Teresa Lizeth Alanis Gutiérrez1
Palabras clave: Capital monopolista-financiero; mercado laboral; seguridad social; pensiones.
La crisis de los setenta vino a desestructurar los sistemas productivos nacionales de la posguerra, dando pie a la globalización del capital comandada por la esfera comercial y financiera. Como respuesta a esta crisis se ejecutó un plan para construir un nuevo orden mundial enmarcado en una serie de políticas denominadas “neoliberales”. En este sentido, el neoliberalismo puede ser caracterizado como un plan global para reorganizar el orden social y subordinarlo a la lógica de acumulación y lucro. Dicha reestructuración devaluó y mercantilizó por completo el trabajo,
implicando una masiva redistribución de los ingresos del trabajo en pro del capital, y generando una producción global sin consumo local; lo que se tradujo en el incremento global de la producción y un deterioro de los salarios reales (Boltvinik, 2014: 62).
Resultado del proceso de reestructuración de los sistemas productivos y del capital, y de cara a la baja de la tasa general de ganancia que determinó la crisis de los setenta, surge el régimen de acumulación con dominación financiera (RADF), el cual fue implementado y consolidado durante los años ochenta y noventa en los principales países desarrollados y un buen número de los denominados emergentes (Guillén, 2014: 16). Este régimen vino a sustituir al fordista, pero siguió la lógica de la acumulación dominada por la esfera financiera.
El RADF está basado en la liberalización, desregulación, globalización y flexibilización de los mercados de bienes, financieros y del trabajo, con el objetivo de ser la respuesta de los sectores de punta del capital monopolista-financiero y de los gobiernos de las principales potencias capitalistas. Lo anterior, marcó el desmantelamiento del modo de regulación monopolista-estatal que había predominado desde la posguerra, así como del régimen de acumulación fordista, como ya se ha mencionado. En este sentido, el capital monopolista ha sido la característica imperante en el modelo neoliberal. Se trata de una forma de concentración y centralización del capital, donde las empresas buscan realizar alianzas estratégicas y mega- fusiones para expandir su dominio y, por ende, maximizar sus beneficios.
Foster, McChesney, & Jonna (2011) señalan que la dinamizada competencia internacional dio paso a una nueva forma de capital monopolista-financiero global. En esta “nueva” estructura, la producción mundial es dominada en su mayoría por pocas empresas multinacionales con capacidad de ejercer un poder monopólico considerable. Las reformas o cambios en la estructura del funcionamiento del mercado financiero fueron estratégicas, e incluyeron: i) desregulación en el sistema financiero y ii) desaparición de las fronteras entre la banca comercial y la de inversión, que permitió la formación de megabancos con participación privilegiada en operaciones de alto riesgo.
Todo lo anterior, impulsó un nuevo régimen de acumulación que aceleró la captación de ganancias por parte de la estructura financiera-monopolista. Paralelamente se generó una gran ofensiva sobre el trabajo, lo que precarizó los salarios de los trabajadores y puso fin al estado de bienestar. Para el caso mexicano, y en aras de lograr un mayor nivel de competitividad de la
economía mexicana, los salarios han sido de los más afectados, castigando a los trabajadores y por ende, su consumo (Olvera, 2017).
La pensión considerada como parte del salario, depende del mismo, y dicho salario a su vez queda determinado por el tipo de actividad realizada.
Así, en el contexto mexicano, el salario real ha estado estancado desde 1990 y ha perdido su poder adquisitivo en un 80 por ciento (Olvera, 2017). En 2017, el salario mínimo1 se homogenizó en todo el país, logrando un crecimiento de poco más del 9 por ciento respecto al 2016, pasó de 73.04 a 80.04 pesos diarios, el tercero más bajo en América Latina; sin embargo, el salario mínimo real2 fue de 63.50 pesos en junio, este ingreso se ubica por debajo de la línea de bienestar.
La inflación de bienes y servicios básicos para una vida digna ha sido mayor al salario mínimo, generando con ello una pérdida histórica del poder adquisitivo, es decir, los aumentos salariales no han correspondido a los inflacionarios (La Jornada Zacatecas, 2017). Con el nivel actual del salario mínimo sólo puede cubrirse el 85 por ciento de la línea de bienestar, la cual incluye una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos3. Siendo en la zona rural de 1 856 pesos y en la urbana de 2 mil 857 pesos al mes por persona (Olvera, 2017).
Asimismo, el proceso globalizador consolidó la acumulación vía capital comercial y circulación del capital ficticio4. Así, en los ochenta y noventa, se logró hacer frente a la caída de la tasa de ganancia (Guillén, 2014: 18). En este escenario, el capital monopolista-financiero consiguió generar grandes fortunas, concentró el ingreso en un pequeño grupo privilegiado. No obstante, no garantizó la estabilidad estructural de la reproducción del capital, pero si buscó nuevos espacios de valorización, incluyendo las pensiones5.
Actualmente se han privatizado los sistemas de pensiones con el fin de financiar las actividades del sector privado, implicando exponer los recursos de los trabajadores en actividades de alto riesgo. Rodríguez (2012: 158), señala que, las aportaciones a la seguridad social, son una de las fuentes más importantes de ganancia para el sector financiero, llegando incluso a reemplazar a la inversión extranjera directa. Los fondos de pensión se han convertido en símbolo de la acumulación contemporánea, porque articulan nuevas formas de dominación que encierran modernos mecanismos de despojo sobre los trabajadores.
Bajo esta estructura, el trabajo se vuelve dependiente de nuevas formas de acumulación de
capital basadas en mayores niveles de riesgo. Este fenómeno es conocido como bursatilización de pensiones, discurso que se oculta, haciendo creer al trabajador que se está empoderando como accionista (Soederberg, 2010b). Esta problemática se está generando en México y atenta contra la vida del trabajador en retiro. Por ello, dicho proceso es un espacio que merece atención y estudio a profundidad.
El presente trabajo es un resultado parcial de una investigación de más largo aliento, cuyo producto informativo generado es una propuesta de tesis de doctorado. En ese contexto se realiza una breve revisión de los antecedentes de la seguridad social en México, en particular se estudia la evolución del sistema de pensiones hasta llegar a la etapa de dominación del sector monopolista financiero. Esto con el fin de esbozar algunas de las implicaciones y efectos en las condiciones de vida de los trabajadores pensionados en México a partir de los mecanismos de apropiación del capital monopolista-financiero sobre las pensiones.
