de igualdad de oportunidades, capital humano y pequeña empresas, se fomenta y fortalece la idea de individuos en plena competencia, donde el más apto y capaz sobrevive en esta lucha, dejando de lado el derecho a la protección construido alrededor del trabajo.
Por esta razón, los principales objetivos son: 1. Comparar las percepciones de las beneficiarias de la política social en apoyo de becas de Prospera en las siete localidades de estudio.; 2. Analizar la construcción de bienestar e igualdad en las beneficiarias de becas de las siete localidades de estudio; 3. Comparar e identificar el impacto de la categoría de igualdad de
oportunidades, con la construcción bienestar de las beneficiarias de becas de Prospera en las localidades de estudio. Por lo anterior, nos planteamos la hipótesis: “La política social Prospera condiciona la igualdad de oportunidades y/o Posiciones y determina la construcción de bienestar e igualdad de las beneficiarias de las localidades objeto del municipio de Santa María del Oro, Nayarit”.
La investigación comprende el período de 2005 – 2016, en siete de las veinte localidades que integran el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. El corte espacio – temporal se justifica por ser las localidades más representativas, las beneficiarias con mayor antigüedad y el período resulta por encontrar datos estadísticos más ordenados y coherentes.
En el primer apartado se abordan los planteamientos teórico–conceptual sobre la igualdad de oportunidades e igualdad de posición. Posteriormente, el segundo apartado presenta la estrategia metodológica y, en el tercer apartado, la evidencia empírica resultado del trabajo de campo. Y, por último, las conclusiones resultado de la percepción de las beneficiarias del programa social Prospera, un programa de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) de corte neoliberal.
En esta parte, se pretende dar cuenta de dos importantes formas de concebir la justicia social, y, con ello, su influencia en la actual política social. Pudiéramos decir que tales construcciones teóricas arrancan de un problema común y es, por un lado, la búsqueda por “reducir la tensión fundamental que existe en las sociedades democráticas entre la afirmación de la igualdad fundamental de todos los individuos y las desigualdades sociales reales vinculadas a las tradiciones, la competencia de intereses y el normal funcionamiento de las sociedades modernas” (Dubet 2015). Las dos discusiones teóricas que hacemos referencia son la Igualdad de Oportunidades (desde un modelo de liberalismo estadounidense desarrollado ampliamente por John Roemer) y la Igualdad de Posiciones (desde un modelo social demócrata europeo planteado por François Dubet).
La Igualdad de Oportunidades, una categoría subsumida en las Políticas Sociales neoliberales El acercamiento a las problemáticas de la pobreza y de la desigualdad ha llevado al surgimiento
de distintas orientaciones teóricas y empíricas. Una de ellas es la conocida Igualdad de Oportunidades (IO), la cual se propone identificar, que todo aquello que se refiere a la igualdad, se debiera apuntar, primeramente, no sólo a los aspectos económicos – sociales, sino también a los aspectos éticos y políticos. Y, por ello, recorrer el camino de la reflexión lograda por los filósofos y teóricos políticos y de la justicia (social), más relevantes, que nos lleven a descubrir los referentes conceptuales fundamentales y los contrapuntos al pensamiento existente en torno a este tema.
En las últimas cuatro décadas, la sociedad ha sido testigo del cambio en el concepto de justicia. Desde que Rawls (1971) argumentó la reconciliación entre libertad e igualdad, lentamente el foco de atención en la literatura dejó de ser la igualdad de resultados (equiality output), y se comenzó a indagar más en los procesos que se desarrollan para llegar igualar las condiciones de los individuos (Facchini, 2011: 3).
El principio de la teoría de la IO se funda en que ninguna persona sea privada de obtener un resultado por condiciones consideradas socialmente injustas. Es decir, todas las personas deberían poseer la misma oportunidad de éxito en la vida. Por lo que una situación es injusta, siempre que exista un trato diferencial entre personas de distinta raza o sexo, por ejemplo. Sin embargo, este concepto adelanta a las ideas de discriminación, de explotación, o de exclusión (Roemer, 1998), ya que refieren a las posibilidades que tienen las personas de afrontar las diferentes circunstancias de ese momento.
