José Antonio Zavala Meza1
Palabras clave: Educación inclusiva; nivel superior.
El presente informe trata sobre la importancia de incluir o no excluir, como parte de los procesos formativos a nivel profesional, así como parte de establecer relaciones inter- e intra- /personales y
/grupales, la inclusión educativa y/o no exclusión de la diversidad de las necesidades de toda la comunidad estudiantil a través de la participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades en la educación, en todos sus niveles, particularmente en el nivel superior.
La exclusión en educación es un fenómeno multidimensional que no se limita a quienes están fuera de la escuela, porque nunca han accedido a ella o la abandonan debido a la
reprobación, la falta de oportunidad de la educación, los obstáculos económicos o las circunstancias de vida de los estudiantes. La exclusión afecta a quiénes estando inscritos son segregados o discriminados por su etnia, género, procedencia social, sus capacidades o características personales y a quienes no logran aprender porque reciben una educación de baja calidad.
El presente trabajo se estructura de los siguientes apartados: antecedentes, conceptos claves, resultados, discusiones y conclusiones, y propuestas.
El Art.3° constitucional mexicano, garantiza que toda persona pueda tener el derecho a la educación de calidad y para ello el Estado deberá asegurar:
el acceso universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos, asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes significativos (INEE, 2014).
En este contexto, una de las iniciativas de la SEP establecidas para dar atención al problema de desigualdad y exclusión educativa, lo constituye el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) que se orienta al fortalecimiento de la educación básica, media superior y superior. El PIEE tiene como antecedente la fusión de siete estrategias de intervención de los niveles educativos básica, media superior y superior, las cuales, han sido implementadas en diferentes años. El más antiguo es el Programa de Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras Agrícolas migrantes (PRONIM) desde 1981 y el más reciente en 2008 el programa U022 educación para personas con discapacidad.
El Sistema Educativo Nacional, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013-2018), atiende actualmente a 35.2 millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada:
La educación básica constituye 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a
25.9 millones de alumnos que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 millones en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran alrededor de 1.2 millones de docentes en casi 228 mil escuelas. La eficiencia terminal de la educación básica es baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior (66.3%) que la ley también establece como obligatoria.
En los planteles de educación media superior se atienden a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica. Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de educación superior.
La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2%, es decir, más del 70% de jóvenes, están siendo excluidos de ingresar al nivel superior.
Por otro lado, se ha dado un incremento en la concienciación relacionada con las situaciones de violencia grupal, institucional y contextual en las escuelas que afectan los procesos de convivencia y de enseñanza-aprendizaje. En respuesta a la creciente preocupación de la sociedad para que en las escuelas del país existan ambientes seguros y de sana convivencia, es necesario fortalecer la colaboración entre las comunidades escolares, académicas y la sociedad, para acotar la violencia mediante acciones integrales, principalmente bajo un enfoque preventivo. También, la población de menores ingresos tiene menos posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir de manera satisfactoria sus estudios. Como existen aún deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad, es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que elimine toda forma de discriminación por condición física, social, étnica, de género,
de creencias u orientación sexual.
Por otra parte, el rezago educativo en la población adulta aún no está resuelto. Alrededor de 32.3 millones de adultos no han completado la educación básica, lo que equivale al 38.5% de la población mayor de 15 años. En esta cifra se incluyen poco más de 5.1 millones de personas analfabetas, situación que limita su integración al ámbito laboral. Además, se estima que
alrededor de 15 millones de personas mayores de 18 años no han completado el bachillerato, requisito para acceder a mejores oportunidades de trabajo.
El Sistema Educativo Nacional, instituye a través de los marcos políticos y normativos, la necesidad de ofrecer educación para toda la ciudadanía mexicana, con calidad y equidad. En el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación referentes al derecho a una educación de calidad para todos.
El PND, 2013-2018, tiene como objetivo general llevar a México a su máximo potencial, tiene como Metas Nacionales: México en Paz, Incluyente, Próspero, con Responsabilidad Global y en Educación de Calidad:
Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios con un alto valor agregado.