Los sistemas de pensiones son resultado de luchas y reivindicaciones obreras en favor del mejoramiento de sus condiciones de vida en el retiro. Un sistema pensionario es una decisión sobre la parte de la producción que la sociedad otorga a sus jubilados (Pierre, 2015). Sin embargo, las modalidades y regímenes se han transformado, obedeciendo a las necesidades del gran capital y a las coyunturas internacionales. En este entorno, donde predomina la búsqueda de ganancias extraordinarias a cualquier precio, el capital financiero o ficticio encuentra nuevas formas de valorizarse.
Los orígenes de los sistemas de bienestar son diversos, y como plantea (Pierre, 2015: 1): “La historia y la antropología registran un amplio panorama de relaciones e instituciones que materializan ese vínculo entre las generaciones económicamente activas y las inactivas”. Existen diversos sistemas de pensiones en el mundo, los cuales buscan que los trabajadores logren acceder a un nivel mínimo de subsistencia una vez retirados. Ya sea que sean administrados por el sector público o privado.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los sistemas de seguridad social prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, embarazo, cuidado de los hijos y pérdida del sostén de la familia. El
Convenio 102 de la OIT, destaca por ser el instrumento internacional e mayor relevancia en el reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en materia laboral, como son: asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, desempleo de vejez y familiares de maternidad, para construir sociedades más solidarias, inclusivas y equitativas (CEFP, 2013).
El principio de jubilación ha permitido reducir el tiempo de explotación, del mismo modo que las restricciones del trabajo infantil y la jornada laboral. En ese sentido, y como consecuencia del grado de extensión del trabajo asalariado y de la esperanza de vida de los trabajadores, la problemática de la jubilación en el capitalismo pertenece a la discusión más amplia sobre los límites de la explotación del trabajo (Damián, 2016).
La seguridad social surgió en Alemania en la época del canciller Bismarck, con la legislación promulgada entre 1883 y 1889 acerca de la cobertura pública para situaciones de enfermedad, accidentes de trabajo, invalidez y jubilación. El éxito logrado contribuyó a difundir los esquemas de seguridad social en el resto de los países (Peláez citado en Almendárez Carreón, 2014: 15). Por su parte, en Estados Unidos, la Social Security Act (1935) incluyó el derecho a jubilarse en un sistema de seguridad social que se extendió al mundo capitalista de posguerra.
El debate sobre el futuro de los regímenes de jubilación se mundializó con la aparición de un estudio del Banco Mundial en 1994; convirtiéndose en un referente importante en la discusión sobre la perspectiva de los sistemas de pensiones, ya que el Banco Mundial cuestionó los sistemas tradicionales de previsión social y promovió una reforma que respondiera a los cambios económicos y sociodemográficos actuales y futuros. Se trata de una propuesta para países desarrollados y subdesarrollados, que pone al centro el desarrollo de un sistema de jubilación por capitalización administrado de forma privada a través de fondos de pensión (Guillén, 2005, 289).
De manera paulatina se expandió la idea de la necesidad de cambio de la repartición a la capitalización en América Latina. Particularmente en México se impulsó una profunda reforma del antiguo régimen de pensiones.
De acuerdo al Banco Mundial (1994), son tres los pilares que sostienen los sistemas pensionarios: esquemas provistos y administrados por el sector público, pensiones fondeadas mediante aportaciones a cuentas individuales y administradas por el sector privado y aportaciones voluntarias (Ham Chande, Ramírez López, & Valencia Armas, 2008: 20). En el 2007 el Banco Mundial presentó el panorama de los esquemas de pensiones, de primer nivel (básica, focalizada,
mínima) y segundo nivel (beneficio definido, contribución definida, puntos). En esencia los esquemas de pensiones en todo el mundo se basan en alguno de estos pilares o en esquemas combinados.
América Latina tuvo una incorporación tardía al capitalismo moderno, lo cual supuso la configuración de esquemas de protección social precarios e insuficientes.
Después de la Segunda Guerra Mundial, con el auge de los gobiernos nacionalistas y desarrollistas, se generó una redistribución de la riqueza en muchos países, ampliando los derechos y los esquemas de seguridad social que siguen vigentes. Sin embargo, las recurrentes crisis económicas observadas desde los setenta, instauraron una serie de reformas al Estado de bienestar, incluyendo las reglas para tener acceso a la seguridad social (Guillén 2014, 17).
La llegada y la consolidación del neoliberalismo a partir de la segunda mitad de la década de los setenta, impuso un modelo de privatización y destrucción de los sistemas de protección que se habían logrado, bajo la condición de la renuncia del estado a la dirección del desarrollo económico.
La instauración de los sistemas de seguridad social implicó una formalización de toda la fuerza de trabajo, lo cual no ha ocurrido en América Latina. A medida que los mercados se volvieron más universales, hegemónicos y globalizados, el bienestar de los trabajadores llegó a ser más dependiente del vínculo monetario.
Explica Damián (2016: 156) cómo con la globalización se dio una alianza estratégica entre gobiernos y grupos de poder con el objetivo de implementar políticas para:
Reducir los costos de la fuerza de trabajo, incluyendo el pago de contribuciones a la seguridad social y a los beneficios sociales asociados
Bajar el monto de los impuestos
Liberalizar los mercados de bienes y capital,
Poner límites a la migración laboral, o de lo contrario, tendería a igualar salarios
Se fragmentaron las instituciones que garantizaban la reproducción social dentro del contrato laboral, afectando las condiciones de los trabajadores (Damián 2016, 154).
Así, para 1981 Chile se convirtió en el primer país de América Latina en pasar de un
sistema de jubilación con repartición a uno privado de administración de jubilación basado en la capitalización individual, acercándose al modelo anglosajón. Es decir, transitando del sistema de beneficio definido (BD), donde el trabajador conoce de cuánto será su pensión, a otro basado en el ahorro individual, en fondos privados de pensiones (Martínez, 2013: 25).
En éste último sistema se establece una cuota definida (CD), donde el trabajador desconoce el nivel de pensión que lograra obtener al final de su vida laboral. En el sistema de cuentas individuales, los ahorros de los trabajadores son directamente transferidos a entidades financieras que los administran quienes obtienen cuantiosas ganancias con esos recursos.