Podemos constatar, en estas líneas, que tal discurso teórico nos conduce a la idea del individualismo y a una sociedad de individuos, donde el proceso de individuación, propio de la lógica neoliberal, que exige más respuestas individuales a los retos y desafíos de la sociedad actual. Donde se resalta al individuo por éxito (a través del desarrollo de sus capacidades) y el individuo por defecto, es decir, quien vive condenado a ser individuo en condiciones difíciles (Castel 2005).
En esta dirección, Roemer (1998) propone dos concepciones de IO que predominan en las democracias occidentales. Por un lado, Roemer (1998) establece que la sociedad debiera hacer lo posible para nivelar el terreno de juego entre los individuos (Levels the playing fiel, LPF) que compiten por un puesto, o previamente nivelarlo durante su período de formación. De modo que al ser todos capaces de desempeñarlo estén en condiciones de ser aceptados, llegado el caso, entre
los aspirantes que van a competir por é1. Y, por otro lado, desde su denominado principio de no discriminación o de mérito, establece que en la competencia por un puesto en la sociedad, han de ser incluidos entre los aspirantes todos aquellos que poseen las características adecuadas para desempeñar las obligaciones que conlleva dicho puesto, a la vez que tal elección es decidida atendiendo solamente a estas características (Roemer, 1997: 71 – 73).
De alguna manera, Dworkin (1981) ya nos proponía considerar la equidad como la igualdad en los recursos materiales. Algo semejante a la de IO, solo que ésta estaría representada por los recursos. Según Dworkin, la igualdad en los recursos existirá cuando cada individuo esté satisfecho con su cesta de bienes y no prefiera la cesta de recursos de ningún otro. Por lo que para él quedaría superado el test de la envidia (Formichella, 2011: 7; Moreno, 2004: 3).
Amartya Sen (1995, 2000) afirma que más importante que los medios con que cuentan los individuos, aunque se vean beneficiados con los bienes primarios de Rawls, lo que verdaderamente importa para avanzar hacia la igualdad son las libertades. Por lo que la equidad de bienes primarios no es tan relevante si se tienen en cuenta las enormes diferencias existentes en las capacidades personales y sociales. La cuestión está entonces en las posibilidades que tiene la gente para convertir las capacidades con que cuenta en realizaciones reales.
Según Sen (2000), existe una diversidad entre los seres humanos, de carácter natural o social. Por tanto, las personas menos dotadas, o de menor capacidad para utilizar los bienes primarios no podrán convertir los recursos a su disposición en resultados efectivos, aun cuando tengan la misma dotación de bienes primario. Es importante aclarar, que el concepto de libertad en Sen es distinto a su concepción convencional. La libertad para éste tiene más que ver con el poder efectivo para conseguir aquello que uno elegiría. En este sentido, la libertad es trascendental para acercarse a la igualdad. Y, por tanto, no hay contraposición entre igualdad y libertad, sino al contrario: “la igualdad se conquista a través de la libertad” (Sen, 2000).
Además, nos muestra que el solo crecimiento económico, contrastado con el desarrollo humano y la democracia, fines a alcanzar, tienen como primacía el establecer mejores condiciones de vida, posibilitando el ejercicio de las capacidades de los ciudadanos. Es decir, no solo valorar el desarrollo únicamente como crecimiento económico u otros indicadores cuantitativos; y la democracia no solo como práctica del sufragio, sino también considerar el impacto que las condiciones económicas favorecen para disminuir las desigualdades y favorecer
las libertades. Es, entonces, que se vuelve el desarrollo en un proceso de expansión de las libertades y una ampliación de las capacidades de cada persona para llevar el tipo de vida que valora (Giorguli, 2004).
Hasta aquí, el principio de IO se vuelve, para los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en un avance respecto a las ideas de igualdad sustentadas en la distribución de los beneficios producidos por la economía, específicamente, la distribución de ingresos, pues considera explícitamente la responsabilidad de los individuos en la generación de los resultados (Cabrales, 2004:3).