Sin embargo, no se han cumplido dichas metas, cabe señalar que desde que se instauró en 1983, el PND jamás se ha logrado. El PND, 2013-2018, elaborado a través de un programa de consulta popular en el que se recogieron demandas y propuestas, el documento quedó dividido en cinco metas que contienen las tareas y compromisos 31 objetivos a cumplir en seis años, de los cuales solamente se ha cumplido uno. Los indicadores en el Quinto Informe de Gobierno para conocer qué decía el Gobierno de sus alcances. El hallazgo fue que 18 de 31 objetivos están incumplidos, pero en 12, todos relacionados con el combate a la pobreza, no hay información suficiente porque no ha sido actualizada. Y sólo uno el de seguridad nacional está cumplido.
Los mayores atrasos del Gobierno están en las metas de "México con Educación de
Calidad" y "México próspero". Ejemplos de ello son desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad e inclusión en el sistema educativo. Los indicadores de la meta "México Incluyente" no fueron actualizados y no es posible saber si se avanzó o retrocedió. Así, los ciudadanos no sabrán qué pasó con el combate a la desnutrición y la obesidad infantil, las personas con vulnerabilidad alimentaria, el uso de métodos anticonceptivos por adolescentes, las madres solteras en situación de pobreza o los jóvenes con trabajos y salario apenas superior a los seis mil pesos al mes.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2017) en su diagnóstico de objetivos e indicadores de los programas del ámbito social, derivados del PND, reprueba el avance hacia las metas. Según este órgano, en 25 programas hay 368 indicadores que dan cuenta del desempeño de la política social, de los cuales sólo 20% tiene avance adecuado, mientras 8% es superior a lo esperado. De acuerdo con el CONEVAL, los programas sectoriales en el ámbito social deben cumplir con cuatro propósitos: claridad en resultados, largo plazo, susceptibilidad de medición, además de inclusión de su población potencial o área de enfoque. Los 25 programas analizados tienen 136 objetivos y 46% de ellos aún se enfoca en la gestión o entrega de bienes, no en los resultados.
A, La Educación Inclusiva, de acuerdo con Santana y Olvera (2012), refiere al derecho de todos y todas (infantes y jóvenes) a recibir una educación común en su contexto, independientemente de su condición social, física, lingüística, étnica, psicológica, económica o cultural. Implica oponerse a toda forma de segregación, discriminación o exclusión del estudiantado; promueve la creación de condiciones para fomentar la participación de todos, hacer del aprendizaje una actividad significativa y reflexiva para innovar las políticas, culturas y prácticas en los planteles educativos y sus aulas. La educación inclusiva implica reducir las barreras para el aprendizaje y la participación para que los planteles satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos.
De acuerdo con la UNESCO (2005):
la educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de aprendizaje de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados. La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada.
Por lo anterior, la Escuela Inclusiva, es el contexto formativo apto donde el alumnado al mismo tiempo, aprende la cultura, con otros y consigo mismo; desarrolla experiencias de aprendizaje significativo, promueve en el alumnado altos niveles de resultados educativos; pone cuidado especial en aquellos alumnos más vulnerables, en riesgo de ser marginados, excluidos y de no conseguir el bienestar de sus necesidades primordiales de aprendizaje; se caracteriza por el compromiso profesional del personal docente y directivo para garantizar el alcance de sus propósitos, así como las actividades necesarias para garantizar la asistencia, participación y egreso exitoso de la educación, de todos, en todos sus niveles.
Mientras que el Aula inclusiva, es el elemento básico de la Escuela Inclusiva constituida en forma múltiple, donde se valora la diversidad y se promueven relaciones respetuosas, solidarias y cooperativas entre todos. El aula inclusiva es el espacio formativo donde todos los alumnos y alumnas conviven juntos para participar en las oportunidades de aprendizaje del contenido común diversificado y se profesa la garantía de los derechos de infantes y jóvenes (Santana y Olvera (2012).
