Johan Jahtzir Gordillo García1
1) la tradición clientelista-corporativa de los partidos de izquierda; 2) su concepción limitada del discurso de derechos; 3) la probada ineficacia de los gobiernos provenientes de estos partidos para atender la inseguridad y la procuración de justicia; y 4) la incapacidad de procesar la política contenciosa que reclama agravios contra las acciones de la izquierda partidista.
Palabras clave: movimientos sociales; víctimas; partidos políticos; izquierda partidista; participación política.
Para sostener este argumento es necesario hacer una breve revisión a la cronología de los eventos de protesta con participación de víctimas del crimen y las violencias, mismos que pueden dividirse en dos principales fases de movilización bajo la perspectiva de los ciclos de protesta (Hincapié y López, 2016). Los años de la guerra sucia entre las décadas de 1970 y 1980 representan la primera fase. Durante este periodo, grupos de víctimas y familiares de personas desaparecidas y torturadas por agentes gubernamentales adoptaron el lenguaje de los derechos
humanos y lo correlacionaron con los valores democráticos y las libertades políticas. Decenios después, ya a finales del siglo XX, comenzó la segunda ola de protestas, focalizadas en la capital del país, principalmente por los índices de secuestro, y en la región norte, con el impulso de la crisis de feminicidios en Juárez, Chihuahua.
En cuanto al caso del entonces Distrito Federal, entre 1997 y 2008 se realizaron tres principales marchas masivas por la problemática relacionada con la delincuencia y la inseguridad. La primera se realizó el 29 de noviembre de 1997, por convocatoria de Josefina Ricaño, cuyo hijo fue secuestrado y posteriormente asesinado; en esa ocasión, con un gobierno federal priísta, participó incluso Felipe Calderón Hinojosa en su calidad de presidente del Partido Acción Nacional (PAN), así como otros líderes de la derecha política (Cuenca, 2008).
El segundo evento —con marchas solidarias en varias entidades— tuvo lugar el 27 de junio de 2004 bajo la organización de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD),1 con el objeto de denunciar los crecientes índices de delincuencia en el país y exigir una mejoría en el sistema de justicia. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entonces jefe de Gobierno, desestimó la legitimidad de las demandas y calificó a los participantes de “señoritingos” y “pirrurris de la derecha”2 que buscaban desestabilizar su gestión (Cadena-Roa y López Leyva, 2013), y además opinó que hubo una “manipulación de las derechas, oportunismo del gobierno federal y amarillismo en algunos medios de comunicación” (Durán y Rodríguez, 2004).3 Después, el jefe de Gobierno aseguró que haber hecho esos señalamientos “no significa que yo esté en contra de quienes legítimamente están exigiendo más seguridad en la ciudad y en el país” (Reforma, 2004). Finalmente, la tercera protesta se dio el 30 de agosto de 2008 tras el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí. En este caso, si bien participaron cientos de miles de personas, principalmente de clase media, la organización a cargo una vez más de MUCD se relacionó con la derecha acomodada del país (Ley, 2014: 98-99).
De forma paralela, la creciente violencia en el norte del país propició la formación de colectivos y organizaciones de víctimas en diversas entidades federativas que se vieron obligadas a desarrollar estrategias para visibilizar la crisis que sus comunidades enfrentaban (Hincapié y López, 2016; Olson, Shirk y Wood, 2014; Dudley y Rodríguez, 2014; Villagrán, 2014). A destacar entre estos casos se encuentran las cientos de madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, y que fundaron organizaciones seminales en el trabajo comunitario para otorgar
orientación psicológica y legal a otras familias en la misma situación, así como en las acciones directas no violentas para ejercer presión contra autoridades en la resolución de sus casos (Ley, 2014: 97-98; Villagrán, 2014; Bizberg, 2010).
En el transcurso de los primeros años del sexenio de Felipe Calderón, la frecuencia de eventos de protesta por la inseguridad aumentó de manera sostenida mientras se registraban incrementos en los índices de violencia (Ley, 2014: 102); sin embargo, a pesar de contar con activistas y simpatizantes en diversas entidades, las protestas se mantuvieron en delimitaciones territoriales específicas. Así, hasta 2011, a pesar de las indiscutibles estadísticas sobre la violencia, dicha focalización regional permitió al gobierno de Calderón mantener una abierta indiferencia frente a las víctimas del país y los actores colectivos que reclamaban el fin de su estrategia militar de seguridad. Por ejemplo, el 31 de enero de 2010, 15 jóvenes murieron asesinados por presuntos narcotraficantes mientras estaban en una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar, en Juárez, Chihuahua. Calderón descalificó el hecho y aseguró que se trataba de un problema entre “integrantes de pandillas”; después, tuvo que reconocer que las víctimas eran jóvenes “inocentes, deportistas y estudiosos” (Villalpando, 2010). De igual forma, el secretario de la Defensa Nacional insistía en menospreciar a las víctimas de enfrentamientos armados como simples “daños colaterales” (Ballinas, 2010).
Este ocultamiento oficial del problema tuvo un cambio hacia el final del sexenio, producto de un shock moral (Jasper, 2011). El 28 de marzo de 2011, la policía municipal de Temixco, Morelos, encontró un auto abandonado con los cuerpos de siete personas; entre ellas, Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de 24 años del poeta Javier Sicilia Zardain. A partir de este momento, comenzó la construcción del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, actor colectivo que cuestionó la lógica bélica de la estrategia de seguridad del gobierno federal y que, por primera vez en la historia del país, unificó en el ámbito nacional a diversas organizaciones en torno al tema de las víctimas.
