Víctor Manuel Torres Olivares1
Palabras clave: movimientos sociales; democracia; zapatismo; MORENA.
Los movimientos sociales son un fenómeno moderno que caracteriza una forma de organización y de acción colectiva mediante el cual gente en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, puede organizarse en torno a un tema común. Han pasado de entenderse como una forma no convencional a ser comprendidas como una forma rutinaria de la acción política colectiva.
Los movimientos sociales son una versión particular de la contienda política (Tarrow, 2004 y Tilly, 2010) pero los movimientos sociales también refieren a la batalla cultural por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta (Touraine, 2006).
En este trabajo buscamos una aproximación a los movimientos sociales como proyectos políticos que tienen una capacidad de interpelación contendiente y que se mueven entre en estructuras organizativas tradicionales e informales para establecer demandas, interpelar al gobierno, e incluso buscar una conciencia cultural contra-hegemónica que cuestiona a la
1 Internacionalista, politólogo, director del Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C. Líneas de investigación: democracia, movimientos sociales, participación ciudadana e historia de las izquierdas.
democracia representativa desde los límites de lo nacional-popular.
Los movimientos sociales se han establecido como un fenómeno que está presente en las sociedades modernas y que tiene un campo amplio de análisis en las ciencias sociales. Han pasado de entenderse como una forma no convencional a ser comprendidas como una forma rutinaria de la acción política colectiva.
Los movimientos sociales tienen diferentes mecanismos para situarse y organizarse frente a demandas concretas que pueden ser coyunturales o de larga duración (Braudel, 1968). Para Sidney Tarrow, los movimientos sociales son un desafío de gente común que se enfrenta a los grupos poderosos, a las elites, a las autoridades y a los antagonistas sociales. Los movimientos sociales surgen cuando existen las oportunidades políticas para quienes carecen de ellas (Tarrow, 2004, 22-23).
Para Charles Tilly, los movimientos sociales son una versión particular de la contienda política que cuenta con tres elementos: reivindicaciones colectivas o campañas, repertorio de acción política y manifestaciones públicas -de sus integrantes y otros- que reivindican valor o integridad, identidad, número y compromiso (Tilly y Wood, 2010).
Para Alain Touraine, los movimientos sociales refieren a la cultura, como “la conducta colectiva organizada de un actor luchando contra su adversario por la dirección social de la historicidad en una colectividad concreta” (Touraine, 2006).
Durante la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, además podemos ver una serie de experiencias diversas “que incluyen la internacionalización de los movimientos sociales territorializados (principalmente, indígenas y campesinos), la emergencia del movimiento antiglobalización como actor global y la consolidación de redes transnacionales de incidencia política” (Bringel, 2017).
En la década de los setenta del siglo XX, Claus Offe (1988) al analizar el caso alemán, comparándolo con Europa occidental, consideraba que la politización que irradiaba a la sociedad civil estaba en un contraste entre las posiciones neoconservadora y de los nuevos movimientos sociales. Una, buscaba restaurar la esfera estatal y la división de lo político y lo no-político. La otra, buscaba politizar las “instituciones de la sociedad civil”, reconstituyéndola para no depender
de la regulación y control estatal de las instituciones políticas “representativas-burocráticas”.
Siguiendo esta línea, podemos entender los movimientos sociales en su relación con el Estado, o los partidos políticos, de dos maneras: a. desde una perspectiva de poder, institucionalizada; y b. desde la perspectiva de demandas, ya sean de naturaleza política, social, identitaria o cultural.
En la actualidad, podemos añadir que hay, al menos, tres aspectos que ayudan a entender los movimientos sociales contemporáneos:
-El análisis material de la política democrática, en un contexto de capitalismo globalizado.
-La novedad de las demandas y la relevancia singular de los movimientos sociales según sus reivindicaciones -no necesariamente enmarcadas en la clase sino en demandas cotidianas, servicios y derechos (Touraine, 1987).