Un sistema educativo orientado hacia la calidad de la educación, desarrollo de oportunidades de acceso, permanencia y egreso, la reducción de las desigualdades, el impulso del aprendizaje y el desarrollo de competencias para la vida, con el fin de promover el respeto y logro en el ejercicio del derecho a la educación de todos las y los infantes y jóvenes en edad escolar; de todos los
niveles educativos, desde educación inicial y básica, hasta media superior y superior (Santana y Olvera, 2012).
El reconocimiento de la diversidad y del multiculturalismo (como el plurilingüismo, entre otros), de acuerdo con Santana, y Olvera, (2012), en nuestro país implica la inclusión académica de los conocimientos ancestrales y actuales de los pueblos y comunidades indígenas y migrantes, asimismo favorece el acceso a los conocimientos científicos e instrumentales del mundo global, al vincular las relaciones entre los saberes locales como aprendizajes esperados, y aquellos de los programas de estudio.
Bajo los principios de la educación inclusiva desde la cual se atiende la diversidad, surge conjuntamente la necesidad de conocer los planteamientos centrales de la Educación para Todos, que representan un acto político de justicia y equidad en favor de los grupos sociales tradicionalmente excluidos de los sistemas educativos, y una oportunidad para ofrecer al personal docente que atienden al alumnado y jóvenes indígenas y migrantes, con o sin discapacidad, las herramientas teóricas y metodológicas que les permitan actualizar, profundizar y fortalecer sus conocimientos y experiencias en la labor educativa que realizan habitualmente, al analizar y comprender los principios de la educación inclusiva y sus implicaciones en la práctica.
La Educación para Todos es un conjunto de políticas educativas en el plano internacional y nacional, desde la década de los años noventa, plantean las tesis de la justicia y el cambio educativo. Es decir, focaliza la voluntad de los países del mundo para mejorar sus sistemas educativos y redefinir el papel de la educación, en una sociedad preocupada por encontrar las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos en un orbe en cambio constante.
La Educación para Todos es aquella capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de infantes, jóvenes y adultos dentro y fuera del sistema escolar y a lo largo de la vida. Expresa el derecho de una educación relevante y de calidad para todos y amplía el horizonte del aprendizaje al aprovechar las enormes posibilidades que ofrecen las circunstancias actuales.
La visión de la Educación para Todos articula lo educativo de modo integral, holístico y sistémico, es decir, implica una mirada de lo pedagógico-curricular-administrativo en relación con el alumnado, los docentes, directivos, asesores, familias, funcionarios, instancias nacionales y organismos internacionales, así como contextos en los que se desarrolla la acción educativa: local, regional, nacional e internacional. Bajo estas condiciones, la Educación para Todos es
acción educativa para: garantizar el acceso, permanencia y egreso de cualesquier, independientemente de factores de residencia (urbano, rural, suburbano) de pertenencia étnica- lingüística, edad, género, discapacidad y vulnerabilidad, para reducir las desigualdades educativas en lo económico y social, así como para asumir el derecho a una educación que sea de calidad y colocar el aprendizaje del estudiantado como el eje rector de la práctica docente (Santana y Olvera, 2012).
En la Educación Superior, de acuerdo con la SEP, (2014), las tasas de inclusión descienden más y son aún menores, que en los niveles educativos anteriores (básico, medio superior y superior) para la población con menores ingresos, de zonas rurales y población indígena. En síntesis, las evaluaciones internacionales han mostrado los bajos niveles de aprendizaje y la desigualdad de acceso entre los diferentes grupos sociales. Se acentúa en los grupos de niveles socioeconómicos muy bajos, población indígena, de zonas rurales y con discapacidad, además, la brecha crece conforme se avanza en los niveles educativos.