Junto a la promulgación de la Ley General de Víctimas, instrumento concebido como un primer paso en el desarrollo de una estrategia de seguridad humana y ciudadana (Gordillo García, 2015; Vázquez, 2016; Sicilia, 2012b), uno de los principales logros del MPJD fue la visibilización de las víctimas, “algo que ya no tiene vuelta atrás” (Gordillo García, 2015: 133). En mi entendimiento, gracias a esa visibilización producto de la construcción discursiva del
MPJD, entre otros factores, desde octubre de 2014 miles de personas se reúnen en diferentes lugares del mundo para realizar eventos de protesta con motivo de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Es decir, considero que el agravio denunciado en estas últimas movilizaciones no pudo ser deslegitimado por las versiones oficiales gracias a la visibilización de la inocencia y la redignificación de miles de víctimas que logró el MPJD.
De tal forma, aunque son muchos los actores colectivos que han protestado por la violencia e inseguridad en México, las movilizaciones del MPJD y las realizadas por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa destacan de manera especial por sus características en aspectos cuantitativos y temporales. Entiendo la conceptualización de un movimiento social como una serie de acciones colectivas que desafían sostenidamente a quienes se encuentran en el poder en nombre de una población que habita bajo la jurisdicción de esas autoridades, mediante demostraciones públicas de su dignidad, unidad, cantidad y compromiso (Tarrow y Tilly, 2009). En ese sentido, la construcción del movimiento social de las víctimas en México comenzó desde los años 70 del siglo XX, pero adquirió presencia nacional durante 2011.
Esta disrupción fuera del ámbito local significó no sólo un reto para la derecha encabezada por el gobierno federal del PAN, sino para los partidos políticos de izquierda, particularmente para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su posterior escisión, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En las siguientes páginas me enfoco en una narración breve de la construcción del primero movimiento social nacional de víctimas en México y sus interacciones con la izquierda partidista, así como en lo que ha ocurrido con las protestas por los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al final, esbozo analíticamente los cuatro factores explicativos de la ausencia de la izquierda electoral en los movimientos sociales de víctimas.
Las protestas por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y otras seis personas comenzaron organizadas por miembros de la comunidad cultural y artística de Cuernavaca, cercanos a Javier Sicilia. Las exigencias pronto trascendieron la tragedia personal del poeta y las otras familias; en un artículo publicado en su columna del semanario Proceso, Sicilia criticó ampliamente a los criminales y los políticos y solicitó a sus lectores participar en “grandes movilizaciones
ciudadanas” (Sicilia, 2011). A las pocas semanas, el colectivo hizo pública su intención de articular un movimiento social de alcance nacional para buscar la dignificación de las víctimas y hacer ajustes a la estrategia de combate al crimen. Con influencia del zapatismo y del trabajo del obispo Samuel Ruiz, las discusiones derivaron en el nombre de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
El 5 de mayo de 2011 partió una caravana hacia la capital del país. Durante el recorrido se realizó lo que se convertiría en una de las principales acciones del MPJD: víctimas de la violencia con rostro, nombre y apellido compartieron públicamente, muchas por primera vez, sus testimonios; “es tanto el dolor acumulado que cada quien trae sus propias historias de horror”, opinó Sicilia (Urrutia y Morelos, 2011). El domingo 8, según cálculos de las autoridades capitalinas, entre 50 mil y 80 mil marchistas llegaron al Zócalo. Aunque menos numerosas, también hubo protestas en ciudades de 20 entidades y siete países más. En su pronunciamiento, Sicilia denunció la colusión del crimen con todos los partidos políticos, criticó el enfoque bélico con que se enfrentaba el tema de las drogas e hizo un llamado para suscribir un pacto ciudadano en Juárez, Chihuahua.
Pietro Ameglio4 señala que el recorrido tuvo como objeto
Ya no ver el problema como local-regional, y llevar las protestas al centro del país […] porque ahí era donde estaba el centro de la impunidad. Esa gran caravana de cuatro días acabó en una marcha impresionante […] donde empezaron a confluir víctimas de todo el país, que se sintieron identificadas con la causa, que empezaron a hacerse presentes y empoderarse […]. Esa caminata de cuatro días al estilo gandhiano abrió las puertas de la organización hacia todo el país. (Gordillo García, 2015: 25-26)
Con el fin de llegar a la firma del “Pacto Nacional Ciudadano”, el MPJD realizó la “Caravana del consuelo” que partió de Cuernavaca el 4 de junio. El itinerario incluyó escalas en Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nuevo León y Coahuila. En cada una de las visitas, el MPJD organizó eventos de protesta en los que las víctimas fueron protagonistas y denunciaron públicamente sus casos. En Juárez, cientos de personas recibieron al MPJD el 10 de junio.
La firma del pacto provocó rupturas entre el MPJD y las organizaciones que negaban cualquier posibilidad de diálogo con el gobierno. Según explica el poeta, Emilio Álvarez Icaza5 intentó consensuar con los simpatizantes del norte, pero por respuesta obtuvo que para las “agrupaciones duras” el pacto era desconfiable. Sicilia considera que la gestión de Álvarez Icaza en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, junto con sus “duras reconvenciones” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su tendencia a la institucionalidad “lo hacían sospechoso a esas mentalidades para las que la lucha política se reducía al desprecio por cualquier gobierno que no viniera de la izquierda […]. Álvarez Icaza significaba […] la claudicación […], la negociación con el enemigo” (Sicilia, 2016: 279). De igual forma, Sicilia considera que con este rompimiento con un sector de las organizaciones de izquierda el MPJD aclaró que “no nos sometemos a ningún discurso ideológico, menos de la izquierda radical […]. Perdemos fuerza movilizadora, porque en la izquierda radical […] se ofenden, pero lo que me importaba era mantener una coherencia moral, una ética política y no ideológica” (Gordillo García, 2015: 35).