-El análisis de sus formas de acción colectiva, la forma en que se organizan y cómo despliegan sus acciones o repertorios de acción (McAdam, McCarthy, Mayer, 1999).
Los movimientos sociales han aprendido a interactuar y participar en las instituciones, combinando la confrontación; ya que “lo más característico de los movimientos sociales es el desafío colectivo…[dado que]…carecen de recursos estables, dinero, organización, acceso al Estado…” (Tarrow, 2004, 26-27). Y ya que el sistema político es cerrado y no concede manejo de recursos sin restricciones, suelen aprovechar los resquicios que se abren.
Algunos análisis han buscado identificar cómo se produce, y bajo qué condiciones, el paso al ámbito de la política, o bien cuándo, cómo y por qué, movimientos sociales deciden coaligarse con, participar en o formar un partido político para acceder a ese ámbito o interactuar con el sistema político para lograr una representación institucional que canalice sus demandas (Bolos, 1999; Melucci, 1999).
Aún así, para algunos autores, como Melucci, el énfasis en esta interacción sistema político/movimientos sociales reduce el análisis porque desconoce la “orientación cultural de los conflictos sociales” pues si bien, “desde un punto de vista político…los movimientos sociales producen modernización, estimulan la innovación e impulsan la reforma” los movimientos sociales contemporáneos no son “sólo políticos” sino que afectan y alteran la “lógica dominante en la producción y apropiación de recursos” esto es, la “producción cultural del sistema”.
Pero, para este autor, también, los movimientos sociales ejercen una influencia sobre las
instituciones políticas, aún cuándo “no estén orientados hacia el cambio político” (Melucci,1999: 71, 75, 101). Con esto podemos entender que la distinción político/social se mueve en dos niveles uno de hechos y otro simbólico.
Algunos autores han señalado “la importancia que los especialistas dan al sistema político” y cómo en sus estudios se “constata” un “interés común por el estudio de la interacción entre movimientos sociales y política institucionalizada”. Esto es, el análisis de la influencia del sistema político “sobre la extensión y forma adoptada por cada uno de los movimientos” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999:53-55; Tarrow, 2004: 116-121).
La variable utilizada para esta interacción sistema político/movimientos sociales suele conocerse como estructura de oportunidades políticas. Esta estructura suele tener dimensiones específicas. Básicamente, el grado de apertura del sistema; la estabilidad o inestabilidad de las élites; los aliados o no dentro de las élites, y la capacidad del Estado y el uso que hace de la represión (McAdam, McCarthy y Zald, 1999; 22-23).
Tarrow (2004), entre otros, ha argumentado que la acción colectiva de los movimientos sociales responde a “los cambios en las oportunidades y las restricciones políticas” de manera tal que la solución a los problemas planteados por estos depende del “flujo y reflujo de la lucha política”. La estructura de oportunidad política, entendida en este contexto puede ayudar a explicar la convergencia de movimientos sociales en cambios políticos.
Para Oberschall, por ejemplo, la estructura de oportunidades políticas sucedidas en Europa del Este es clave para comprender su democratización a finales de la década de 1980 (Oberschall,1999, 144-148).
Los estudios inscritos en las perspectivas de la sociología de la acción colectiva o la de los “nuevos movimientos sociales” colocan al Estado como la esfera preponderante, estudiando a los movimientos sociales en función de los procesos sociopolíticos que determinan sus repertorios de acción o protesta; de cómo aprovechan las oportunidades políticas que se producen en el Estado (Tarrow, 1999); del nivel de institucionalización que logran sus demandas; de sus formas de organización y movilización interna; de sus símbolos y creación de identidades o marcos culturales (Melucci, 1996; McAdam, McCarthy, Zald, 1999).
