La nueva disputa por la democracia The new dispute for democracy

Víctor Manuel Torres Olivares1


Resumen: La democracia mexicana ha oscilado entre la continuidad y el cambio. Después de años de lo que se denominó el reclamo democrático, desde 1994, se camina hacia lo que parecía ser un consenso democrático que tendió a ratificarse en el periodo1997- 2000 pero que, se rompe desde el año de 2006, donde se vislumbra una nueva disputa por la democracia.


Abstract: Mexican democracy has been oscillated between change and continuity. After several years for a democratic claim, since 1994, Mexican democracy moved forward to a democratic consensus that was replaced for a new dispute for democracy.


Palabras clave: democracia; cambio político; desdemocratización; posdemocracia.


Introducción

Este trabajo refiere a un proyecto de investigación en curso donde planteamos que la democracia mexicana debe verse contrastada con los análisis sobre la democratización y sus límites. Después del despliegue de la reforma política y económica neoliberal que debilitó las formas políticas organizadas desde la sociedad (De Sousa Santos, 1998), en un contexto global donde la democracia ha sido arrasada por las transformaciones del mundo (Galli, 2013); la acción política y las demandas sociales, se fueron diversificando o debatiendo los límites de la democracia después de la democratización (Crouch, 2004; Syntomer, 2017).

Consideramos que es relevante analizar las dimensiones del debate democrático mexicano más allá de los valores y los procedimientos de la democracia formal que sustentaron la democratización de los 1990. Ya en la primera década de los 2000 estuvo cuestionada y encerrada en sus propios límites. Es necesario utilizar de manera original, las tradiciones de


1 Internacionalista, politólogo, director del Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C. Líneas de investigación: democracia, movimientos sociales, participación ciudadana e historia de las izquierdas.

pensamiento y organización con perspectiva histórica para entender el cambio político, sus límites y alcances.

Buscamos contribuir al conocimiento de la democracia mexicana desde una óptica más allá de los gobiernos de la alternancia, vinculándolos con los nuevos elementos del sistema político (parafraseando a Cosío Villegas) que quedaron envueltos en la gestión de la crisis, la inseguridad y los beneficios prontos y limitados a una elite económica.


Situando el debate. Lecturas sobre la democracia

La democracia en el mundo no pasa por su mejor momento. No es sólo una relación de representación efectiva, de fomento a la participación ciudadana o del anhelo idealista o romántico de un horizonte que prefigure las anteriores e incluso a algo más que eso.

La ola democratizadora de los noventa del siglo XX fomentó las expectativas sobre mejoras sustanciales de la vida social fundada en los mecanismos procedimentales de la democracia representativa. El fin del mundo bipolar animó a liberales y conservadores para argumentar una victoria irrefutable de los regímenes occidentales y plantearlas, a priori, como estables y tendientes a la mejora de su calidad.

No son pocos los autores que plantean que el ideal democrático prevalece, aunque son los regímenes democráticos los que están en una crisis que afecta “tanto en las viejas democracias como en las más jóvenes”. Una crisis que, además, “se ha profundizado y universalizado” (Sintomer, 2017)

El “desencanto democrático contemporáneo” del que nos habla Rosanvallon, esta inscrito en la historia de las promesas incumplidas y los ideales traicionados que no permiten a la democracia sustentarse como un modelo único e invariable. Las apologías tipo Fukuyama sobre una democracia determinista resultan en la falsa imagen de la homogeneidad y el consenso de las democracias alrededor del mundo.

El relato liberal que asumió que con la caída del comunismo soviético entrabamos a finales del siglo XX en una progresiva consecución de valores, mecanismos y acciones que hacían de la democracia y los derechos humanos un punto de llegada inmejorable no tienen fundamento empírico en las primeras décadas del siglo XXI.

