Francisco Reveles Vázquez1
Palabras clave: progresismo; socialismo; igualdad; Venezuela; Brasil.
Las recientes derrotas electorales de algunos de los gobiernos progresistas de América Latina y la permanencia de otros del mismo perfil mediante métodos legales abrieron el debate sobre el alcance de las políticas sociales neodesarrollistas y respecto del cambio político impulsado por tales gobiernos. En este trabajo se analizan las políticas sociales de gobiernos progresistas con el fin de distinguir sus valores ideológicos. Así se podrá establecer la identidad ideológica de cada uno, revelando sus semejanzas y divergencias. A partir de ello se podrá evaluar la relevancia de
1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
principios como el socialismo, el vivir bien o el estado plurinacional, junto con otros más tradicionales y generales como igualdad, libertad, solidaridad, bienestar, comunidad, etnia y pueblo, entre otros. Aunque las políticas sociales predominantes han sido las transferencias económicas directas, es importante considerar el conjunto de políticas para tener una perspectiva completa respecto de los fines de corto, mediano o largo plazo de los gobernantes.
El Partido de los Trabajadores de Brasil, el Partido Justicialista de Argentina, el Movimiento Al Socialismo de Bolivia y el Partido Socialista Unificado de Venezuela se han pronunciado por el socialismo del siglo XXI o por el progresismo; o por lo menos se han manifestado en contraposición al neoliberalismo, la globalización y el colonialismo. Es importante esclarecer los principios de sus políticas sociales (las cuales han tenido éxito en el combate a la pobreza y la indigencia) porque su amplia cobertura y sus destinatarios permiten inferir una igualmente extensa proliferación de valores y prácticas de tendencia progresista. Tal situación supondría, en principio, una socialización de valores conveniente para la permanencia en el poder de los liderazgos y partidos políticos al frente de cada uno de los gobiernos. Esto permitirá explicar su influencia en la derrota o la permanencia en el poder de las fuerzas políticas al frente de los gobiernos en estudio. Y, desde una perspectiva más amplia, su contribución a un cambio político más profundo en los casos en que en efecto haya una apuesta gubernamental por la socialización de nuevos valores enmarcados en identidades ideológicas progresistas, socialistas o simplemente de izquierda. Por motivos de espacio en este trabajo solamente trataremos los casos de Venezuela y Brasil.
Varios de los gobiernos que arribaron a poder a principios de siglo XXI en varios países latinoamericanos (además de Chile, que tuvo al frente a la CD desde 1990) impulsaron políticas sociales amplias, a contracorriente de los preceptos del neoliberalismo predominante desde los años ochenta. El neoliberalismo había dado muestra de su ineficacia y en el ámbito político la situación no ofrecía un prometedor por la persistencia de movilizaciones y protestas contra el propio modelo de desarrollo y contra gobiernos electos democráticamente. Premiados por una importante cantidad de votos de un electorado disgustado con políticos y partidos tradicionales, líderes con un discurso antisistema llegaron al poder de la mano de organizaciones endebles o de
coaliciones amplias de partidos que en otro tiempo habían sido de extrema oposición. Entre todos los ganadores despuntaron también partidos y coaliciones de izquierda, las cuales habían visto frustradas sus posibilidades desde la restauración o consolidación de la democracia.
Algunos por convicción y otros buscando el respaldo amplio de las masas, aplicaron programas sociales amplios, diferentes a los de los primeros gobiernos democráticos. Lo cierto es que llevaron a cabo un programa social calificado como imposible, de acuerdo con los preceptos de los organismos financieros internacionales. Cuando los gobernantes llevaron a cabo sus respectivas políticas sociales, quedó demostrado que el libre juego de las fuerzas del mercado no determinaban por sí solas el derrotero de las economías ni, por supuesto, de los gobiernos democráticos. Como ya señalamos en el caso de las investigaciones sobre los delitos cometidos por las dictaduras militares, fue decisión de los gobernantes llevar adelante el castigo o aceptar la impunidad. Así también, en la dimensión económica, fue decisión de los gobernantes el impulso o no de un programa social amplio, en beneficio de la mayoría de la sociedad.
En particular importa destacar aquí lo que se refiere a las políticas sociales y su impacto en la condición de vida de los habitantes de los países latinoamericanos. Esto es relevante debido a la crítica situación padecida desde hace mucho tiempo por la población, que se ve reflejada en niveles elevados de desigualdad social y pobreza. El problema se reveló sobre todo en la década de los noventa, pero es producto de un desarrollo desigual y de una injusta distribución de la riqueza. Todo ello bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales y de los organismos financieros internacionales.
Varios de los gobiernos latinoamericanos reconocieron la marginación social de manera temprana, simple y sencillamente porque tal condición afectaba a la mayoría de sus pobladores. Fueron los casos de México y Brasil, y en paralelo, los gobiernos encabezados por fuerzas de izquierda llamaron la atención al respecto y llevaron a cabo políticas sociales universales, sin explicar del todo cuáles eran las causas de la desigualdad social. No hubo una formulación teórica consistente y aceptada de manera unívoca al respecto, y casi nadie recurrió a la explicación marxista del fenómeno, habida cuenta del declive de esta ideología desde 1989. Por eso los nuevos gobernantes trabajaron más por intuición, sin seguir un programa global de cambio, sin afectar los intereses del sector empresarial, de hecho, en no pocas ocasiones aliados suyos en la lucha por el poder político. Y sin transgredir las reglas prevalecientes en los mercados
internacionales.
Los países latinoamericanos se beneficiaron del incremento de los precios del petróleo y de la crisis económica de Estados Unidos desatada por los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001. Brasil aprovechó la situación para aliarse con grandes potencias de otras naciones, especialmente con China, y para producir materias primas como nunca antes. El gobierno de Venezuela pudo canalizar vastos recursos para su programa social, y también para apoyar a gobiernos afines como los de Cuba, Bolivia y Ecuador. De ese modo, recursos nuevos fluyeron y la decisión de los gobernantes fue crucial para canalizarlos hacia el gasto social.
Los principales programas consisten en transferencias económicas directas: becas educativas en todos los niveles, bonos de desempleo, vales de despensa, para adquisición de enseres domésticos o medicamentos, financiamiento base para el autoempleo o proyectos productivos, apoyos para mujeres y niños, becas para discapacitados y pensiones para personas de edad avanzada.
