Lida Ximena Tabares Higuita1
Palabras clave: democracia; conflicto armado colombiano; política colombiana; proceso de paz; Farc.
En noviembre de 2016 el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc- EP) firmaron un acuerdo de paz que dio por terminado un conflicto armado que inició formalmente en 1964 y que dejó millones de muertos en el país. Estos acuerdos aseguran, entre otros, la participación política de las víctimas y de las Farc (ahora como partido político llamado Fuerza Alternativa del Común), lo que le da un
Contreras, Julio César y Willibald Sonnleitner, coords. 2018. La democracia cuestionada. Representación política, comunicación y democracia.
Vol. I de Las ciencias sociales y la agenda nacional. Reflexiones y propuestas desde las Ciencias Sociales. Cadena Roa, Jorge, Miguel Aguilar
Robledo y David Eduardo Vázquez Salguero, coords. México: COMECSO
nuevo aire a la democracia colombiana, y que cobra mayor relevancia con la cercanía de las elecciones para Congreso y Presidencia a celebrarse en el primer semestre de 2018.
Esto sucede en un contexto político e histórico marcado por la violencia contra los opositores; la presencia de diversas guerrillas; la influencia del narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla y grandes emporios económicos en las elecciones; escándalos de corrupción y una gran desconfianza hacia el otro, especialmente hacia las Farc.
Esta ponencia, construida como parte de la tesis doctoral de la autora1, pretende brindar
una aproximación histórica a la evolución de estos factores que se consolidan como retos a democracia, para intentar explicar la importancia de la apertura que ofrecen los acuerdos de paz a nuevas voces en los diversos espacios políticos para la construcción de una verdadera democracia en el país.
Lo primero que debe aclararse es que este texto no pretende ser una versión detallada y definitiva de la historia del conflicto armado colombiano, pues en el país existen diversas versiones sobre la misma, tan disímiles que no pudieron ser conjugadas en una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas creada en el marco de las negociaciones de paz de La Habana. El reto de crear una versión ‘definitiva’ e ‘incluyente’ lo tiene la primera Comisión para el esclarecimiento de la Verdad creada en Colombia como parte de los acuerdos de paz e instalada formalmente el 05 de diciembre de 2017.
En este texto se parte de la postura histórica de dos reconocidos académicos colombianos Alfredo Molano Bravo (sociólogo, quien durante los últimos 40 años ha escrito más de 15 libros con relatos del conflicto colombiano, quien hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, y ahora es uno de los 11 integrantes de la Comisión de la Verdad) y Marco Palacios (historiador, dedicado a la historia y política contemporánea de América Latina, especialmente de Colombia, a la que ha dedicado 4 libros). Asimismo, se respalda en hechos reseñados por diversos medios de comunicación.
Pese a las discusiones que se han dado frente a si Colombia es o no una democracia, expuestas en forma detallada por Ronald Archer (1995), para el autor, en el siglo XX Colombia sí poseía un régimen democrático, partiendo de una definición amplia de la democracia:
A nuestros efectos un régimen democrático es uno donde se compite por el poder, especialmente por el control sobre el aparato estatal que formula las políticas, mediante elecciones significativas en las cuales los ciudadanos adultos escogen libremente entre partidos con conjuntos alternativos (dos o más) de tenedores potenciales del poder. Las elecciones son “significativas” solamente en el sentido de que el resultado no es determinado por fraude. De hecho, las propuestas sobre políticas no tienen que ser “significativamente” diferentes. El electorado goza de “libertad de elección” si las leyes electorales permiten que todos los candidatos cualificados se presenten y si todos los votantes pueden escoger el candidato que quieran sin temor a ser coaccionados por fuerzas gubernamentales. Por último, existen derechos civiles que aseguran dicha “libertad de elección”, como por ejemplo el derecho de asociación, la libertad de expresión y especialmente la libertad de prensa, todos los cuales se encuentran presentes en el caso colombiano. (Archer, 1995: p.134)
Para Archer (1995) este régimen democrático, pese a sus deficiencias por estar enmarcado en una constitución política de 1886, se fortaleció en varios momentos: en 1936 con la posibilidad de que los hombres votaran sin importar su tenencia de propiedades o su nivel de alfabetismo; en 1956 con la apertura al voto femenino; en 1975 con la ampliación de la edad de voto desde los 18 años; y en 1990 y 1991 con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de 1991, en la que participaron desmovilizados de la guerrilla del M-19, indígenas, estudiantes, obreros y reconocidos legisladores colombianos.
Pero antes de hablar de la Constitución de 1991, es necesario entender el contexto del conflicto bipartidista (entre Liberales y Conservadores), cuya solución (el Frente Nacional) dejó por fuera de la política a cualquier ideología distinta a esas dos corrientes durante 16 años, entre 1958 y 1974, lo que para algunos autores permitió la consolidación de guerrillas como las Farc.
Sobre el origen del conflicto entre liberales y conservadores, Ximena Marisol Varela Amaya y Brayant Armando Vargas Hernández (2017) explican que se deriva de dos formas de pensamiento contrarias “Por un lado quienes exigían un estado federalista de tipo estadounidense (liberales); y por el otro, quienes apoyaban la creación de un Estado centralista al estilo francés (conservadores)” (Varela Amaya y Vargas Hernández, 2017: p. 88)2, entre la que la línea
conservadora logró plasmar su postura en la constitución política de 1986.
Esta fue la base para que el partido que estuviese en el poder beneficiase a sus integrantes y el que no, buscase estrategias (entre ellas la creación de guerrillas) para defender sus derechos. En ese conflicto, aseguran Varela Amaya y Vargas Hernández (2017) el partido Conservador contaba con el apoyo de la iglesia católica, los empresarios y hasta cierto punto el del Gobierno de Estados Unidos. (p. 88).
De esa manera, tras la proclamación de la nueva constitución, el partido Conservador estuvo en el poder hasta 1930 cuando fue electo el liberal Enrique Olaya Herrera (1930-1934). En el periodo de poder liberal, entre 1930 y 1943, es de resaltar que en las elecciones de 1938 en las que ganó Enrique Santos Montejo se presentó una abstención del 70 %, pues el partido Conservador se abstuvo de ir a las urnas.
Los conservadores regresaron al poder presidencial en 1943 y crearon sus propias guerrillas para ‘controlar a los liberales’ por los que se sentían perseguidos e incluso, denuncia Molano (2015), la Policía no hacía nada frente al asesinato de Liberales por orden del Gobierno central. Más adelante, asegura el sociólogo, el Ejército y la Policía se aliaron a guerrillas conservadoras para atacar a los campesinos y guerrilleros liberales.