Entonces, desde el punto de vista ético, las políticas aplicadas a la reducción de la pobreza y la desigualdad, como las TMC se presentan como los programas que contribuyen a nivelar las circunstancias en las que las personas obtienen sus resultados, aunque bajo premisa de la competencia. De manera que estas políticas tienden a lograr que la distribución resultante refleje sólo las preferencias, o el esfuerzo dedicado a la actividad generadora de ingresos (Cabrales, 2004; Igersheim, 2006; Roemer, 2006).
Por tal razón, para Roemer, la política de IO debería hacer que el grado por el que un individuo alcanza su objetivo sea independiente de sus circunstancias y sea función sólo del esfuerzo que realice. En general, el instrumento puede ser una cantidad de recursos que se asignan a diferentes grupos. Dado que una cantidad limitada puede no ser suficiente para alcanzar el objetivo de IO. Por ello, propone una política que maximice la ventaja del grupo con más desventajas al mismo nivel de esfuerzo relativo.
En definitiva, la política de IO significa darles a ambos individuos la posibilidad de alcanzar cierto rendimiento, pero que sólo lo alcanzaría en caso de ser plenamente eficientes, es decir, si se esfuerzan al máximo, o al igualar el valor del objetivo para los que están en el mismo percentil de su función de distribución o en su defecto, maximizar el valor del objetivo de los que están peor en cada tipo. Con este método, se consigue extraer la parte de individualidad de los miembros de la sociedad para dar cuenta de la responsabilidad individual de cada uno.
Las Transferencias Monetarias Condicionadas, como Política Social promotora de la Igualdad de Oportunidades
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, según el discurso de los organismos internacionales, para los países de América Latina y el Caribe, la estrategia desarrollada para el combate a la transmisión intergeneracional de la pobreza ha sido el establecimiento de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), con los cuales se busca compensar o incrementar el ingreso de las familias beneficiadas a través de transferencias gubernamentales a cambio de cumplir con condicionantes específicos, asociados a las dimensiones que podrían estar perpetuando la pobreza en la familia, como es la alimentación y/o la nutrición, la salud y la educación).
Desde la perspectiva y promoción de estos organismos, así como de sus técnicos evaluadores, dicen que los PTMC han ayudado a varios países de América Latina a cumplir con los objetivos del milenio, a través de la promoción de la salud, la nutrición y la escolarización de sus sociedades. Asimismo, han sido considerados un punto de partida para la reforma de subsidios mal dirigidos y para el mejoramiento de la calidad de las redes de protección social. Y han contribuido a la redistribución del ingreso a favor de los pobres. Por lo que estos programas, bajo el auspicio de los organismos internacionales y las reformas estructurales neoliberales promovidas en distintos países de América Latina, se han concentrado a fortalecer y desarrollar el capital humano de los hogares, lo que le ha otorgado a las TMC desde esta perspectiva una mayor aceptabilidad política (Fiszbein y Schady, 2009). Sin embargo, en los últimos años, los ajustes estructurales (reformas y estabilidad económica) y las reducciones de los presupuestos fiscales, especialmente en el recorte al gasto social, han venido a mermar estos programas ya que son los primeros afectados ante estas medidas.
Un ejemplo fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto justificó el aumento de la gasolina al inicio del 2017 e indicó entre otras cosas la responsabilidad del gobierno por cuidar de la estabilidad de la economía y, sobre todo, proteger a los grupos vulnerables para seguir recibiendo el apoyo del gobierno. Es decir, no tomar la medida, exigiría una reducción en el gasto social, el cual también se realizó ante la reducción presupuestal. Así también lo confirmó el Secretario de Hacienda José Antonio Meade en entrevista con Denise Maerker 10 en Punto ante el incremento a los precios de la gasolina en enero de 2017, donde mencionó que “subir la
gasolina era la mejor solución”, ya que en el corto plazo el ahorro de 200,000 millones de pesos se traduciría en cuánto implica en becas, en programas sociales o en apoyo a la leche. Es decir, las decisiones macroeconómicas de atracción de inversión extranjera y de libre mercado a empresas competitivas subsumen y subyugan el desarrollo social del país en favor de los necesitados (residuos para el mercado).