Luego de la caravana al norte del país, el MPJD tuvo el primer diálogo público con Felipe Calderón, donde también se registró un momento que marcó la relación del MPJD, y particularmente de Javier Sicilia, con grupos de izquierda. Al recibir a Calderón, Sicilia se acercó a él, lo abrazó, le entregó un escapulario y lo besó en la mejilla. La fotografía de este último momento ocupó portadas de diversos diarios, circuló en redes sociales digitales y fue transmitida en diversos programas noticiosos. Al respecto, dice Jorge González de León que “los besos no eran besar por besar, tenían todo un significado. La gente lo leyó de forma muy gestual” (Gordillo García, 2015: 47). Javier Sicilia critica la incomprensión: “Era una manera de decirles: esto es la democracia, el ejercicio de hombres y mujeres […] que discuten los problemas del común dura y arduamente sin que eso signifique guerra […]; una forma de decirle al poder: ustedes y nosotros somos iguales […]” (Sicilia, 2016: 350-353).
El MPJD comenzó su caravana al sur del país el 9 de septiembre de 2011 y visitó diversos municipios de Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México para reunirse con diferentes organizaciones sociales, víctimas de la violencia y pueblos originarios. Al regresar, se realizó el segundo diálogo público con Felipe Calderón.
Meses después, en enero de 2012, en calidad de precandidato presidencial del PRD,
Andrés Manuel López Obrador anunció haber ofrecido a Javier Sicilia y Julián LeBarón6 postulaciones para cargos de elección popular, pero ambos líderes del MPJD rechazaron el ofrecimiento (Nieto, 2012; Gil Olmos, 2012a). Al cumplirse un año de la tragedia del 28 de marzo, el MPJD anunció una “agenda para la paz” que presentarían a los candidatos presidenciales para pedirles comprometerse con ella y responder “por sus hipocresías”, pero Sicilia optó por invitar a la ciudadanía a votar en blanco en las elecciones como un gesto de dignidad, como un sufragio moral.
El poeta declaró que AMLO tenía “credibilidad como persona, pero se ha mantenido en un partido lleno de delincuentes, con ellos está negociando. Que nos digan qué gobierno del PRD ha sido mejor que los panistas o priístas” (Gil Olmos, 2012b). Además, el poeta cuestionó:
¿Por qué ir a las urnas a votar por alguien y perpetuar lo intolerable? ¿Por qué aceptar esas elecciones que […] calificamos ‘de la ignominia’? […] El argumento de la izquierda —el mismo que usó la derecha en 2000 para destruir la hegemonía del PRI— es tan simple en su pragmatismo como descorazonador: Si no votamos por AMLO, entonces ganará Peña Nieto y volverá al poder lo peor […]. Para evitar […] que ese voto encumbre a los peores de la nación, debemos entonces traicionar nuestra dignidad e ir a las urnas para encumbrar a los menos peores […]. [L]a única trinchera que nos queda es ir a las urnas a llenarlas con nuestro voto en blanco. Ese voto […] contiene […] la dignidad con la que la reserva moral del país resiste la corrupción de las partidocracias. (Sicilia, 2012a)
Sicilia narra que Pietro Ameglio y Emilio Álvarez Icaza le anunciaron que en el seno del MPJD no estaban de acuerdo en llamar a votar en blanco, pero él se declaró perplejo sobre el apoyo que se pretendía dar a López Obrador (Sicilia, 2016: 356-362). Eduardo Vázquez Martín7 sugirió “tender un puente” con el candidato y hacer que tomara la agenda del MPJD. El poeta aseguró que sería inútil porque “en su estrechez política, [López Obrador] cree que estamos en una disputa por el monopolio de la moral […]. Pero ya que creen que ese hombre tiene un gramo de estadista, intentémoslo…” (Sicilia, 2016: 358-362).
Así, días antes de realizar el diálogo público con la candidata y los candidatos presidenciales, Sicilia relata que no se logró el acercamiento con López Obrador, pero Víctor
Quintana —miembro del PRD y “pieza fundamental” para la llegada de la Caravana del Consuelo a Chihuahua— facilitó que la plataforma cultural de Morena invitara al poeta a dar una conferencia en el Club de Periodistas de la Ciudad de México el 22 de mayo. Ese día, al terminar su ponencia, un asistente simpatizante de Morena cuestionó la irresponsabilidad de llamar al voto en blanco y el diálogo terminó en confrontación (Sicilia, 2016: 363-367).
El lunes 28 de mayo, a un mes de que concluyeran las campañas electorales, el MPJD tuvo reuniones públicas con los cuatro candidatos presidenciales para fijar compromisos de justicia con quien llegara a encabezar el siguiente gobierno (Ameglio, 2016). Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda compuesta por la alianza entre PRD, PT y Movimiento Ciudadano, fue el tercero en participar. Javier Sicilia trató de saludar al candidato con un beso, como era su costumbre, pero éste lo rechazó; “era su manera de decir que no se dejaba besar por quien besaba a sus enemigos, por un traidor”, opina el poeta (Sicilia, 2016: 377).
Sicilia dirigió un discurso crítico y con múltiples exigencias a la candidata y los tres candidatos. Directamente a López Obrador,8 Sicilia advirtió que “para muchos, usted […] significa la intolerancia, la sordera […], el resentimiento político […], el mesianismo y la incapacidad autocrítica para señalar y castigar las corrupciones de muchos miembros de su partido […]”.
Después habló Coral Alarcón, acompañada de Victoria Bautista, mujeres hijas de Eva Alarcón y Marcial Bautista, activistas del MPJD desaparecidos desde el 7 de diciembre de 2011. Alarcón lamentó la situación de Guerrero, donde “las personas en las que ponemos nuestra seguridad son las mismas que nos roban la paz… los policías del estado que gobierna su partido”. A su vez, María Ignacia González Vega increpó entre lágrimas al candidato para cuestionarle qué haría para solucionar los casos de las personas desaparecidas y asesinadas, como sus hijos Andrés y Braulio.