Hay variaciones muy relevantes por país, pero en general estas son las políticas instrumentadas por los distintos gobiernos y, como veremos a continuación, con resultados igualmente diferenciados. Los principales programas de transferencias económicas en los países estudiados en esta obra son:
País | Nombre | Año de inicio | Nombre | Periodo de vigencia |
Argentina | 1. Asignación Universal por | 2009 | Familias por la | 2005- |
Hijo para Protección social | 2005 | inclusión social | 2010 | |
2. Programa de ciudadanía | Plan de jefas y | 2002- | ||
porteña | jefes de hogar | 2005 | ||
desempleados | ||||
Bolivia | Bono Juancito Pinto | 2006 | ||
Bono Madre Niño-Niña Juana | 2009 | |||
Azurdy |
Brasil | Programa | de erradicación | del | 1996 | Bolsa | 2001- | ||
trabajo infantil | 2003 | Alimentación | 2003 | |||||
Bolsa Familia | 2011 | Bolsa Escuela | 2001- | |||||
Bolsa Verde | 2003 | |||||||
Cartilla | de | 2003- | ||||||
alimentación | 2003 | |||||||
Chile | Chile solidario | 2002 | ||||||
Subsistema | de | seguridades | y | 2012 | ||||
oportunidades (Ingreso Ético | ||||||||
Familiar) | ||||||||
Colombia | Más familias en acción | 2001 | Subsidios | 2005- | ||||
Red unidos | 2007 | condicionados a la | 2012 | |||||
asistencia escolar | ||||||||
Ecuador | Bono de desarrollo humano | 2003 | Bono solidario | 1998- | ||||
Desnutrición cero | 2011 | 2003 | ||||||
México | Prospera | 2014 | Oportunidades | 1997- 2014 | ||||
Perú | Juntos | 2005 | ||||||
Uruguay | Asignaciones familiares- Plan de | 2008 | Plan de | atención | 2005- | |||
Equidad | 2006 | nacional | a la | 2007 | ||||
Tarjeta Uruguay Social | emergencia social | |||||||
Venezuela | Misiones | 2004 | ||||||
Fuente: extracto del cuadro 1 Programas de transferencias condicionadas en América Latina y el Caribe, según país, 1996-20015, Cecchini y Atuesta, 2017: 17-18.
El grado de consolidación de estos programas es diferenciado, puesto que hay países que tienen una regulación mínima sobre los mismos. Es difícil encontrarlos reconocidos como derechos constitucionales, aunque haya un cada vez mayor número de ministerios expresamente encargados de las políticas sociales en general y de las transferencias en particular. Hay programas que son manejados por organismos gubernamentales diversos, incluso en los casos de
presencia de ministerios especializados. Eventualmente esto provoca descoordinación, duplicación de esfuerzos, malgasto de recursos, con una consecuente falta de eficacia para el cumplimiento de los objetivos de los programas. Como señala Székely, en los últimos años hay avances sustanciales en la institucionalización de las políticas de bienestar social pero aún falta mucho por hacer para evitar por lo menos problemas derivados del diseño institucional. Principalmente hay que llamar la atención sobre la fiscalización de los recursos, la evaluación del funcionamiento de los programas y de su impacto real en la condición de vida de la población en el corto, mediano y largo plazos.
En la región, un porcentaje relevante de ellos está en manos de los poderes ejecutivos directamente (el 20% de los vigentes en 2015), o bien de los ministerios encargados del bienestar (un 43% en ese mismo año). En el plano local también existente diversas experiencias que merecen otro espacio para realizar su análisis.
Aunque el porcentaje de programas a cargo directamente del presidente o vicepresidente es reducido, no deja de ser cuestionado por la posibilidad de manipulación de los programas para favorecer la imagen del líder o bien de su partido o coalición gobernante. Esto ha sido muy cuestionado particularmente en los casos de gobiernos con liderazgos personalistas como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador. También esta situación se presta a discrecionalidad en el manejo de los recursos, con variaciones que implican la pérdida de recursos para las personas en estado de marginación y también abren la puerta para actos de corrupción para el enriquecimiento ilícito de los gobernantes o bien para canalizarlos a las campañas electorales. El hecho es que los programas se incrementaron de manera muy clara a partir de 2004 en la región. Es necesario hacer evaluaciones por país.
En el siglo XXI, los primeros en llegar al poder fueron los del Movimiento V República en Venezuela y el PT en Brasil. El líder del primero es mucho más conocido que la organización que le dio sustento a su candidatura. Hugo Chávez era un miembro del ejército que había intentado un golpe de estado en 1992 contra el Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Al salir de un año de prisión, Chávez se abocó a sumar apoyos y militantes a su causa. Ya no solo de las fuerzas armadas sino también y especialmente de fuerzas políticas de izquierda. Gracias a su liderazgo carismático y
un discurso populista donde los principales conceptos eran pueblo, nación, patria, república y revolución, Chávez también rescató el pensamiento de Simón Bolívar y de los pensadores políticos venezolanos (Libro FLACSO). Su formación ideológica castrense se evidenció con sus discursos, particularmente cuando se dirigía a la población venezolana. Cuando lo hacía ante representantes de otras naciones, su identidad ideológica era más bien populista y castrista, puesto que uno de sus principales aliados en el plano internacional fue el gobierno socialista de Cuba.
El presidente supo conjuntar apoyos y actuó rápido para reconstituir al Poder Legislativo y, desde ahí, transformar el orden legal del régimen: disolvió la Asamblea creando una constituyente y una nueva Constitución. El presidente se rodeó de un conjunto de fuerzas de izquierda o de centro, destacando el Movimiento Electoral del Pueblo, la Liga Socialista, el Movimiento por la Democracia Directa y la Unidad Popular Venezolana, entre otros (Ampliar con libro de Aceves). Todos ellos con una presencia hasta entonces limitada entre la sociedad. Al margen quedaron otros partidos u organizaciones más representativas de las izquierdas, aunque varias de ellas se irían integrando con el paso del tiempo.
Chávez destacó principalmente por su discurso anti Estados Unidos y más tarde, en su segundo periodo, por plantear la idea del socialismo del siglo XXI. Después de su reelección en 2006, el presidente encabezó la unificación de la mayoría de fuerzas de izquierda en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Salvo excepciones notables, la gran mayoría de las organizaciones y partidos de izquierda se aglutinaron alrededor de la figura de Chávez. Gracias a ello pudo sumar la mayoría en la Asamblea Legislativa y emprender un proceso de transformación que se pretendía de largo aliento.