Si bien, como nos recuerda Sintomer, la democratización producida en los siglos XVIII y

XIX partieron de la movilización popular y desembocaron en la instauración de gobiernos representativos, de Estados de derecho y de un conjunto de derechos humanos que aún hoy son parte indispensable del repertorio de lucha por la libertad y la igualdad, nada establece, comenta el autor, que…


los regímenes [ya] sean formalmente democráticos o autoritarios no constituye, en este plano, una diferencia decisiva. La pobreza estructural y las tensiones de cualquier orden dan lugar a mayores crisis, guerras, incluso al colapso de los Estados. Las migraciones a gran escala solo son una de sus consecuencias… las respuestas para hacer frente a la crisis y renovar la democracia han sido en general cosméticas. Se han limitado a medidas oportunistas o a reformas marginales. Ello ha contribuido al cortocircuito acentuado de los partidos respecto de los movimientos ciudadanos y la mayoría de la población. (Sintomer, 2017)


Podemos apuntar con Étienne Balibar que la democracia…


no designa un régimen constituido, caracterizado sin ambigüedades por una distribución de poderes y cierta norma constitucional. Refiere a un estado social variable en el cual las instituciones, los movimientos sociales, la participación cívica tienden a conferir a la mayoría de los ciudadanos la mayor responsabilidad posible en el gobierno de los intereses colectivos. (Balibar, 2017).


La democracia, así definida es “dinámica, relacional [y] conflictiva” con esto podemos buscar una explicación del por qué los estados no son en sí mismos democráticos o bien “lo son más o menos en diferentes momentos de su historia y en comparación con otros, en una proporción que nunca está establecida de antemano ni suele ser definitiva (Balibar, 2017).

La democracia, nos recuerda Charles Tilly, es un fenómeno dinámico que avanza o retrocede en libertades, derechos y la vinculación con la ciudadanía. Las democracias, entonces, se dan en regímenes dinámicos que oscilan entre la profundización de los derechos individuales y colectivos, la consolidación de instituciones que garanticen los procesos políticos que se legitiman en la ciudadanía y los retrocesos en ambos temas.

En esta línea, por ejemplo, Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, planteaba a inicios del régimen de Evo Morales que detrás del significado político de la democracia “hay un flujo de fuerzas materiales y discursivas que pugna por el monopolio de las formas dominantes de la significación del mundo y de los modos legítimos de interpretar y entender los conceptos [sobre el mismo]” (García Linera, 2005, 14).

La democracia así vista, bajo estos lentes bourdieanos del campo político, define una forma que se enuncia de manera legítima en la relación entre el estado y la ciudadanía. Mientras para García Linera, las concepciones sobre la democracia se dan desde una perspectiva de dominación, la democracia existe, entonces, en un momento dado como una convención histórica, o en sus palabras como…


un producto provisional de intersubjetivaciones resultantes de distintos modos de acción comunicativa…en las que los poderes de enunciación no están distribuidos igualmente entre los concurrentes a la producción de la definición. La distribución del peso y la capacidad de nombrar las cosas es siempre desigual y, por eso, tenemos definiciones dominantes, consideradas válidas, y definiciones subalternas, consideradas provisionalmente ilegítimas, independientemente de la razón argumentativa que acompañe a cada una de ellas. (García Linera, 2005)


Hay que añadir que, desde una óptica de procesos políticos, la democracia no se define “sólo por el grado en el que un sistema político está abierto a recibir las demandas de su población, sino también por la capacidad que tienen los Estados para implementar sus decisiones, es decir, la capacidad estatal. (Tilly, 2007)

Para Balibar en los momentos de mutación histórica, o en los periodos de crisis “el statu quo democrático no existe. La elección es entre la regresión o el avance de los derechos y los poderes colectivos” (Balibar, 2017). Para Boaventura de Sousa simplemente no hay democracia sino “un conflicto muy intenso entre procesos de democratización y redemocratización, por un lado, y de desdemocratización, por el otro…con el aumento de las desigualdades sociales, de la violencia y de la inseguridad pública. (De Sousa, 2007).

En este sentido, retomando a estos autores, la política democrática es aquella capaz “de

crear algún tipo de organización social (instituciones, comportamientos, normas [García Linera, 2005, 14]) y un régimen es democrático en la medida en que las relaciones políticas entre sus ciudadanos se realizan con consultas mutuamente vinculantes, amplias, iguales y protegidas (Tilly, 2007, 37).