Asimismo hay diferencias en las desigualdades o exclusión, pues se observa la escasez de información respecto a estudiantes con discapacidad. El problema se vuelve mayor o multi-causal cuando coinciden dos o más factores de exclusión haciendo más vulnerable a la población que tiene carencias económicas, de origen étnico y que además posee una discapacidad, por lo que tendrá menos opciones de acceder al sistema educativo y de avanzar a los niveles subsecuentes (SEP, 2014).
En la actualidad un gran número de personas que habían sido históricamente excluidos del sistema educacional han ingresado a éste, dejando atrás la idea de que los salones de clase están constituidos por un grupo homogéneo de alumnos en cuanto a sus habilidades, raza, género, lenguaje, estructura familiar, entre otros contrastes de identidades. Por lo tanto, esta nueva reconfiguración de las instituciones educacionales implica una diversidad en los sujetos que las habitan (Infante, 2010). Una de las respuestas a esta diversidad ha sido un llamado desde organismos internacionales y esferas gubernamentales a transformar las escuelas en comunidades más inclusivas. Sin embargo, a pesar del énfasis de la inclusión educativa en los discursos nacionales e internacionales, este concepto no tiene una significación única, facilitando y
reproduciendo así las formas de exclusión que busca eliminar. Así como otros conceptos contemporáneos que circulan en los discursos públicos, la inclusión educativa tiene sus orígenes en una tradición ligada a la educación especial y que proviene de una visión positivista de la realidad. Lo anterior tiene una serie de efectos al abordar el concepto de diversidad en el aprendizaje y la enseñanza de las personas, legitimando el concepto de normalidad como centro y paso a seguir. Es de esta forma como discursos de diagnóstico, categorización, asimilación y compensación se posicionan en las prácticas educativas, restringiendo el acceso de todos los sujetos a todos los espacios de aprendizaje y el acceso a una educación de calidad. Debido a lo planteado anteriormente, la formación de profesores y profesoras se constituye en un desafío para las instituciones de educación superior y una forma de resignificar el concepto de inclusión.
Al respecto, es necesaria la formación de profesionales de la educación que lideren las acciones educativas relacionadas con la diversidad desde la inclusión. Quienes debe concentrarse en la elaboración de herramientas técnicas que le permitan eliminar las barreras de acceso y participación de ciertos estudiantes a la educación, además de analizar críticamente los propios sistemas de inclusión/exclusión y las representaciones y supuestos culturales adscritos a los diferentes marcadores de la subjetividad como: condición socioeconómica, formas de aprendizaje, nacionalidad, etnia, género, entre otros, que pueden repercutir en acciones de discriminación y opresión social.
Así mismo requiere que la formación en inclusión educativa considere los aportes de otras disciplinas y más allá de la educación especial. La diversidad existente en cuanto a participantes del proceso educativo implica considerar el aprendizaje y la enseñanza desde distintas miradas que abordan ámbitos sociales y culturales más amplios y que requieren de una formación interdisciplinar (Infante, 2010).
La educación inclusiva, es el concepto por el cual se reconoce el derecho que tienen los infantes, adolescentes, jóvenes y adultos, a una educación de calidad, que considere y respete las diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad, etc. Reconoce que todas las personas, tienen los mismos derechos, sin discriminación alguna. Permite que todos los alumnos puedan beneficiarse de una enseñanza adaptada a sus necesidades y realidades, y no únicamente aquellos que pudieran tener necesidades educativas asociadas a discapacidad. Reconoce que todos, pueden aprender y hacer, con el apoyo y adaptaciones que
pudieran necesitarse. Pretende eliminar las barreras, que limitan el aprendizaje o la participación en el sistema educativo, sean arquitectónicas, sociales o culturales. Busca generar igualdad de oportunidades para todos.
La educación inclusiva circunscribe cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que abarca a todas las personas y la filosofía de que es responsabilidad del sistema, educar a la población universitaria. La educación inclusiva parte de la primicia de que cada estudiante tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que estén diseñados, y los programas educativos orientados en tener en cuenta la diversidad de dichas características y necesidades.