El Partido Comunista Venezolano participó en el primer gabinete presidencial, aunque en 2001 salió de la coalición gobernante (Regalado). Sus diferencias respecto de la política social y la centralización de la toma de decisiones sustentaron el rechazo de los comunistas a seguir detrás del presidente. A la larga, el PCV cambiaría su postura para integrarse al PSUV en 2007.
Del otro lado, en el flanco opositor, el divisionismo se mantendría presente, por lo que la dispersión opositora debilitó las expresiones de protesta que se vivieron a lo largo del gobierno de Chávez. Ya con su sucesor, Nicolás Maduro, la oposición puso en práctica otras estrategias que le fueron sumando apoyos, pero insuficientes para derrotar al PSUV en elecciones presidenciales ni
la mayoría en el congreso.
El discurso populista fue muy atractivo para los venezolanos, ávidos de encontrar la ruta para un crecimiento favorable a la sociedad y no a favor de unos cuantos. En efecto el presidente tuvo a su favor el bono petrolero (además del bono democrático, puesto que había llegado al poder mediante el sufragio popular y también había logrado la reelección en las urnas). Luego de gobiernos que además de neoliberales fueron ineficaces en la administración pública, la sociedad reclamaba (o por lo menos esperaba) un cambio.
El discurso "pobrista" caló hondo entre los marginados y entre los pobres. Pronto los políticos respondieron en efecto a sus demandas. Chávez no se distinguía demasiado de otros populistas que habían gobernado en América Latina, pero su cercanía con Cuba y con el comandante Castro fue tan estrecha que pronto se declararía simpatizante y practicante del socialismo. Algunos analistas plantearon que el socialismo fue "tropicalizado" por Chávez, puesto que introdujo conceptos, temas o banderas de ideólogos sociales venezolanos. El proyecto así llamado Socialismo del siglo XXI tenía su sustento en las instituciones de la democracia liberal, pero las rebasaba por la izquierda. Por ejemplo, en el caso de los poderes, además de los tres ya conocidos, Chávez constitucionalizó dos más: el Poder Electoral y el Poder Comunal.
El primero intentó dar mayor autonomía al órgano encargado no sólo de las elecciones sino de los distintos mecanismos de democracia participativa existentes. Gracias a ello también se pudo establecer el voto electrónico, facilitando la participación, el escrutinio y la calificación de los comicios. No obstante, la oposición dudaría siempre de la imparcialidad del Poder Electoral.
El Poder Popular constituyó la otra novedad en la reconfiguración legal. Lo que parecía una ocurrencia más propia del excesivo discurso populista de Chávez en realidad era una propuesta de un nuevo orden legal. De igual manera, implicaba la promoción de la participación directa del pueblo en la cosa pública. La base de este poder, de acuerdo con los preceptos establecidos en la Constitución, eran los consejos populares barriales por colonia o por pueblo. Estos consejos eran nuevos órganos paralelos a los ayuntamientos y a diversas formas de organización local. Sus funciones principales fueron proponer soluciones a problemas de los habitantes. Y luego, conforme avanzó la política social, también intervinieron en la distribución de por lo menos una parte del presupuesto destinado a los municipios. Esto y el que el monto de los recursos fuese determinado por el Poder Ejecutivo y no por el ministerio correspondiente al
ramo dio pie a un alud de críticas respecto del afán centralizador de Chávez y el fomento de culto a su personalidad, en detrimento del poder de los órganos de gobierno locales (Cameron, 2015). Asimismo, debe considerarse la carga presupuestal que implicaba el conjunto de políticas. Problema por todos conocido, en Venezuela las acciones populistas implicaban correr riesgos severos de déficit fiscal y financiero en general. La dependencia de la economía de la producción del petróleo fue evidente (Mateo y Sánchez (2015:55). Al parecer, el gobierno no veía como problema este fenómeno y no lo fue mientras hubo bonanza económica. Pero la economía venezolana sucumbió a la crisis petrolera internacional, lesionando la situación de vida de los venezolanos y de pasada la de los aliados extranjeros del gobierno de Venezuela.
El socialismo del siglo XXI fue una propuesta de programa alternativo para muchos países, especialmente aquellos con los que había entablado buenas relaciones comerciales o diplomáticas. Para diversos críticos, la propuesta era excéntrica, carente de asideros ideológicos y más bien basada en las ideas del líder populista Chávez. Lo cierto es que el programa se distinguía de las identidades ideológicas de la época. En Europa, la socialdemocracia y sus diversas expresiones ya habían dado de sí, sin mostrar la potencia suficiente para destronar a los gobiernos de derecha, a los creyentes en el liberalismo. Los disidentes de los partidos tradicionales habían sido más exitosos en otras naciones (como en Asia o Europa del Este). Y fuerzas neofascistas estaban ampliando su presencia de manera sorprendente en Europa y Estados Unidos.
Las corrientes de izquierda perdieron la brújula desde 1989 y prácticamente abandonaron sus antiguos referentes ideológicos. La gran mayoría de las izquierdas se lanzaron a la conquista del poder mediante elecciones. Después de participar varios años sin conseguir triunfos de importancia, las izquierdas electorales cedieron protagonismo a las corrientes altermundistas (anti globalización y anti Estados Unidos) que se expresaron en diversas naciones del mundo. Luego, los escalonados triunfos de las izquierdas electorales les dieron mayor prestigio, sin que se convirtieran en hegemónicas en el flanco ideológico internacional, pero contando con una oportunidad de oro para demostrar su pertinencia.
El socialismo chavista era más que un pensamiento del líder, sin ser una bien construida identidad ideológica. No había gran desarrollo de las ideas, pero era claro que la influencia más grande provenía del socialismo cubano. Los programas sociales del gobierno chavista exponen
esta ideología socialista, y sobre todo se revela en la concepción del Poder Popular. La idea del socialismo del nuevo siglo abarcaba todos los asuntos a desarrollar desde el gobierno, como una meta de largo plazo que su máximo líder debía encabezar permanentemente. Esta ambiciosa perspectiva no estuvo presente en otros gobernantes latinoamericanos, que solamente se preocuparon de resolver los problemas en lo inmediato.
