Miguel Ángel Vite Pérez1
Palabras clave: Violencia; performance; narrativa binaria; esfera civil; esfera incivil
El propósito de este análisis es interpretar la existencia de una representación social mexicana sobre la violencia, considerada como un hecho-signos, es decir, como creencias y sentimientos, que poseen significados colectivos, provocando una acción social simbólica (Alexander, 2011: 88). Pero ésa acción social simbólica solamente se puede estudiar mediante su código binario que define a sus protagonistas, por ejemplo, como héroes o villanos, como buenos o malos, o sus prácticas sociales, como puras o impuras, como verosímiles o inverosímiles.
Desde la perspectiva descrita, los fenómenos sociales son independientes de la realidad porque son significados que se escuchan; mientras, que a través de las teorías se puede construir su
1Doctor en sociología por la Universidad de Alicante, España. Líneas de investigación: Desarrollo urbano, desigualdad social, violencia. miguelviteperez@yahoo.com.mx
sentido. Por tal motivo, los hechos sociales son significados, pero de los significantes organizados en las teorías.
En otras palabras, las teorías son estructuras culturales que ayudan a establecer el significado social de los hechos porque estos últimos son visibles (acciones, eventos registrados, datos recolectados) pero no son cosas; sino, signos (Alexander, 2011).
Por ello, la teoría que se utiliza es la de la llamada esfera civil visualizada como un conjunto de valores y creencias, sintetizados como ideales, vinculados con los derechos ciudadanos en una sociedad democrática, que originan solidaridad, y que permiten, al mismo tiempo, encontrar su sentido en la esfera incivil, que en mayor o menor medida, niega los ideales de la democracia (Alexander, 2006: 195-197).
Los valores de inclusión e igualdad de una ciudadanía institucionalizada1 muestran una
tensión dual ante un escenario que los niega mediante formas organizativas particulares que resultan ser menos incluyentes, y en consecuencia, cerradas, creando una esfera incivil mediante íconos que concretan las creencias sociales excluyentes o discriminatorias (Alexander, 2013).
Por eso, la narrativa binaria resulta de utilidad porque permite distinguir, desde un punto de vista metodológico, los motivos-aspiraciones autónomas o manipuladas de parte de los protagonistas-las relaciones-abiertas o cerradas-así como el espacio donde están inscritos los actores-que son regulados o no por normas personales o impersonales-. (Alexander, 2006).
Por otro lado, y desde mi punto de vista, las representaciones colectivas emanadas de la esfera incivil han expresado motivos y creencias como la desconfianza, el temor, el riesgo y el peligro, lo que ha negado el valor de la confianza y la cooperación.
En ése caso, existe una narrativa que ha interpretado el sentimiento de temor y riesgo social como una derivación de la ausencia de control estatal en la dinámica económica neoliberal en las sociedades posindustriales (Lyon, 2004: 137). Y desde esta narrativa, la situación de violencia en México ha sido vista como un problema derivado de la falta de control estatal en los diferentes territorios del país, lo que ha resultado favorable a la expansión de las acciones sociales criminales (Véase, Buscaglia, 2015). Por eso, algunas consecuencias de esta narrativa es que México ha sido clasificado como parte del sur global2, donde su contexto socioeconómico particular niega permanentemente los derechos de una ciudadanía democrática (Durand, 2010).
La narrativa de la supuesta debilidad del control estatal ha creado, a su vez, otra que expresa
que ante la situación de riesgo y peligro social se debe de mejorar la vigilancia estatal mediante el uso intensivo de la tecnología para vigilar los comportamientos sociales que han sido clasificados como criminales (Laval y Dardot, 2013).
Sin embargo, dentro de ésa narrativa también los comportamientos sociales son visualizados como riesgos individualizados e interpretados como información comercializada por las compañías de seguros privados, es decir, no hay un compromiso estatal para proteger de los riesgos sociales a los ciudadanos (Beck, 1999), como fue estudiado desde la teoría del Estado de bienestar (Sotelo, 2010).