AMLO declaró su respeto a las personas presentes y en seguida se dirigió personalmente a Sicilia: “A mí no me pueden meter en el mismo costal […]. Desde hace más de 20 años defiendo derechos humanos […]. No soy autoritario, no soy mesiánico, no soy nada de eso que tú mencionas […]”. El candidato continuó y para explicar que “la violencia en México se originó por la falta de desarrollo y por la corrupción imperante […]. Aprovecho […] este momento para convocar a todos a participar y luchar por un cambio de régimen, y no veo otra vía que la
electoral […]”. López Obrador también condenó como inaceptable “que descalifiquemos todo y que digamos no hay opciones, no hay alternativas, todos son iguales […]. No votar, lo digo con mucho respeto […], es apostar a mantener al régimen caduco”.
A nombre del MPJD, Raúl Romero Gallardo comunicó a López Obrador que “quizá no podamos cuestionar su honorabilidad, pero le recordamos que usted no gobernará solo […]. No es cierto solamente que con el voto se transforme, también con la movilización social en las calles estamos intentando cambiar este país”. López Obrador dijo compartir los planteamientos del MPJD y se comprometió a llevar todo a la práctica. “Este problema se originó por la falta de oportunidades de trabajo, por cerrarle las puertas a los jóvenes […] y por la corrupción imperante […]”, sentenció. En seguida comentó que su propuesta a corto plazo era “incorporar a los jóvenes […] al trabajo, al estudio […]. Tiene que combatirse a fondo la corrupción […]; mi propuesta es que me acompañe en el gabinete gente honesta […]. Pero insisto, hay que participar”.
Para concluir, intervino Javier Sicilia. El poeta recordó al candidato que no se trataba de un asunto personal, sino de “un asunto de Estado y con las partidocracias […]. He sido hostigado por sus correligionarios […]. Todos los partidos tienen aquí responsabilidades graves, aquí no hay buenos y malos […]. Usted no reconoce nuestra participación realmente. […]. Yo le pido también autocrítica […]”.
Diversos medios de comunicación reprodujeron una fotografía en que López Obrador interpone un brazo para mantener distancia con Javier Sicilia, mientras que éste lo mira sorprendido y lo señala con el dedo índice; otros menos retomaron un momento en que ambos se abrazaron. El candidato del PRD sustentó su rechazo hacia el gesto de Sicilia en que se trataba de un gesto mediático: “todos los días beso a gente, los abrazo, pero no tengo a las cámaras de televisión encima”, dijo (Sin Embargo, 2012). A su vez, los simpatizantes de la coalición Movimiento Progresista reclamaron que “con besos y abrazos no se paran los madrazos” (Cotera, 2012).
Sobre el encuentro, Javier Sicilia reflexiona que el MPJD fue tan duro con López Obrador como con Calderón y como con los demás candidatos, pero “Andrés Manuel […] se encabronó. En lugar de conmoverse con las víctimas […], en lugar de indignarse con la negligencia […] de los gobiernos de su partido […], se puso a defender la honesta grandeza de su persona […]” (Sicilia, 2016: 379). No obstante, el MPJD convocó a las víctimas del país a participar en las
elecciones y a usar el voto libre y consciente como un instrumento para detener la guerra y construir la paz (Gil Olmos, 2012c).
La izquierda partidista representada por López Obrador perdió la elección presidencial frente a Enrique Peña Nieto, cuya victoria se caracterizó por las múltiples denuncias sobre compra y coacción del voto. No obstante, Morena obtuvo su registro como partido político el 9 de julio de 2014 y desde entonces ha representado un reto para la subsistencia del PRD.
Meses después, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, autoridades de diversos ámbitos de gobierno y grupos criminales participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, así como en el asesinato de seis personas y más de un centenar de violaciones a los derechos humanos. La violencia extrema con que se cometieron los delitos y las internacionalmente señaladas deficiencias en las indagatorias federales dieron paso a marchas masivas en diversas entidades y otros países. Estos eventos de protesta para exigir justicia y verdad en el caso se han realizado principalmente cada día 26 bajo el nombre de “Acción global por Ayotzinapa”, pero de absolutamente ninguna forma se han limitado a dicha temporalidad.
Los representantes legales y familiares de los 43 estudiantes han aprovechado diversos repertorios de protesta a los que, en varias ocasiones, las autoridades han respondido de manera represiva. Como ocurre con toda actividad de un movimiento social, la capacidad de convocatoria ha decrecido con el paso de los años; sin embargo, el caso se mantiene sin resolución como una de las violaciones más graves a derechos humanos ocurrida en la historia reciente del país.
Producto de su primera participación en comicios en 2015, Morena obtuvo 35 diputaciones federales para la LXIII Legislatura. Nueve de sus legisladoras y legisladores suscribieron una proposición con punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que diera seguimiento al caso, misma que la Junta de Coordinación Política aprobó el 15 de septiembre de ese año. En los hechos, desde ese momento Morena y el PRD —cada uno con sus propios objetivos y en ocasiones en abierta confrontación entre ellos— vieron bloqueados sus esfuerzos de atención institucional a las víctimas por la mayoría oficialista aliada al PRI.
Ante la aprehensión de dos dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el 12 de junio de 2016, AMLO convocó a realizar una manifestación en la Ciudad de México (Morena, 2016) en la misma fecha que los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
tenían planeada una marcha sobre la misma vialidad: 26 de junio, día en que se cumplían 21 meses de la desaparición forzada. La coincidencia espacial entre ambos colectivos provocó que la acción apartidista se retrasara aproximadamente dos horas. Desde una de sus cuentas en redes sociales digitales, los familiares de los estudiantes publicaron que “Con mucha dignidad padres
#Ayotzinapa y maestros #CNTE esperan que se retire Morena para poder marchar y no confundir [sic]” (Plantón x 43, 2016). Tras comenzar su avance, al llegar al lugar donde Andrés Manuel López Obrador dio su discurso, además encontrar múltiples vallas y un templete que ocupaba dos carriles centrales de Paseo de la Reforma, miles de simpatizantes de Morena caminaban en contrasentido al contingente de apoyo a los normalistas, quienes exigieron desocupar uno de los carriles para poder avanzar (Padilla, 2016); sin embargo, ante la falta de respuesta tuvieron que avanzar por una lateral de la avenida para llegar a las oficinas de la Procuraduría General de la República (Román y Olivares, 2016).