El proyecto fue afectado por la muerte de Hugo Chávez en 2013, por un cáncer que comenzó a tratarse en 2011. El presidente aprovechó la oportunidad de deslizar en medios la versión conspirativa de que las enfermedades cancerosas padecidas por el entonces presidente de Paraguay, Fernando Lugo, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, la candidata a la presidencia de Brasil, Dilma Roussef y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, podrían haberse derivado de una estrategia de ataques biológicos selectivos de parte del gobierno de Estados Unidos para deshacerse de los líderes más críticos del imperialismo, sin guerras, sin intervenciones militares y sin asesinatos públicos.
Este tipo de declaraciones contribuyeron a la descalificación del líder, a ser lanzado al cajón de los populismos comunes y corrientes en América Latina. Los críticos no repararon en el programa alternativo trazado desde el poder, por un partido gobernante que controlaba la mayoría de los espacios institucionales e informales de poder en Venezuela. El sucesor de Chávez no tuvo el mismo liderazgo carismático, por lo que su fuerza menguó considerablemente. Nicolás Maduro ganó las nuevas elecciones en 2013 apenas por medio punto porcentual a Henrique Capriles, quien desde antes ya era uno de los principales líderes de la oposición.
A Maduro le tocó enfrentar la resistencia de sus adversarios y, lo más importante, la reducción de los precios del petróleo en el plano internacional. En el primer plano, optó por gobernar como si la oposición no existiera, y en el plano económico no pudo contener una crisis que tenía raíces de muchos años atrás, cuando ninguno de los gobernantes venezolanos tomó las decisiones pertinentes para evitar la petrolización de la economía. La recesión económica llevó a revertir no pocas de las políticas sociales, con una fuerte afectación a la condición de vida de la mayoría de la población.
Maduro cargó consigo el peso de su antecesor, sin llegar a colocarse con un liderazgo similar. Su lenguaje coloquial, su constante exposición mediática, su discurso antiimperialista, su interacción con sus seguidores en las calles no lo hizo más cercano a toda la sociedad, pues
carecía del carisma de Chávez. Esto debilitó su autoridad y también el respaldo social a su gestión y a sus prioridades.
El gobierno de Maduro tomó decisiones de gobierno discrecionales y de manera vertical. La Asamblea Nacional lo habilitó para tomarlas, cancelando cualquier negociación con la oposición y debilitando el papel que el poder legislativo en el funcionamiento del régimen político. Las libertades políticas se redujeron al máximo, estimulando el conflicto social que escaló hasta los enfrentamientos violentos de entre 2016 y 2017, cuando más de 100 personas fallecieron por actos represivos del gobierno o por enfrentamientos entre chavistas y opositores. El discurso populista se generalizó entre sectores importantes de la población, quienes fueron empujados por sus gobernantes a defender a la supuesta “revolución bolivariana” incluso a costa de su propia vida.
En las bases de datos de la CEPAL no se cuenta con un perfil nacional de Venezuela. Sin embargo, hay varios datos que se tienen a la mano para hacer una caracterización de esta nación. Respecto del PIB, vale señalar que en el decenio 2000-2010 el promedio fue de 1.5, para colocarse muy por debajo en 2014 con un alarmante -5.1%. Los datos revelan un crecimiento en 2012 de 4.2, pero luego una caída en 2013, cuando fue de cero.
El gasto público social siguió una tendencia hacia arriba desde 1995-1996, cuando representó el 45.1%. Después se dieron ascensos paulatinos durante casi diez años. Hubo una ligera reducción en 2005-2006, para después incrementarse de manera más notoria, particularmente entre 2007-2008 y 2009-2010, pues se incrementó casi 9 puntos porcentuales. Y en 2011-2012 llegó a 70.8%. Sin embargo, en el bienio siguiente se reveló la crisis con una reducción de casi 12 puntos porcentuales (58.9%, una cifra menor a la del promedio ponderado de América Latina y el Caribe, que fue de 66.4%, aunque superior al promedio simple, que se ubicó en 50.7%).
Visto en dólares per cápita, el gasto social venía de decrementos entre 1991 y 1996 y en el bienio 2003-2004. En los años más recientes se percibió un incremento pronunciado hasta detenerse en el 2012.
Salvo en 1995-1996, en el resto de los años los promedios de gasto educativo en Venezuela son superiores a los de la región. Destacan sobre todo los de 6.7% logrados entre 2005 y 2008, montos que apenas fueron rebasados por dos o tres países más.
La salud no ha sido tema prioritario, por lo que los recursos canalizados hacia el sector son menores a los promedios de la región. Salvo excepciones, los porcentajes durante el periodo 1991-2014 han ido de 2 a 4 por ciento, sin cambios espectaculares positivos o negativos.
En materia de gasto destinado a seguridad social y asistencia social, como proporción del PIB, los gobiernos de Venezuela pre Chávez destinaron poco capital. Ya con Chávez, la tendencia fue en ascenso, con un ligero retroceso entre 2008 y 2009, pero con una recuperación posteriormente, hasta llegar a su nivel más elevado en 2011-2012, cuando se ubicó en 8.9%. Solamente en este año superó el promedio latinoamericano de 8.7%, y eso tan sólo por dos décimas.
En cuanto a la inversión en vivienda y otros rubros, los gobiernos venezolanos superaron siempre los promedios regionales, especialmente desde 1997 en adelante. Sus niveles más altos se lograron en las administraciones chavistas, en particular en el bienio 2005-2005, cuando llegó a 3.4%, casi tres veces más que el promedio regional y después de Costa Rica y Cuba. Al bienio siguiente desplazó a Cuba del segundo lugar con 2.9% (lejos de Costa Rica, con 13.6% pero destinando más del doble del promedio de América Latina y el Caribe).
Las consecuencias de este gasto social fueron positivas excepto en los años más recientes. La tasa de pobreza en 2002 era de 48.6%, cifra que se redujo 20 puntos en 2010, para luego aumentar y colocarse en 32.1% en 2013 (un año antes había sido de 25.4%); respecto de la tasa de indigencia, en 2002 fue de 22.2%, reduciéndose a la mitad en 2010 y bajando ligeramente para 2013, cuando llegó a 9.8% (un año atrás se había colocado en 7.1%). La lectura de Mateo y Sánchez es la siguiente:
“Se aprecia que el cataclismo político de 2001-2003 supone el mayor retroceso en relación a la reducción de la pobreza, siendo incluso superior a la crisis que se inicia en 2007. Por tanto, la caída de los niveles de pobreza y pobreza extrema se llevan a cabo en el primer bienio y, sobre todo, durante la expansión de 2003-2007, mientras que la recesión posterior origina un estancamiento en el avance de la lucha contra la pobreza” (Mateo y Sánchez, 2015: 63).