Si aceptamos que jamás hemos conocido, regímenes plenamente democráticos…


las democracias realmente existentes han quedado inacabadas o incluso confiscadas en proporciones muy variables según cada caso. De allí que el desencanto haya convivido permanentemente con las esperanzas que hicieron nacer las rupturas con los mundos de la dependencia y el despotismo. El principio de la construcción electoral de la legitimidad de los gobernantes y la expresión de la desconfianza ciudadana respecto de los poderes han estado así siempre vinculados. (Rosanvallon, 2007)


La democratización de las décadas de 1980 y 1990 en América Latina, África, Asia y Europa no fueron procesos que se definieron por rasgos evolutivos. A la democratización en diferentes zonas geográficas les siguieron cambios económicos y sociales que superaron los elementos de la democracia procedimental. Con mayor o menor capacidad estatal o con más o menos elementos democráticos la crisis económica y la crisis democrática se conjuntaron y derivaron en autoritarismos o democracias endebles. Los casos de la Ex URSS o los países árabes ejemplifican lo primero y las democracias latinoamericanas lo segundo.

En los límites de la democracia procedimental crecen insatisfacciones que fortalecen la visión posdemocrática (Crouch, 2004) donde “el aburrimiento, la frustración y la desilusión han logrado arraigar tras un momento democrático, y los poderosos intereses de una minoría cuentan mucho más que los del conjunto de las personas corrientes a la hora de hacer que el sistema político las tenga en cuenta; o aquellas otras situaciones en las que las élites políticas han aprendido a sortear y a manipular las demandas populares ylas personas deben ser persuadidas para votar mediante campañas publicitarias.

O bien más hacia la crítica del sistema y su rechazo, ya que vivimos en Estados oligárquicos que se topan con la soberanía popular y las libertades individuales. Es decir, existen elecciones, libertades políticas pero las opciones democráticas están supeditadas a mecanismos de dominación (Rancière, 2007, 103-112).

La insatisfacción con la democracia va de la mano de mecanismos de participación que no trascienden a los partidos o a procesos constitucionales que no repercuten en derechos ampliados que garanticen la trasparencia, el combate a la corrupción o la inclusión de sectores de la población marginados. El modelo liberal democrático “no resultó estable y donde se pueda contar con elevados índices de satisfacción en la población” (Sintomer, 2017).

Aquí vale preguntar ¿cuál es la situación de la democracia mexicana?


La democracia mexicana

La democracia mexicana se sitúa en un momento complejo y de retroceso. Las libertades democráticas adquiridas a casi 50 años del 68 se han esfumado en medio de una política de guerra. Las reformas políticas y electorales que propiciaron primero gobiernos de oposición regionales, y, después, la alternancia en el gobierno nacional, parecen agotadas en sus posibilidades de ampliación de un pacto de transición.

No hay mecanismos de mediación que regulen, canalicen o escuchen la demanda social. El reclamo democrático que se fundó en, y alimentó a, la movilización ciudadana y popular se ha dispersado en diferentes campos y necesidades que apremian ante políticas de represión, despojo, violencia e injustica que se generan en el sistema político vigente.

La democracia, como un mecanismo o como un horizonte, parece rebasada por la apremiante realidad de la supervivencia cotidiana.

¿Dónde se sitúa la democracia mexicana luego de 20 años de cambio político, 50 de movimientos democratizadores y 40 de reformas institucionales?

En México, la reciente década ha sido escenario de una disociación entre la política y la ciudadanía. Luego del aparente éxito de la alternancia democrática no se dieron elementos políticos para la renovación de los mecanismos y mediaciones para que la contienda política tomara cauces de renovación, re-estructuración y transición del Viejo régimen a uno nuevo.

Los gobiernos de la alternancia, desvinculados de los elementos esenciales del sistema político quedaron envueltos en la gestión de la crisis, la inseguridad y los beneficios prontos y limitados a una elite económica.

El cuestionamiento a la democracia se ha dado en medio de recurrentes crisis económicas y crisis políticas. En ese escenario, la reconfiguración de la política regional ocurre con base en

demandas por inclusión social, mejores niveles económicos y apertura política de los sistemas autoritarios (como ocurre en el contexto latinoamericano y mexicano durante las décadas de los 1980 y 1990).