Esta crisis se acrecentó con el asesinato del caudillo liberal y candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán el 09 de abril de 1948 en una calle del centro de Bogotá, lo que inmediatamente creó una revuelta popular conocida como ‘El Bogotazo’ en la que la gente indignada salió a la calle, linchó a quien presumieron como asesino (Juan Roa Sierra), e intentaron llegar al Palacio de Nariño. No existe una cifra oficial de muertos, según Molano (2015), para algunos hubo 2.585, para otros 1.000 y para otros 4.000. Lo único en lo que coincidían todos era en reconocer el caos de la ciudad. Según tituló el periódico El Tiempo un día después: ‘Bogotá está semidestruida’. (El Tiempo, 2016).
Meses antes de su asesinato, el 07 de febrero de 1948, Gaitán había liderado una marcha multitudinaria para denunciar los asesinatos políticos de liberales y pedir el cese a la violencia oficial, además, durante los últimos años había trabajado por la distribución gratuita de tierras a los campesinos y la expropiación de la misma sin indemnización para los terratenientes, pero siempre promoviendo no llegar a la confrontación armada.
El asesinato de Gaitán acrecentó la rabia de los liberales, tanto que algunos tomaron las
armas creando las ‘guerrillas liberales’ en diversas zonas del país para defenderse del constante ataque de los conservadores, que continuaban en el poder.
En las elecciones presidenciales de 1949 ganó el conservador Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1951 y luego en 1953), con más de un millón de votos a favor, pero debe tenerse en cuenta que fue el único candidato, pues el liberal Darío Echandía se retiró de la contienda tras el asesinato de su hermano. Así que el Gobierno siguió siendo conservador.
En la región pacífico (especialmente en el Valle del Cauca), se instauró un grupo guerrillero conservador ‘Los pájaros’, liderado por León María Lozano ‘El Cóndor’ para proteger los intereses de los conservadores y ‘limpiar la zona’ de campesinos liberales. Sobre este grupo es importante resaltar que realizaron varios ataques a un municipio del centro del país llamado Ceilán, donde vivía Pedro Antonio Marín (cuyo alias fue Manuel Marulanda Vélez, Tirofijo), creador de las Farc-EP, y quien inicialmente se armó junto con sus primos, -según Molano, para defenderse de los pájaros-, formando una pequeña guerrilla liberal de corte comunista.
Así que en los años 40 y 50 el país tenía guerrillas liberales y conservadoras, y entre las guerrillas liberales dos facciones: los comunistas y los ‘limpios’, es decir, aquellos que solo se consideraban liberales sin ningún otro tipo de afiliación. Este periodo de conflicto armado interno se denomina ‘La Violencia’, y se caracterizó porque los ciudadanos temían ser conservadores en un pueblo liberal y viceversa, pues eso era suficiente para ser asesinado por el contrario.
Según Molano (2015), para finales de 1947 cerca de 14 mil colombianos habían muerto por la violencia política, pero las cifras crecieron abismalmente tras la muerte de Gaitán: “en 1948, 44.000; 1949, 19.000; 1950, 50.000; 1952, 13.000, y 1953, 9.000” (Molano Bravo, 2015: p.14).
El caos era tal, que, recuerda Molano, para intentar solucionar el conflicto el nuevamente presidente Laureano Gómez quiso comprometer a Estados Unidos a apoyar al Gobierno enviando tropas colombianas a apoyarlos en Corea y propuso crear un régimen de corte corporativo inspirado en la dictadura de Franco, “que buscaba ‘crear un sistema autoritario encabezado por un presidente todopoderoso’ (Parsons, 519)” (Molano Bravo, 2015: p. 28).
La idea fue rechazada por el liberalismo y la mayoría del conservatismo, por lo que pactaron el golpe militar del General Gustavo Rojas Pinilla, que se llevó a cabo el 13 de junio de 1953. El cambio de gobierno permitió que gran parte de las guerrillas liberales dejaran las armas
en 1953 (especialmente las ‘limpias’), bajo una amnistía total, con la promesa de tener participación política y de que el gobierno reconstruiría los pueblos y viviendas destruidos durante el conflicto y que, además, se promovería la devolución a sus verdaderos dueños de las tierras que habían sido adquiridas a bajos precios.
En julio de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente eligió a Rojas Pinilla presidente para el período 1954-1958 y este, el 6 de septiembre decretó «la prohibición del comunismo internacional en Colombia», siguiendo la tendencia iniciada en Estos Unidos, lo que molestó a los liberales (el partido), aunque ya se declaraban anticomunistas, y a las guerrillas liberales comunistas.
Como sospechaba que los guerrilleros del Sumapaz (en su mayoría liberales comunistas) seguían actuando en la zona, Rojas Pinilla declaró la zona como de operaciones militares y comenzó “una operación limpieza” que generó miles de desplazamientos y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros disidentes. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín (Manuel Marulanda, Tirofijo), quien junto con Charro Negro –militante comunista– creó el comando móvil «Los Treinta» (26 hombres y cuatro mujeres) que luego se desmovilizó y que tras el incumplimiento de los acuerdos del gobierno (especialmente los agrarios) y el asesinato de líderes comunistas se instaló en Marquetalia y fundó las Farc-EP en 1964.
Por sus medidas y la posible arremetida de los grupos guerrilleros no desmovilizados, Rojas perdió el apoyo de conservadores y liberales en 1955, y pese a haber autorizado el voto femenino en 1954, lo que posibilitaría ganar en las elecciones de las que luego s retiró, desde 1958 comenzó a funcionar el Frente Nacional, un acuerdo entre ambos partidos de turnarse el poder presidencial. Esta figura, que funcionó hasta 1974, resolvió definitivamente la guerra bipartidista, lo que disminuyó considerablemente la tasa de homicidios del país (Semana, 2015).
Pese a esto, algunos de los académicos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas coincidieron en que:
Este pacto tuvo efectos nefastos: el estado de sitio y el haber pasado de un país divido entre liberales y conservadores, a uno con la lógica anticomunista de la Guerra Fría.
También, que a la coalición liberal-conservadora se le deben el clientelismo y la abstención. (Semana, 2015: párr. 16).