En México, como en la mayoría de los países del mundo, el sistema de seguridad social ha sido implementado durante o después de la consolidación de un modelo de desarrollo económico que favorece la industrialización (Gutiérrez et al. 1996, 31).
Uno de los logros más importantes de los trabajadores es la obligatoriedad del financiamiento del retiro con cotizaciones obreras y patronales, así como la garantía de las prestaciones (Pierre 2015, 1).
El sistema de pensiones en México inició bajo un esquema que suponía la creación de un capital social, no individual, que tendería a crecer rápidamente debido a la favorable pirámide de edades existente al momento de su instauración. No se trata de un esquema solidario, salvo en caso de enfermedad, accidente y maternidad.
El derecho a la seguridad social y las instituciones del sistema pensionario se desarrollaron en el marco del artículo 123 de la Constitución entre 1925 y 1959 (Damián, 2016: 6). Pero fue en 1917 cuando comenzó la participación del Estado en la seguridad social, al quedar plasmados en la Constitución Política artículos que señalan la conducta a seguir en materia de salubridad, seguridad social y previsión para el trabajo (Gutiérrez et al. 1996, 33).
De acuerdo a Loyzaga (2002, 41) el Estado mexicano durante el periodo de sustitución de importaciones, en la década de los cuarenta, apoyó al empresariado emergente a través del proteccionismo y exención de impuestos. El corporativismo permitió obtener fuerza de trabajo barata; al tiempo que se instrumentaron políticas que ayudaron al trabajador en lo referente a servicios y salud.
En ese contexto, mencionan Gutiérrez et al. (1996) que el 19 de enero de 1943 el Diario Oficial de la Federación publicó la Ley del Seguro Social en México. Sin embargo, la idea de crear un Seguro Social en el país no era nueva, sino una vieja demanda social que formaba parte de la ideología que inspiró la revolución de 1910.
No obstante, a partir del periodo de inestabilidad de la década de los setenta, muchas de las conquistas obreras logradas en el pasado fueron amenazadas. Comenzando una serie de reformas en el sistema de pensiones, como fueron: aumento de los tiempos de cotización, aplazamiento de la edad legal de retiro, cuentas individuales, fijación de topes a las cotizaciones obligatorias y ampliación de las aportaciones voluntarias. Es decir, se trabaja y cotiza más, pero se espera una menor remuneración en el retiro (Pierre 2015, 1).
La seguridad social como un derecho básico, ha sido vista por el capital, como parte del costo de la fuerza de trabajo, refiriéndose a los trabajadores formales y sus familias, donde actualmente se busca reducir sus beneficios, por la necesidad de reformar la seguridad social, con el argumento, de evitar una crisis en las finanzas públicas.
Históricamente, su acceso fue producto de las decisiones tomadas por las élites para proteger, inicialmente, a las fuerzas armadas y a los burócratas; años después, y como resultado de la movilización social, se amplió la cobertura a los grandes sindicatos corporativos, dejando sin protección a gran parte de la población que no pertenecía al mercado laboral formal.
De acuerdo a la CEFP (2013: 3), el sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud (SS) se encargan de atender al mayor número de la población beneficiada en servicios de salud a través del sistema pensionario de contribuciones definidas.
Actualmente, la seguridad social aun no es un derecho social para la totalidad de la población, pues gran parte de los trabajadores quedan excluidos del mercado laboral formal. Existen otros esquemas o sistemas como las denominadas transferencias monetarias para adultos mayores que no permiten superar la situación de pobreza; y por otro lado, el sistema nacional de
protección social de salud, o mejor conocido como seguro popular, para aquellos que carecen del derecho a los servicios de salud de la seguridad social; no obstante, se caracteriza por un alcance limitado y deficiente.
Según el INEGI, el 63.7 por ciento de las personas que se encuentran en el mercado laboral no están registradas en el IMSS o ISSSTE. Asimismo, señala que 6 de cada 10 personas ocupadas no cuentan con acceso a instituciones de salud, y solo 2 de cada 10 adultos mayores lograron acceder a una pensión, es decir, un 23% de las personas de 60 años o más (INEGI, 2010, 2012). En el 2013, 87% de los ingresos del IMSS se obtuvieron de cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores (CEFP, 2013: 2).
En 2015, se contabilizaron en México, más de cuatro millones setecientos mil pensionados jubilados adheridos a los distintos sistemas de pensiones que coexisten en México; la tasa de cobertura del sistema en los últimos años no ha alcanzado a más de la mitad de la población anciana y sólo el 45% de la población ocupada estaba cotizando en algún sistema de pensiones (Blanco & Fócil, 2016: 44).
Los trabajadores independientes, empleadores, trabajadores por cuenta propia y los trabajadores subordinados no remunerados, permanecen excluidos del sistema de seguridad social vinculado al trabajo (Valenzuela Feijoó & Ortega Herrera, 2013).
Los cotizantes al IMSS, ISSSTE, Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, gozan de mayores beneficios de los diversos rubros que integran a la seguridad social: asistencia médica, prestaciones en especie y monetarias por enfermedad, vejez, accidente de trabajo, enfermedad profesional, invalidez, de maternidad, así como a sus familiares y sobrevivientes (CEFP, 2013).
Cabe destacar que la estructura de la población en México se ha transformado profundamente, producto de la tendencia hacia el envejecimiento, la reducción de las tasas de mortalidad en casi todos los grupos de edad, el incremento de la esperanza de vida y la disminución del número de jóvenes como proporción del total; aunando a que los adultos tienen vidas más prolongadas y logran muy jóvenes la edad de la pensión, aumentando de manera significativa el grupo de la tercera edad (Vásquez, 2013).
Lo anterior ha influido en los sistemas públicos de pensiones, amenazado de sobrevivencia. Al argumentar que uno de los efectos inmediatos es que el gasto pensionario
acumulado presiona las finanzas públicas, llegando a limitar la capacidad del Estado frente a otras demandas sociales.
Conforme cambia la relación entre la población activa que cotiza y la población pensionada, los ingresos obtenidos financian una parte cada vez menor del costo de las pensiones, obligando al Estado a compensar su déficit con recursos que se sustraen o transfieren de otros usos que pueden ser prioritarios también (Vásquez 2013).
La mayor esperanza de vida al nacer y el descenso de las tasas de fecundidad tienden a invertir las pirámides de edades. En México, la esperanza de vida promedio al nacer era de 34 años en 1930 y de 61 en 1970; para el 2015 llega a 75 años. De forma paralela, los cambios en las tendencias de natalidad, mortalidad y fecundidad aumentan a un ritmo constante la proporción de población vieja (Pierre 2015, 1).