Si durante el contexto posterior a la caída del comunismo soviético, la democratización de los sistemas políticos cohesionaba a la apelación moral y política por un ejercicio ampliado y- efectivo de libertades políticas y civiles, en la década del 2000 se iría delineando que la especificidad del cambio político adquiría la forma en que la hegemonía de la clase política lo delimitaba.

Las acciones estatales y de las clases políticas desembocaron en una transición política que fue un producto de reformas que buscaron la canalización de las demandas sociales (Woldenberg, 2000 y 2012). Claramente hubo acuerdos desde la cúpula que se conjugó con la presión ejercida desde grupos y movimientos sociales que en los años ochenta y noventa del siglo pasado definieron el curso, las características y alcances de las reformas.

Los opositores al régimen tuvieron espacios institucionales limitados que correspondían a una democratización institucional y de manera limitada de nuevos medios para la dialéctica democrática entre gobierno y sociedad.

Para Woldenberg, la transición democrática se correspondía con una “sociedad modernizada que ya no cabía en el formato de partido hegemónico…que ya no podía conciliar ni representar a todos los intereses y proyectos” (Woldenberg, 2005, 15-18). La apertura política después de la “elección” de 1976 donde solamente participa el candidato oficial determina un mecanismo de dar entrada a una competencia política acotada.

La reforma política permitió que los partidos de oposición concurrieran a un sistema de partidos inequitativo pero que daba entrada al congreso y a gobiernos municipales a partidos antes proscritos o bien con una presencia simbólica. La legitimación del propio régimen provendría de la necesidad de tener oponentes. Durante los años de la lenta apertura política se dieron elecciones en los niveles municipal, estatal y federal que encauzaron a los nuevos protagonistas partidistas (o casi a todos) a la negociación (Woldenberg, 2005, 28).

La conflictividad electoral de los años 1986-1988 delineó una serie de reformas que dieron paso a los primeros gobiernos de oposición, a la conformación de bastiones electorales, la “normalidad” de gobiernos sin mayoría en el congreso y a la alternancia en la presidencia

(Woldenberg, 20012, 37-63). La transición escalonada en reformas electorales, a juicio de Merino, darían al cambio político la característica de ser votada y no pactada (Merino, 2003). Esto implica que muchos de los cambios se dieran en el terreno de los partidos y no de la sociedad y que se arraigara la perspectiva de la transición a la democracia en el país como un “proceso insatisfactorio” (Bartra, 2016).

Las demandas sociales se fueron diversificando y no se aglutinaban en un sólo contenedor ideológico. Algunas demandas se alejaron de “la apropiación del Estado” como mecanismo para una solución global porque la alternancia política en el país, la celebración de elecciones libres y los gobiernos divididos en los niveles nacional y estatales colocaron a los movimientos sociales en lo que podemos denominar “la disyuntiva de la incidencia”.

Es decir, en la organización de prácticas políticas para que sus demandas fueran resueltas y no para modificar las estructuras del Estado.

A finales de los noventa del siglo XX, además esta demanda se dará, con mayor énfasis, desde las tradiciones de la izquierda mexicana (Illades, 2015). A grandes rasgos, en los últimos años están representadas en el zapatismo, en Morena y en algunos movimientos sociales.

La acción colectiva de los movimientos sociales, por ejemplo, en este contexto pasará de una demanda de democratización de los sistemas políticos a la demanda de la democracia como un mecanismo de transformación social efectivo.


La disputa por la democracia

Durante el periodo de 1994-2006 germinará una nueva disputa por la democracia.

En 1994, el zapatismo, tomó el estandarte democrático después del cardenismo de los 1980. Irrumpió con una estrategia que hacia suyo el reclamo por la democracia y los derechos indígenas como una bandera de transformación desde una postura de “tregua armada” crítica de la institucionalidad que se basaba en un decálogo para la liberación nacional.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) adquirió un papel preponderante como un actor político novedoso por representar un movimiento sociopolítico que irrumpió en el orden de las cosas. El EZLN forzó al Estado y a los subalternos a volver la vista al movimiento indígena y colocó la lucha por la transformación nacional en una perspectiva global desde lo nacional y popular.

La movilización social del zapatismo con demandas de solución a necesidades básicas que se signaban en la lucha por la democracia, la justicia y la libertad y contra el neoliberalismo y por el derecho constitucional a cambiar de gobierno (EZLN, 2001).