Por ello, la existencia de diversas narrativas binarias ha configurado la opinión pública, donde la esfera pública se encuentra anclada, permitiendo la presencia de los discursos y narraciones de los actores sobre lo familiar y lo aceptable, mediante generalizaciones y abstracciones acerca de la sociedad civil, pero también se localiza su posible negación (Alexander, 2006: 4-5).
En el performance como acción social simbólica, la audiencia lo podría interpretar como auténtico o inauténtico, con otras palabras, como creíble o no creíble y el contexto cultural, en consecuencia, se volvería importante para elaborar dicha interpretación (Alexander, 2006: 44).
Por eso, la violencia como performance registra la acción social simbólica como interpretaciones con sentido, que en México y desde una generalización, los actores muestran su fortaleza al margen del orden democrático institucional y de justicia, que resulta ser ideal porque no regula los comportamientos reales; sino, que funciona de manera deficiente mediante las soluciones informales (Escalante, 2017: 73).
Dichas soluciones informales no están ligadas a un modelo abstracto democrático, basado en los derechos políticos y vinculado con la esfera civil sino con la esfera incivil, donde la violencia adquiere significados diversos, en un contexto o escenario neoliberal, individualista, tecnocrático, donde la legitimidad ya no depende de los derechos económicos y sociales, sino del funcionamiento del sistema electoral (Escalante, 2017: 85).
La narrativa de la seguridad pública como control punitivo estatal se ha construido sobre supuestos que parten de la negación o debilidad de los derechos económicos y sociales, como causa de la expansión de la pobreza y la miseria, considerada como una amenaza en el escenario neoliberal. Pero dicha narrativa, según Loïc Wacquant (2010: 14-15), ha creado una agitación
social en torno a la seguridad, donde se elogia a las fuerzas del orden, se critica la indulgencia de los jueces y se apela sólo a los derechos de las víctimas de los delitos y se llama también a fortalecer el sistema carcelario para restaurar el poder del Estado en las zonas donde no hay ley ni orden, criminalizando a sus habitantes.
La interpretación de la violencia a través de algunas narrativas binarias permitió que este trabajo se dividiera en tres partes. En la primera se describió el escenario proclive a la realización de algunos performances ligados a la violencia; en la segunda parte, se ejemplifica mediante el análisis de diferentes casos la violencia perfomativa, usando motivos, relaciones e instituciones, y en la tercera parte, se presentaron algunas reflexiones finales sobre el tema.
Desde un punto de vista general, el escenario mexicano de la violencia se puede interpretar a través de la consolidación de una esfera incivil, que ha sido contraria a los valores organizativos, cuyo referente es la solidaridad y la inclusión, lo que ha creado un espacio o esfera civil.
La esfera civil mexicana estuvo por décadas limitada por la legitimidad estatal derivada de la realización de los derechos económicos y sociales a través de un control corporativo autoritario ejercido mediante un partido político hegemónico (Partido Revolucionario Institucional, PRI).
Sin embargo, ésa situación cambió en la década de los 80 del siglo XX, cuando las reformas económicas neoliberales establecieron como nuevos principios organizativos la competencia y la eficiencia, así como el individualismo, impulsando una nueva redistribución del poder político, basado en un sistema de partidos, lo que ha permitido la alternancia partidista a nivel municipal, estatal y hasta en el ejecutivo federal en el año 2000 (Woldenberg, 2012).
Pero la consolidación de la democracia electoral mexicana sólo ha provocado un respeto a los derechos políticos, así como a los derechos culturales y de las minorías, dejando de lado los derechos sociales y económicos, que fueron importantes como una fuente de legitimidad, para el régimen político autoritario corporativo, lo que ha ampliado la desigualdad social (Escalante, 2017: 78-79).
Por tal motivo, ha surgido la narrativa binaria, que ha vinculado la violencia con la expansión de la pobreza y la miseria, y a su vez, la otra narrativa que establece que el Estado ha retomado su función regulativa a través del uso de mecanismos punitivos (policía y ejército) para
“combatir” la multiplicación de los actos criminales (Müller, 2016).