De acuerdo con Cogco y Rodríguez, (2009), las TMC han pasado a formar parte importante en los objetivos de los gobiernos para formar capital humano, con la finalidad de que la población beneficiaria desarrolle sus capacidades y potencialidades personales, de forma que les permita incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones de competitividad. De igual manera, la idea generalizada del éxito a nivel internacional de las TMC, como señala Martínez (2012), siguiendo los planteamientos de Sen (2000), es que al menos el Estado garantiza la asistencia sanitaria, la aparente educación a todos (as) y la alimentación para quienes se encuentran en los primeros años de vida. Sólo que al ser tan focalizados se pone en riesgo la universalidad de la seguridad social (como derecho), lo cual vuelve a poner en evidencia la racionalidad neoliberal hacia la política social, que se vuelve pública y técnica (eficaz, eficiente y de gestión).
Por su parte, siguiendo esta tendencia, Skoufias y Parker (2001), y Villatoro (2005) señalan que la eficacia de las TMC podría observarse respecto a las intervenciones tradicionales contra la pobreza, porque el condicionamiento reduciría el costo de oportunidad de la escolarización; esto a su vez reforzaría el efecto ingreso de la transferencia, dado que la asistencia a la escuela y el trabajo infantil se sustituyen entre sí.
De esta manera, hemos constatado que la trayectoria de las políticas sociales de TMC y su fundamento teórico en la IO, en su pretensión de fortalecer el Capital Humano, como inversión y competencia (entre las víctimas interesadas en exhibir sus discriminaciones y beneficiarse de ciertas políticas) y éxito individual, evidencian la racionalidad y la lógica neoliberal.
La Igualdad de Posiciones: Una propuesta alternativa ante la desigualdad real Históricamente, podemos decir que la Igualdad de Posiciones Sociales (IPS) fue mantenida por el movimiento obrero y los grupos de izquierda. La propuesta de la IPS acerca de la justicia social enfatiza las posiciones que organizan la estructura social, o el conjunto de espacios sociales
ocupados por los individuos (Dubet 2012). Su argumentación parece estar más concentrada en la reducción en las desigualdades de ingresos y la participación en la seguridad social (entre otras), pues su intención se centra en ajustar la estructura de posiciones sociales de los individuos y no sólo impactar en la movilidad social, como lo plantea la IO, bajo su idea de fortalecer el capital humano como inversión del gobierno o de las familias. Mientras, la IPS considera que la movilidad social es consecuencia indirecta de la igualdad social (Dubet 2012).
Esta perspectiva deja ver en el fondo la formación de sociedades constituidas en torno al trabajo (Castel 1997) y, por tanto, refieren a sociedades salariales, las cuales son definidas como “aquellas en que las posiciones ocupadas por los menos favorecidos son controladas y aseguradas por un cierto número de derechos sociales” (Dubet 2014:17). Esta idea es relevante ya que expone una correlación fuerte entre el poder del Estado benefactor y la igualdad social a partir del fortalecimiento de los derechos y prestaciones sociales relativos a la salud, al desempleo, a la jubilación y a las condiciones laborales.
Al parecer, se observa que el planteamiento de Dubet (2012) pone en tensión dos principios fundantes y fundamentales de la democracia liberal occidental: la libertad y la igualdad. Pero, sobre todo, el principio de igualdad, en la filosofía liberal de justicia social, viene subordinar la igualdad al primer principio (libertad), como lo expresa Rawls en el principio de igualdad, o dos principios de justicia (bajo el Velo de la Ignorancia).
Ante este planteamiento, se propone la interrogante de cómo podemos decir que todos (as) somos iguales (inclusive libres), cuando en la realidad ocupamos posiciones sociales desiguales. Algo que el modelo de IO no resuelve ya que en su idea de la meritocracia y la competencia impulsa al mantenimiento de la desigualdad, pues el mundo se organiza entre vencedores y vencidos. Además, pareciera indicar que tú mereces esa condición actual (vencido). Ya que es tu responsabilidad superar tal condición. Tal parece que la propuesta de Dubet se encuentra en la recuperación de la idea de clase (conflicto de clases y porque los trabajadores contribuyen a la producción de riqueza y bienestar colectivo) que ayuda a interpretar y proponer soluciones a la desigualdad. Asimismo, se observa que este modelo se centra en trabajo y en la utilidad colectiva, pues es conservador y corporativo.