Esto propició un campo de acción que se colocó por fuera de los antiguos canales de comunicación política. El debate democrático, que durante la década de 1995 se centró en los mecanismos de la transición, pasó a plantearse las limitaciones de la democracia.

El zapatismo logró una sincronía y alianzas con otros pueblos indígenas de México y con un sector importante de los subalternos mexicanos a partir de un discurso que identificaba la marginación indígena y social en general como producto de las reformas políticas y económicas. Lograron, de hecho, construir un bloque de negociación importante que junto con organizaciones civiles, sociales y políticas planteó al gobierno demandas y alternativas dentro de un mecanismo democrático.

Cuando en diciembre del 2000, el EZLN convocó a la Marcha del Color de la Tierra, cuyo objetivo era llegar a la Ciudad de México para dialogar con el congreso de la unión sobre la ley COCOPA y convencerlos de su aprobación los zapatistas mantuvieron, con su posición de no dialogar con el gobierno antes de ver satisfechas las tres señales, una contienda frente al Estado que: abría la capacidad de establecer condiciones que le permitirían generar escenarios y posibilidades en su futuro político pos—militar, o bien justificar su intransigencia, como sucedió, ante un posible fracaso en el proceso de pacificación.

En 2005 los mecanismos para el diálogo se rompieron al aprobarse una reforma indígena que no emanaba de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN define que el rompimiento debe ser con toda la clase política, incluida la izquierda partidista (hay que recordar que un sector del Partido de la Revolución Democrática, PRD, votó por la reforma indígena en el Senado y otra, la que hoy por cierto aparece en o cercana a Morena, votó en contra).

Con este giro, el zapatismo dio un paso hacia la “construcción interna” de su movimiento con una postura anti neoliberal, anti capitalista y critica de la transición democrática en el país.

A la posición del zapatismo sumaban además del fracaso en la negociación de los acuerdos de San Andrés en materia de ley y cultura indígena, varios acontecimientos, la represión en Atenco, la huelga de un año de la UNAM sin negociación y con una salda represiva, la falta de cambios reales con la alternancia política que se sostenía en acuerdos entre la élite priísta y el

gobierno foxista.

La “Otra campaña” deslindó al EZLN de la clase política y se retiró de toda mesa de diálogo con el gobierno, se deslindó de la, izquierda partidista representada por el PRD, ubicó a su ¡candidato Andrés Manuel López Obrador como parte del sistema y negó a la política que realizan los políticos tradicionales (Ver, Sexta declaración de la selva Lacandona).

Para 2006 Marcos diría “votes o no votes organízate” pero negó su apoyo durante prácticamente toda la campaña electoral a AMLO (a quien luego reconocerla como víctima de fraude y real ganador de la elección de ese año).1

El EZLN al describir el desgaste de la clase política, al realizar la crítica a los partidos, a la coyuntura electoral, y al establecer que el cambio “sólo es posible fuera de la ruta electoral en la autonomía del poder y desde el movimiento social marcó el fin de un ciclo de una política dentro del reclamo democrático.

La “Otra campaña” como una forma de gestación de otra organización construida desde abajo, que iría más allá de lo electoral y contra la clase política como generador de un nuevo pacto social no tendría un impacto nacional, pero sí tendría ramificaciones en la protesta social de la segunda década del 2000.

El desencanto democrático que se gestó durante el gobierno de Fox y luego con Felipe Calderón en medio de acusaciones de fraude que dividieron al país en dos, abriría una nueva puerta a la política contenciosa y una nueva disputa por la democracia.

Esto se dará en el contexto de la estrategia política de guerra (el privilegio de la seguridad frente al crimen organizado) que disimulaba la estrategia económica frente a la crisis”. Cerca de 80 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos, aumento de feminicidios en un 200% y la constante de ataques contra la libertad de expresión parecían una ratificación del desencanto zapatista y propiciaron el surgimiento, por ejemplo, del Movimiento por la Paz, la Justicia y Dignidad y otras expresiones desde la sociedad civil que atizaban la separación política- ciudadanía.

Para la elección de 2012 con un escenario (en toda la extensión de la palabra) creado» para un candidato, Enrique Peña, y que significaba el regreso del PRI luego de la alternancia de 12 años con el PAN, parecía que ratificaría el declive del reclamo democrático.