Ambas narrativas muestran que la vida como derecho humano ha sido negado de manera permanente, lo que no invalida la legitimidad democrática neoliberal, sobre todo, por la existencia de un sistema de seguridad débil, que no puede garantizar el derecho a la vida, y que no ha podido tampoco ser la base de la autoridad del Estado mexicano, lo que ha sido encubierto gracias al fortalecimiento del individualismo, que niega el interés por la vida pública, acompañado de la creencia que ha identificado a la justicia con el mercado (Escalante, 2017).
La debilidad del sistema de procuración de justicia mexicana no puede visualizarse como la causa directa de la violencia mexicana, sin embargo, si se puede analizar como un escenario que ha facilitado el surgimiento de determinadas acciones sociales violentas, lo que ha llevado a otra narrativa negativa a interpretar a la violencia como un problema sistémico, es decir, de funcionamiento de las instituciones nacionales, lo que ha dejado de ser atribuido sólo de los individuos, ante la necesidad de mantener el sistema económico neoliberal impulsado por la llamada globalización (Salmerón, 2017: 73).
En este caso, la falla radicaría en la operación de las instituciones democráticas no sólo en México sino en el resto de los países de América Latina. Pero de manera paralela a ésa interpretación se ha construido otra narrativa que describe la presencia de diversos actores violentos que desarrollan sus acciones dentro de la política y que han logrado establecer diversos lazos con las instituciones estatales y con los líderes políticos, así como con segmentos de la sociedad civil, por lo que la violencia es plural, en otras palabras, no es un asunto limitado a las acciones de policías o militares (Desmond y Goldstein, 2010: 20-22).
Por otro lado, desde una perspectiva más económica, el escenario mexicano de la violencia ha sido vinculado con las acciones neoextractivas de las empresas capitalistas, que han desplegado la fuerza represiva contra la resistencia social, para realizar acciones de despojo de tierras y recursos naturales (Aguirre, 2013).
Dichas acciones violentas de parte de las empresas capitalistas también son resultado, de acuerdo con ésa narrativa, de que en el sur global han traslado, a partir del establecimiento del sistema económico neoliberal, los métodos de producción más dañina para la vida de las poblaciones del sur global, lo que provocaría también movimientos de oposición social violentos como reacción a ése tipo de desarrollo económico regional transnacional (Gledhill, 2017: 42).
Desde la interpretación de Gledhill (2017: 46), la violencia en México es resultado de que el Estado no aplica la ley, lo que ha fomentado la creencia social de que las instituciones de justicia sólo acrecientan la injusticia social, por tal motivo, la mayoría de la población confía más en la protección de las organizaciones de criminales.
En suma, la falla o el déficit de las instituciones de justicia social sería, desde la perspectiva analizada, la causa de la reproducción de los diferentes escenarios de violencia. En otras palabras, debido a la ausencia de protección estatal para la vida y el patrimonio individual, donde no existe un compromiso, como se ha señalado, con los valores de la esfera civil relacionados con el desenvolvimiento de la llamada vida pública.
Los principios o valores inciviles son los que han organizado la acción social simbólica mexicana de una manera general, y su sentido no se encuentra en el llamado orden legal, sino en los diversos órdenes informales, ilegales, que muestran la negación de los derechos sociales y económicos para amplias capas sociales.
Algunas interpretaciones sobre la informalidad económica, como un problema de no aplicación de la ley, ha sido ampliada para darle significado a la violencia criminal, por ejemplo, como un problema creado por la falta del control estatal territorial, lo que ha influido supuestamente en la aparición de los territorios ilegales (Véase, Maldonado, 2010).
Pero dichas narrativas no han considerado en sus análisis que la debilidad del sistema de procuración de justicia no ha podido dar protección a la vida, lo que se ha transformado en motivos para que algunos actores se ocupen de su propia seguridad de manera armada y se justifiquen, a su vez, por la referencia que se ha hecho a las ligas entre el gobierno y las organizaciones criminales (Míguez e Isla, 2010: 27).