Resulta fundamental una formación académica y profesional dentro de las universidades, que vaya más allá de los contenidos curriculares, además que contribuya a generar relaciones psicosociales basadas en el reconocimiento y respeto de la propia diversidad (cultural, social, sexual y personal) y de las y los demás.
Reflexionar desde las ciencias sociales sobre la construcción de marcos teóricos y metodólogos que permitan atender los problemas de educación excluyente, para construir una educación organizada en un desarrollo que tenga como base la inclusión social, reconociendo las necesidades que la sociedad requiere. Se debe pensar en el diseño de las políticas educativas en los distintos grados del sistema educativo, con una visión que conciban como bien público y derecho humano; que propongan estrategias para lograr una educación intercultural, democrática y equitativa; que hagan posible generar sistemas educativos pertinentes a las distintas realidades sociales y a la diversidad cultural de las juventudes universitaria, enfatizarse la necesidad de que los programas reorienten sus contenidos curriculares y sus métodos de enseñanza-aprendizaje para responder dichas necesidades.
El sistema educativo mexicano debe invertir recursos, constituir espacios, implementar medidas, llegar a acuerdos para responder con calidad y equidad a las necesidades educativas de todo el alumnado, de forma que el estudiantado logren desarrollar al máximo sus capacidades personales orientadas al alcance de propósito para el perfil de egreso. Desde este enfoque adquieren relevancia las estrategias metodológicas que facilitan la interacción entre iguales en contextos sistematizados y con variedad y calidad de estímulos para el aprendizaje, así como la
atención personalizada al alumnado desde las tutorías, servicios de asesoría y orientación.
El Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho a la educación; para llevar a cabo un diagnóstico de este tipo, Tomasevski (2001, 2004) propone considerar:
La disponibilidad (availability), supone la presencia de escuelas de todos los niveles obligatorios en los lugares adecuados; ubicadas cerca de donde viven niños, niñas y jóvenes; que cuenten con maestros suficientemente formados; operando en forma regular en una organización; dotadas de infraestructura, mobiliario y equipo indispensables para el logro de los propósitos educativos.
La accesibilidad, sostiene que no debe haber barreras de ningún tipo para acceder a la educación. La exclusión educativa por razones de raza, origen, color, género, condición socioeconómica, discapacidad, lengua, religión y otras, es antónimo de la accesibilidad. La discriminación y el bullying son poderosos disuasores de la asistencia e, incluso, causa de exclusión INEE (2014).
La adaptabilidad, se refiere a la capacidad de la escuela para adecuarse a las condiciones específicas de los alumnos y trata del significado, pertinencia y relevancia de la educación que se ofrece.
La aceptabilidad, representa un acercamiento a la dimensión de calidad de la educación desde la perspectiva de los estudiantes. Son ellos quienes deben sentirse seguros, respetados, acogidos en la escuela; quienes deben creer que en la escuela están aprendiendo y que eso que aprenden coincide con sus intereses y les resulta útil para su vida actual y futura.
De acuerdo con la UNESCO (2015), la comunidad internacional de la educación, esta unida para un nuevo enfoque integral que pretende garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa para los niños, jóvenes y adultos, a la par que promueve oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Trabajan en conjunto para lograr todas las metas relativas a la educación; esto, a su vez, fortalecerá la cooperación internacional en la esfera de la educación. Están de acuerdo en que es considerable la financiación adicional que se necesita para alcanzar las nuevas metas y que los recursos se deberán utilizar de la forma más eficaz para impulsar los progresos relativos al el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4-Educación 2030). Asimismo
hacen hincapié en la necesidad de una buena gobernanza y una rendición de cuentas en la educación dirigida por los ciudadanos. Convencidos de que el ODS 4-Educación 2030 contribuirá a un progreso histórico de la educación, nos comprometemos a desplegar esfuerzos audaces, innovadores y sostenibles para velar por que la educación realmente transforme vidas en el mundo.
