Nubia Fernanda Espinosa Moreno1
Resumen: ¿Cómo y hasta qué punto el aumento de la violencia afecta la participación electoral? El objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la participación electoral en las elecciones federales intermedias y tasas de homicidios entre 1996 y 2016. En primera medida revisamos una caracterización de la violencia estos años, las distintas variables que afectan la participación electoral y el sistema democrático. A continuación, la sistematización de la tasa de homicidios comparándolos con los índices de participación electoral. Luego presentamos los resultados de la correlación revisando en profundidad algunos estados. Finalmente una comparación con Colombia.
Abstract: In the context of the increase of violence in Mexico, we ask: How and to what extent does this violence affect electoral participation? The objective of this paper is to analyze the relationship between electoral participation in intermediate federal elections and homicide rates between 1996 and 2016. In the first place, we review a characterization of violence in the last 20 years, the different variables that affect electoral participation and the characteristics of the democratic system. Then the systematization of the homicide rate in the states and in the whole country comparing them with the electoral participation rates. Then we present the results of the correlation, reviewing in depth some states. Finally a comparison with Colombia.
Palabras clave: violencia; democracia; participación electoral; abstención; homicidios
Las múltiples formas de violencia pueden afectar la democracia de maneras muy disimiles. México es un país donde la violencia ha estado creciendo de manera diferenciada según los estados. Los estados con mayor presencia del narcotráfico presentan mayores índices de homicidios, secuestro y desapariciones. ¿Cómo y hasta qué punto la violencia afecta la participación electoral?
Paradójicamente, el crecimiento en los índices de homicidios y otros índices de violencia coincidió con la alternancia política, es decir, las primeras derrotas electorales al PRI, con la presidencia de Vicente Fox en el 2000. La alternancia fue un proceso que no se resume únicamente en el año 2000, como señala Mario Ojeda Gómez (2004) desde los años noventa se dieron cambios políticos y sociales que prepararon la alternancia. En estos años se comenzaron a romper pactos y dinámicas pactadas con el viejo régimen. No se debe confundir la alternancia como una causante directa del aumento de la violencia, más bien, debe valorarse que los cambios en el partido gobernante dentro de las entidades federativas rompieron acuerdos y abrieron procesos de competencia entre los carteles, mismos que se ven alentados por la propia reconformación de los mandos políticos. Según datos de las ONGs en la violencia ligada al narcotráfico en México ya han muerto 50,000 personas, unas 16,000 se encuentran desaparecidas y otras 230,000 han sido desplazadas. (Displacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, 2011).
La pregunta de este trabajo es si existe una relación entre esta violencia y la democracia en México, para ello, exploramos la relación entre el porcentaje de participación electoral y la violencia entre 1991 y 2015. Planteamos analizar si se presenta la existencia de una correlación directa entre niveles de participación político-electoral y la existencia de violencia, identificada en términos generales con la tasa de homicidios registrados en entidades federativas.
No queremos atribuirle a las elecciones un carácter o una naturaleza violenta, cuando consideramos que son justamente lo contrario: un medio pacífico para resolver y asignar preferencias políticas. Sin embargo, la violencia durante y particularmente antes de los procesos electorales si puede tener una incidencia en la participación electoral.
Existen dos posibles respuestas o hipótesis: 1. con el aumento de violencia disminuye la participación electoral, pues el electorado no ve garantizada la seguridad para su participación en el sistema democrático o es apático ante la posibilidad de cambios o efectividad de su voto. 2. con el aumento de violencia aumenta la participación electoral, pues el electorado tiene mayor interés político en votar buscando cambios en la política de seguridad. La variable dependiente sería la participación electoral y la independiente el nivel de violencia.
Para resolver la pregunta en primera medida revisamos una caracterización de la violencia en México en el periodo en los últimos 20 años, es decir, entre 1996 y 2016. En segundo lugar, revisamos la participación electoral en los Estados Unidos Mexicanos, las distintas variables que
afectan la participación electoral y las características del sistema democrático mexicano. A continuación hemos sistematizado la tasa de homicidios en los estados y la totalidad del país comparándolos con los índices de participación electoral en las elecciones federales (Elecciones Federales de México de 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015)1. Presentamos los resultados de la correlación2 tanto a nivel nacional como comparando en profundidad 16 entidades, las que presentan mayores y menores índices de violencia y los estados que tienen mayor y menor participación electoral. Finalizamos con una comparación con otros casos internacionales, en particular con el colombiano y unas conclusiones.