Más allá de una interpretación vinculada con la falta de procuración estatal de justicia, la violencia mexicana ha sido visualizada también como parte de la negociación cotidiana del orden y control entre las élites y líderes de organizaciones sociales, que ha funcionado para mantener la estabilidad, por lo que el ejercicio de la fuerza sería más focalizada contra algunos colectivos o individuos y sólo en algunas partes del territorio nacional (Gledhill, 2017: 50).
Pero existe en el imaginario mexicano una interpretación positiva de los que actúan al margen de la ley como ha sido el caso de los bandidos convertidos en héroes: “roban a los ricos para darle a los pobres”, “redistribuyen” la riqueza, una función que el Estado no ha podido cumplir
(Domínguez, 2015). E incluso cuando un individuo armado actúa para defender a un grupo de algún delincuente ha sido considerado como un “héroe anónimo”, y por tal motivo, su acción homicida no es condenada socialmente, aunque este penada por la ley.
Finalmente, otra interpretación derivada de las anteriores es que el sistema económico neoliberal establecido después de la crisis económica de 1982, ha creado un individuo que no orienta sus acciones por los valores de inclusión y solidaridad, lo que ha provocado que cualquier intento por convertir parte de sus beneficios en política pública encuentre una oposición. Por eso, en esta perspectiva, la violencia es un problema vivido sólo como temor individualizado y que afectaría a su persona y a su patrimonio y que podría estar provocado por lo que se socialmente se ha calificado como crimen organizado.
El crimen organizado3 como narrativa ha sido construida a través de palabras como: “jefe
de plaza”, “halcones” “levantones”, “ejecuciones”, “calentar la plaza”, “operador financiero”, etcétera (Escalante, 2012: 32-44).
Al mismo tiempo, según Roger Bartra (2012: 68-69), en México el incumplimiento selectivo de la ley ha sido el referente de una narrativa que ha explicado la violencia como consecuencia de la crisis del sistema político autoritario y corporativo, con otras palabras, el manejo selectivo estatal de la no aplicación de la ley prosigue; pero ahora la violencia ha desordenado al llamado crimen organizado debido a que la transición democrática no ha creado una nueva forma de negociar con los criminales, sino que a partir de 2008, el ex presidente Felipe Calderón le declaró la guerra a los narcotraficantes. En ese momento se identificó al crimen organizado con el narcotráfico y su combate, dentro de esa narrativa, se justificaba porque era la causa de la supuesta generalización de la violencia en el país. Sobre todo, porque se les había quitado una fuente importante de ingresos ilegales, lo que algunos grupos de mafiosos intentaron recuperar mediante la diversificación de sus actividades, recurriendo al secuestro, robo y soborno, de manera violencia atentando contra vidas y patrimonios particulares.
Entonces, el significado social de la esfera civil vinculada con los valores de la inclusión y la legalidad, en las narrativas analizadas de manera general, y que deberían de estar garantizadas de manera institucional, han encontrado también su sentido opuesto en la presencia de una esfera incivil, que esta organizando y desorganizando a la sociedad, sin embargo, la violencia como acción contra la vida y el patrimonio ha encontrado sus justificantes en los valores de la esfera
incivil, que ha producido la siguiente creencia social: la democracia electoral mexicana es un fracaso. Pero ése juicio ha sido elaborado desde los valores inciviles.
La narrativa binaria ha construido un escenario donde la violencia como performance, es decir, como acción simbólica nos muestra sus significados inciviles que han influido en el desencanto mexicano por la democracia política o electoral.
Los contextos o escenarios que facilitan las interacciones sociales conllevan narrativas simbólicas diferenciadas, donde lo incivil, ha sido identificado con el no cumplimiento de la ley debido a su manejo discrecional desde el poder político y económico.
Pero dejando de lado las características de los escenarios, la acción simbólica de las autodefensas armadas de Tierra Caliente (Michoacán), en el nivel de los motivos se encontró su justificación en el discurso de la inseguridad pública, las acciones de despojo realizadas por Los Caballeros Templarios contra las comunidades no fueron detenidas por la autoridad local y estatal. De aquí se derivó que ambos niveles de autoridad se habían convertido en cómplices de Los Caballeros Templarios.