Debe reconocerse que, desde la Cámara de Diputados, Morena y el PRD han brindado apoyo a las víctimas de Ayotzinapa en varias ocasiones. De hecho, fue gracias a gestiones de ambos grupos que los familiares de los estudiantes pudieron sostener una reunión oficial con legisladoras y legisladores el 23 de noviembre de 2016. No obstante, el 13 de marzo de 2017 la relación entre Morena y los activistas y simpatizantes de Ayotzinapa tuvo un punto álgido. Ese día, AMLO salía de un mitin que realizó en Nueva York cuando Antonio Tizapa, padre del estudiante desaparecido Jorge Tizapa, se acercó hasta su automóvil para increparlo. El hombre lo cuestionó sobre sus omisiones, cuando aún era líder en el PRD, ante las acciones del ex gobernador Ángel Aguirre y del ex presidente municipal José Luis Abarca. Luego de decirle que debía reclamar al Ejército y a Enrique Peña, López Obrador sentenció tajante: “eres un provocador” (Redacción AN, 2017b).
Al día siguiente, el presidente de Morena reiteró que se trató de un acto de provocación y lamentó que se le reprochara a él, que estaba luchando “en contra del régimen opresor de México, que causó la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa […]. El reclamo tiene que ser a Peña Nieto, a las fuerzas armadas, a quienes intervinieron en ese crimen, no a nosotros” (Esquivel, 2017).
En un comunicado del “Comité de padres de familia de los 43”, los familiares expresaron su “total apoyo y respaldo” a Antonio Tizapa, pero apuntaron que desconocían el contexto y
objetivo del encuentro con López Obrador; de igual forma, insistieron en que tenían clara la responsabilidad de cada institución gubernamental en la desaparición de sus hijos y desearon que el incidente no disputara la atención sobre las investigaciones ni provocara un juego de intereses electorales (Redacción AN, 2017a).
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad fue el primer actor colectivo que trascendió al ámbito nacional para cuestionar la estrategia de seguridad del Estado mexicano y su interés nulo por las víctimas que provocaba. La visibilización de las personas que sufrieron un hecho victimizante producto del crimen, la violencia, las violaciones a derechos humanos o el abuso de poder derivó en la promulgación de la Ley General de Víctimas, un instrumento jurídico que ha ampliado las oportunidades legales de las personas agraviadas y que representa, a decir del MPJD, un primer paso en el cambio de un enfoque militarista a uno de seguridad ciudadana (Gordillo García, 2015).
Sostengo que la redignificación de las víctimas en el país —que han pasado de ser “daños colaterales” a sujetos de derecho— es atribuible en buena parte, aunque no sólo, a las acciones del MPJD como movimiento social nacional. Así, las protestas articuladas en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pueden entenderse en el marco de apertura de oportunidades que facilitó el MPJD. De tal forma, si bien no son los únicos, ambos actores colectivos son representativos de la trascendencia nacional de la inseguridad y violencia como agravios y temas de protesta legítimos.
Las interacciones de la izquierda electoral mexicana con estos movimientos sociales de víctimas han tenido momentos importantes de disenso. Consciente de las limitaciones de cualquier simplificación, considero que los desencuentros entre los líderes de cada parte son reveladoras de la ausencia de los partidos en estos actores colectivos.
Me explico. Como apuntan Bob y Nepstad (2007), en un movimiento social, los activistas, los medios y los oponentes suelen reconocer figuras de liderazgo. Ya sea por los recursos que poseen, la cantidad de seguidores que dirigen, su importancia simbólica o cualquier otra fuente de prominencia, los mismos autores señalan que estas personas ejercen autoridad significativa al interior del actor colectivo. En ese sentido, Morris y Staggenborg (2004)
reconocen la importancia crítica de las y los líderes en un movimiento social al ser decisores que inspiran compromiso, organizan la participación de más personas, movilizan recursos, trabajan sobre las oportunidades, delinean las estrategias, negocian las alianzas y enmarcan las demandas, entre otras actividades. Argumentos similares pueden aplicarse a los partidos políticos, caso en el que Michels (1962) identifica cómo las y los seguidores de un personaje con capacidad de liderazgo le otorgan capacidad de acción en su representación.
A la par, como señala Rucht (2004), el análisis relacional de los movimientos sociales permite entender mejor las dinámicas de cooperación, competencia y conflicto entre los actores colectivos, sus oponentes y sus aliados. El mismo autor apunta que la complejidad de estas relaciones hace que su observación sea realizable no en la totalidad del movimiento social, sino en una selección de temas y en las interacciones que se desarrollan alrededor de ellos.
Por tal motivo me he enfocado en las interacciones de los líderes de los movimientos sociales de víctimas con Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido líder en los dos principales partidos de izquierda en México durante los años recientes: el PRD y Morena. Con el primero fue presidente nacional, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y dos veces candidato a la Presidencia de la República; del segundo es presidente nacional y, muy probablemente, será una vez más candidato presidencial. Además, su presencia en ambos partidos coincide temporalmente con lo expuesto en estas páginas.
Como señalé al inicio del texto, considero que los principales factores que han determinado hasta ahora la ausencia de la izquierda electoral en los movimientos sociales de víctimas son: 1) la tradición clientelista-corporativa de los partidos de izquierda; 2) su concepción limitada del discurso de derechos; 3) la probada ineficacia de los gobiernos provenientes de estos partidos para atender la inseguridad y la procuración de justicia; y 4) la incapacidad de procesar la política contenciosa que reclama agravios contra las acciones de la izquierda partidista. En las siguientes líneas reviso cada uno de ellos.