Por tanto, una de las razones para modificar el sistema de pensiones en México fue para evitar un colapso en sus sistemas pensionarios y de salud. Los sistemas públicos de pensiones que se basan en el principio de reparto han llegado a ser financieramente insostenibles, pues no existe una correlación entre la evolución demográfica y los nuevos métodos de financiamiento. Este argumento lo retoman los organismos internacionales, como la OCDE, OIT, FMI, Banco Mundial, BID.
Sin embargo, de acuerdo a Pierre (2015, 1) la constante postergación de la edad de retiro que demanda el capital ocurre de forma simultánea con el aumento de las tasas de desempleo y de los trabajadores mayores. La idea de reformar el sistema de pensiones por el bien común encubre un objetivo de clase mayor: disminuir las cotizaciones patronales en el financiamiento de las jubilaciones, extender el periodo de permanencia de los trabajadores en el mercado laboral; es decir, desvalorizar la fuerza de trabajo.
Tomando como ejemplo la reforma chilena de 1981, varios países latinoamericanos implementaron una serie de reformas tendientes a instituir un sistema de jubilación privada con capitalización. Tales fueron: Perú (1993), Colombia (1994), Argentina (1994), Uruguay (1996), Bolivia (1997) y México (1997) estas reformas se caracterizan por la adopción de un pilar de capitalización obligatorio administrado por el sector privado (Urías et al. 1996).
La reforma del sistema mexicano de pensiones que entró en vigor el 1 de julio de 1997 transformó el antiguo régimen de repartición del IMSS en uno de capitalización (OCDE 1998, 80-83). Este se centra en la formación de cuentas de jubilación individuales administradas por AFORES (Administradoras de Fondos para el Retiro). Además de las cotizaciones obligatorias, los trabajadores pueden realizar depósitos voluntarios a su cuenta, mientras el Estado aporta una cotización fija.
Las AFORES destinan el ahorro para la jubilación en los mercados de capitales por medio de las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES), vigilado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Guillén 2005, 314). Es decir, el sistema de capitalización individual se efectúa en dos fases: las AFORES recaudan las cotizaciones de los trabajadores para que, posteriormente, las SIEFORES depositen esas sumas en las bolsas.
El cambio inició en 1997, con la reforma al sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado afiliado al IMSS, avanzó en 2007 con la reforma a la Ley del ISSSTE (trabajadores del estado) y se consolidó en 2014 y 2015 con las reformas a los sistemas pensionarios de la CFE y PEMEX (Damián 2016).
Las reformas de 1997 y 2007 pretendían que todos los trabajadores se trasladaran al sistema de cuentas individuales, sin embargo, la resistencia sindical logró que los trabajadores activos pudieran optar por el sistema de jubilación de su preferencia.
Sin embargo, como resultado de las reformas de los sistemas pensionarios de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE, aumentaron la edad de jubilación, implementaron cuentas individuales de ahorro para el retiro y ampliaron las cotizaciones voluntarias. Las reformas pensionarias impulsaron la instauración de sistemas de capitalización, el cual conlleva dos grandes regímenes: beneficios definidos (fondo de pensión de prestaciones definidas) y cuotas definidas (fondo de pensión de aportaciones definidas). Donde el primero garantiza de manera formal el monto de las prestaciones, mientras en el segundo el trabajador no sabe cuánto cobrará.
En México, las comisiones y los costos de las AFORE se encuentran entre los más altos de los países de la OCDE. Al comparar ambos regímenes (de reparto e individual), se observa que el sistema de capitalización tiene un costo de funcionamiento superior al de reparto. Ya que
gran parte de las cotizaciones permite cubrir salarios de los administradores de cuentas individuales, comisiones de operadores bursátiles, gastos de publicidad de los fondos de pensión, y pagos por afiliación y traspaso; los cuales no existen en el sistema de reparto (Pierre 2015, 1).
Para las empresas y los bancos, los fondos de pensión transforman las cotizaciones de los trabajadores en capitales creadores de dividendos e intereses. En otras palabras, los ahorros para el retiro de las clases trabajadoras sostienen los fondos de acumulación y de especulación de los sectores capitalistas (Stallings et al. 2006, 248).
Desde la reforma, las cuentas individuales han sido administradas por un número reducido de AFORES, y de 1998 a 2003 se observó un rápido crecimiento de éstas, incrementándose del 1,5% del PIB en 1998 al 6,2% en el 2003. Para el 2003, recibieron aproximadamente un 22% de toda la deuda del gobierno y un 27% de la deuda privada (Banco de México 2003).
No obstante, la presencia y el crecimiento de los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales mostraron un panorama favorable a los analistas, al gobierno y al sector privado de un mejor desempeño esperado de los mercados de capitales.
En cuanto a las reformas de 2014 y 2015, introdujeron el sistema de cuentas individuales exclusivamente para las nuevas generaciones. En todos los casos, el pago de las pensiones de la generación de transición, la que está bajo los esquemas de reparto se realiza con recursos públicos.
Señala Pierre (2015: 2) que la reivindicación del derecho a jubilarse defiende el principio del retiro como tiempo de vida no subordinado al capital. Así, de forma contradictoria, las reformas pensionarias recientes trasformaron ese principio en una mayor subordinación del trabajo al capital.
La etapa actual, que comenzó con la crisis del modelo de regulación fordista de fines de los sesenta, ha tenido como eje central la mundialización, mayor intercambio comercial, financiero, productivo y tecnológico. Estos procesos ocurren paralelamente con cambios en las políticas económicas que promueven la apertura y liberalización (Olesker 2004, 24).