Hemos decidido concentrarnos en las elecciones federales, pues Bravo, Grau y Maldonado en el informe Elecciones, Violencia y Estructura Social (EVES): Base de Datos Integral de Municipios Mexicanos (2014), señalan que son las elecciones donde más correlación existe entre violencia y democracia. Este informe compara elecciones con violencia para el nivel nacional y hasta el 2014. En este trabajo profundizamos en los cada uno de los estados y tomamos datos hasta 2016.
Optamos por seleccionar el dato de participación electoral pues nos parece un indicador importante de niveles democráticos, sin desconocer que a futuro sería importante revisar datos como los de competitividad electoral o tipos de votación, investigaciones que están pendientes de realizar. Finalmente, consideramos que un indicador que permite medir niveles de violencia, son las tasas de homicidios por estado, reconociendo que otros datos como secuestro, extorsión, robos, también son importantes para una caracterización de la violencia. Vale la pena resaltar que la violencia tiene múltiples causas y formas de expresarse, por tanto la consideramos una variable independiente de alta complejidad.
Revisando los datos de homicidios podemos observar como los índices de violencia a nivel nacional crecieron a partir de 2004 y aumentaron dramáticamente a partir de 2007, alcanzando su máximo en 2012 para disminuir a partir de ese año.
Existen distintas explicaciones académicas y periodísticas de esta crisis de aumento de la violencia. Debemos hablar de un fenómeno multi-causal y complejo. Entre algunas de las razones podemos encontrar la guerra contra el narcotráfico, la ausencia estatal, la desigualdad social y el
aumento de las rutas y bandas del narcotráfico.
Varios teóricos hablan de la responsabilidad del Estado en esta violencia. “La intervención del gobierno en su guerra contra los cárteles ha tenido un efecto importante en el desencadenamiento de la violencia. Las cifras son inequívocas. Cuando interviene el gobierno se dispara la violencia… los datos apuntan a que el gobierno precipitó una escalada de violencia atroz.” (Bergman, 2012: 70). Es decir, la estrategia de “guerra contra el narco” habría catalizado la violencia y aumentado la violación de derechos humanos. Los datos indican que la violencia por el narcotráfico aumentó durante las presidencias de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Aunque la estrategia del gobierno puede haber sido un catalizador, ésta no explica en su totalidad el incremento de la violencia. Seguramente influyeron en gran medida la debilidad estatal previa y la desigualdad social de algunos de los estados con mayores índices de violencia. Es decir, hay variables estructurales que pueden ser los antecedentes de la crisis de los años recientes, como, la debilidad institucional y las deudas sociales del Estado y tensiones sociales no resueltas. Consideramos que la correlación entre violencia, democracia y participación está influida por estos factores.
Una tercera causalidad es el crecimiento de las rutas del narcotráfico y el aumento de la guerra entre carteles, la cual ha significado un crecimiento de la “brutalidad” de la violencia. “Se dice que la lucha encarnada por rutas y plazas entre organizaciones que pugnan por su control ha derivado en una guerra entre bandas. De acuerdo con esta perspectiva, el negocio del narcotráfico es tan lucrativo que genera muchos incentivos para que, recurriendo a la violencia, los más fuertes se apoderen de sus fabulosas rentas.” (Bergman, 2012: 72). El narcotráfico ha potenciado con crueldad la violencia y ha logrado penetrar a la sociedad y al sistema político. Sin embargo, estados fronterizos, como Chiapas y Oaxaca, donde cruzan las rutas del narcotráfico, aun no se encuentran entre los estados con mayores índices de violencia, aunque algunos municipios de Oaxaca si lo estén.3 Los mayores indicies de violencia parecen encontrarse donde se dan las disputas por las rutas.