Estos trabajos abarcan amplios aspectos específicos que se relacionan y pueden ayudar a explicar a los movimientos. Algunos trabajos buscan sintetizar teorías y aspectos del estudio de
los movimientos, pero no precisan “…cómo influencia la política no institucional en la política institucional y cómo la política institucional delinea e influencia a la política no institucional”.
Es decir, es necesario saber cómo los movimientos sociales y las “formas rutinarias” de la participación política dentro de las instituciones son “complementarias de diferentes formas” ya sea influyendo ambas en los temas públicos, delineando agendas, haciendo que los partidos respondan a las demandas de los movimientos o viceversa, compartiendo metas, como la democratización, o bien usando la protesta para presionar a un gobierno, o influyendo en los resultados de elecciones (Goldstone: 8-9; 11-12).
Separar a los movimientos sociales, como outsiders que retan al sistema, y medir su éxito según su conversión en actores reconocidos por el sistema institucional, deja la protesta fuera del sistema y establece que sólo puede hacerse “política” mediante “reformas dentro del entramado institucional y normal de la política”. Sin embargo, los movimientos sociales, como bien apunta Goldstone, constituyen “un elemento esencial” de la política, ya que sólo “existe una frontera permeable y borrosa entre la política institucional y la no institucional”.
La crítica a la democracia liberal señalará las limitaciones de la relación Estado - sociedad civil (Hirsch, 2001) para ver en los movimientos sociales una posibilidad de “radicalización de la democracia” o un nuevo “momento instituyente” (Laclau y Mouffe, 2004).
En el contexto latinoamericano, los movimientos sociales, durante las décadas de los 1980 y 1990, tuvieron como característica desarrollarse en medio de recurrentes crisis económicas y crisis políticas. En ese escenario, la re-configuración de la política regional ocurre con base en demandas por inclusión social, mejores niveles económicos y apertura política de los sistemas autoritarios.
Fernando Calderón, a mediados de los 1990, describía la década de 1980 como “un fraccionamiento acelerado de la acción colectiva en la región, y la emergencia de nuevas prácticas colectivas restringidas a espacios reivindicativos o ‘autorreferidos’, centrados más en ellos mismos que en la política” (Calderón, 1995:19-20).
La modificación de la acción colectiva tendría como interlocutor u oponente al Estado, pero no en función de modificar las estructuras de éste sino en búsqueda de ser un interlocutor
efectivo cuyas demandas fueran resueltas.
Las políticas económicas estatales localmente estaban proyectadas a largo plazo y encontraron continuidades independientes del color partidista (Petras y Morley, 1999) -como en el caso de México con programas económicos heredados y continuados desde los gobiernos priístas, anteriores a la alternancia, hasta los gobiernos panistas posteriores.
Pero sobre todo, las reformas económicas estatales encontraron un marcado apoyo y presión del ámbito económico internacional vía créditos del Fondo Monetario Internacional; la protección de intereses –económicos y geopolíticos- de los Estados Unidos1; y las inversiones extranjeras directas mediante la compra de empresas públicas, la instalación de complejos de producción de maquilas y la inversión en mercados bursátiles.
La democratización se supeditaba o caminaba paralela a la reforma económica soslayando o disminuyendo la presencia de acuerdos con actores sociopolíticos específicos como los sindicatos o algunos partidos políticos.
El debate democrático, que, durante la década de 1990, se centró en los mecanismos, de la transición, ha pasado ahora a plantearse las limitaciones de la democracia (Woldenberg, 2005).
Este modelo, nutre debates entre una democracia elitista y una democracia participativa (Santos, 2002) y el papel de la sociedad civil (Cohen, y Arato: 2000) que se entendió como un contrapeso a los autoritarismos que se diferenciaba del Estado, de la sociedad política autoritaria (Olvera, 2003).
Con la democratización, el desarrollo teórico de la sociedad civil como una “política de la influencia” (Cohen y Arato, 2000) y una presión indirecta sobre el sistema político democrático en busca de convencimiento y cooperación se delimitaba el papel político de organizaciones o movimientos sociales reduciéndolo a un papel instrumental dentro de las democracias.