Esta nueva fase de desarrollo de la economía mundial define un nuevo perfil de acumulación mundial, cuyo objetivo es recomponer la tasa de plusvalía y permitir el alza de la
tasa de ganancia mundial. Lo anterior es posible mediante una trasformación tecnológica, sobre todo en los países más desarrollados, y un deterioro de las condiciones de trabajo a nivel global, en especial en los países subdesarrollados (Olesker 2004, 25). Un punto muy importante es el que señala Guillén (2005, 262):
“Éste régimen de acumulación se basa en las finanzas y las formas de financiarización que provocan; donde los actores más importantes en la economía mundial no son los grandes grupos industriales transnacionales sino las instituciones financieras no bancarias, o sea, aquellas que no tienen poder de creación crediticia. Estas instituciones buscan hacer rendir frutos a la liquidez que colectan mediante un circuito D-D’. Se trata de los fondos de pensión, los fondos mutuos, los fondos especulativos y las aseguradoras. Estas instituciones financieras poseen grandes recursos financieros y han sido las principales beneficiarias de la globalización financiera. A pesar de ser instituciones financieras no han abandonado la industria. Gran parte de sus recursos financieros (provenientes de las cotizaciones patronales de ahorro salarial en el marco de los sistemas de jubilación por capitalización) se constituye por paquetes de acciones. La posesión de dichas acciones les permite desempeñar un papel central en las estrategias de inversión de los grupos industriales, mediante lo que se denomina “el gobierno de empresa”, o corporate governance” (Guillén 2005, 262).
A partir de finales de 1980, se originó un enorme desfase entre la economía real y la financiera y, en 2007, una grave crisis del sistema financiero, que causó el derrumbe de las inversiones mundiales de capital. Amenazando con hundir la economía real y, como resultado, sacudiendo los cimientos de la producción capitalista mundial, con una fuerte contracción de la economía real en el centro del sistema y, con consecuencias inesperadas en la periferia (Foster & Magdoff, 2008).
Bello (2009) entiende el proceso vivido desde 1980, como un ajuste económico y político del nuevo orden mundial, basado en tres estrategias de cara a una crisis de sobreproducción: 1) reestructuración neoliberal, 2) globalización y 3) financiarización.
En el contexto de crisis de sobreproducción, la financiarización tiene el propósito de
mantener y aumentar la tasa de ganancia. Con la inversión en la industria y la agricultura generando poca rentabilidad, y como resultado del exceso de capital acumulado, grandes cantidades de fondos excedentes fueron invertidas o dirigidas hacia el sector financiero, profundizando el problema e incrementando la especulación con el fin de expandir la acumulación y ganancias a través de la financiarización (Bello, 2009).
Desde esa perspectiva, el capitalismo está avanzando hacia una nueva fase y las medidas tomadas para controlar la crisis sugieren la reestructuración de las condiciones que faciliten la acumulación de capital. No obstante, es posible que dichas condiciones puedan conducir a la caída o el derrocamiento del sistema, sin promover una nueva reestructuración. Al igual que la crisis en sí, es probable que la nueva configuración sea multidimensional tanto en la forma económica (reforma neoliberal, globalización, financiarización, conversión tecnológica) como en su forma política, lo anterior, por la relación necesaria entre estructura y superestructura (Veltmeyer, 2010).
La sobreacumulación de capital en todas sus formas (capital-mercancías, capital productivo, capital-dinero) se ha convertido en un rasgo inherente al capitalismo. Actualmente, los mercados financieros se presentan como un gran carrusel de capital ficticio sobrante en búsqueda de colocaciones redituables (Guillén, 2014: 19).
Dicho de otra forma, el neoliberalismo, entendido como un proceso continuo y contradictorio que tiende a profundizar y ampliar la mercantilización de la sociedad, exige que la manifestación de las crisis de acumulación de capital, incluidas las luchas que amenazan con deslegitimar el modelo, sean absorbidas o desplazadas, espacial y temporalmente. También requiere que los estados y las clases capitalistas se involucren continuamente en la construcción, naturalización y reproducción social de las estrategias altamente paradójicas de acumulación neoliberal, como la bursatilización de pensiones.
Este proceso, que Soederberg (2011) denomina como capital caníbal, donde los ahorros de los trabajadores en la forma de fondos de pensiones, se alimentan tanto del aumento de su propio endeudamiento, como el de los trabajadores, lo que ha sido una condición impulsada en gran medida por el estancamiento de los salarios reales y el desempleo.
Es decir, se trata de una forma de fetichismo financiero que implica la ilusión de bursatilización, la cual busca crear la ilusión de que los individuos ganarán, no sólo más libertad
económica, sino también mayores recompensas confiando en el mercado en lugar del gobierno.
Las características claves del fetichismo financiero ayudan a la implementación y reproducción de bursatilización (Soederberg, 2011: 4). Esta ilusión y confianza ciega en el capital ficticio, permitirá entender el vínculo de las pensiones y la bursatilización:
“Si para el trabajador individual el financiamiento de su jubilación aparece como un atesoramiento, se trata entonces de la adquisición de derechos sobre una parte de la producción futura. Dichos derechos pueden ser objeto de garantías colectivas o reflejarse en contratos individuales. En el primer caso forman un sistema de reparto donde una institución estatal cobra las cotizaciones de los activos a cambio de la promesa de entregar un ingreso regular al jubilarse. En el segundo se compone por un sistema de capitalización donde una empresa privada recolecta las cotizaciones de los activos para invertirlas en la bolsa, bajo el compromiso de pagar un ingreso regular al retiro” (Pierre, 2015).
De acuerdo a la cita anterior, la bursatilización se encuentra en el segundo caso, donde el capital monopolista-financiero se encarga de administrar la mayor parte de los ahorros y disponer de ellos para incrementar sus ganancias en el corto plazo.
Por un lado, los trabajadores desconocen cómo sus inversiones aumentan en valor. Es decir, se confía en la bursatilización a tal grado que, se ignoran los vínculos entre la explotación de los trabajadores y los ingresos percibidos por los intereses. En el sistema financiero se presenta el riesgo como un fenómeno económico, olvidando el contenido social, especialmente, el poder de clase del discurso dominante.
Es fundamental comprender la bursatilización del ahorro y el aumento de la dependencia de los trabajadores en los mercados financieros, como resultado de formas complejas de las luchas entre trabajadores y capitalistas, mediadas por el Estado.
Respecto a los cambios en relación al trabajo, éstos han sido profundos a nivel mundial, y más evidentes en países subdesarrollados, como los de América Latina. La situación de los trabajadores en el modelo de acumulación anterior, era regulada mediante esquemas que protegían a los trabajadores y de sus familias (Olesker 2004, 28). Sin embargo, en la fase actual, la disminución de los costos salariales se logra mediante la reducción del empleo y la
desregulación laboral. Generado pocos empleos, aunado a los procesos de privatización, desnacionalización, concentración, centralización y extranjerización de capitales.