Es igualmente grave la corrupción y las violaciones a derechos humanos donde participan las fuerzas armadas y la violencia criminal, lo que ha generado que: “las actividades delictivas de las bandas criminales y los abusos de los militares en el contexto de la guerra contra el narcotráfico han llevado a México a una grave crisis de derechos humanos que se ha agudizado por el alto grado
de impunidad que prevalece tanto para las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares como para los delitos cometidos por los delincuentes” (Estévez, 2012; 21). Se trata de un modelo de violencia mixta donde la violencia contra la población la ejercen tanto las fuerzas armadas como el narcotráfico, violencia mixta en la que no se distingue el involucramiento de autoridades y funcionarios públicos con el poder criminal del crimen organizado.
Lejos de pensar que por efecto de la violencia México pueda convertirse en un “Estado fallido”, es interesante señalar las formas como el narcotráfico y la violencia han influido en el sistema político y en el Estado.
Las tasas de violencia son inherentes al narcotráfico y a los procesos del crimen organizado. Aunque el repunte de la violencia fue a partir de 2008, “el tráfico de drogas mexicano siempre ha estado asociado con la violencia. En México, la violencia relacionada con las drogas dista mucho de ser algo nuevo” (Williams, 2010: 17). Debemos señalar que desde 1950 el narcotráfico atraviesa México. Durante el primer apogeo de las drogas en México, la violencia asociada también fue significativa, aunque mucho menor.
La violencia en México tiene gran heterogeneidad regional, por ello son importantes los estudios comparativos sobre los estados. El crecimiento de la violencia ligada al narcotráfico también debe explicarse en la lucha por el control estratégico de rutas y el antagonismo entre carteles. Desde 2010 parece que hubo un auge en el antagonismo entre los carteles por la competencia en el negocio del narcotráfico, venganzas inter-carteles y crecimiento del micro- trafico al interior del país. La atomización de los carteles fue debido a la política de Estados Unidos y de México de guerra contra este flagelo. Esto llevó a mayores índices de violencia en ciudades como Juárez (Chihuahua), Culiacán (Sinaloa) y Tijuana (Baja California). Igualmente, el antagonismo entre carteles también significa que por momentos hay pactos entre ellos. En 2010, por ejemplo, “los cárteles del Golfo y de Sinaloa, junto con La Familia Michoacana, pusieron a un lado sus diferencias para combatir a Los Zetas” (Williams, 2010; 24)
Adicionalmente, el flujo de dinero y de armas de alto calibre de los carteles hace que estos tengan mayor capacidad ofensiva, en algunas ocasiones incluso mayor que las fuerzas armadas estatales. “Los asesinatos de jefes policíacos, miembros del ejército y servidores públicos son cada vez más numerosos, aunque siguen representando entre 5 y 10 por ciento del total de homicidios relacionados con la droga.” (Williams, 2010: 31). Esta relación doble con las fuerzas armadas
estatales de corrupción y de persecución presenta un gran desafío para el Estado mexicano.
Buscaglia (2015) señala que en México 8 o 9 de cada 10 pesos mexicanos en las campañas políticas son ilegales, entre dineros del narcotráfico y de la corrupción. Esto significaría que han “contaminado la democracia” al financiar las campañas políticas. Además de los dineros ilícitos afirma que entre el 20-23% de los votos están sujetos al fraude. En el marco de los procesos electorales identificar específicamente esta relación que existiría con la corrupción y el narcotráfico es un fenómeno muy difícil de caracterizar, contabilizar o estudiar por su misma característica de ilegalidad. “Existe una relación entre el dinero sucio en la política y la inacción y la parálisis del gobierno mexicano […]. El gobierno mexicano no toma medidas en los casos de las empresas involucradas en el lavado de dinero del narcotráfico y otros delitos financieros [porque] en algunos casos, estas empresas financian las campañas políticas a nivel local, estatal y federal.” (Buscaglia, 2015, http://www.sinembargo.mx/25-12-2015/1585192) Autores como Luis Carlos Ugalde tendrían un cálculo más conservador, variando la proporción 1 peso legal y 1 uno ilegal en los procesos electorales. Según Ugalde la parte del dinero del narcotráfico no sería preponderante, sino focalizada en unas zonas más que en otras.