Para mayo de ese año, las encuestas colocaban a Peña como puntero y con una ventaja

holgada sobre AMLO. La visita del candidato priista el 11 de mayo de 2012 a la Universidad Iberoamericana cambiaría la percepción del consenso.

El YoSoy132 logra condensar el desacuerdo con la democracia representativa que los zapatistas habían señalado unos años antes. Los estudiantes de la ibero que increparon a Peña lo hicieron con elementos basados en la represión en Atenco, en el significado del regreso del priismo como un augurio de gobierno que solaparía la opacidad y la corrupción.

El movimiento que se gestaba en las universidades públicas y privadas respondería en un primer momento a desmentir a los medios y personajes políticos que acusaban de complot, porrismo y militancia partidista a los organizadores de la protesta en la UIA. En un segundo momento formalizaría una posición contra el candidato del PRI con un llamado a una marcha Anti EPN.

En un tercer momento, ya formalizados como movimiento, el YoSoy132 apelaría a su segunda bandera de lucha la democratización de los medios de comunicación.

De mayo a diciembre, estos dos ejes marcarían el devenir del movimiento. Organizando marchas contra Peña (no a favor de otro candidato) y un debate entre tres de los candidatos presidenciales, con excepción de Peña Nieto. El movimiento produjo una respuesta viral en redes sociales. El uso de éstas para la difusión, conocimiento y seguimiento del movimiento se convirtió en un mecanismo fundamental.

La democracia parecía jugarse en YouTube o Twitter y las manifestaciones frente a Televisa y otras televisoras, parecía colocar la contienda en las frecuencias radioeléctricas y no en la elección presidencial. La política disidente del Yosoyl32 se confrontó a los poderes fácticos que consideraba los reales tomadores de decisión.

Emulando o en sincronía con el movimiento Occupy que denunciaba a Wall Street y al 1% de la élite financiera norteamericana un año antes. El Yosoy 132 no articuló un movimiento de bases sino de red, y sus decisiones fueron complejas tanto por la horizontalidad como por la heterogeneidad de sus participantes. Asimismo, al tiempo que consolidaban su postura anti Peña, también se desmarcaban de afiliaciones partidistas (Castells, 2012).

La crítica del Yosoy 132 ante la posibilidad del regreso del PRI a la presidencia no de una acción electoral, la protesta se mantuvo en las calles, en las redes sociales y en las universidades. Su demanda por apertura en los medios de comunicación fue canalizada incluso por los medios a

los que criticaba (Televisa formó un programa con jóvenes provenientes del movimiento, por ejemplo). Y para cuando Peña toma posesión en diciembre de 2012, el movimiento ya estaba disminuido.

En ese contexto, post electoral, surge Morena, como una escisión el PRD y liderada por Andrés Manuel López Obrador. Morena apelaría a una crítica al sistema (la mafia del poder, “el pacto por México”) pero a diferencia del zapatismo reivindicaba la opción de regenerar y reconstruir las instituciones erosionadas por el neoliberalismo.

Morena cuestiona a la clase política como la causante de la impunidad y la corrupción. Sus éxitos electorales no son sinónimo de convergencia de voluntades anti partido y el cuestionamiento a AMLO camina a la par de su reconocimiento como el líder partidista con mayor conocimiento según varias encuestas de los últimos años. En diferencia con el zapatismo, Morena no rechaza la vía electoral, aunque cuestione a la clase política como la causante de la impunidad y la corrupción.

Morena es un partido anti—privilegios dentro del sistema. El zapatismo aún hoy que busca irrumpir en el escenario electoral, es un outsider.

Morena se ubica así en una dicotomía heredera del nacionalismo revolucionario y la izquierda nacionalista y social. Surge con el nombre de movimiento y se estructura como partido, de tal forma que, en menos de 2 años, entre 2012 y 2014, logra su registro como partido político nacional, en 2015 y 2016 participa en las elecciones y obtiene una votación que lo coloca como tercera fuerza electoral nacional.