Aunque no hay consenso entre los académicos, para muchos analistas, entre ellos Molano Bravo, el Frente Nacional fue una de las grandes causas de la creación de nuevas guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de abril (M-19) y las Farc-Ep, pues dejó por fuera del poder político a cualquiera que no fuese liberal o conservador y siguieron sin resolverse los problemas de acceso a la tierra (pese a la creación de una reforma agraria y del Incora) y no se restablecieron los derechos de aquellos que habían sufrido en la guerra (pese a la creación de una entidad diseñada para eso, que perdió representación política rápidamente).
En ese contexto surgieron movimientos políticos de oposición al Frente Nacional como la Alianza Nacional Popular -Anapo (fundada por Rojas Pinilla y que luego estuvo involucrada con la creación del M-19) y el Movimiento Revolucionario Liberal, MRL (creada por quien posteriormente fuese presidente Alfonso López Michelsen, que, aunque inicialmente estuvo de acuerdo con el Frente Nacional, no compartían las modificaciones que se hicieron a su estructura. Este grupo estuvo vinculado a la fundación del ELN).
En un texto centrado en la historia del MRL, el periódico El Tiempo relata cómo durante el Frente Nacional “prevaleció la tozuda intolerancia del oficialismo liberal hacia los disidentes, bajo el argumento de que esas críticas ponían en peligro la paz pública. Se excomulgaba a los liberales que manifestaban su desacuerdo con algunos aspectos del FN, mientras que, por otra parte, se aceptaban sin chistar todos los cambios que a lo largo del proceso impuso Laureano Gómez, contra lo votado en el plebiscito por cuatro millones de colombianos”, (Font Castro, 1997).
Paralelamente, los líderes del movimiento campesino siguieron pidiendo al Gobierno Nacional una distribución equitativa de la tierra y en casos más extremos la legalización de todos los terrenos que habían sido invadidos, pero más que una respuesta positiva, lo que esto generó fue un ataque del Gobierno en su contra, que incluso, asegura Molano citando a Ocampo, llegó a dar libertad a los terratenientes para organizar grupos armados de cuenta propia a través de la Ley 48 de 1968, que definió la defensa civil como una actividad «permanente y obligatoria de todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar
obligatorio, (que) podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad». Con base en esta norma se autorizó la creación de grupos paramilitares o guardias nacionales, que incrementaron la violencia armada en el país. (Molano Bravo, 2015: p. 41)
Este contexto da luces para entender el origen político de las guerrillas colombianas, que en ese momento no se enfrentaban para defender la ideología de un partido si no que luchaban contra el Estado para llegar al poder, según Archer (1995), como parte de la estrategia de la izquierda (especialmente del Partido Comunista Colombiano) de apoyar ‘todas las formas de lucha’, siguiendo el ejemplo cubano y nicaragüense. Esto, asegura Archer (1995), tuvo un impacto negativo en la evolución a largo plazo de la izquierda en Colombia y del éxito de grupos políticos reformistas.
El origen político de las guerrillas colombianas hace comprensible que tras su desmovilización el Gobierno permitiese su participación política, tal como se acordó con el M-19 y el EPL (Ejército Popular de Liberación) en 1989 y con las Farc-EP en 2016.
Ahora es tiempo de hacer un breve repaso de la evolución de las Farc-EP y de otras guerrillas en el país, de la llegada del narcotráfico y de los paramilitares al conflicto y de su marcada influencia en la política y en la democracia nacional.
En 1974 terminó formalmente el Frente Nacional y comenzaron a celebrarse elecciones con participación de candidatos de otros partidos, incluida la izquierda. Pese a esto, los dos partidos tradicionales seguían obteniendo la mayor parte de los votos, especialmente el partido Liberal, que ganó cuatro de las cinco elecciones presidenciales entre 1974 y 19913 (cuando se proclamó la nueva constitución política).
Durante ese periodo las guerrillas se fortalecieron y transformaron su accionar militar ganando notoriedad ante la sociedad civil (especialmente en las zonas rurales) y ante los partidos políticos, que intentaron estrategias militares y pacíficas para contrarrestarlas, lo que no se complementaba con presencia del Gobierno en el territorio, lo que para Archer (1995) incentivó la presencia de grupos de seguridad privada (autodefensas) creados por líderes políticos y terratenientes para defenderse de las extorsiones y secuestros de las guerrillas. Problema al que se
sumaron los grupos de narcotraficantes.
En los años 70 Colombia contaba con cuatro grandes guerrillas: las Farc- EP, el ELN, el EPL y el M-19. Las tres primeras se autoproclamaban de inspiración marxista-leninista y el M-19 aunque era marxista, también sostenía un fuerte nacionalismo.
Durante la década del 70 y la primera parte del 80, las Farc y el EPL se mantuvieron en el campo y no tenían una fuerte presencia pública, por lo que incluso no eran consideradas peligrosas por gran parte de la sociedad, aunque secuestraban y realizaban ataques periódicos a la sociedad civil; mientras tanto, el ELN4 y el M-19 se dedicaron a reclutar pensadores y jóvenes estudiantes universitarios.
El ELN contaba con el apoyo de Cuba, pues era prorrevolución cubana, e incluso, gran parte de sus líderes fueron entrenados en ese país. El M19 fue considerado durante sus primeros años como un ‘Robin Hood’, pues sus acciones armadas buscaban llamar la atención y enfadar a las autoridades, pero su popularidad cayó tras el secuestro de la Embajada de la República Dominicana en Colombia (27 de febrero de 1980) y la toma y retoma del Palacio de Justicia (06 y 07 de noviembre de 1985).
La toma del Palacio de Justicia es de gran importancia para la democracia colombiana, pues según relata el periodista Germán Castro Caycedo (2008) en su libro El Palacio Sin Máscara, los guerrilleros se tomaron el lugar y retuvieron a más de 300 personas con el fin de que el presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, llamara al presidente de la República Belisario Betancur (1982-1986) y les permitiera hablar con él, lo que incluso fue expuesto por el presidente de la Corte a varios medios de comunicación radial que lograron comunicarse con él antes de la retoma del lugar por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.
En la toma y retoma murieron 98 personas, entre ellas 11 magistrados, y 11 personas fueron declaradas desaparecidas, además fueron incinerados todos los expedientes que se hallaban en el recinto (lo que para algunos autores fue ordenado por los grandes narcotraficantes que estaban impulsando la eliminación de la extradición en Colombia).