Históricamente, miembros de los partidos de izquierda en México han participado activamente en protestas por la defensa de la democracia, contra políticas económicas antipopulares, en luchas sindicales y estudiantiles, así como en el reclamo de liberación de presos políticos. Durante la primera mitad de la década de 1980, la crisis económica y la instauración de políticas neoliberales propiciaron la formación de movimientos urbanos, sindicales
independientes y campesinos que se acercaron a los partidos de izquierda en búsqueda de candidaturas electorales (Alonso, 2015).
El PRD se conformó como consecuencia del movimiento político prodemocrático articulado contra el fraude electoral de 1988 bajo el nombre de Frente Democrático Nacional, que unificó a la izquierda mexicana tanto de la “Corriente Democrática” del Partido Revolucionario Institucional cuanto a los actores del Partido Mexicano Socialista (Ortega, 2010). A partir de eso, la relación entre organizaciones de movimiento social y el partido se desarrolló en torno al reparto de puestos de dirección y de elección popular (Alonso, 2015), situación que se ha mantenido hasta la actualidad. Esta configuración, como sostienen Cadena-Roa y López Leyva (2013), da lugar a dos tendencias al interior del PRD: de su origen priísta parece emanar una propensión a establecer relaciones clientelares y de patronazgo que intercambian movilizaciones de apoyo por tratos privilegiados e impiden la formación de una cultura política democrática (Haber, 2013), mientras que de sus afluentes de izquierda parecen mantenerse las divisiones basadas en motivos ideológicos, la desavenencia entre sus líderes y las acusaciones de colaboracionismo con “el enemigo”. En este punto, es de mi interés la primera.
Ganar elecciones y gobernar no ha motivado al PRD para acabar con el faccionalismo y el clientelismo, ni a fortalecer su relación con movimientos sociales (Haber, 2013) cuyas demandas legítimas buscan defender los derechos, en este caso, de las víctimas. El corporativismo priísta como método de procesamiento de demandas populares y activismo político heredó al PRD un talante clientelar que fomenta el otorgamiento de diversos puestos a líderes de movimientos urbanos para tener una fuente de reclutamiento en el partido (Méndez, 2013).
En este sentido, es importante tomar en cuenta que la sostenida vinculación de ciertas organizaciones de movimientos sociales con el PRD se ha dado por la necesidad de contar con acceso continuo a ciertos recursos que, a su vez, favorece la integración de nuevos miembros (Gordon, 2013; Bizberg, 2010). El factor más trascendental de esta relación es la capacidad de movilización para expresiones de apoyo al partido o de rechazo a sus competidores y, en menor medida, la organización de protestas como medio para ejercer una presión simbólica sobre funcionarios perredistas para que tomen decisiones favorables a los grupos movilizados (Gordon, 2013).
Estas formas de relación clientelar no son tan sencillamente aplicables para las víctimas ni
sus organizaciones colectivas. Como señalé antes, AMLO ofreció a Javier Sicilia y a Julián LeBarón participar políticamente en 2012 mediante candidaturas del PRD, pero ambos lo rechazaron. Garantizar el acceso grupal a recursos desde el gobierno puede ser una forma efectiva de cooptación colectiva; sin embargo, no hay forma de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad ni a la reparación integral del daño, mucho menos se puede establecer un compromiso para la presentación con vida de personas desaparecidas. En ese sentido, desde una lógica clientelar partidista, poco se puede ofrecer a las víctimas.
A lo anterior hay que sumar que las personas que han sufrido una experiencia victimizante son significativamente menos propensas a participar en la política por la vía electoral, en parte, porque la violencia reduce la confianza pública en las instituciones (Ley, 2014; Cruz, 2000; Bateson, 2012; Fernandez y Kuenzi, 2010). Por tanto, en una lógica que busca exclusivamente la suma de electores, las víctimas no serían un objetivo partidista prioritario.
Cadena-Roa y López Leyva (2013) sostienen que el PRD ha mostrado poca capacidad para relacionarse con sectores populares sobre los que no tiene control, a cuyas demandas legítimas no ha brindado apoyo, pero de las que tampoco se ha deslindado por completo. Así, los desencuentros con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, las movilizaciones contra la inseguridad en 2004 y 2008, y más recientemente con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con los actores movilizados en torno a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa son ejemplos sintomáticos de esta incapacidad.
Respecto a la concepción limitada del discurso de derechos, es necesario considerar las propuestas que Andrés Manuel López Obrador ha planteado a los cuestionamientos que se le hacen sobre las formas de alcanzar la equidad y la pacificación del país. En México, donde cerca de la mitad de la población vive en pobreza y pobreza extrema, con situaciones de desigualdad, exclusión y discriminación complejas, Cadena-Roa y López Leyva (2013: 27) critican que la izquierda ha desaprovechado un campo amplio para proponer políticas públicas viables que ofrecieran soluciones a estos problemas.
Lo mismo ocurre en cuanto a la seguridad pública: considero que ni el PRD ni Morena han sido capaces de plantear propuestas que respondan en el corto plazo a las violencias que enfrenta la población mexicana. Las respuestas de AMLO en el diálogo con el MPJD son un
claro ejemplo de ello; coincido con Cadena-Roa y López Leyva (2013: 28) en que es de lleno insuficiente sostener que la gravedad del problema puede atenderse con un cambio en la política económica para generar empleos o con la refundación del país mediante un liderazgo carismático que acabe con la corrupción e inspire a la totalidad del Estado.