Dubet (2015) plantea que existen tres argumentos a favor de la IPS: 1. La valoración de una sociedad menos rica pero más igualitaria, que una sociedad rica, pero muy desigual; 2. Se
afirma que mientras mayor es la igualdad social, mayor es la igualdad de oportunidades. Es decir, al tomar dos indicadores, uno de movilidad social y otro de desigualdad, se tiene que cuanto mayor es la igualdad, mayor es la movilidad social; 3. Este argumento pareciera plantearse de forma negativa e inversa, pues se propone que la igualdad da mayor libertad. Esto es, si se va forjando una sociedad relativamente igualitaria, los mecanismos de asimilación y configuración identitaria se vuelven menos fuertes que en una sociedad profundamente desigual.
Por todo lo anterior, la defensa que plantea Dubet respecto a la IPS supone además “una capacidad muy fuerte de reformar el Estado Providencia porque cristalizado las desigualdades y ya no las reduce” (Dubet 2015:4). Asimismo, observa que es importante recuperar el vigor que existía en izquierda (grupos y partidos) y, para ello, también es necesario una profunda reforma.
Para esta etapa de la investigación y acorde a los objetivos, se utilizó el Análisis Multivariable (AM). El cual puede definirse como “el conjunto de técnicas estadísticas que de forma simultánea miden, explican y predicen todas las relaciones existentes entre los elementos que conforman una tabla de datos, proporcionando un resultado que debe ser interpretado minuciosamente” (Levy, 2003:6). Así, la técnica a aplicar es el Análisis Discriminante Multivariable (ADM), que ayudó a determinar la contribución de cada variable discriminante a la clasificación correcta de cada uno de los individuos (Barrón, 2007:60).
El ADM fue introducido por R. A. Fisher en 1936. En este primer tratamiento moderno de problemas separatorios, Fisher pretendía analizar la existencia de diferencias significativas entre grupos de objetos y un conjunto de variables medidas. Además, explicar en qué sentido se dan y determinar los procedimientos de clasificación sistemática (Fontalvo, 2012:127).
Este ADM supone un fundamento teórico de combinación lineal de dos o más variables independientes que discrimine entre los grupos definidos a priori. Esta discriminación se desarrolla estableciendo las ponderaciones del valor teórico de cada variable, a fin que maximice la varianza entre – grupos frente a la intra – grupos (Aldás, 2005; Garnica, 1991:56). Así, el modelo, o la función discriminante toman la siguiente forma:
DI 1 X 1,i 2 X 2.i ... n X n,i
Donde, Di es la puntuación, o clasificación discriminante (grupo de pertenencia) del individuo i – ésimo; a es una constante; fJj es la ponderación de la variable j – ésima (coeficiente asociado). El resultado de esta función será para un conjunto de variables independientes Xi… Xn, para un valor D que discrimine al individuo en un grupo u otro. De modo que, el ADM dará una función menos que los subgrupos dados. Es decir, si la variable categórica (variable dependiente) tiene dos subgrupos, resultará una función discriminante (Aldás, 2005).
El ADM persigue dos objetivos fundamentales: Primero, este análisis es primordialmente clasificatorio. Pues, a partir de las variables dependientes cualitativas seleccionadas y una variedad de variables independientes cuantitativas (o las variables recodificadas no cuantitativas), el ADM consiente clasificar a los individuos o casos en alguno de los grupos establecidos por la variable dependiente. Además, este primer objetivo lleva implícita, una finalidad descriptiva. Es decir, la identificación de las variables que mejor discriminan y caracterizan a los grupos (Garnica, 1991:54).