Desde la narrativa que criticaba las acciones armadas de las autodefensas michoacanas, se argumentaba que era una estrategia del gobierno federal para terminar con Los Caballeros Templarios; sobre todo, porque tenían una presencia importante en las comunidades (Gil, 2015).
Por su parte, en el nivel de los vínculos sociales, la anterior narrativa decía que las autodefensas tenían fuertes relaciones con la organización criminal que estaban combatiendo, lo que hacía inverosímil al movimiento de autodefensas. En otras palabras, estaba contaminado por la organización criminal y por el gobierno al ser usados para enfrentar a Los Caballeros Templarios. Pero al transformarse las autodefensas en policías rurales, como finalmente ocurrió, bajo el esquema del gobierno federal, las instituciones mostraron su opacidad, los intereses particulares, convertidos en una solución, conservando la debilidad de los derechos humanos en un sistema de
justicia no funcional a la problemática planteada por la violencia regional (De Mauleón, 2015).
Por otro lado, los habitantes del pueblo de San Gregorio Atlapulco, localizado en la delegación de Xochimilco en el sur de la ciudad de México, se organizaron como guardias nocturnas para vigilar de manera armada, usando rifles, palos y machetes, su pueblo, buscando
evitar los delitos de robo. En el discurso binario, la autoridad en voz del secretario de Seguridad Pública de la ciudad de México (Jesús Rodríguez Almeida) dijo: “Vamos a mandar a Participación Ciudadana a que platique con ellos y saber cuáles son sus demandas y, sobre todo, para solucionarlas (…) advirtió que estos movimientos en realidad tienen fondos políticos” (Quintero, 2014: 30).
Mientras, el consejo vecinal del pueblo expresó los motivos de las acciones de las guardias nocturnas: “robos a negocios y asaltos, sobre todo a mujeres…. (Agregando) la vigilancia ha tenido resultados: tres presuntos delincuentes aprehendidos, que fueron sometidos y entregados a la policía…” (Quintero, 2014).
En el nivel de las relaciones, se mostró que su tarea de vigilancia vecinal estaba articulada con la de las autoridades, buscando sólo una mayor eficiencia en la detención de ladrones. Sin embargo, en el plano de las instituciones mostraron su apertura para atender las demandas vecinales de seguridad, mediante una mayor presencia policíaca, pero para controlar a las guardias nocturnas y poder desplazarlas de sus tareas de vigilancia. Es decir, la autoridad sólo le interesaba recuperar el control de su función de vigilancia perdida por la presencia de guardias nocturnas. Pero también la autoridad deslegitimó a las guardias nocturnas al decir que había intereses políticos ajenos a la demanda “justa y aceptada” de la seguridad pública.
Desde la narrativa que señala que el crimen organizado ha ejercido más tareas de despojo violento de recursos naturales de las comunidades rurales se ha reforzado la representación social ligada a la ausencia de Estado a través de sus policías y ejército o mediante la aplicación de la ley. Tal es el caso de la zona forestal de la sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua. Un habitante de la zona explicó: “El crimen organizado empezó a llegar con fuerza a la zona a fines de 2014…Apropiándose, y en algunos casos, obligando a la gente a que trabaje para ellos…la producción forestal se vende (al crimen organizado) Buscan lavar dinero…el crimen organizado (…) está metido en todos lados, no nada más en la siembra de estupefacientes (…) evidentemente el crimen organizado está en esta relación maderos-empresarios. Hacen acuerdos con las bandas de delincuencia organizada para que los protejan, los apoyen en sus actividades” (Arredendo, 2017: A30).