“A través de las políticas de apertura implementadas, tanto para la libre circulación internacional de mercancías, como de capitales, dio más libertad de actuar a las transnacionales-, en las políticas de reducción de salarios, para tener mayor competitividad dentro del libre comercio; en los préstamos del Banco Mundial llamados de Ajuste estructural, los del Fondo Monetario Internacional para revertir el desequilibrio financiero, los del Banco Interamericano de Desarrollo, para políticas sociales. Todos ellos buscan asumir las políticas de liberalización y apertura, además de una visión focalizada de las políticas sociales que promueve la fragmentación social” (Olesker 2004, 31).
El esquema de gobierno de empresa, tiene como único objetivo la maximización del valor en bolsa, originando una financiarización creciente de la empresa, donde los accionistas toman el control y buscan garantizar un ingreso mínimo al capital. Prevalece la rentabilidad financiera sobre la económica, impactando negativamente el nivel de actividad y empleo de las empresas. Aquí los otros actores de la empresa: asalariados, clientes, proveedores, subcontratistas se convierten en mecanismos para aumentar el valor de las acciones (Guillén 2005, 265).
En este escenario, el riesgo económico de no asegurar ingresos futuros o de valor económico agregado-valor de mercado agregado (EVA-MVA) futuro no lo soportan los accionistas, sino las empresas. Por el contrario, los inversionistas institucionales6 han mostrado gran capacidad de transferir sus riesgos en tres sentidos: hacia las empresas, asalariados y países subdesarrollados (Guillén 2005, 268).
Sobre la transferencia hacia los asalariados, cabe resaltar el cambio entre la correlación de fuerzas de accionistas, directivos y asalariados. Desde los noventa, con la implementación del régimen financiero-rentista, se observa un dominio de los accionistas mediante los inversionistas institucionales, imponiendo la rentabilidad financiera como propósito, y donde la masa salarial funciona como variable de ajuste. En otras palabras, para mantener el rendimiento del capital, se reducen los costos (empleo y salarios). En ese sentido, los asalariados son el socio de menor peso,
pues son los que llevan el riesgo coyuntural o especifico de la empresa (Guillén 2005, 268).
Por tanto, la flexibilización de la organización del trabajo y la precarización del empleo son parte de los mecanismos usados para transferir los riesgos hacia los asalariados.
En resumen, el gobierno de empresa ha sido un esquema perjudicial para las empresas y sus asalariados. Donde el aumento del valor en bolsa se consigue de forma artificial a través de diversas manipulaciones, incluso presionando a la baja el empleo y las remuneraciones de los asalariados.
Así, el gran capital sirve a la clase capitalista por lo menos en tres formas interconectadas. En primer lugar, los trabajadores, tienen una fuerte participación en la preservación del sistema que los explota porque la destrucción del sistema capitalista implica la aniquilación de sus ahorros. Segundo, con cada crisis, los trabajadores se vuelven cada vez más dependientes del sistema de crédito. Tercero, los trabajadores han sido relegados al creciente ejército de reserva de subempleados y desempleados. Esto, a su vez, sirve para erosionar la solidaridad, debilitando la acción colectiva contra el carácter capitalista y clasista de la bursatilización (Soederberg, 2010a).
Acerca del origen de la bursatilización, una primera ola de la llamada bursatilización de pensiones tuvo lugar en los años sesenta y se refiere a la elevación del financiamiento (deuda) mediante la emisión de valores (participaciones en forma de acciones) los mercados de valores. Intensificándose en la década de 1980 con el intento del estado neoliberal para trasladar la demanda laboral de la seguridad social al mercado (Soederberg, 2010b).
A su vez, la profundización del mercado financiero permitió el desarrollo de una serie de prácticas de bursatilización, cuyo objetivo es adelantar liquidez de títulos no líquidos, que modificaron el funcionamiento de los bancos y la base de creación de dinero (créditos). Finalmente, antes de la práctica generalizada de la bursatilización, ocurrió la apertura del mercado de capitales con el objetivo de atraer el ahorro externo que debería complementar el ahorro interno y, de esa manera, incrementar el ahorro total y financiar la producción, especialmente la acumulación (Levy, 2008: 95).
En este nuevo entorno institucional, la bursatilización masiva de títulos permite a las corporaciones financieras (bancarias y no bancarias) y no financieras, administrar sus activos, lo cual implica venderlos antes que maduren.
El término de bursatilización proviene del proceso donde se obtienen fondos a través de
títulos bursátiles (securities) que están respaldados por activos (Levy, 2008: 96).
La bursatilización representa la reproducción del neoliberalismo de dos maneras. En primer lugar, es una realidad social, donde el trabajo requiere nuevas formas de acumulación de capital que se basan en mayores niveles de riesgo. Los trabajadores dependen cada vez más de un sistema que los explota porque saben que la destrucción del sistema capitalista implica perder sus ahorros (Soederberg, 2010b).
En segundo lugar, la bursatilización representa la reproducción social del neoliberalismo a través del capital ficticio. Este representa el capital que no está respaldado por ninguna transacción de productos básicos, o que se produce cuando el crédito se prorroga por adelantado, en la anticipación del trabajo futuro como contravalor.
La tendencia a profundizar y ampliar la bursatilización de fondos de pensiones puede ser vista como un signo del capital para expandir y reproducir el capitalismo a través del sistema de crédito, que históricamente involucra estrategias de especulación, fraude y depredación.
De acuerdo a Marx (1975), el sistema de crédito tiene el potencial para resolver desequilibrios al que el capitalismo es propenso, pero sólo puede hacerlo internalizando estas contradicciones. Por lo tanto, la necesidad incesante de formas intensivas de la especulación, el fraude y la depredación son, en parte, consolidadas y reproducidas mediante el fetichismo financiero y los mecanismos de opresión sobre el trabajo; las del capital monopolista-financiero.
El sistema de crédito y el capital ficticio son parte integral de una estrategia apoyada por el Estado para manejar los límites y crisis de la acumulación de capital.
Actualmente, el capital monopolista-financiero promueve la deuda de los trabajadores, destruye los ahorros de pensiones (cuando las burbujas de activos estallan) y abre nuevas líneas de bursatilización para aumentar la dependencia de los trabajadores con el mercado. Afectando sobre todo a los grupos más vulnerables de la clase trabajadora: los trabajadores más cercanos a su edad de jubilación y miembros de comunidades marginadas.