En los años recientes, es posible observar una politización de la sociedad que no obedece a las mediaciones institucionales usuales, los espacios tradicionales, por ejemplo, los partidos políticos y/o los sindicatos. Estas formas de participación política ocurren en espacios de mediación distintos que están ligados a formas de organización ciudadana o de la sociedad civil, en un sentido amplio. En este proceso, de reajuste de la mediación, es que se da el llamado “resurgimiento de la sociedad civil” en las décadas de 1980 y 1990.
La participación de la sociedad -vía la bandera de la sociedad, el pueblo, o la ciudadanía-
fue significativa ante una representación tradicional decantada. Las formas de mediación se trastocaron tanto en los procesos autoritarios, de mercado y democratizadores (Garretón, 2006, 50-51).
En distintas formas, no sólo la representación sino la política no se ejerció mediante los partidos o en las instituciones estatales sino fuera de y en contra de estos. Este aumento en la importancia de la participación política de movimientos sociales.
Los movimientos sociales desarrollan una forma específica de acción política que se dirige contra el Estado, o un ente político institucional específico, para demandar reformas y/o para modificar o transformar estructuras. Las democratizaciones den América Latina se relacionan tanto con los pactos de élites como con las movilizaciones sociales durante los periodos de la transición a la democracia.
A partir de la década de 1990 y luego durante las primeras dos décadas del 2000, las acciones políticas de los movimientos sociales se desarrollan dentro de esta coyuntura histórica “neoliberal” y cuyas características están dadas por el “triunfo del liberalismo” (Wallerstein, 1996, p.95-97) como efecto posterior a la caída del comunismo soviético.
Desde la racionalidad económica y la práctica gubernamental, envuelta en las reformas neoliberales, se atacó a un “viejo corporativismo”, basamento anterior del Estado latinoamericano para conformar una organización de la economía y la política basada en la superación de las crisis económicas mediante el mercado internacional y la consolidación de regímenes estables basados en la democracia representativa.
La alternancia y las nuevas “minorías gobernantes” simbolizaron la canalización de la discrepancia política mediante la convergencia económica. Las reformas económicas por ende parecían estar a la par de la importancia de la democracia.
Basado en dos aspectos, uno ideológico —la desaparición del comunismo como alternativa opositora, y a otro empírico -el aumento de países que asumían el modelo de la democracia liberal y economías de libre mercado alrededor del mundo, durante los primeros 2000 se formalizó la idea de que el capitalismo globalizado podía permitir mejores oportunidades de desarrollo en economías compatibles por el mecanismo mercado.
Esta idea la política “como consenso” como la proyección cultural del liberalismo se arraigó como un “sentido común” basado en la idea de reducción de lo político, del conflicto
entre clases o entre oponentes ideológicos, mediante la instrumentación técnica de la política, donde se delimitan sanciones públicas de gestión, contención, exclusión, solución, represión, de los problemas sociopolíticos.
En este contexto, los movimientos sociales después de los procesos de democratización y después del triunfo liberal, recurren a prácticas políticas que se interrelacionan con el Estado, 'confrontándole a éste sus políticas de ajuste socioeconómico, poniendo en debate el uso de la política como gestión técnica y unívoca.
Los movimientos sociales situados en este marco específico que debería tender a la disminución del conflicto y al aumento de las prácticas sobre temas comunes promueve que la política es sólo es tal si se institucionaliza. La distinción empírica entre la política institucional y la no institucional alude a la crítica al liberalismo triunfante como único modelo de democracia (Arditi, 20051 238-240). Y en ello, toca el problema de la política a partir del consenso o del antagonismo como esencia de la política ante una visión política contemporánea “más allá de la izquierda y la derecha” que tiende a una idea del consenso como principio de una nueva política democrática.