El segundo objetivo, partiendo de la efectiva diferencia entre los grupos, tiende a buscar la predicción en uno de los grupos analizados. Así, al igual que el modelo de regresión múltiple que permite estimar el valor de la variable dependiente, el ADM estimará la probabilidad de pertenencia a un grupo a partir de las puntuaciones discriminantes y desde aquí se estimará a cuál de los grupos pertenece cada unidad o caso (Garnica, 1991:54).
Por tanto, dada una población y dividida en grupos, con este ADM se encuentra una función que permite explicar la división en grupos (visión explicativa), con un determinado grado de acierto. Así, una vez obtenido este resultado, se puede utilizar para clasificar a nuevos individuos en alguno de los grupos en que se divide la población.
Estudio de caso: Los criterios de selección y la muestra estadística
Se seleccionó de los 20 municipios del estado de Nayarit, el municipio de Santa María de Oro y en ella se tomaron algunas de sus localidades muestra.
Nayarit cuenta con 44,504 familias beneficiarias hasta el quinto bimestre del 2012 (SEDESOL, 2012). El municipio de Santa María del Oro tenía registradas 1,302 familias (2.93% estatal). Sin embargo, la suma de beneficiarios por localidad da un total de 1,486 familias (3.34%
estatal). Para el estudio de caso se consideraron 589 familias beneficiarias (39.63% del municipio). Por tanto, la muestra es de 233 casos, los cuales se distribuirán por ponderación, asignado al peso de cada localidad y en proporción al tamaño de la muestra según el número de familias del patrón de beneficiarios del municipio por las localidades seleccionadas
La aplicación del cuestionario fue a través de dos estrategias. Primero, para las localidades tienen mayor el mayor número de beneficiarios (cabecera municipal, La Labor y Mojarras), se aplicó en una reunión, previamente acordada con la vocal del programa. Y, segundo, en el resto de las localidades, se aplicó casa por casa. Todas las encuestas fueron respondidas por las beneficiarias. Además, la encuesta aplicada en colectivo, como en las casas, dio la oportunidad de conocer e identificar otras apreciaciones no contempladas en el cuestionario. Y, seguramente, ampliaron la información sobre la percepción de su condición de vida y los beneficios recibidos por el programa.
Resultados del estudio de caso. Localidades del municipio de Santa María del Oro, Nayarit. México.
El Análisis Discriminante Multivariado ayudó a delimitar y matizar la explicación de los resultados arrojados por el cuestionario aplicado a las familias beneficiarias del PTMC. Los principales estadísticos considerados para la valoración de los modelos propuestos fueron el nivel de significancia, la correlación canónica, la lambda de Wilks y el porcentaje de aciertos.
Las dos primeras pruebas realizadas nos mostraron una relación positiva entre el tipo de apoyo recibido por el gobierno a través de la TMC y la edad de la beneficiaria. Así, situamos la edad de la madre, o jefa de hogar entre 30 y 49 años. Por lo que podemos decir que el recurso otorgado viene dirigido a las mujeres madres de familia en una edad madura. Además, esta relación es interesante pues nos mostró también que estos apoyos a los hogares siguen siendo especialmente dirigidos a la alimentación debido a la inseguridad alimentaria y desnutrición. Esto también se refleja claramente cuando las familias, por alguna razón no entendida y/o explicada, pasan al Esquema diferenciado. Reciben apoyo solo de alimentación y/o infantil vivir mejor.
Este último, es un apoyo que se entrega a los hogares incorporados de $100.00 a $130.00 pesos mensuales por cada niño, o niña, entre 0 y 9 años, para la nutrición y el sano desarrollo, hasta un máximo de tres casos por familia y, por tanto, se es considerado como un complemento
a la alimentación. En consecuencia, esta relación pudiera llevarnos a pensar que estos apoyos fomentarían el incremento del número de hijos (as) menores en las familias. Sin embargo, la relación entre el tipo de apoyo y el número de hijos en el hogar, y el nivel educativo de la beneficiaria no presentaron alguna correlación significativa. Además, las familias encuestadas tienen dos hijos (as) en promedio.