El discurso nacionalista posrevolucionario de los líderes de la izquierda partidista mexicana se apega a una visión limitada de los derechos sociales, misma en la que pareciera bastar con ejercer la propiedad sobre los recursos del país, tener acceso a la educación y contar con un empleo. Cada uno de dichos aspectos es fundamental para el desarrollo del país, pero ninguno de ellos atiende directamente la emergencia de la crisis de inseguridad y violencia. Esta concepción limitada de los derechos no provoca una ausencia de la izquierda sólo los movimientos sociales aquí tratados, sino también en los que abanderan otros temas de protesta. En ese mismo sentido, Urbina (2013) sintetiza que la lejanía del PRD —y yo incluyo a Morena— respecto a ciertos grupos desfavorecidos políticamente activos, así como su miopía para tematizar la oposición como una instancia crítica, es perceptible por sus posturas respecto a temas de la agenda nacional en los que habría podido vincularse con flancos contenciosos de clase, etnia, género y derechos humanos, entre muchos otros.
En cuanto al tercer factor de mi hipótesis, los gobiernos emanados de partidos de izquierda no han sido más eficientes que los de derecha para combatir la inseguridad, procurar justicia y atender a las víctimas del crimen. En Michoacán, el gobierno de Leonel Godoy (2008- 2012) no tuvo éxito en combatir la violencia y entró en confrontación abierta con el gobierno federal del Partido Acción Nacional; en la misma entidad, Silvano Aureoles (2015-2021) se ha congratulado públicamente de la represión contra estudiantes normalistas (Redacción AN, 2017c). En Guerrero, Zeferino Torreblanca (2005-2011) recibió constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos y el PRD prefirió no pronunciarse al respecto (Cadena-Roa y López Leyva, 2013: 35); también en ese estado, durante la administración de Ángel Aguirre (2011-2015) hubo un recrudecimiento de la violencia cuyo caso más evidente fue el de los ataques del 26 y 27 de septiembre a normalistas de Ayotzinapa en Iguala. En Oaxaca, diversas personas defensoras de derechos humanos denunciaron a Gabino Cué (2010-2016), en cuya gestión se dio el enfrentamiento en Nochixtlán que dejó ocho muertos y más de 100 lesionados (Matías, 2016). Más recientemente, en Morelos el gobierno de Graco Ramírez (2012-2018)
inhumó ilegalmente cientos de cuerpos humanos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla (CNDH, 2016; Revista Resiliencia, 2016).
McAdam, Tarrow y Tilly (2001) definen la política contenciosa como interacciones colectivas, episódicas y públicas entre un grupo que plantea demandas y los sujetos a quienes éstas se dirigen; este tipo de política involucra a un gobierno como objeto o parte de las demandas, mismas que de concretarse afectarían los intereses de alguno de los grupos involucrados. La contienda puede darse de manera contenida o transgresiva: la primera se da cuando todos los actores involucrados estaban previamente establecidos en el campo político y usan repertorios de protesta igualmente establecidos; la segunda tiene lugar cuando alguna de las partes en conflicto se autoidentifica como un nuevo actor político que hace uso de formas innovadoras de acción colectiva. En los movimientos sociales de víctimas se trata de política contenciosa transgresiva.
Los mecanismos relacionales son aquellos eventos que forman o alteran las interacciones entre personas, grupos y redes en un episodio de política contenciosa (Tarrow y Tilly, 2009). De tal forma, la sesión de los “Diálogos por la paz” entre el MPJD y el candidato de la izquierda a la Presidencia afectó las relaciones entre ambos en un aspecto que resultaba por demás importante para los partidos políticos: la movilización del voto para concretar en las urnas el “cambio verdadero”. La misma influencia, considero, se buscó al invitar a tres familiares de los estudiantes desaparecidos a suscribir el programa político de Morena, “Acuerdo de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México”, en Guerrero en mayo de 2017 y prometer públicamente castigo a los involucrados en el caso (Ocampo y Morelos, 2017).
Tradicionalmente, los movimientos sociales entran a la arena electoral para hacer posicionamientos ideológicos, más que para participar en las prácticas rutinarias de este tipo de política (Tarrow, 2015). Por su parte, los partidos políticos tienen una orientación más instrumental por su experiencia en el cálculo de costos y beneficios, así como por sus intereses de sobrevicencia y crecimiento, lo que provoca en distintas ocasiones percibir a posibles aliados como competidores (Rucht, 2004). Desde la marcha contra la inseguridad de 2004, los “Diálogos por la Paz” de 2012 y hasta el desencuentro con el padre de un desaparecido de Ayotzinapa en 2017, el líder y figura pública más relevante de la izquierda partidista en México ha descalificado a quienes cuestionan su inacción frente a la crisis delictiva y de violencia. Esta incapacidad de
procesar la política contenciosa transgresiva, considero, radica principalmente en la falta de autocrítica de los partidos de izquierda; admitir las demandas de los actores movilizados podría implicar una afectación auto infligida a los intereses electorales propios de los partidos. Loaeza (2011) lo sintetiza de manera puntual: “Mientras buena parte del país se consume […], los partidos se miran el ombligo, los líderes políticos acarician sueños de triunfos electorales, hacen rounds de sombra con mafias que les causan más horror que los jefes del narcotráfico”.
A esto se suma la tendencia que identifican Cadena-Roa y López Leyva (2013) al interior del PRD sobre las divisiones basadas en motivos ideológicos, la desavenencia entre sus líderes y las acusaciones de colaboracionismo con “el enemigo”. El diálogo del MPJD con las instituciones de gobierno y el trato personal que dio Javier Sicilia a personajes públicos del PRI y el PAN fueron inconcebibles para la izquierda partidista. Rascón (2011) criticó que “los intelectuales del lopezobradorismo” 9 reclamaron al MPJD y acusaron personalmente a Sicilia de “filopanista, falso demócrata y progresista, soberbio y distractor”, alguien que debió “pedir permiso y no establecer diálogos prohibidos” con autoridades ilegítimas y cuya aparición “en la escena es un acto contra la causa verdadera y es un pecado”.