A este panorama se unieron los narcotraficantes y los grupos paramilitares. Según relata el historiador Marcos Palacio (2012), inicialmente los narcotraficantes negociaron con los guerrilleros el pago del permiso de usar la tierra para sus cultivos y no hubo mayores conflictos. Incluso, el Gobierno no le dio mayor importancia a su presencia, pues, para Palacios, manejaron
una serie de entendido según el cual “el problema de las drogas no era de Colombia sino de Estados Unidos”. Fue solo después del llamado al orden de ese país, que el Gobierno colombiano se unió a la “guerra a las drogas” y comenzó la erradicación de cultivos (empleando fumigaciones aéreas) y cambió la legislación sobre el tema, aprobando el tratado de extradición de colombianos a Estados Unidos en 1980. (p. 112).
La adhesión de Colombia a la guerra contra el narcotráfico cambió el panorama y los narcotraficantes comenzaron a atacar directamente al Gobierno y a las fuerzas armadas, trasladando a las ciudades el conflicto que había estado centrado en el campo.
Capos como Pablo Escobar, Carlos Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha -desde el cartel de Medellín-, y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela -desde el cartel de Cali- se unieron en el grupo de los ‘Extraditables’ y coordinaron planes como el plan pistola, que contemplaba el pago de dos millones de pesos colombianos por cada policía asesinado5, lo que incrementó ostensiblemente los ataques a la fuerza pública y el número de jóvenes sicarios en las zonas más marginadas de Medellín.
Este grupo también ordenó la activación de diversas bombas, secuestros y el asesinato de jueces, periodistas, líderes sociales, guerrilleros y políticos que se opusiesen a sus deseos. En este marco, en 1989 fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro.
Asimismo, el 27 de noviembre de 1989 Pablo Escobar ordenó derribar un avión comercial con 107 pasajeros para ‘eliminar’ a César Gaviria, candidato presidencial, quien no estaba en el avión y luego fue elegido presidente (1990-1994).
El pacto entre guerrillas y narcotraficantes se rompió inicialmente por el deseo de los últimos de tener el control total de su negocio (poder usar la tierra sin necesidad de permisos o pagar por su uso) y se incrementó contra el M-19 tras el secuestro por parte de ese grupo de la hermana menor de los hermanos Rodríguez Orejuela, Marta Nieves Ochoa, que hizo que los jefes del narcotráfico del país crearan el grupo ‘Muerte a secuestradores- MAS-.
En la misma línea, según Palacios (2012) los narcos ordenaron a los paramilitares acabar con la guerrilla, lo que hizo que estos grupos comenzaran una fuerte confrontación armada (especialmente contra las Farc) que recrudeció la violencia en las zonas rurales y en los pueblos dejando miles de víctimas. La estrategia era aparentemente sencilla: los paramilitares ‘limpiaban’
y se instauraban en la zona creando sus propias reglas, a las que los ciudadanos debían acoplarse si no querían ser torturados o ‘desaparecidos’. Con el camino libre, los narcotraficantes ya podían cultivar y transportar la droga sin mayores inconvenientes, solo con los controles de la Policía antinarcóticos.
Es importante precisar que los paramilitares tienen diversos orígenes: algunos comenzaron como grupos de ‘limpieza social’, otros como defensa de los hacendados y las comunidades vulneradas por las guerrillas, y un tercer grupo como soporte a los narcotraficantes. En los años 80 intentaron fusionarse en las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), coordinadas por los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, lo que derivó en otro tipo de conflicto que se incrementó ostensiblemente en los 80 y 90.
Los paramilitares, tradicionalmente, no fueron considerados un problema para el Gobierno, relata Palacios (2012), pues su objetivo no era atacarlo ni cambiar al Estado (como sí querían algunas guerrillas), sino acabar con las guerrillas. De ahí que en muchos casos paramilitares y fuerzas armadas del Gobierno realizaran operativos conjuntos como la Operación Orión en la periferia de Medellín.
Y es que el poder y dinero de los narcotraficantes y de los paramilitares captaron la atención de muchos jóvenes colombianos que se unieron a sus fuerzas. Lo mismo sucedió con las guerrillas, aunque los motivos podrían ser diferentes.
(…) En los últimos diez años (1986-1996) la guerrilla ha crecido más que en los 32 años anteriores (…). Las Farc, por ejemplo, pasaron de cerca de 3600 hombres y 32 frentes en 1986, a aproximadamente 7000 hombres y 60 frentes en 1995; el ELN, por su parte, en ese mismo periodo pasó de 800 hombres y 11 frentes a 3000 hombres y 32 frentes. Y no parece que esa tendencia se haya revertido”. (Rangel Suárez, 1996, citado por Palacios, 2012. P. 124).
En esta lista no aparecen el EPL y el M-19, pues estas guerrillas se desmovilizaron en 1989, luego de un arduo proceso de negociación que terminó con la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la Constitución Política de Colombia de 1991, que aún rige en el país y desligó al gobierno de la iglesia católica.
Las Farc y el ELN participaron por un tiempo en la negociación, pero se retiraron de la mesa. En parte por la desconfianza que tenían en el Gobierno por el asesinato sistemático de los integrantes de la Unión Patriótica, (partido político de izquierda conformado por algunos desmovilizados de las Farc tras un acuerdo de paz firmado en 1985, que contaba inicialmente con el apoyo del partido Comunista Colombiano). Aunque no existe una cifra consolidada, varias fuentes citadas por el portal especializado en conflicto armado Verdad Abierta aseguran que fueron alrededor de 3.500 los políticos asesinados en 10 años (1985 y 1995), entre ellos dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.
Por la gravedad de estos hechos, incluso, el presidente Juan Manuel Santos tuvo que reconocer en 2016 la responsabilidad del Estado, pues el mismo “no tomó las medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”. (Verdadabierta.com, 2016: párr. 2)
Entre tanto, Pablo Escobar seguía su guerra frontal contra el Gobierno para presionar por la eliminación de la extradición, hasta que comenzando la década del 90 un grupo de disidentes del cartel de Medellín, el cartel de Cali y los paramilitares se aliaron para perseguirlo y crearon un grupo llamado los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), que acorraló al narcotraficante, hasta que el 02 de diciembre de 1993 fue dado de baja en un tejado de Medellín por un escuadrón especial de las fuerzas militares colombianas.