Los datos de Venezuela fueron positivos hasta la crisis de los precios del petróleo. Después, si bien hay retrocesos, no alcanzan a revertir los cambios a favor de la mejora de la condición de vida de los venezolanos. Sin embargo, hay problemas persistentes a diferencia de lo ocurrido en otros países. Casi un tercio de la población vive en la pobreza y casi el 10 % en la
indigencia. Más preocupantes son las cifras respecto la desigualdad social: considerando la tasa de variación anual del coeficiente de Gini para el periodo 2010-2014, Venezuela se colocó en último lugar de 17 países, con un porcentaje de incremento de alrededor del uno por ciento (seguido después por Costa Rica y Paraguay que también incrementaron sus cifras).
Poco después de que el chavismo arribara al poder, en el país vecino de Brasil, en su tercera campaña electoral, Lula Da Silva conquistaba la presidencia. El PT había acumulado fuerzas, cargos, escaños y votos desde su fundación en 1980, consiguiendo una sólida victoria frente al entonces partido gobernante, el Partido Social Demócrata Brasileño.
El PT surgió del llamado “nuevo sindicalismo”, que se distanció de las viejas corporaciones subordinadas al gobierno o maniatadas por las clases patronales. Con una ideología originalmente socialista, el PT no había encontrado dificultades para ganar espacios de poder locales y desde 1980 se integró al congreso brasileño. En las ciudades había despuntado principalmente por el impulso de las consultas de presupuesto participativo y se había ganado el reconocimiento social por gestiones que, en efecto, respondieron mejor a las necesidades de la gente. Se llegó a hablar de un “estilo petista de gobernar” (Carrión, 2015). La vitalidad del sindicalismo fue funcional para la movilización electoral y para la conquista de triunfos. Si en sus primeras apariciones electorales la moderación petista casi no se notaba, fue evidente ya durante su tercera campaña presidencial.
Los guiños de Lula al sector privado y hacia las instituciones financieras internacionales fructificaron al ganar no solo la presidencia sino la mayoría de escaños. Una mayoría que no le permitía el control total del Congreso pero que no impidió el desarrollo de su gobierno. Debido a las características tradicionales del régimen político brasileño, de cualquier forma, el nuevo presidente confeccionó alianzas parlamentarias con partidos de diverso signo ideológico. Lo mismo pasó con la integración de su gabinete. Además de llevar como vicepresidente a un empresario, Lula cedió los ministerios encargados de las finanzas a personalidades bien vistas en el ámbito financiero, nacional e internacional.
Paralelamente a la suma de apoyos de diversos sectores sociales que habían desconfiado del líder sindical en sus dos incursiones previas a la escena electoral, las críticas de algunas
corrientes de izquierda no se hicieron esperar. Un tema por demás polémico fue el de la reforma al sistema de pensiones que el gobierno impulsó desde el comienzo. Esto de hecho provocó diferencias entre las mismas corrientes del PT, ostensibles en el debate legislativo por la reforma con el voto en contra de legisladores petistas más radicales (quienes fueron expulsados del partido) (Medialdea y Santana, 2015: 89).
Ya dese su primer gobierno fue claro que Lula y el PT seguirían una línea moderada. Como recuerda Oliver: “Lula no avanzó hacia un programa socialista como el que el PT se había propuesto en su fundación. En una entrevista de 2010, casi al final de su periodo de gobierno el presidente Lula dijo que hubiera sido un error y una locura haber mantenido ese programa socialista” (Oliver, 2012: 57). Desde el principio Lula mostró preferencia por políticas sociales amplias, pero no dejó pendientes los intereses de la iniciativa privada. Entre sus acciones también hubo apoyos significativos para estimular a los inversionistas nacionales y extranjeros. Después de todo, la política económica surtió efectos positivos. El retraimiento de la economía estadounidense después de los actos terroristas en su contra el 11 de septiembre de 2001, facilitó la expansión del mercado brasileño, que abrió sus puertas a países tan poderosos como China, Japón o Rusia. De igual manera, las empresas industriales locales se vieron en mejores condiciones para emprender la ruta hacia un futuro promisorio. Tan bien le fue a Brasil que desde el 2002 su economía fue calificada como una de las economías emergentes más poderosas, junto con Rusia, India, China y más adelante Sudáfrica. Desde 2007 estos países formalizarían un conjunto de acuerdos comerciales para pasar a conocerse como BRICS.
El continuo crecimiento permitió la disponibilidad de amplios recursos para políticas sociales con enfoque universal. Algunas de ellas, es preciso señalarlo, habían sido ideadas por el gobierno anterior encabezado por Fernando Henrique Cardoso, del PSDB. Así como hubo políticas que se replicaron para salvaguardar el mercado y las finanzas públicas, así también hubo acciones sociales que el gobierno petista repitió. Y pronto fue evidente la orientación universalista de las políticas petistas. Su impacto en la condición de vida de millones de brasileños fue palpable (aunque no permanente, como veremos más adelante).
El gasto social y el discurso del presidente fueron congruentes, definiendo una clara línea estratégica en pro de la igualdad. Sin embargo, sus aliados de dentro y fuera del país causaban inquietud entre muchos observadores. Localmente fuerzas favorables al petismo se distanciaron
de él contrariados por su moderación en la política interior y en la política exterior. Aunque, a la distancia, muchos intelectuales elogiaron el ascenso de una izquierda a la que calificaron como moderna, moderada y beneficiosa para la estabilidad política.
Lo cierto es que las políticas macroeconómicas se mantuvieron tal cual durante el periodo petista; las reglas del capitalismo fueron aceptadas sin cortapisas. Tan es así que, en pleno auge económico, el gobierno de Lula hizo tratos con el FMI para convertirse en país acreedor, aportando 10 mil millones de dólares en el año 2004, apenas el segundo de la gestión del líder petista. Esto contribuyó a colocar a Brasil como un destacado protagonista en la política internacional, adoptando un liderazgo que difícilmente otro gobernante latinoamericano le disputaría.