Por otra parte, se encontró una sólida relación entre el tipo de apoyo recibido y el número de hijos varones, respecto a la relación con el número de hijas en la familia. Pese a que la proporción del número de hombres y mujeres es de dos hijos (as) en la familia, esta relación muestra a los apoyos con una tendencia positiva hacia los hijos varones, y orientado principalmente a la alimentación y la educación. Situación que en las reglas de operatividad y en los montos otorgados en las becas, por ejemplo, se oscila entre $50.00 a $100.00 pesos más a las mujeres, sobre todo, después de segundo de secundaria.
En la tercera prueba, las estimaciones nos mostraron la relación del tipo de apoyo recibido con los ingresos mensuales de la familia ($2,100.00 pesos promedio mensual) y sus gastos en alimentación ($530.00 pesos promedio semanal) y educación de los hogares ($600.00 pesos promedio mensual). Sin duda, estas familias tienen un ingreso por su trabajo y por la transferencia recibida del PTMC, lo cual nos habla todavía un ingreso de subsistencia. Todo este ingreso se invierte en la manutención de la familia y una pequeña parte al sostenimiento de la educación de los hijos (as). En cuanto a la educación, solo contabilizan como gasto aquello que dan a sus hijos (as) para ir a la escuela ($20.00 a 30.00 pesos diarios por hijo (a) para primaria, o secundaria). Pero en una revisión más detenida, las madres de familia se dieron cuenta de otros mínimos gastos que se acumulan en el mes, como es cartulinas, el uso del internet ($10.00 a
20.00 pesos), el gasto en pasaje de aquellos que estudian fuera de la localidad, especialmente en educación media superior y superior, y otros materiales que piden en la escuela y no vienen con el apoyo escolar (útiles al inicio del ciclo escolar).
Las madres de familia, que reciben el apoyo y distribuyen el ingreso familiar, expresaron que “todo está caro” y apenas alcanzan para comer. Además, que el trabajo es escaso en la localidad. Ya que sus esposos tienen trabajos eventuales y con bajos salarios. Por ello, su preocupación diaria es mantener satisfechos a sus hijos (as), sin preocuparse por su nutrición. Es decir, la idea es que alcance el ingreso para cubrir todos los gastos. Y si mantener el apoyo
depende de que sus asistan a la escuela, pues hay que mandarlos a la escuela. Aunque su futuro siga incierto, pues no ven un mejor horizonte laboral en su localidad.
Por otro lado, es interesante encontrar que el tipo de apoyo recibido no está relacionado con el gasto mensual en salud. Esto parece ser porque las familias tienen que cubrir un control mensual en el servicio médico de la localidad. Sea IMSS – Oportunidades, o Seguro Popular. Y porque parten de la idea que tienen tiempo que no se han enfermado, o sus enfermedades han sido gripas… y no han pasado a mayores. Así, este servicio médico, o la cobertura universal, parece solamente resolver enfermedades menores, como es el caso de infecciones estomacales, gripas, entre otras. No así enfermedades mayores que requieren una atención y medicamentos especializados, o prescritos de por vida (tal es el caso de las personas adultas, mayores de 65 años y más). Y, por tanto, exigen un gasto extra, ya que tienen que ir al médico particular y comprar el medicamento que no hay en la clínica de su localidad. Por lo que es frecuente escuchar que de las beneficiarias y de los (as) derechohabientes: “no hay medicamentos en las clínicas”, cualquiera que sea el tipo de medicamento. Menos, al tratarse de un medicamento de cuarta generación.
Los planteamientos teóricos de Roemer (IO) y Dubet (IPS), donde el primero nos propone que todos los individuos deberán estar en las mismas condiciones para ser aceptados entre los aspirantes que van a competir por tal desempeño y alcanzar el mismo resultado. De manera que se deberá favorecer, a través de la nivelación de campo de juego, la libertad de elección de la persona y su vida no quedar condicionada por las circunstancias de los participantes. Es así que el principio teórico de IO define que ninguna persona sea privada de obtener un resultado por condiciones socialmente injustas y, por tanto, deberá tener las mismas oportunidades de éxito en la vida (Roemer, 1998). Por su parte, el segundo, Dubet (2011) nos plantea la tensión de dos principios de toda democracia liberal: la libertad y la igualdad, resaltando específicamente el principio de igualdad, como un aspecto importante en la justicia social, el cual ha quedado subordinado al principio de libertad (liberal). Este planteamiento nos propone la interrogante de cómo podemos decir que todos (as) somos iguales (inclusive libres), cuando en la realidad ocupamos posiciones sociales desiguales.