Mientras el capo más mediático caía, se estrenaba la nueva Constitución y el poder del narcotráfico siguió influyendo en el país a través de su relación con políticos de diversos niveles, a quienes les ayudaban a financiar sus campañas políticas. El mayor escándalo frente a este tema fue el llamado ‘Proceso 8000’, en el que se demostró que el cartel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper Pizano (presidente entre 1994 y 1998). Samper fue juzgado y absuelto por el Congreso, pero perdió legitimidad pública para realizar cualquier tipo de acción. La única sanción real que recibió fue la eliminación de su visa de ingreso a Estados Unidos.
Entre tanto, los líderes del cartel de Cali fueron apresados en 1995 y luego extraditados a Estados Unidos, lo que eliminó los grandes grupos de narcotraficantes en Colombia y, según Bagley (2001), citado por Palacios (2012), transformó sus estructuras en pequeños “cartelitos” (p.121), entre ellos la oficina de Envigado, que también controlaba algunos bloques paramilitares del centro del país.
Por su parte, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se consolidaron bajo el mando de Carlos Castaño y, recuerda Palacios, el 26 de junio de 1997 se autoproclamaron “una ‘organización civil defensiva en armas’ que sustituía al Estado, dada su ‘conducta omisiva’, en las tareas de ‘garantizar la vida, el orden social, la paz ciudadana, el patrimonio económico, cultural y ecológico de la nación: la justicia social y económica, la libre participación democrática, la seguridad pública”. (p. 170)
Bajo ese precepto, afirma Palacios (2012), citando a Cubides (1999), las AUC ofrecieron una estrategia nacional basada en:
A) ‘limpiar’ las zonas rurales donde la población simpatiza y apoya las guerrillas, mediante matanzas ejemplares e indiscriminadas que siembran el terror y obligan a la gente a huir. Hecha la faena el espacio era ocupado por los paramilitares, maniobra que culminaba en el traspaso forzado de las tierras abandonadas. B) Asesinar preventivamente aliados potenciales de la guerrilla en los cascos municipales para romper la red de apoyo logístico. C) Integrar verticalmente las organizaciones locales de autodefensas, bajo una estructura que pretende alcanzar el grado de centralidad de las Farc o el ELN. D) Desarrollar una fraseología de tipo proyecto nacional político-militar, con el objeto de ganar estatus político y, llegado el momento, entrar en un diálogo de paz”. (Palacios, 2012: p. 170)
Mientras comenzaban su injerencia política, los paramilitares atacaban militarmente a las Farc, que adelantaba negociaciones de paz en San Vicente del Caguán con el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana Arango (1998-2002), quien paralelamente negoció y firmó el Plan Colombia con Estados Unidos para recibir más recursos para atacar al narcotráfico, y que más tarde le permitió al presidente Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010) fortalecer las Fuerzas Militares y atacar militarmente a esa guerrilla.
Durante este periodo, (antes del ataque a las Torres Gemelas y al pentágono del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos), asegura Palacios (2012), las administraciones de Bill Clinton y George Bush (hijo) aceptaban la premisa colombiana “según la cual el conflicto armado con las guerrillas era político y, por tanto, se solucionaría en una mesa de negociaciones”,
(p.105). De ahí que Pastrana insistiese en que el plan Colombia fortaleciese el proceso de paz con las Farc.
Al término de los diálogos en 2002, la guerrilla estaba fortalecida militarmente (pese a los continuos enfrentamientos con los paramilitares), los colombianos desconfiaban de sus intereses y ya eran conscientes de su poder militar gracias a sus continuos ataques a la infraestructura eléctrica del país, a sus ataques a puestos de policía y poblaciones enteras que generaban cientos de desplazados6, a la siembra de minas antipersona, a los secuestros y la exposición mediática constante que tuvieron en la zona de distensión, donde permanecían los corresponsales de los principales medios de comunicación del país.
Asimismo, habían comenzado a tener una relación de mutuo apoyo con el Gobierno venezolano encabeza del presidente Hugo Chávez, quien en varias oportunidades dijo públicamente que recibiría a los guerrilleros perseguidos en su país, lo que fue confirmado en varios correos electrónicos y documentos hallados en el computador de Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, quien fue dado de baja por el ejército colombiano en Ecuador. (El Tiempo, 2013).
En 2002, las Farc secuestraron a los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, de los cuales solo sobrevivió Sigifredo López, quien fue liberado en 2009, tras siete años de secuestro; secuestraron a la candidata presidencial Ingrid Betancourt y a su fórmula vicepresidencial Clara Rojas, quienes viajaron a la zona de distensión tres días después de que el Gobierno anunciase el cese de las conversaciones. Ingrid fue liberada en la operación Jaque junto con otros 14 rehenes, después de más de seis años de secuestro. Clara quedó embarazada en cautiverio y la guerrilla la separó de su hijo Emmanuel, quien regresó con su abuela materna gracias a la acción del Gobierno que lo localizó en un hogar del Bienestar Familiar un año antes de que su madre fuera liberada en 2008. Todo esto amplió más la desconfianza de los colombianos hacia este grupo.
La desilusión del Caguán, y el aumento en el número de extorsiones, secuestros y de ataques armados de la guerrilla de las Farc a lo largo del país, diezmaron completamente la poca confianza que la ciudadanía tenía en una salida negociada al conflicto. De ahí que en las elecciones de 2002 fuese elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), un político
que prometía ‘Mano firme (contra la guerrilla) y corazón grande (con los ciudadanos)’.
Uribe fue el primer político en calificar públicamente a las Farc como terrorista, y se basó en ello para cambiar la idea de que podía negociarse la paz y ofrecer la eliminación militar como salida al antiguo conflicto con las Farc. De ahí que ese grupo le hubiese hecho un atentado mientras era candidato y otro el día de su posesión. En este último murieron 14 personas.
Durante su presidencia, Álvaro Uribe logró el apoyo del Congreso, los empresarios y la opinión pública, en la lucha contra el terrorismo y la insurgencia. Forjó una sólida alianza con Estados Unidos, creó la política de Seguridad Democrática y echó a andar los ‘impuestos a la guerra’ entre los ciudadanos más adinerados para financiar el programa de seguridad”. (Varela Amaya y Vargas Hernández, 2017: p. 98)
Si la gente pensaba que Pastrana le había entregado el poder a las Farc, también estaba segura de que Uribe lo estaba recuperando con el fortalecimiento de la Fuerza Pública (el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea recibieron dinero del Plan Colombia que se usó para armamento y formación), que comenzó a hacer una fuerte presencia en las principales vías del país para evitar los secuestros selectivos a través de pescas milagrosas. De esa forma, muchas personas pudieron volver a transitar tranquilas por las principales carreteras del país.