En el plano local, el PT quedó a deber una reforma agraria para la distribución de tierras entre muchos demandantes y necesitados, entre los que se hallaba el Movimiento de los Sin Tierra. También el gobierno falló en la formulación de una reforma laboral para la recuperación de los derechos de los trabajadores perdidos durante la gestión neoliberal del PSDB. Dicha reforma habría ido dirigida a una base fundamental de petismo, por lo que la relación con el sindicalismo en general fue complicada todo el periodo de gobierno.
Los saldos positivos en materia económica no fueron distribuidos entre toda la sociedad brasileña. Las grandes ciudades revelaron la persistencia de la desigualdad. El empleo informal y la marginalidad fueron dos fenómenos que evidenciaron a los olvidados de las políticas sociales del petismo, principalmente cuando la crisis internacional comenzó a causar los mayores estragos. Medialdea y Santana llaman la atención sobre las ganancias obtenidas por el sector financiero y también respecto del nivel del poder adquisitivo de los trabajadores. Sobre esto, indican:
“La conjunción de los dos procesos analizados –crecimiento espectacular de los beneficios que obtienen ciertas fracciones capitalistas y estancamiento de la capacidad adquisitiva media de los trabajadores- redunda en el ahondamiento de las diferencias de clase en el país. Este proceso de recomposición social, o de avance relativo del capital frente al trabajo, se observa nítidamente si atendemos a la evolución de la participación de la masa salarial sobre el PIB” (Medialdea y Santana: 2015: 101).
A los problemas de la economía se sumaron los conflictos políticos y sociales. La movilización contra la organización de competencias deportivas mundiales exacerbó los ánimos y despertó a muchos ciudadanos, que salieron a protestar en contra de la preferencia del gobierno por atraer reflectores internacionales, fomentar el turismo y quedar bien con los millones de fanáticos de fútbol y del deporte en general. Todo ello en lugar de atender a la población urbana con servicios óptimos, transporte eficaz y barato y vivienda digna. La marginalidad en las grandes zonas urbanas brasileñas no pudo ser encubierta ni con discursos ni con las consultas de presupuesto participativo, llevados a cabo desde los 90. Las manifestaciones primero en contra del aumento de transporte en las ciudades y luego por los onerosos gastos para organizar justas deportivas mundiales revelaron además la capacidad de movilización de grupos no corporativos o afiliados a organizaciones afines al petismo. Las movilizaciones también fueron alimentadas por el escepticismo de una parte de los brasileños hacia sus gobernantes, que comenzaron a “mostrar el cobre” por prácticas de corrupción en las más altas oficinas públicas.
La gestión petista nacional fue diferente a la de sus gobiernos locales, especialmente en cuanto al impulso de la participación popular. Extrañamente, no hubo profundización de la democracia en ese sentido. De esta forma, hubo un impacto mínimo en la revitalización de la sociedad civil. Muchas organizaciones simplemente fueron testigos mudos o convidados de piedra en la formulación e instrumentación de políticas.
Entre las debilidades del petismo en el poder se pueden citar la falta de integración de un número mayor de militantes a la organización, la desatención a la formación de cuadros y principalmente la débil socialización de valores de izquierda entre la ciudadanía (Regalado, 2010). De ahí en parte la debilidad petista en las urnas. Mucho apoyo al líder y poco al partido.
Pese a todo, Lula pudo reelegirse y así gobernar 8 años continuos. El PT volvió a ganar la presidencia con Dilma Rousseff; una antigua militante de izquierda, guerrillera, presa política durante la dictadura y encargada del ministerio de Educación en el segundo cuatrienio de Da Silva.
Es claro que cualquier cuadro petista habría salido mal librado de una comparación con su máximo líder carismático (lo mismo pasó en Venezuela con Maduro después de Chávez). Rousseff era un cuadro experimentado y eficaz. Su lealtad hacia el poderoso presidente era
indudable. Además, su género le dio un plus a su candidatura, desde el punto de vista de los militantes del partido. La influencia del presidente en la designación fue evidente porque la postulación no recayó en un profesional del partido ni en un secretario más poderoso y más conocido entre los brasileños. Dilma garantizaba lealtad y también la perdurabilidad del liderazgo del expresidente, quien se mantuvo activo en el sistema político y en el gobierno mismo, en las negociaciones en el Congreso y con otros actores sociales y políticos de la sociedad. Si se daba la oportunidad, Lula se aparecía para dirimir algún conflicto o bien para emitir la última palabra en un conflicto aparentemente irresoluble. Al final no resolvió la ecuación opositora que le costaría la presidencia al PT.
Ya en el poder, la condición de género de Dilma hasta cierto punto fue un obstáculo para que conformara su autoridad y una institución presidencial sólida. La primera mujer presidente de Brasil cargó sobre sus espaldas la sombra del último caudillo brasileño. Su personalidad era más bien sobria, seria, serena, poco acostumbrada a los reflectores o a emitir discursos estridentes. Su carácter reservado, al parecer, le impidió relacionarse armónicamente con políticos de otros partidos y con representantes de la sociedad civil.
Por si fuera poco, a Dilma le correspondió atender las consecuencias de la crisis internacional y las manifestaciones opositoras más nutridas y extensas (Guerra, 2015: 15). La respuesta a las protestas sociales contra el incremento del transporte (el conocido como Movimento Passe Livre) y por la organización de la Copa Confederaciones (2013) y el Mundial de futbol en 2014 fue una muestra de responsabilidad política hacia la sociedad. Sin embargo, para otros fue la primera demostración pública de la debilidad de la presidenta.
Su destitución no tardó en llegar cuando comenzaron las fricciones con su principal aliado en la coalición gobernante, el PMDB. De hecho, esta fuerza política fue el artífice principal del impeachment que, con todo y el apoyo de su antecesor, no se pudo evitar.
El renacimiento de Lula y al mismo tiempo los intentos de sus adversarios por tratar de “jubilarlo” de la política para evitar una nueva candidatura presidencial exhibe la fuerza del liderazgo del viejo líder petista. Desafortunadamente también muestra la incapacidad del partido para formar nuevos cuadros, que recuperando la herencia del afamado presidente sean la cara nueva del PT. A ello se tendría forzosamente que agregar la confección de un programa alternativo comprometido no ya únicamente con la mejora de las condiciones de vida de los
individuos, sino con un cambio que trascienda al liderazgo de Lula o a la hegemonía del PT. Brasil tenía en 2017 una población de 211 millones 175 mil habitantes. Para el periodo
2015-2020 la tasa de natalidad era de 13.9%, mientras que la de mortalidad era de 6.2%. La esperanza de vida era de 76 años.