El desarrollo de la seguridad social se volvió necesario en la relación trabajo-capital, producto de las demandas de los trabajadores es que se han logrado mantener los principales derechos de protección al trabajador. Del mismo modo, se observan distintas posturas en cuanto al estudio de
este fenómeno, por un lado, los argumentos y recomendaciones que dictan los organismos internacionales: BID, FMI, OIT, OCDE y que defienden la capitalización individual de las pensiones por la “insostenibilidad” del financiamiento, y que a su vez beneficia al gran capital.
Y por otro lado, posturas que cuestionan este sistema traído con la reforma, de capitalización; en favor de defender los derechos de los trabajadores y analizar las perspectivas a futuro de sus ahorros para el retiro. Enfatizando la precarización de los trabajadores frente a las reformas de los sistemas de pensiones, y las nuevas condiciones de acceso a la seguridad social, considerando el crecimiento del sector informal.
Así, el plan de lograr un retiro digno de la clase trabajadora enfrenta importantes restricciones debido a las políticas neoliberales que reducen las posibilidades de desarrollo y los beneficios sociales, debido a las bajas contribuciones patronales, una mala administración de los sistemas de seguridad y el aumento de la concentración de la riqueza.
Bajo el modelo neoliberal se supuso un aumento del crecimiento económico para generar empleos e incrementar el bienestar social, sin embargo, se agudizó la desigualdad y la pobreza, generando a su vez fenómenos como: violencia, corrupción, pérdida de valores, pobreza urbana.
Del mismo modo, el empleo post industrial propició, por un lado, la incorporación de mano de obra altamente calificada, y, por otro, generó una demanda de mano de obra barata en empleos informales, de medio tiempo, autoempleo. En consecuencia, se tienen empleos mal pagados, con salarios precarios y mayor polarización social. Por tanto, puede decirse, que en el capitalismo actual cada día es más difícil conseguir un empleo, y sobre todo en condiciones de formalidad que permitan el acceso a una jubilación y seguridad social.
Los sistemas de seguridad social tampoco consideran los cambios en la organización dentro del hogar, donde el esquema con un proveedor único está desapareciendo y es, justamente bajo este modelo de familia que se construyeron los sistemas de seguridad social predominantes en América Latina.
En cuanto a los sistemas de cuentas individuales, no incorporan ningún instrumento redistributivo o social (como ocurría con el sistema de reparto), lo cual es inherente a cualquier política de protección social. Por el contrario, los sistemas de reparto son socialmente más integradores. Mientras que los de capitalización individual son precarios y rompen la solidaridad intra e inter generacional.
Sin embargo, y a pesar que existen argumentes en favor y en contra de ambos sistemas de jubilación, no puede ignorarse que el sistema de capitalización del ahorro individual expone a nuevos riesgos el ahorro de los trabajadores asalariados; ya que, al entregarse a una sociedad o fondo de inversión, el monto de la jubilación dependerá, por un lado, de los que el trabajador haya logrado acumular durante su vida activa, y por el otro, del éxito con el que se habría incrementado su ahorro. No obstante, dicho éxito está sujeto a la situación de los mercados financieros mundiales principalmente, y en menor medida a la competencia de los administradores de fondos.
La bursatilización (capitalización) de las pensiones aumenta la vulnerabilidad de los ahorros de millones de jubilados, ya que un crack bursátil o una corrección significativa de las burbujas especulativas podría privarlos de sus ahorros y condenarlos a la pobreza (Guillén, 2005, 300).
Debido a la gran influencia de los fondos de pensión, se argumenta que éstos construyen las condiciones de explotación de los trabajadores y los instrumentos de dominación moderna del capital financiero. Lo cual es un grave problema en la actualidad, al atentar contra las condiciones de vida de los trabajadores y sus expectativas para el retiro.
En suma, el sistema de capitalización individual trae consecuencias paradójicas para las aspiraciones que los trabajadores tienen sobre su futuro. De manera objetiva, el manejo bursátil de una cuenta individual de retiro aumenta la incertidumbre del trabajador. Pero desde el punto de vista subjetivo, el trabajador puede caer en la ilusión de la multiplicación de sus cotizaciones en la bolsa.
En la bursatilización, el capital monopolista-financiero se encarga de administrar la mayor parte de los ahorros y dispone de ellos para incrementar sus ganancias en el corto plazo.
Con la bursatilización de los fondos de pensiones, la creciente dependencia de los trabajadores del rendimiento económico de las empresas es característica del nuevo régimen financiero, lo que permite la profundización del neoliberalismo al permitir que las sociedades financieras y sus accionistas, incluidos los fondos de pensiones, ataquen a los trabajadores mediante la disminución del valor del ahorro de pensiones.
A través de estos mecanismos ficticios, se tienen repercusiones reales que reducen los ahorros de los trabajadores, donde se privatizan las ganancias por parte del capital monopolista-
financiero, pero se traslada la pérdida al trabajador a través de sus fondos de pensiones.
Finalmente, con base a la experiencia chilena se observa que aún en las mejores condiciones, un sistema privado de pensiones de cuentas individuales produce grandes costos sociales, particularmente sobre los trabajadores. Por lo cual, se busca la implementación de mecanismos para una reforma sustantiva que mejore el sistema actual, sin buscar sustituirlo. Un escenario similar es el esperado para el caso de México bajo estas condiciones.
Almendárez Carreón, O. I. (2014). Características socioeconómicas asociadas a la cobertura de los sistemas de pensiones para el retiro en México. El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, B. C.
Bello, W. (2009). The global collapse: A non-orthodox view. Recuperado a partir de https://zcomm.org/znetarticle/the-global-collapse-a-non-orthodox-view-by-walden-bello/
Blanco, J. M. M., & Fócil, A. B. V. (2016). Un análisis de las principales reformas y resultados del sistema de pensiones de México desde los orígenes del sistema de capitalización; hacia la resiliencia. Economía Española y Protección Social, (8), 41–78.
Boltvinik, J. (2014). Crisis capitalista. En L. Arizmendi Echecopar (Ed.), Crisis global y encrucijadas civilizatorias (pp. 61–100).
CEFP. (2013). Indicadores sobre seguridad social en México (p. 9). México: CEFP, Centro de estudios de las finanzas públicas.
Correa, E., & Girón, A. (2004). Economía financiera contemporánea. Tomo I (Primera). México: Miguel Ángel Porrúa.
Damián, A. (2016). Seguridad social, pensiones y pobreza de los adultos mayores en México.