En ésa denuncia se puede observar que la palabra “crimen organizado” se ha vuelto parte del discurso de la seguridad pública, tanto gubernamental como social, además que el negocio de despojo no sólo se ha realizado de manera violenta, sino que ha sido posible por una articulación común de intereses entre los negocios ilícitos y lícitos, lo que también le ha dado significado a la acción de defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas (rarámuri) a través de una organización no gubernamental (Alianza Sierra Madre), que ha denunciado los despojos ante la autoridad estatal, cuya respuesta fue la creación de una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya tarea fue determinar el número de habitantes desplazados, según la comisionada Irma Villanueva Nájera, son 686 casos, equivalentes a 126 familias y los motivos que los hicieron huir fueron: amenazas a su vida y despojo de sus tierras para sembrar enervantes o para talar los árboles (Arredondo, 2017).
La creación de comisiones gubernamentales para atender una problemática particular de seguridad pública muestra lo opacidad de las instituciones que tienen una capacidad limitada para la inclusión y la transparencia.
Por ello, los motivos que han configurado el significado social de la llamada delincuencia organizada son las acciones violentas como el robo o despojo, secuestro y muerte o ejecuciones, cuya base concreta se ha articulado con la ausencia, que en realidad es una debilidad, del sistema de procuración de justicia; mientras, la parte gubernamental ha buscado reconstruir su legitimidad sólo mediante acciones punitivas, es decir, de combate contra el llamado crimen organizado, convirtiéndose en otra vía de introducción de la violencia en el plano regional (Bartra, 2012: 66- 67).
La narrativa binaria de la seguridad pública ha sido expresada también en el discurso de los aspirantes a convertirse en candidatos a la presidencia del país para las elecciones del 1 de julio de 2018. Por ejemplo, el precandidato Andrés Manuel López Obrador por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que acabaría con la estrategia fallida de combate al crimen organizado: “Yo voy a conseguir la paz (…) y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad del sexenio ya no habrá guerra (incluso propuso la amnistía para los capos) (…mientras el aspirante del PRI, José Antonio Meade le contestó). No podemos aceptar a quien propone sacar al criminal de la cárcel para llevarlo a la calle (…) Tenemos que tener claro que la calle es para el ciudadano y la cárcel, para el delincuente”
(Lafuente, 2018: 8).
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública difundió un manual para evitar que la violencia del narco entre a las escuelas, recomendando a los estudiantes cuando se presente un tiroteo o la irrupción de un comando en alguna escuela: “Recostarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, así como permanecer en silencio y apagar el celular. Evitar actos como correr o asomarse por las ventanas, entrar en contacto con los agresores, tomar fotografías o videos del suceso. Informar a la o el docente si él mismo o un compañero ha resultado herido” (García, 2018: 8).
Dicho manual ha reforzado la creencia social de que la fuente principal de la violencia en México son las actividades del narcotráfico, así como la causa de la inseguridad pública, y como actúan usando la violencia armada, sólo se podría detener su espiral a través de la fuerza armada del Estado.
El discurso gubernamental de la punición ha encontrado su contraparte en el discurso del aspirante presidencial de Morena de ofrecer acabar con una estrategia armada fallida, estableciendo la posibilidad de otorgar amnistía a los causantes de la guerra.
En el plano de las relaciones, la propuesta de López Obrador es abierta; mientras, la de José Antonio Meade es cerrada debido a que el combate contra la delincuencia organizada la seguiría ejecutando el ejército y la marina, como fuerza armada, identificada con una garantía para reestablecer la seguridad pública de los ciudadanos.
Pero ambas propuestas muestran la debilidad de las instituciones de seguridad afectadas por la opacidad, y en consecuencia, por su imposibilidad de impartir justicia que defienda la vida o los derechos humanos de los mexicanos.
La percepción vecinal del aumento de la inseguridad pública ha establecido performances fallidos. Por ejemplo, en las colonias Buenos Aires y Doctores, localizadas en la delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México, los delincuentes piden cooperación obligatoria a los negocios y a los transeúntes y usuarios del transporte colectivo o algunos lo hacen de la manera común: asaltando o robando. Los que actúan intimidando y aplicando el método de la cooperación forzosa no han logrado que las víctimas les entreguen pertenencias valiosas en comparación con los que ejecutan asaltos. Pero los vecinos también han realizado un performance fallido cuando han colocado lonas de color amarillo y rojo para amenazar a los delincuentes: “Alto, delincuentes (…)
Te estamos vigilando. Vecinos unidos (…otras con dedicatoria personal) Ratero, si te agarramos te linchamos (…otras) tienen impresos el rostro de aquellos responsables de los delitos en contra de la comunidad” (Ahedo, 2018: C6).