El PIB se redujo en los primeros años del siglo XXI, hasta llegar a ser deficitario en 2014 puesto que se colocó en -0.8 (superior incluso al promedio de AL, que fue de -0.2), cuando en la primera década se colocó en 2.4.
El gasto público social de Brasil aumentó considerablemente a partir de 2003, aunque en efecto ya venía de una tendencia ascendente desde 1999-2000. Durante todos los años de gobiernos del PT los porcentajes fueron superiores a 70% del PIB, una proporción que no llegó a superar ninguno de los otros gobiernos latinoamericanos. Si se considera el gasto per cápita en dólares, las cifras son de las más altas del sur del continente y siempre crecientes: en 1991-1992, el monto era de mil 308 dólares; en 2013-2014, fue de más del doble (tres mil 141 dólares).
El gasto social en educación es prominente, sin alcanzar los porcentajes de otros países, pero superior al promedio latinoamericano, colocándose desde 2007 por encima del cinco por ciento. El gasto en salud también ha merecido la atención de los gobiernos brasileños, aunque menos que la educación. Siempre por encima de los promedios latinoamericanos, el gasto en salud pasó de un 3% en 1991 a 5.2% en 2014.
En cuanto a gasto en seguridad social y asistencia social, como proporción del PIB, los recursos canalizados han sido importantes de manera permanente. Desde los años noventa los porcentajes fueron altos, por encima del 10% entre 1993 y 1996; por arriba del 11% entre 1999 y 2004; ya en la gestión de Lula Da Silva, superando los 12, y con Dilma Rousseff llegando casi al 14% (entre 2013 y 2014).
Brasil ha distribuido porcentajes moderados de su gasto en vivienda y otros rubros, siguiendo la misma tendencia que los promedios latinoamericanos. En este tema, los gobiernos petistas no marcaron ninguna diferencia con sus vecinos de la región.
En resumen, los gobiernos brasileños han tenido un interés común por mejorar las condiciones de vida de la población desde los años noventa. Hay un acento notable bajo las administraciones del PT, cuando sus cifras se colocaron en primer lugar de América Latina y el Caribe. Si bien se presta mucha atención a las políticas se seguridad y asistencia social, los demás
rubros de política social también reciben una atención sobresaliente.
En 2015, la matrícula en educación primaria era de 92.7%, y la de secundaria de 81.3%. La primera cifra revela una situación problemática para la nación brasileña, tomando en cuenta que casi todos los países tienen una cobertura completa en el nivel primaria. El gasto público en educación como porcentaje del PIB en 2013 fue de 6%, mientras que en salud llegó a 8.3%; el gasto público social fue de 25.6%, La proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria era de 5%.
En 2015 la tasa de desempleo fue de 9.3%, con una informalidad que ascendía a 37.9%. Esto se nota también en el hecho de que solamente el 12.3% de la población ocupada se ubicaba en el sector manufacturero.
La tasa de pobreza en 2001 era de 37.5%, cifra que para 2009 se ubicó en casi 25 %, en 2013 en 18% y finalmente en 2014 se ubicó en 16.5%; por otro lado, la indigencia en 2001 afectaba a 13.2%, cifra que quedaría en 4.6% en 2014.
El coeficiente de Gini fue de 0.55 ubicándose en el lugar número 10 de 17 países en el periodo 2010-2014. La variación anual de la brecha de la pobreza entre 2010 y 2014 fue de -9.7, una cifra por debajo de los países más exitosos en esta dimensión, que fueron Uruguay, Perú y Chile.
Estos números son menores a los de otros países, y siguieron una tendencia a la baja desde 2003. Respecto de la pobreza, si bien entre 1993 y 1996 hubo una mengua, después repuntó hasta colocarse en su nivel más alto en el año 2003 con poco más de 35%, para luego descender claramente hasta 16.5% en 2014. La tasa de indigencia siguió una tendencia similar, aunque no tan pronunciada; de cualquier manera, es claro que desde 2003 las cifras disminuyeron. En Brasil el incremento de los ingresos de las personas ocupadas fue lo motivó dicho impulso a la baja. Sin embargo, el desempleo es un problema persistente, y el empleo informal lo es mucho más. Esto puede provocar problemas mayores si no se establecen estrategias adecuadas para la conformación de un mercado de trabajo estable y una consecuente mejora de los ingresos de los trabajadores brasileños.
Hay varias razones de los retrocesos electorales y de las fuerzas progresistas o de izquierda en
Chile, Brasil y Argentina. En el primer país, la CD perdió en 2010 la posibilidad de un quinto mandato, producto más del desgaste de la alianza que de una nueva fuerza opositora o un descrédito frente a la población. En Argentina, el kirchnerismo perdió las elecciones presidenciales en 2015 con el tajante rechazo de muchos sectores sociales lesionados en su economía y disgustados por las constantes denuncias de corrupción y de prácticas poco democráticas de Cristina Fernández y sus seguidores. En Brasil, el PT perdió la presidencia por el impeachment contra Dilma Rousseff en 2016, después de haberla ganado en una cerrada votación dos años atrás y con un cúmulo de acusaciones y propiamente de sanciones en contra de prácticas irregulares de funcionarios públicos en la gestión de Dilma y de Lula.
Las demás fuerzas en el gobierno se mantienen al frente, siendo severamente cuestionadas dentro y fuera de sus respectivos países. Desde el exterior, las relaciones entre EU y Venezuela habían sido las más tirantes por la estrategia seguida por Chávez. Cuba y el presidente Barak Obama restañaron muchas heridas abiertas a lo largo de varias décadas, lo que dio lugar a la mejora de las relaciones diplomáticas y de carácter económico. Pero el panorama cambió no sólo para la isla socialista sino para toda América Latina y el Caribe con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU. Su perfil ultraconservador se ha concretado en lanzar discursos y acciones en contra de los migrantes y de cualquier inversionista extranjero, público o privado, que “amenace” a la economía y al empresariado estadounidense. Para Trump la región es irrelevante, a tal grado de que ha impulsado el fin del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá.