Asimismo, el Ejército realizó numerosos ataques a los campamentos de las Farc en diversas zonas del país (y el exterior), para disminuir su número de combatientes, para diezmar a sus líderes o liberar a los secuestrados. Los más destacados son el ataque aéreo en 2008 contra un campamento de las Farc en Ecuador en el que la Fuerza Aérea dio de baja al segundo al mando de la guerrilla, Luis Edgar Devia Silva, alias "Raúl Reyes", y el rescate de 15 secuestrados en la operación Jaque, antes mencionada.
Paralelamente se afianzaban el apoyo de la clase política a los grupos paramilitares. Este grupo ejerció presencia política a través de políticos tradicionales, a los que ayudaban a llegar a cargos de elección popular usando la presión armada para luego recibir favores, dinero del Estado o información confidencial. Esto se llamó la parapolítica.
Por estas relaciones, en 2016 fue capturado y condenado más del 30% del Congreso de la República. “En total 102 representantes y 97 senadores fueron investigados, de los cuales 42
parlamentarios resultaron condenados” (Semana, 2016: párr. 2).
Según el informe de la Corte Suprema de Justicia, reseñado por Semana (2016), se comprobó que “los nexos entre políticos y paramilitares se tejieron entre 1998 y el 2006, pero incidieron en los resultados de las elecciones del 2002, principalmente” (párr. 3).
Lo más peligroso para la democracia es que la práctica no parece haber quedado en el pasado, en el mismo informe, Semana revela que entre 2006 y 2016 la Procuraduría General de la Nación tuvo un registro de 519 procesos disciplinarios contra funcionarios públicos de todos los niveles vinculados con las Bacrim (nombre dado por el Gobierno colombiano a los grupos creados por disidentes o desmovilizados de las AUC). Entre ellos, “alcaldías (109 procesos), gobernaciones (37), Concejos municipales y Asambleas departamentales (40) y el Congreso de la república (73)”, (Semana, 2016: párr. 7).
En esta relación paramilitares-políticos, es indispensable mencionar ‘El pacto de Ralito’ firmado por varios políticos, en el que se comprometían a trabajar mancomunadamente con los jefes paramilitares (especialmente Salvatore Mancuso) para ‘refundar la patria’ y firmar un nuevo contrato social. Varios de los congresistas y exgobernadores fueron condenados por este hecho por la Corte Suprema de Justicia en 2012.
En relación con la guerrilla, durante el Gobierno de Uribe su poder militar disminuyó por los continuos enfrentamientos con la fuerza pública y los paramilitares, a lo que se sumó la muerte de Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias "Iván Ríos", el jefe del Bloque Central de las Farc, quien fue asesinado por su jefe de seguridad por la recompensa que ofrecía el Gobierno, y la muerte por causas naturales de su creador, Manuel Marulanda (Tirofijo).
Tras cumplir su cometido militar (en el que además de guerrilleros murieron millones de civiles) y ganar presencia política, 31.671 integrantes de las AUC se desmovilizaron en 2003, lo que generó una disminución en el número de masacres que se presentaban en el país (Verdad Abierta, s/d). Lo que no calcularon los líderes paramilitares, era que meses después serían extraditados a Estados Unidos por su relación con el narcotráfico.
Los reductos de los paramilitares que dejó la desmovilización y que siguen operando son conocidos como ‘Águilas Negras’, ‘Autodefensas gaitanistas de Colombia’ o ‘bandas criminales’, de acuerdo a la zona del país, y se han enfocado en trabajar para los nuevos narcotraficantes (reunidos en el Clan de Golfo), que intentan mantener un perfil bajo, ejercer una
violencia selectiva y no entablar una guerra directa con el Estado (Ávila, 2017).
Lo paradójico es que, según Palacios (2012), bajo el gobierno de Uribe el país se acostumbró a simplificar el conflicto y lo redujo a la guerra a muerte con las Farc, que además se vio fortalecido por su gran desprestigio. Una de las muestras más significativas del mismo fue la multitudinaria marcha realizada el 03 de febrero de 2008 en más de 193 ciudades de Colombia y el mundo, que inicialmente fue convocada por un colectivo de ciudadanos a través de Facebook y cuyo llamado fue multiplicado por los medios tradicionales de comunicación. La marcha surgió tras el anuncio de la guerrilla de la muerte en cautiverio de 11 de los 12 diputados del Valle que tenía secuestrados desde 2002.
Con el ánimo de continuar pacificando el país, el presidente Álvaro Uribe promovió un cambio en la Constitución de 1991 que le permitiese ser reelegido, lo que consiguió en 2006, inicialmente en el Congreso y luego en las urnas, en gran medida porque, según Palacios (2012) “El presidente Uribe fue todo un maestro en crear opinión a costa de las Farc: ganaba diciendo que las tenía prácticamente exterminadas y ganaba exagerando la amenaza que aún representaban” (Palacios, 2012: p. 165).
La legitimidad de este cambio en la Constitución quedó en duda en 2008, cuando la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina denunció que había recibido ofertas de dádivas de parte del Gobierno de Uribe para votar a favor de la reelección presidencial, lo que inclinó la balanza a su favor. Estas denuncias conocidas como ‘Yidispolítica’ llevaron a la cárcel a dos exministros de Uribe, como reportó una nota de El Tiempo (2015).
Uribe no tuvo la misma suerte para el segundo intento de cambio de Constitución (para postularse a un tercer periodo presidencial), pues intentó cambiarla a través de un referendo, cuyo proyecto fue rechazado por la Corte Constitucional por vicios de forma y fondo y por ir en contra de la esencia de la Carta Magna, lo que dejó a Uribe por fuera de la Casa de Nariño.
Juan Manuel Santos Calderón llegó a la presidencia de Colombia en 2010 con la bandera del uribismo. En su primera campaña a la presidencia, Santos, exministro de defensa de Uribe, prometió seguir con la mano dura contra ‘los narcoterroristas de las Farc’, lo que hizo que quienes apoyaban al expresidente le dieran su voto. Pero su discurso cambió unos días después de posesionado, lo que hizo enfadar a Uribe y a sus seguidores, quienes desde entonces son su mayor oposición. Tanto, que fue el mismo expresidente Uribe quien ‘denunció’ públicamente en
Twitter que el Gobierno Santos estaba adelantando conversaciones secretas con las Farc en Cuba, con la idea de establecer un proceso de paz, comenzando con ese anuncio una campaña abierta en contra del proceso.