Sin embargo, el método de las lonas como amenaza a los delincuentes tiene sus motivos, así como el uso de alarmas vecinales y el celular: “Son tres chamacos que vienen y nos piden dinero. Nos organizamos cerca de 80 personas en un grupo de WhatsAPP para compartir fotos o avisar cuando vengan por aquí (...así lo expresó un comerciante de autopartes de la Colonia Buenos Aires)” (Ahedo, 2018).
La vigilancia vecinal ha mostrado la opacidad de las instituciones de seguridad pública, aunque lo diga el vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad de la ciudad de México (Francisco Hoyos) que para inhibir la delincuencia se le debe de pedir a la autoridad delegacional mejor alumbrado público, buena pavimentación, y sobre todo, la denuncia ante la policía. Por tal motivo, desde su punto de vista, la manta/amenaza podría funcionar unos meses; pero si el delincuente no es castigado ignoraría la advertencia. Y quien imparte el castigo es la autoridad no el vecino.
Finalmente, la violencia como acción simbólica no se limita a la delincuencia organizada, tiene sus significados particulares para los que la ejercen de manera diferenciada. Para analizar esto veamos la actuación de un grupo de “golpeadores” que se presentó en un mitin de apoyo a la precandidatura a la jefatura de gobierno de la ciudad de México de parte del partido Morena (Claudia Sheinbaum), en la delegación Coyoacán, el 3 de enero de 2017.
El objetivo de los que realizaron la acción violenta fue impedir la realización del mitin de la precandidata de Morena, sin embargo, se expresaron los motivos civiles e inciviles de los que fueron transformados en protagonistas. Para comenzar, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), emitió un boletín desaprobando los actos “(…) suscitados en la delegación Coyoacán (…) no tiene ninguna justificación y enrarece el clima para una adecuada participación política de todos los contendientes, y sobre todo de la ciudadanía (…mientras, el comité directivo del PRI de la ciudad de México) lamentó y rechazo los hechos violentos que se suscitaron la tarde de este miércoles entre probables simpatizantes del Partidos de la Revolución Democrática (…PRD) y Morena (…pidiendo a las autoridades judiciales y electorales identificar a la agresores y actuar dentro del marco legal…)” (Servín, 2018: 23).
El dirigente del PRD de la ciudad de México, Raúl Flores García deslindó a su partido de
los hechos violentos y exigió al IECM y a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México intervenir para determinar responsabilidades e identidad de los agresores.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno de la ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter, se comprometió a investigar todos los hechos violentos en los actos de precampaña. Mientras, el representante de Morena en el IECM, Agustín Ortiz Pinchetti, condenó los actos de violencia y advirtió que hay imputaciones claras al diputado del PRD Mauricio Toledo (Servín, 2018).
La acción violenta sirvió para apelar a los motivos civiles para su rechazo, pidiendo la intervención de las instituciones electorales y de justicia para aplicar la ley a los responsables. En este caso, una acción incivil reactiva los motivos civiles, sin embargo, no logró desplazar los motivos inciviles de la vida pública.
Lo anterior se ha soportado sobre un escenario creado por 20 años de gobierno del PRD en la ciudad de México, según Roberto Rock (2018: A13), utilizando la administración del gobierno y los puestos locales de representación para construir una mafia que sólo se ha dedicado a extraer dinero mediante la colocación de incondicionales. Este modelo lo fortaleció el diputado Mauricio Toledo en la delegación Coyoacán y se replicó en el resto de las delegaciones gobernadas por el PRD: “(…) Toledo (…) llegó acompañado de un grupo de choque autodenominado Los Buitres, cuyos integrantes cobran (…) en las arcas delegacionales o en la Asamblea capitalina, son los autores de al menos tres ataques contra actos de la precandidata de Morena para la jefatura de Gobierno, Claudia Scheinbaum (…sin embargo, Morena esta recurriendo) en la tentación de pactar cuotas de poder para representantes de lo que dice combatir, como lo muestra el caso de la delegación Miguel Hidalgo, y su ex titular, el entonces perredista Víctor Hugo Romo y ahora “coordinador regional” de Morena en la zona. El señor Romo (…) es extensamente señalado por casos de corrupción, sin embargo fue aceptado sin mucha elegancia en Morena”.