Por ello, se puede pensar que cualquier política pública debe estar orientada a disminuir
todo aquello que impide esta condición, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad. Se deberá establecer entonces estrategias para la nivelación de aquellas condiciones que impidan alcanzar a los individuos sus objetivos independientemente de sus circunstancias y dependa sólo del esfuerzo que realicen los individuos para conseguirlos. Siendo así, la existencia de una política social tendrá que estar contemplada a maximizar las ventajas del grupo con mayores situaciones adversas, a partir del mismo nivel de esfuerzo relativo.
Los resultados del estudio de caso pueden relacionarse con aquellas condiciones que, según Lewis (1961, 1967), hacen crecer y florecer la cultura de la pobreza en cualquier sociedad:
Una economía casera, trabajo jornalero y productos para el beneficio inmediato;
Un elevado nivel de persistencia de escasas oportunidades para el trabajador no calificado y desempleo;
Sueldos muy bajos;
El fracaso en la consecución de organizaciones económicas, políticas y sociales, sea sobre una base voluntaria, o por imposición gubernamental para la población de bajo nivel de ingreso;
El predominio de un sistema bilateral de parentesco sobre un sistema unilateral;
La existencia de una tabla de valores en las clases dominantes en la acumulación de riquezas y propiedades, la posibilidad de una movilidad ascendente y el espíritu ahorrativo, y que explica el bajo nivel de ingresos como el resultado de la inadecuación o la inferioridad impersonal.
Sin duda, estas condiciones se encuentran a la base de los resultados obtenidos en el Análisis Discriminante. Así, el ingreso de las familias viene a estar completado con los apoyos gubernamentales, PDHO. Es decir, se configura una economía casera y de subsistencia. Basada en el trabajo de temporal (jornal) y consumo inmediato. Pues, su economía se dirige solo al sustento de la familia y solventar algunos gastos diarios de educación y los gastos extraordinarios de salud.
Estas condiciones parecen estar también relacionadas a los problemas estructurales de las localidades rurales y que solamente son comprendidas desde el interior de la localidad. Es decir, viviendo con ellos, aprendiendo su lengua y costumbres, que ayuden a identificar sus problemas y aspiraciones (Lewis, 1961). Así, aunque los indicadores de marginación y rezago social, o los
instrumentos propios de las evaluaciones del programa, orientan a identificar los riesgos, vulnerabilidades y oportunidades en las que se encuentran las familias. Sin embargo, no basta, ya que se observó en la aplicación del cuestionario cierta actitud condiciona por mantener el apoyo, o limitada por no comprender las preguntas. Además, la comunidad mantiene dinámicas sociales y culturales propias, y que se reflejan en sus formas de organizar su economía.
Por tanto, si la preocupación familiar está en la subsistencia, es comprensible que otros aspectos, como el capital humano, estén condicionados por el ingreso y el gasto familiar. Pues, el rendimiento y el futuro de los hijos (as), al menos manifiestan, no dependen de la calidad educativa, sino de un mejor ingreso, que hace posible la permanencia de sus hijos (as) en la escuela y, con ello, la disminución del trabajo infantil familiar. A esto se une, el limitado desarrollo de las localidades y el alto nivel de trabajos no calificados. Los cuales tendrían que estar conectados a la promoción y al desarrollo del capital humano. Es decir, no sólo es una pretensión de la cobertura universal de la educación, sino como respuesta al desarrollo local.
En suma, las estrategias de la política social tendrían que partir de las particularidades de las localidades y familias beneficiarias; conectar el apoyo recibido y desarrollar una estructura que conecte el beneficio alcanzado en la educación y el sistema productivo local. Por lo que el logro de una cobertura universal de la educación deberá evaluarse en la calidad generada en el capital social desde lo local.
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