Las tesis sobre el antagonismo vendrán a insistir en los problemas de la institucionalización de la Política, su asimilación mediante la democracia al liberalismo y el eje transversal que representa el capital global.
La crítica a la sociedad política pretende recuperar el ejercicio político por su desacreditación en la práctica gubernamental o administrativa desde las instituciones estatales. Lo político en la relación contenciosa aparece como una reorientación de las formas de mando- obediencia. Se apela a la legitimidad como una “política moral” que reivindica libertades, reconocimiento, derechos efectivos y el bien común.
El “rechazo a la política tradicional” por parte de los movimientos; sociales cuestiona la carencia de mediaciones efectivas. Los proyectos políticos contendientes son delimitados en un campo de batalla ideológico cuya lucha se enmarca en el contexto de una larga crisis global (y la reconfiguración de las ciudadanías en el orbe).
La política contenciosa, entendiéndola como una forma específica de la política desde los
movimientos sociales (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005), tiene un desarrollo histórico en contraposición al proyecto neoliberal y se manifiesta en un desacuerdo (a la manera de Rancière) con el Estado, esto es en un litigio, un conflicto en el que se demandan procesos políticos en los que la alternancia mexicana resultó insuficiente.
Cuando hablamos de la relación contenciosa por la democracia entendemos que la contienda política ocurre en situaciones específicas de relación con el Estado y otras formas de dominación económica, cultural y política que han permitido el surgimiento de movimientos críticos como el zapatismo.
Son movimientos que cuestionan el fondo de la (relación entre sociedad y estado como una crítica al autoritarismo, la corrupción y la acumulación de poderes no estatales, o como Morena que surge del nuevo pacto político de la alternancia del 2000 y cuestiona el rompimiento autoritario del 2006 dentro de los límites del sistema.
Estos movimientos forman un arco que va del fin de siglo XX a la primera década del siglo XXI. Y son, en diferentes sentidos, movimientos que se mueven en una dicotomía heredera de la tradición revolucionaria y la izquierda nacionalista y social.
Las estrategias contenciosas del zapatismo y de morena frente a la política institucional como crítica a la democracia se delimitarán con base en acciones colectivas simbólicas que interpelan a la sociedad civil desde la izquierda, que hacen énfasis del uso de las redes sociales como mecanismo para irradiar, contra-informar y alimentar al movimiento; y en estructuras organizativas tradicionales para establecer demandas, interpelar al gobierno, e incluso buscar una conciencia cultural contra-hegemónica que cuestiona a la democracia representativa desde los límites de lo nacional-popular.
Morena y el zapatismo, frente a otras formas de movimientos y proyectos políticos, tienen una capacidad de interpelación contendiente en torno a la defensa del patrimonio nacional en diferentes niveles:
en un plano nacional, líneas sobre la lucha contra el modelo neoliberal en términos de la defensa de la soberanía energética, movilizaciones contra la reforma educativa, la reforma laboral; de la organización de un nuevo gobierno; de la sustitución del modelo económico extractivista…
en un plano simbólico, la defensa de derechos culturales, las libertades democráticas, la
recuperación de la estabilidad y el bienestar social; el derecho a la diversidad; y
en un plano prospectivo, la concreción futura desde las instituciones (como oposición parlamentaria y como gobierno) o desde la autogestión de sus principales postulados: los derechos culturales y la autonomía de los pueblos en un marco democrático con un contrato social desde abajo (el zapatismo); la redistribución de la riqueza antes que a la repartición de privilegios y a la austeridad como forma de hacer una política para el pueblo (morena).
La lucha democrática desde los movimientos sociales paso del “reclamo” por instituciones, mecanismos y apertura para la competencia política a un proceso de cuestionamiento permanente sobre la “calidad”, los alcances y límites, y las formas de ejercicio de la democracia en un contexto de alternancia política que se demostró limitado.