Los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc comenzaron formalmente el 04 de septiembre de 2012 en La Habana, y desde el primer momento se establecieron unas normas claras de funcionamiento, que contemplaba, entre otros, la participación de las víctimas, de expertos temáticos y de los líderes sociales en la discusión de algunos puntos específicos y la creación de un espacio en el sitio web del proceso para que los ciudadanos enviaran sus propuestas a la mesa.
Quizá la norma que más escollo causó en la opinión pública fue la que prohibía a ambas partes dar declaraciones a los medios de comunicación frente a lo acordado, pues el documento guía rezaba: “nada está acordado hasta que todo esté acordado” y el Gobierno quería librarse del exceso de información que rodeó las negociaciones del Caguán, y que para algunos analistas acrecentaron los problemas de ese frustrado proceso de paz.
En esa medida, durante los cuatro años de negociación la única forma de conocer los avances de la misma era esperar las declaraciones del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, o seguir con detenimiento el sitio web creado por el Alto Comisionado de Paz, donde periódicamente se publicaban los borradores de los acuerdos en los cinco puntos contemplados para la negociación: 1) Política de desarrollo agrario integral. 2) Participación política. 3) Fin del conflicto. 4) Solución del problema de las drogas ilícitas. 5) Victimas.
Otra opción que tenían los periodistas y ciudadanos era hablar con los invitados a la mesa de negociación, quienes contaban su versión de los hechos, o aprovechar un receso en las reuniones para entrevistar a los líderes guerrilleros, que a veces brindaban algún dato que era analizado desde todos los puntos de vista posibles.
Esta falta de información formal sobre las negociaciones fue duramente criticada por los directores de varios medios de comunicación, y aprovechada por la oposición para desinformar sobre el tema, al punto que, cuando se acordó el borrador definitivo de los acuerdos, las personas tenían tantas ideas preconcebidas (replicadas en los pasillos y a través de los medios tradicionales y redes sociales como WhatsApp, Facebook y Twitter) que no creían lo que decía el Gobierno ni leían los documentos originales que además tenían más de 300 páginas.
Esto se convirtió en un verdadero problema para el proceso cuando llegó el momento de la refrendación de los acuerdos a través de un plebiscito, en el que los colombianos deberían indicar si apoyaban o no el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (nombre formal del acuerdo). Esto fue aprovechado por la campaña del ‘no’, que, según reconoció su director, Juan Carlos Vélez Uribe, en una entrevista al diario La República, no se centró en informar sobre el contenido de los acuerdos si no en la indignación “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela”, (Ramírez Prado, 2016: párr. 7).
La campaña del no también apeló a la necesidad de no sentir pena o temor por querer votar por el ‘no’, pues eso no significaba no querer la paz, si no quererla de otra forma.
La victoria del ‘no’ en el plebiscito del 02 de octubre de 2016 con el 50,23 % de los votos (6.424.385 votos) contra el 49,76 % (6.363.989) sorprendió incluso a quienes votaron por el ‘no’ y especialmente al Gobierno, que no tenía muy claro qué hacer en caso de que eso sucediese.
Para diversos analistas, este resultado demostró la rotunda polarización de los colombianos y fue una muestra más de los sorprendentes que pueden ser los resultados de una elección o consulta popular, como pasó en esos mismos días con el Brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
Tras los resultados del plebiscito, los líderes del ‘no’ representados en el Centro Democrático (partido político liderado por Uribe, quien ahora es Senador), algunos representantes de la iglesia cristiana y de la iglesia católica ultraconservadora plantearon sus dudas y propuestas de cambio al acuerdo, que fueron discutidas entre las partes para ‘salvar el acuerdo de paz’.
Los puntos de mayor disputa fueron los vinculados a la tierra, la participación política de las Farc, la justicia especial para la paz y la necesidad de algunos líderes de escuchar que la guerrilla se rinde en su lucha armada. Entre las modificaciones efectuadas al acuerdo tras la victoria del ‘no’ se destacan:
Se eliminó el que el acuerdo hiciese parte de la Constitución política y se limitó a ser
un artículo transitorio que tendrá una vigencia de 9 años, en los que, según anunció posteriormente la Corte Constitucional, las Farc y el Gobierno (sin importar la afiliación política del presidente) están obligados a cumplir lo acordado.
En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz (la justicia transicional), cuyos 38 magistrados se posesionaron el 15 de enero de 2018, se suprimió la presencia de fiscales extranjeros. Además, en la Corte Constitucional se eliminó la posibilidad de juzgar a personas que sin formar parte de las organizaciones o grupos armados “hubieren contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto” (Dinero, 2017). Lo que implica impunidad para empresarios y terratenientes que se usufructuaron de las tierras dejadas por los desplazados.
Pese a los resultados del plebiscito, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el premio Nobel de Paz en 2016, lo que fue un espaldarazo internacional a su gestión, pero no fue bien recibido en el país, que se encontraba en medio de la renegociación de los acuerdos. A esto se sumó que Santos decidió publicar y firmar la nueva versión del acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, sin contar con el aval definitivo de los líderes del ‘no’, lo que ha deslegitimado aún más los acuerdos entre quienes no los apoyaron en el plebiscito.
Esta división de posturas frente al acuerdo tuvo otro punto de quiebre finalizando el primer periodo presidencial de Santos, según Pardo (2016), en el 2014 Santos no pretendía postularse a la reelección (figura que luego promovió que fuese eliminada de la Constitución), pero el creciente escepticismo de los colombianos sobre el proceso y la campaña de Uribe (con su candidato Oscar Iván Zuluaga), centrada en acabar con la mesa de negociaciones, lo impulsaron a hacerlo. Lo curioso fue que en esa batalla Santos recibió el apoyo de la izquierda colombiana y de quienes querían que las negociaciones continuaran, quienes lo llevaron nuevamente a la presidencia. Esta campaña también fue importante porque en 2017 se denunció que ambos candidatos recibieron recursos de la multinacional brasilera Odebrecht.
En 2017 el gran reto fue la creación del marco jurídico para la implementación de los acuerdos de paz, pues en este periodo preelectoral (en 2018 se eligen Congreso y Presidente), Santos perdió las coaliciones políticas en el Congreso y gran parte de sus ministros han manifestado públicamente que no apoyan el proceso, lo que lo ha deslegitimado aún más y ha entorpecido la aprobación de las Leyes básicas para el funcionamiento de lo acordado en los
tiempos estipulados por el del fast track7.