Los líderes (Lorenzo Montiel Ramos y Luis Alberto Montiel Andrade) del grupo que ejerció la violencia contra los asistentes al mitin de Morena en la delegación Coyoacán expresaron que sus motivos no fueron la política partidista sino el dinero, es decir, trabajan como “golpeadores” y acusaron, mediante una denuncia penal presentada en la Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México, de que fueron contratados para evitar el mitin por Carlos Castillo y Gerardo Villanueva, simpatizantes de Morena. La denuncia fue porque nos les pagaron lo pactado: “Ahorita
estamos en problemas muy graves, porque no se vale que te ocupen y no paguen…dijo Lorenzo Montiel Ramos” (Valdez y Almazán, 2018: 14).
Lo anterior muestra que los valores inciviles y civiles se articulan como motivos que justifican o legitiman los performances, pero son creíbles en la medida en que tengan el efecto deseado en la audiencia y no lo son cuando se muestra su falsedad al no cumplir con los objetivos establecidos por sus protagonistas, y esto último es lo que ocurrió en el caso de los “golpeadores” del PRD.
En México, el marco normativo o institucional se ha transformado en una liturgia que funciona independientemente de los atributos específicos del personaje, que busca ejercer el poder político, una vez que la legitimidad electoral lo ha permitido (Véase, Agamben, 2012: 35-46). Por eso, los actos inciviles de los políticos mexicanos no han anulado la ceremonia para investirlos de presidente o gobernador, lo que tiene su significado más como un performance político.
La violencia como acción simbólica tiene su significado social porque genera performances interpretados mediante un discurso binario que se manifiesta como motivos, relaciones e instituciones. Pueden ser actos verosímiles o inverosímiles que encuentran su sentido en un imaginario social anclado en la esfera civil o incivil.
En México, los valores inciviles se sobreponen a los valores civiles, lo que se puede observar en las diferentes representaciones y creencias sociales que validan particularismos excluyentes, contarios a la solidaridad y la universalidad de las normas legales.
Por eso, en México como parte del sur global, la violencia en su discurso binario niega el derecho a la vida y en cambio la valida como un método de fuerza usado por las elites políticas y económicas, así como por algunos grupos de la sociedad mexicana, para mostrar su fuerza, legitimándola a través de la creencia compartida, que sostiene que la inseguridad pública es una lucha de buenos contra malos, agrupados estos últimos bajo la expresión crimen organizado.
La narrativa de los escenarios de la violencia solo mostró las creencias que han motivado a los diferentes actores sociales a interpretarla como un problema causado por el sistema neoliberal o por la debilidad del sistema de justicia estatal.
Lo que busco destacar es que las creencias y los valores configuran las acciones simbólicas,
que son independientes de los contextos económicos o políticos, pero como escenarios influyen en la interpretación de las acciones colectivas sin una determinación directa.
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Notas
1Los derechos ciudadanos crean expectativas ligadas a necesidades económicas básicas y de representación de las personas, lo cual debe de ser reconocido por el Estado creando obligaciones positivas y negativas, es decir, de hacer y no hacer para satisfacerlas (Pisarello, 2007: 11).
2La construcción de la idea del sur global se ha basado “… en la imagen del sufrimiento injusto, sistémico
y global causado por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, y de las resistencias contra las causas de este sufrimiento” (De Sousa, 2017: 274).
3Crimen organizado se define como la unión de tres o más personas que se organizan para realizar de manera permanente y reiterada conductas que por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado algunos delitos, y serían sancionados como miembros de la delincuencia organizada (Diario Oficial de la Federación, 2011).