AMLO mantiene un discurso de disputa, cuestiona las instituciones y aduce que se necesita una verdadera democracia, con justicia y amor para reconstruir la república. Es decir, apela a la reconciliación y a la regeneración de las instituciones que considera han sido dañadas por la corrupción, la impunidad y el egoísmo.

A partir de esto, Morena moviliza a sus bases en torno a la defensa del patrimonio nacional, contra la reforma energética, la reforma educativa, la reforma laboral y en un segundo nivel la defensa de derechos, las libertades y la diversidad. Apela, según sus estatutos, a la redistribución de la riqueza antes que a la repartición de privilegios y a la austeridad como forma de hacer una política para el pueblo.

Conclusiones

Los cauces políticos para las demandas sociales están mermados por un contexto de violencia y de legitimidad electoral cuestionada, donde el regreso del PRI a la Presidencia de la República puede representar un signo de regresión o de consolidación de una democracia -o bien una posdemocracia vaciada del demos y cubierta por acuerdos de cúpula política y corporaciones (Crouch, 2004; Syntomer, 2017).

La crítica social alude a que la soberanía popular está rota. Mediante artilugios legales y un “mayoriteo” partidista la política es restrictiva de las libertades de manifestación y expresión.

La política mexicana se ha sustentado en posicionarse frente a la defraudación, las componendas y las alianzas de intereses económicos. Desde el reclamo democrático por la apertura y el cambio del régimen, pasando por la democratización de los medios y la exigencia en las calles a la clase política.

Los partidos políticos tradicionales (PRI, PAN, PRD…) ejercen una política de acuerdos que los ha apuntalado como una caquistocracia. Se aferran al poder y recurren a prácticas autoritarias, al dispendio, la corrupción y acciones fraudulentas. La pérdida de legitimidad y representatividad de las instituciones parlamentarias, nos recuerda Balibar, generan un “desplazamiento de los centros de poder real fuera del alcance del control y la iniciativa de los ciudadanos” (Balibar, 2017).

La normalidad democrática en el país no tuvo lugar. Los acuerdos que permitieron la apertura encontraron un límite cuando sus actores no eran ya parte de reclamo democrático. La democracia como modelo resultó entre “tendencias emancipadoras y otros que reafirmaban la dominación social y política” (Sintomer, 2017).

En este contexto las contradicciones del modelo económico y de la apertura a la democracia se reflejan en la necesidad de “democratizar radicalmente la democracia”. El ideal democrático que se defiende entre diferentes autores…


sólo puede progresar complejizando la democracia, tanto sus instituciones como sus procedimientos y las modalidades de expresión de la sociedad. Por el contrario, los poderes de la simplificación son los que tienden a corromper ese ideal pretendiendo completarlo…la simplificación de la representación…la simplificación del ejercicio de la

soberanía por la sacralización del referéndum, la simplificación de la idea de voluntad general por la omnipotencia del hecho mayoritario y el rechazo de otras figuras de expresión de la generalidad. (Rosanvallon, 2017)


Desde la contienda por la política se refleja la necesidad de una democracia para el país con respeto a la voluntad popular, al ejercicio plural de gobierno, a la austeridad presupuestaria, al ejercicio pleno de las libertades, la garantía irrestricta de derechos, el equilibrio entre la cotidianidad ciudadana y la práctica legislativa, el respeto a la disidencia política y a la distribución de la riqueza como mecanismo de igualdad.


Bibliografía

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Notas


1 “Estúpido culpar al EZLN por no apoyar a López Obrador; Marcos” entrevista con Herman Bellinghausen en La Jornada 7 de julio de 2006. “Se dice que AMLO recibió fuego amigo, refiriéndose a nosotros. No somos. amigos de AMLO, somos enemigos de toda la clase política. No estamos del mismo lado y esta ruptura se marcó en 2001 cuando apoyaron la contrarreforma indígena. Ahora, el PRD en Chiapas propone a Juan Sabines, que era del PRI, pasó al PRD y lo primero que hizo fue firmar un pacto con (Roberto) Albores Guillén, el Croquetas. El PRD le dice al pueblo, y a las comunidades zapatistas: 'vamos a resucitar al Croquetas, que ya saben qué hizo'. Con qué cara pueden decir que 'es fuego amigo' cuando atacamos al PRD. Mentira, no somos amigos de esa gente."