Los guerrilleros de las Farc entregaron las armas en el 2017 y se encuentran reunidos en caseríos creados para ellos en diversas zonas del país, pero según ha reportado La Silla Vacía (Prieto, Ardila Arrieta, Vélez y Arenas, 2017), muchos los están abandonando porque no han recibido el apoyo en proyectos productivos que el Gobierno prometió o porque han decidido unirse a grupos paramilitares o crear sus propias disidencias.
Entre tanto, las Farc está dando los primeros pasos para consolidarse como un partido político. Ya eligieron un nombre: la Farc (que ahora significa Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), tienen personería otorgada por el Consejo Nacional Electoral, y el 02 de noviembre de 2017 anunciaron públicamente que su jefe, Rodrigo Londoño (más conocido como Timochenko), será candidato a la presidencia, candidatura que está en un limbo jurídico hasta que la Justicia Especial para la Paz defina si puede postularse sin antes haber pasado por su proceso judicial.
Aun así, la Farc podrán presentar candidatos al Congreso en 2018, pero independientemente de los resultados tendrán, como mínimo, cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara de representantes (El Tiempo, 2017). Esta participación política ha sido rechazada por diversos sectores políticos del país, quienes también se opusieron y en diciembre de 2017 lograron impedir la creación de 16 curules adicionales en la Cámara para las victimas del conflicto, lo que había sido contemplado en el Acuerdo de La Habana.
A esto se suma que durante 2017 fueron asesinado al menos 105 defensores de derechos humanos en el país, lo que preocupa a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se declaró “’muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización’ de estos activistas, cuya labor considera ‘legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de una paz sostenible’ (Manetto, 2017: párr. 2).
Tras este recorrido histórico son evidentes varios retos para la democracia colombiana para la implementación de los acuerdos de paz pactados entre el Gobierno y las Farc:
El primero es permitir la participación política de voces por fuera de los partidos políticos
tradicionales. Aunque los partidos Conservador y Liberal han perdido poder (no obtienen la presidencia desde Andrés Pastrana en 1998), sectores como la izquierda y los líderes sociales siguen siendo estigmatizados, perseguidos y tienen poca participación política, en parte por la desconfianza histórica hacia esos grupos alimentada por las declaraciones de líderes tan populares como el expresidente Álvaro Uribe, que tiende a calificarlos como guerrilleros, castrochavistas o narcoterroristas.
El segundo es superar la desinformación que prevalece en Colombia alrededor de los Acuerdos de paz y su implementación, pues en el país siguen circulando mensajes por redes sociales como WhatsApp que, con datos tergiversados, aumentan el rechazo a los mismos y el odio hacia la Farc. A lo que se suma la falta de lectura de los acuerdos y sus modificaciones.
El tercero es la voluntad política del nuevo Congreso para discutir y aprobar las Leyes necesarias para la implementación de los Acuerdos. Asimismo, que el nuevo presidente cumpla el mandato de la Corte Constitucional y priorice en su plan de gobierno el cumplimiento de lo pactado.
El cuarto es la consolidación del partido político de las Farc. Aunque muchas víctimas rechazaron que el grupo no cambiase sus siglas al adquirir su estatus político y aún se desconoce su verdadero potencial electoral (lo que se medirá en las elecciones al Congreso de marzo de 2018), es válido el temor de ese grupo a ser eliminado a través del asesinato de sus líderes, tal como ocurrió con la Unión Patriótica entre 1985 y 1995. Es necesario, entonces, que se activen los mecanismos de protección a los desmovilizados y a los líderes sociales que los apoyen aprobados en el Acuerdo de paz.
El quinto, y quizá el más importante, es recuperar la confianza de los colombianos en las elecciones democráticas, después de la reiterada influencia de grupos paramilitares, de narcotraficantes y de emporios económicos en las elecciones, y del desconocimiento por parte del presidente Juan Manuel Santos de algunas voces del ‘no’ (legítimos vencedores en el plebiscito) al firmar el Acuerdo de Paz con las Farc.
Capítulo de libro: Archer, R. P. (1995). Fuerza y debilidad partidaria en la asediada democracia colombiana. En: La constricción de instituciones democráticas: sistemas de partidos en
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Artículo periodístico: Verdadabierta.com (S/d, s/d, 2015). Falsos positivos, una herida que sigue abierta. Verdadabierta.com Disponible en: http://www.verdadabierta.com/especiales- v/2015/falsos-positivos/
Notas
La tesis que adelanta la autora en el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se titula: “Radicalización de posturas y construcción de discurso de odio en la discusión política en Twitter en Colombia, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP”.
Los paréntesis fueron agregados por la autora de esta ponencia para claridad del lector.
Los presidentes colombianos electos entre 1974 y 1994 fueron: Alfonso Antonio Lázaro López Michelsen, Liberal, 1974-1978. Julio César Turbay Ayala. Liberal. (1969,1975 como designado. 1978- 1982. Belisario Antonio Betancur Cuartas, Conservador 1982-1986. Virgilio Barco Vargas. Liberal. 1986- 1990. César Augusto Gaviria Trujillo, Liberal, 1990-1994.
El ELN es la única guerrilla que formalmente queda activa en Colombia, aunque está en un acercamiento con el Gobierno desde el primer semestre de 2017, que ha sido suspendido en varias oportunidades por incumplimientos al cese de hostilidades por parte de este grupo armado ilegal.
Como referencia, a comienzos de los 80 el salario mínimo en Colombia era de 5.700 pesos colombianos, según reseñó el periódico El Tiempo en 1998. (Novoa y De la Hoz, 02 de febrero de 1998).
En la base de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras municipales y centros poblados 1965-2013”, publicado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se indexaron un total de 1.755 incursiones guerrilleras en centros poblados y cabeceras municipales entre 1965 y 2013, de las cuales
1.146 correspondieron a ataques a puestos de policía, y 1.106 fueron realizadas por las FARC.
Para acelerar la aprobación de las leyes y reformas constitucionales que se necesitan para la implementación del acuerdo de Paz, en diciembre de 2016 la Corte Constitucional aprobó que el congreso realizara menos debates que los contemplados en la constitución, a esta vía rápida se popularizó en Colombia con su traducción al inglés (fast track).