En 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, puso en la agenda nacional a los indígenas como un actor político y por una constante crítica de la política ejercida desde los partidos y las elites políticas. Sobre todo, con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona los zapatistas marcaron sus críticas y deslindes de la clase política y económica mediante la llamada “Otra Campaña”, lanzada en 2006 al mismo tiempo que el proceso electoral.
Con la “Otra” los zapatistas llamaron a debatir y construir desde abajo” lo que sería un proyecto de auténtica izquierda mexicana. Pero esta campaña no representa la primera vez que el EZLN y/o Marcos se deslindan del o confrontan posturas con la izquierda social y partidista ni la primera que convocan a una campaña política de gran envergadura buscando el respaldo de la sociedad civil. El EZLN adquirió un papel preponderante como un actor político novedoso por representar un movimiento sociopolítico que irrumpe en el orden de las cosas.
Si como establece Galli, la democracia ha sido arrasada por las transformaciones del mundo es factible comprender que, durante las últimas décadas del siglo XX, la acción colectiva, parafraseando a Fernando Calderón-, se restringió a “espacios reivindicativos o ‘auto-referidos’, centrados más en ellos mismos que en la política” (Calderón, 1995, 219-20).
Para la primera década del 2000 los movimientos sociales se encontraron frente a un interlocutor que desde el Estado definía una agenda semidemocrática.
Por ejemplo, cuando en 1994 el Tratado de Libre Comercio para América del Norte entró en vigor, el gobierno lo vendía como el prefacio de la estabilidad, la democracia y la justicia social que consumaría el vilipendiado gobierno de Carlos Salinas. El Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) recibió al TLC y al año nuevo con una declaración de guerra al gobierno reclamando primordialmente su derecho a vivir, satisfaciendo necesidades básicas: techo, alimentación, salud, educación y el derecho constitucional a cambiar de gobierno (EZLN:1994-2001).
Los zapatistas apelaban a la toma del poder, a cambiar el mal gobierno y la “imposición dictatorial” proveniente de 1988 basados en el derecho inalienable del pueblo para hacerlo. Los días y los años fueron matizando estas primeras frases de la 1ª declaración de la Selva Lacandona (EZLN, 1994-2001).
El zapatismo fue dándose a conocer por su conformación mayoritariamente indígena convergiendo “…la cultura indígena y…la historia de los movimientos armados [enriqueciendo] muchos de los aspectos sociales de México” (Montemayor, 1997:18) El Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General (CCRI-CG) fue presentado en los comunicados como máxima jerarquía del ejército rebelde. El CCRI habló mediante los escritos de su vocero el “Subcomandante Marcos” y después mediante muchos comandantes indígenas. Siempre apelando a las bases comunitarias como la fuerza política y símbolo democrático del EZLN.
Con lo anterior queremos señalar que la estrategia de los movimientos sociales no da lugar para la “doble militancia”. Se encuentran alejados de los partidos y por lo tanto su legitimidad, su "pureza", la busca en la lógica anti capitalista, anti neoliberal y anti partidos.
La capacidad de movilización social va en función de lograr una cohesión en torno a los derechos indígenas y hacerlos converger con otros temas de otros actores en otros territorios.
La fuerza de la izquierda y la política ciudadana que pueden representar los movimientos sociales está en formar un frente construido con individuos y organizaciones que no se identifiquen con la lógica partidista y electoral y que se identifiquen como los explotados y excluidos del sistema.
En esa lógica podemos identificar a movimientos populares diversos, desde el CGH y el Frente de Pueblos de San salvador Atenco, organizaciones partidistas sin registro, hasta ciudadanos que apuestan por el zapatismo como generador de un nuevo pacto social.
Los movimientos sociales son una consecuencia de la falta de democracia. Ayotzinapa, por ejemplo, es un problema local desbordado, que desde el gobierno fue tratado como un obstáculo técnico para las inversiones en el sector energético, o un problema que se supera con
ánimo y unidad.