Desde el MPJD, diversos actores defendieron los diálogos. Destaco una reflexión de Pietro Ameglio (2011), quien sostuvo que “sentar a la autoridad […] para escuchar el testimonio directo de las víctimas de esta guerra, […] exhibirlos en su incapacidad para aplicar la justicia y la seguridad […], no nos parece algo menor ni fácil de lograr”. Para él mismo, “humanizar y dialogar con el adversario es un principio básico de la construcción de la política […], pero no tiene nada que ver con sumisiones o traiciones”. Sea como fuere, el MPJD no convenció a la mayoría de sus críticos sobre sus razones ni sobre el fundamento de su estilo y, a decir de Esteva (2011), llegó un momento en que carecía de sentido continuar el debate. De tal forma, considero que en este episodio de política contenciosa transgresiva se dio un mecanismo de “de- certificación” [decertification] (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001) en el que la izquierda partidista y sus simpatizantes cuestionaron la validez del MPJD como actor, la de sus repertorios y sus demandas.
Morris y Staggenborg (2004) subrayan la importancia de reconocer que la agencia de las y los líderes opera dentro de ciertas condiciones estructurales. En sentido similar, Kriesi (1995; 2004) sostiene que los “nuevos movimientos sociales” en Europa occidental se desarrollaron
mediante estructuras de alianzas basadas en la configuración política de la izquierda, su “aliada natural”, misma que estaba marcada por las estrategias tradicionales que prevalecían en los diversos países para atender las demandas de nuevos actores en las contiendas políticas. Así, las interacciones aquí analizadas deben comprenderse no como hechos aislados de los representantes de los movimientos sociales de víctimas o de los partidos de izquierda, sino como acciones que se hacen en función de las características del sistema político y de partidos en México, así como del proceso de movilización descrito, las características de los actores señalados y las trayectorias de cada parte (McAdam, Tarrow y Tilly, 2001).
Con todo lo anterior en consideración, puede entenderse que Vázquez Martín (2016: 188) critique a la oposición política de izquierda por compartir con el poder Ejecutivo la parálisis respecto a la inseguridad y la violencia en el país; “la izquierda parlamentaria, dividida y confrontada, padece la infiltración del crimen organizado, la cooptación del poder presidencial, la polarización entre pragmáticos y puritanos, entre cínicos e intolerantes”, expresa.
Las reflexiones aquí plasmadas de ninguna manera pretenden sugerir que otros partidos no identificados con la izquierda sí hayan estado presentes en los movimientos analizados —de hecho, han mostrado cercanía sólo con ciertas organizaciones por su necesidad de legitimación. Como ejercicio crítico sobre el estado de la izquierda partidista en México, habría lugar para pensar que los líderes del PRD y Morena son sensibles a las demandas y protestas contra la violencia, sobre todo porque entre 1988 y 1994 al menos 250 de sus militantes fueron asesinados (Secretaría de Derechos Humanos del PRD, 1994); sin embargo, los desencuentros en años recientes con representantes de víctimas hacen debatible tal supuesto. Rucht (2004) sostiene que las competencias y conflictos al interior de un movimiento y con actores externos al mismo pueden deberse a diferencias en cuanto a ideologías, prioridades, estrategias y estilos políticos, así como a rivalidades personales; cualquiera que sea la fuente, queda lugar para analizar cuáles son los puntos de encuentro en función de las redes de comunicación, la afiliación de algunos activistas, la coincidencias organizativas y las posibles campañas articuladas en conjunto. Rucht (2004) también apunta que las alianzas no deben ser idealizadas como unificaciones libres de complicación, sino como el acercamiento entre actores que desean apoyarse y cooperar de manera cercana, pero también conservar su autonomía. Sirvan así las reflexiones aquí plasmadas para que la izquierda partidista mexicana abandone las autocomplacencias y divisiones
maniqueas, y, por el contrario, proponga junto a los movimientos sociales de víctimas soluciones efectivas para la crisis de inseguridad, violencia e injusticia en el país.
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Notas
1 Organización fundada por Josefina Ricaño y otros empresarios a partir del secuestro y homicidio de su hijo. En años recientes, MUCD ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por su cercanía al gobierno federal y por la opacidad en el manejo de sus fondos (Villagrán, 2014).
2 El video está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=GDsARvrwUuM
3 Las expresiones, sin duda, deben comprenderse también en un contexto de constantes ataques hacia el gobierno de la capital por parte del gobierno federal.
4 Fundador de Servicio Paz y Justicia-México; se unió al MPJD desde el inicio por su relación personal con Javier Sicilia y se encargó de la articulación del movimiento con otros grupos la resistencia civil no violenta.
5 Emilio Álvarez Icaza Longoria fue cofundador de Alianza Cívica, A.C., miembro del Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) de 1982 a 1999, donde participó como director general durante cinco años; fue consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2001 y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2005 a 2009. De 2012 a 2016 laboró como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, Emilio Álvarez Icaza encabeza la organización Ahora.
6 Líder mormón originario de Chihuahua que inició protestas a nivel local en 2009 por el secuestro y
homicidio de su cuñado, Alfredo Apodaca; tío, Raúl Rascón; hermano, Benjamín; y amigos, Miguel Mota y Luis Widmar, en 2009. Se unió al MPJD en la marcha del 6 de abril de 2011.
7 Antropólogo social, poeta y funcionario cercano a Javier Sicilia. Actualmente es titular de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México.
8 Extraigo las siguientes citas entrecomilladas del video que registró la reunión entre el MPJD y Andrés Manuel López Obrador, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dtjNEVbP5VE. Para facilitar la lectura, omito las referencias al minuto y segundo en que se pronuncian.
9 Rascón respondía a artículos publicados en La Jornada por John Ackerman (2011b) y Octavio Rodríguez (2011b), quienes criticaron los diálogos del MPJD con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Previo a tales publicaciones, ambos académicos simpatizantes de Morena exigieron a Sicilia “congruencia” (Rodríguez, 2011a) y posiciones enérgicas porque “la ciudadanía quiere más” (Ackerman, 2011a).