Acta Sociológica, 70, 151–172. https://doi.org/10.1016/j.acso.2017.01.007
Foster, J. B., & Magdoff, F. (2008). Financial implosion and stagnation: Back to the real economy. Monthly Review, 60(6), 1–15.
Foster, J. B., McChesney, R. W., & Jonna, R. J. (2011). The Internationalization of Monopoly Capital. Monthly review, 63(2), 3–18.
Guillén, A. (2014). La unión europea en el torbellino de la crisis global. En L. Arizmendi Echecopar (Ed.), Crisis global y encrucijadas civilizatorias (pp. 13–60).
Ham Chande, R., Ramírez López, B. P., & Valencia Armas, A. (Eds.). (2008). Evaluación y tendencias de los sistemas de pensiones en México (1a. ed). México, D.F.: [Tijuana]: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM: Miguel Ángel Porrúa; El Colegio de la Frontera Norte.
INEGI. (2010). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010 (Encuesta). INEGI. Recuperado a partir de http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/tradicional/2010/defa ult.html
La Jornada Zacatecana. (2017, mayo 2). Empleo precario y bajos salarios, “sello” del Día del Trabajo. Recuperado el 4 de mayo de 2017, a partir de http://ljz.mx/2017/05/02/empleo- precario-bajos-salarios-sello-del-dia-del-trabajo/
Levy Orlik, N. (2008). El impacto de la nueva configuración del sistema. Economía informa, (355), 91–107.
Martínez Preece, M. del R. (2013). Riesgo financiero de los fondos de pensión. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Economía, México.
Marx, K. (1975). El capital. Tomo III (Vol. 7). México: Siglo XXI editores. OCDE. (2016). Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones México.
Olvera, D. (2017, octubre 9). La inflación en México, la mayor desde 2001, hace polvo al salario mínimo y lo coloca en 63.50 pesos. Recuperado el 21 de septiembre de 2017, a partir de http://www.sinembargo.mx/10-09-2017/3301757
Pierre, M. (2015). Jubilarse en el capitalismo de hoy. La clase trabajadora y los fondos de pensión. Memoria. Revista de crítica militante, (256). Recuperado a partir de http://revistamemoria.mx/?p=722
Rodríguez, V. (2012). La política económica mexicana de los ochenta reinterpretada bajo la hipótesis de la financiarización. Problemas del desarrollo, 43(169), 145–161.
Soederberg, S. (2010a). Cannibalistic Capitalism: Securitized Pension Funds and the Social Reproduction of Neoliberalization. En Meeting of the Standing Group on International Relations, Stockholm, Sweden (pp. 9–11). Recuperado a partir de http://www.eisa- net.org/be- bruga/eisa/files/events/stockholm/SGIR%20Soederberg%20(Final)%202010.pdf
Soederberg, S. (2010b). Cannibalistic capitalism: The paradoxes of neoliberal pension securitization. Socialist Register 2011: The crisis this Time, 47, 224–241.
Valenzuela Feijoó, J., & Ortega Herrera, J. M. (2013). Crisis neoliberal y alternativas de izquierda en América Latina II: México. México, D.F: EL BARZON.
Veltmeyer, H. (2010). La crisis global y Latinoamérica. Problemas del desarrollo, 41(160), 13– 38.
Vidal, G., & Guillén Romo, A. (Eds.). (2007). Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización: homenaje a Celso Furtado (1. ed). Ciudad de Buenos Aires, Argentina: [México]: CLACSO ; Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado : Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Notas
1 De acuerdo a la OIT el salario mínimo se define como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. El objetivo del establecimiento del salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas.
2 El salario real considera el aumento en la tasa de inflación durante el año en curso. Es el salario nominal en relación a los precios.
3 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el encargado de
realizar la medición de la pobreza, para ello utiliza dos líneas de ingreso: la línea de bienestar mínimo, que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la línea de bienestar, que se refiere al valor total de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona al mes.
4 Marx denominó el capital ficticio como: “Aun en aquellos casos en que el título de deuda –el título de valor–, no es, como ocurre en el caso de la deuda pública, un capital puramente ilusorio, es puramente ilusorio el valor–capital de este título (…) Los títulos de valor se consideran como títulos de propiedad que representan este capital. Las acciones de compañías ferroviarias, mineras, navales y de otras sociedades representan un verdadero capital, a saber: el capital invertido y que funciona en estas empresas o la suma de dinero desembolsado por los socios para que pueda ser invertido en ellas como capital. Lo cual no excluye, ni mucho menos, la posibilidad de que se trate de una simple especulación. Pero este capital no existe por doble concepto, de una parte como valor–capital de los títulos de propiedad, de las acciones, y de otra parte como el capital realmente invertido o que ha de invertirse en aquellas empresas. Existe solamente bajo esta segunda forma y la acción no es otra cosa que un título de propiedad que da derecho a participar pro rata en la plusvalía que aquel capital produzca” (Marx, 1975: 601).
5 El sistema mexicano de pensiones, que se basa principalmente en un esquema fondeado de cuentas individuales de contribución definida, el cual fue introducido en 1997 para los trabajadores del sector privado, y en 2007 para los trabajadores del sector público.
Una parte constitutiva de la pensión pública se refiere al antiguo sistema de pensiones de reparto de beneficio definido, el cual todavía está vigente para trabajadores que ingresaron al mercado laboral antes de la introducción de las cuentas individuales de contribución definida. La pensión mínima en las pensiones públicas consiste en una pensión mínima garantizada (PMG), y la pensión social no contributiva, cuyo otorgamiento está sujeto a la comprobación de recursos para personas mayores de 65 años (pensión para adultos mayores o “65 y más”). La cobertura del sistema mexicano de pensiones, así como el nivel de las aportaciones y la duración del periodo de cotización, son los principales factores que explican los posibles problemas respecto al monto de los ingresos de jubilación que el sistema prevé entregar (OCDE, 2016: 30).
6 Los inversionistas institucionales son entidades financieras que administran grandes cantidades de dinero para invertirlo en valores bursátiles. Se constituyen en los inversionistas más importantes dentro del mercado de valores, debido a que administran y concentran el ahorro de un gran número de personas. En lo que se refiere a los inversionistas institucionales, estos incluyen a los fondos mutuos, pero también a los fondos de pensión privados, sociedades de inversión y a las compañías aseguradoras (Correa & Girón 2004, 33).