La democracia mexicana descrita como una partidocracia, nos señala Bizberg, “tiene a sus partidos desvinculados de la sociedad debido a que las mediaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil que vinculan a la sociedad política con la población, son muy débiles” (Bizberg, 2015)
Como recuerda Somuano…
una cuestión que tendría que ser revisada por los partidos para asegurar sus tareas de intermediación entre los actores sociales y el Estado se refiere a la representación de los nuevos tipos de divisiones y conflictos de la sociedad. Para que los sistemas partidarios sean efectivamente una expresión re-elaborada de la demanda social y su diversidad, hay que innovar en la constitución de espacios institucionales donde se encuentren con otras manifestaciones sociales como son los movimientos sociales o las organizaciones civiles (Somuano, 2007)
Los partidos políticos enfrentan…
un desafío “desde arriba” por el debilitamiento del Estado como referente de la acción social; lo enfrentan también “desde elmedio” por los propios problemas de reorganización del sistema partidista; y puede decirse que lo enfrentan también “desde abajo”, por las nuevas organizaciones y movimientos que parecen debilitar su papel en la sociedad. Tanto los movimientos sociales como las organizaciones derivadas de ellos dan apoyo material y espacio organizacional a sectores pobres o débiles cuando éstos no pueden actuar en política de manera directa; contribuyen a enlazar estos sectores con las instituciones nacionales e internacionales en diversas materias al proveer un espacio de participación más amplio que los partidos; al menos algunos de ellos son espacios de conocimiento de lo que ocurre en la sociedad y de elaboración de ideas y proyectos sociales y políticos de transformación. (Somuano, 2007)
No se trata de una cuestión novedosa, como lo han señalado diversos autores, los
movimientos sociales tienen como carácterística “hacer valer las reglas de la política institucional por vías no institucionales, es decir, han demandado que lo que dice la Constitución y las leyes sea respetado y tenga vigencia, que las instituciones democráticas funcionen debidamente” (Cadena Roa, 2016).
La mediación puede devenir en reducción de conflicto “cuando las relaciones se institucionalizan, los movimientos sociales se degradan en presión política” (Touraine, 2006). Se puede argumentar (Cadena Roa, 2016) que ante mecanismos de mediación eficientes la tendencia del conflicto encuentra canales efectivos en los procesos institucionales.
Por ejemplo, se puede afirmar que “la división de la izquierda mexicana, en dos polos, el democrático y el revolucionario, se redujo considerablemente en 1988 con la formación del Partido de la Revolución Democrática”. Se debe aún analizar si conformación de una opción de izquierda como Morena puede canalizar a los polos hacia una tendencia de menor conflicto y con mediaciones politicas efectivas.
La necesidad estructural de una política de estado que transforme realmente el sistema político y de justicia del país está en las demandas que después de Ayotzinapa se organiza en la indignación popular como símbolo de la crisis nacional.
El movimiento social es una fuerza que se forja en el entrenamiento cotidiano de la contienda política. La relación de fuerzas que corresponde a su relación con el poder estatal es una construcción desde posiciones de acción y reacción frente a las oportunidades políticas. No es un cálculo sino un mecanismo estratégico. La pugna frente al poder es por la libertad de acción, por la igualdad de derechos o por la solidaridad frente a la injusticia.
Los movimientos sociales son una forma de política que se convierte en un mecanismo de mediación y contienda frente al poder establecido.
En la movilización social que cuestiona a la democracia se condensa el dolor, la rabia y la esperanza de la nación, se representa también un límite ante la violencia lacerante; las desapariciones forzadas en México; las instituciones corruptas y la impunidad; y se desarrolla la posibilidad de un nuevo pacto social que retome los ideales democráticos como horizonte y hoja de ruta.
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Notas
1 En este sentido podemos situar la lucha antidrogas en Colombia, Perú y Bolivia o el blindaje económico fomentado con préstamos a México, Argentina y Brasil a mediados de la década de 1990.