Desde la UNESCO, las metas educativas, el ODS 4-Educación 2030 tiene 10 metas que engloban muchos aspectos diferentes de la educación. Existen 7 metas, para 2030, que son resultados esperables y 3 metas, para 2030, que son medios para conseguir esas metas:
Educación primaria y secundaria universal: velar por que todas las niñas y niños concluyan los ciclos de la enseñanza, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.
Desarrollo en la primera infancia y educación preescolar universal: velar por que todos los infantes tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, para que estén preparados para la primaria.
Acceso igualitario a la educación técnica/profesional y superior: asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y mujeres a una formación en los niveles educativos mencionados, de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
Habilidades adecuadas para un trabajo decente: aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, trabajo decoroso y emprendimiento.
Igualdad entre los sexos e inclusión: eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas e infantes en condiciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y formación profesional.
Alfabetización universal de la juventud: garantizar que todos los jóvenes y adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética.
Educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible: garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, mediante la educación para el desarrollo y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios
Formas de ejecución:
Entornos de aprendizaje eficaces: construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los infantes y las personas discapacitadas, y tengan en cuenta las cuestiones de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
Becas: aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de estudios superiores, incluidos programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y las comunicaciones, en países desarrollados y otros países en desarrollo
Maestros y educadores: aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo UNESCO (2015).
A nivel nacional, el MIR 2014 del S244 Programa de Inclusión y Equidad Educativa, tiene por objetivo: contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de servicios educativos, centros e Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior, para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto de vulnerabilidad.
Su propósito es que las Instituciones de los diferentes niveles educativos cuenten con normas y sistemas de apoyos compensatorios para atender los servicios educativos de nivel básico, y/o se beneficia con el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la población con discapacidad, así como aquella que por razones socioeconómicas y culturales se encuentran en contexto de vulnerabilidad.
Sus componentes son:
Atención a indígenas y población en riesgo de exclusión mediante estrategias de equidad que contribuyan a reducir las brechas de acceso a la educación a través de una amplia perspectiva de inclusión.
Proyectos de fortalecimiento de la equidad e inclusión educativa en entidades federativas apoyadas.
Las escuelas públicas Telesecundarias ubicadas en los municipios vulnerables sean apoyadas con equipamiento, materiales pertinentes y actualización alineada al currículum básico, que apoyan la inclusión y la retención.
Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad educativa a grupos de personas con discapacidad.
Instituciones Públicas de Educación Superior sean apoyadas con recursos para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de las personas con discapacidad, así como personas en situación vulnerable en educación superior.
Entre sus actividades se encuentra:
Promover las competencias docentes para la atención a la diversidad (contextualización, lengua indígena) en las escuelas de educación indígena, migrante y telesecundaria mediante actividades pertinentes en Consejos Técnicos Escolares (CTE) y/o Consejos Técnicos de Zona (CTZ).
Capacitación de figuras educativas para el fortalecimiento del proceso de enseñanza y la gestión en servicios educativos migrantes y/o indígenas.
Implementación de acciones de apoyo a la inclusión y retención.
Apoyar a las autoridades educativas locales en la consolidación de sus capacidades técnicas para fortalecer a los servicios de educación especial públicos que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, priorizando a aquellos con discapacidad y/o con aptitudes sobresalientes.
Las autoridades educativas estatales implementan proyectos educativos viables, evaluables y medibles, referidos a la atención de aspectos locales relacionados con la equidad y la inclusión.
Actualización de equipamiento de servicios educativos migrantes.
Implementación de acciones de apoyo a la inclusión y la retención en las escuelas Telesecundarias focalizadas en municipios de la cruzada nacional contra el hambre.
Equipamiento de escuelas Telesecundarias en relación a avances tecnológicos.
Radicación de recursos asignados para Educación Media Superior.
Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura, actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de las personas con discapacidad en educación superior.
Proyectos de Instituciones Públicas de Educación Superior para infraestructura actividades académicas, de vinculación y equipamiento en favor de grupos vulnerables en educación superior (SEP, 2014).
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