Para algunos miembros de las izquierdas sobrevivientes a los gobiernos progresistas o a sus derrotas, las izquierdas se toparon con el hecho de tomar el gobierno, pero no el poder. Como consecuencia, su papel como gobierno se vio mermado por factores fuera de control, como las relaciones comerciales con el exterior, el manejo de la deuda externa, el poderío de las grandes potencias mundiales, el peso de las transnacionales y la acción misma de los gobiernos de otros países de la región. En el plano local, los gobernantes de izquierda ocuparon el gobierno construyendo alianzas con otras fuerzas políticas y actores sociales y económicos que no necesariamente coincidían con un credo ideológico comprometido con los trabajadores. Asimismo, el pluralismo en los actores políticos prodemocráticos y en los mismos movimientos sociales impedía que de la noche a la mañana la autoridad del gobierno se impusiera sin mayor discusión o negociación.
El cambio de modelo económico no fue una apuesta de los gobernantes. Su llegada al gobierno se dio cuando hubo compromiso público con las reglas del libre mercado neoliberal. Y ya instalados en sus oficinas, tuvieron siempre al lado las presiones del exterior y de la iniciativa privada local.
Pese a todo, fueron capaces de instrumentar políticas sociales diferentes a las de los gobiernos conservadores o neoliberales. Un conjunto de políticas para el bienestar social pero no para la erradicación de la pobreza y de sus causas. Tampoco se planteó seriamente el fin de la desigualdad social, pues el realismo político se impuso a la preocupación por los intereses de la mayoría de la sociedad.
La falta de un proyecto integral de transformación social fue característica común de estos gobiernos. Tal vez las alianzas disímbolas, la preocupación por el visto bueno de Estados Unidos o de otras naciones involucradas con el desarrollo nacional, o bien el contexto local en particular, impidieron de una forma u otra la difusión de un programa de este tipo. Los partidos o grupos políticos en competencia, por lo demás, habían caído en la lógica de la competencia electoral desde tiempo atrás, por lo que desdeñaban el debate ideológico interno, la capacitación de cuadros y una militancia sólida y comprometida. Lo que requerían y tuvieron a la mano fue el voto de la mayoría de los ciudadanos. De modo tal que no era necesario un gran plan sino buenos discursos, cargados de promesas lo bastante amplias y atractivas para el votante medio.
Ya conquistado el poder, la burocratización absorbió a los cuadros más avezados, comprimiéndolos en sus posibilidades de desenvolvimiento. Y hay que destacarlo, también colocándolos en una posición económica cómoda, superior a la de cuando estaban en la oposición y con posibilidades abiertas de desarrollo personal y no necesariamente de partido o en beneficio de las bases.
En vez de estrechar sus lazos con la sociedad, los nuevos gobernantes tal vez confiaron demasiado en la democracia y, como muchos imaginamos, pensaron que simplemente su buen funcionamiento resolvería diferentes problemas no sólo de convivencia social sino de bienestar en general. Lo que ocurrió fue que los gobernantes asimilaron el proceder de una élite y lo adoptaron como propio. Ocasionalmente con un discurso sensible a las demandas sociales, incluso populista, pero al final poco congruente a la hora de tomar decisiones contundentes y de largo plazo.
Los gobernantes fallaron en prevenirse y prevenir a la sociedad de las recurrentes crisis propias del capitalismo. Desde 2008 la economía mundial y, por lo tanto, las economías latinoamericanas entraron en una espiral de declive que no parece tener fin en nuestros días. Esto afectó a todos por igual, tanto a las izquierdas como a las derechas. Los gobiernos progresistas fueron tan mal vistos como los de derechas por su incapacidad para enfrentar los problemas económicos internacionales y nacionales. De ese modo, su caída no solo se remite únicamente a factores relacionados con el divisionismo en la coalición gobernante (como en Argentina o Brasil), a una oposición creciente y perseverante (como en Nicaragua) o a un contrincante de cuidado por méritos propios (como en Perú); mucho menos se debe a un presidente débil después de uno sumamente fuerte (como en Brasil).
Las derrotas electorales fueron la forma en que los ciudadanos le cobraron la cuenta a los gobiernos que no cumplieron sus promesas, que no profundizaron la democracia ni llevaron a cabo un verdadero programa alternativo. Por lo menos no los convencieron de que esa había sido su intención, lo que sí ocurrió en los casos donde las fuerzas progresistas lograron la reelección de sus presidentes (como en Uruguay, Nicaragua, Ecuador y Bolivia). Por más que haya señalamientos y hechos palpables del intervencionismo estadounidense o bien de conjuras opositoras, lo cierto es que el voto mayoritario de representantes de la sociedad (en Brasil) o de los ciudadanos (en Argentina) no les fue favorable, con la consecuente salida de las oficinas gubernamentales de los representantes de las fuerzas progresistas.
El PT no fue un partido socialista en sentido estricto. Aunque al principio manejaba un discurso en esa línea, su moderación le ganó el apoyo de un mayor número de electores. Por su puesto, el liderazgo carismático de Lula quizás sumó más votos que el partido mismo, lo que se fue acentuado en el desarrollo de su gestión. Pero Lula llegó a la presidencia con base en una alianza electoral relativamente disímbola. A pesar del reconocimiento hacia el presidente y de las reiteradas victorias electorales, el petismo no pudo construir una hegemonía que le diera la mayoría en el congreso ni todos los espacios de poder en el ámbito local. La sobrevivencia de los partidos tradicionales y la extrema fragmentación del sistema de partidos podrían explicar esta situación. Pero también hay que tener en cuenta la falta de interés del petismo por insertarse de manera más pronunciada en el sistema político. Probablemente con base en una perspectiva pluralista del ejercicio del poder, pero sin un proyecto de cambio social ni de largo aliento. De
esa manera pudo tejer alianzas con partidos y actores políticos cuyos principios no eran necesariamente congruentes con una identidad de izquierda, lo cual desprestigió a su máximo líder y sentó las bases para la ruptura definitiva en 2015.
En Venezuela el peso del liderazgo carismático de Hugo Chávez signó el derrotero de la organización que fundó, la coalición de partidos y organizaciones que lo llevó al poder y finalmente al PSUV. Solo los más doctrinarios no se ajustaron a las directrices del presidente, como ocurrió con el Partido Comunista de Venezuela. Después ya no hubo fisuras en la coalición gobernante. Las diferencias no afloraron ni siquiera en la sucesión presidencial después de la muerte del máximo líder. En este caso es probable que la cohesión del chavismo se basara en la gran resistencia y capacidad de protesta que la oposición comenzó a demostrar. Y que la estancia al frente del gobierno después de más de diez años ayudó a conformar una burocracia fuerte, unida y sin malestares e inconformidades de relevancia.
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