Un dato importante que referencia la calidad democrática es la participación electoral, la cual en general ha disminuido, fenómeno que no es exclusivo de México. El investigador Bruno Lutz señala que aunque “En la Constitución y en las leyes estatales que el ciudadano tiene la obligación de votar”; el abstencionismo es un fenómeno sustancial. “Así que es una obligación in jure pero no de facto…En México, el no haber formalizado la obligación de votar con reglamentos específicos es la mejor prueba de que esta voluntad no pasa de ser una veleidad comprensible y hasta legítima en un contexto democrático.” (Lutz, 2005: 799)
Paradójicamente la alternancia ha significado una disminución de la participación electoral. “La elección presidencial del año 2000 en México marcó el fin de 71 años de gobierno priísta. Es la elección más importante en la historia electoral de México. No obstante, la asistencia a las urnas en esta elección fue significativamente menor que en la anterior, y disminuyó de 77 a 64 por ciento.” (Buendía, J. y Somuano, F. 2003; 289).
La competitividad electoral es básica para la democracia. La alternancia es fundamental,
sin embargo, no es suficiente para la consolidación de una democracia de “tercera ola” como la mexicana, donde las instituciones del Estado y la rendición de cuentas son fragmentarias. Los regímenes de fraude electoral afectan la confianza electoral de los ciudadanos. Buendía, J., y Somuano F (2003) se preguntan si “esta historia permanente de fraude electoral ha minado la legitimidad del voto como un medio de participación. Si éste es el caso, hay dos posibles efectos. El primero es una sensación de descontento con políticas, actores o instituciones específicos que, por lo general, conduce a una aversión al sistema político. El segundo es el uso cada vez mayor de medios directos de acción que pueden convertirse incluso en violencia política.” (Buendía, J. y Somuano, F. 2003: 294), descubriendo que quienes “sienten que el voto influye en la vida política de México tienen un índice más alto de asistencia a las urnas que los que no comparten esa opinión” (Buendía, J. y Somuano, F. 2003: 296) señalando tres factores de importancia que el ciudadano evalúa para la decisión de participar electoralmente: “ 1) capacidad de respuesta (responsiveness) de los partidos y los políticos, a las necesidades de los ciudadanos; 2) evaluación de las instituciones, en especial la democracia y el proceso electoral y 3) eficacia política.” (Buendía, J. y Somuano, F. 2003: 296) señalando que el porcentaje de personas que se involucran en actividades políticas no electorales (9% de la población) es pequeño, pero significativo.
“En otros países la participación electoral y otros tipos de actividad política no se relacionan en absoluto o tienen una relación positiva. En México, ocurre lo contrario: hay ciudadanos que se abstienen de votar, pero no se alejan de la política; más bien, se involucran en otras actividades políticas, algunas de ellas inclusive ilegales.” (Buendía, J., & Somuano, F. 2003: 309)
Entre las causas del abstencionismo mexicano se pueden observar además de la falta de confianza en el sistema electoral, la corrupción, el estancamiento económico y la inseguridad. También es contradictorio que aunque el padrón electoral y los sistemas de control electoral se han refinado, la participación electoral ha disminuido. El abstencionismo medido como la diferencia entre el número de electores inscritos y el número efectivo de votantes varía dependiendo del tipo y año de elecciones, si se trata de elecciones federales, presidenciales o de diputados. En el caso de esta investigación nos concentramos en las elecciones federales intermedias, las cuales tienen
mayores índices de abstención que las presidenciales.
Observando los datos nacionales de participación en elecciones federales (gráfico 1), lo primero que resalta es lo cíclico de los porcentajes de participación; es decir, hay elecciones de participación cercana al 40% y luego de mayor o cercana al 60% y luego se repiten. Siempre manteniéndose en el rango entre 40% y 64% de participación con un promedio de 53.35%. Frente a la tasa de homicidios se refleja el proceso de descenso hasta 2004, con un incremento en 2005 y a partir de 2008 un incremento exponencial teniendo su máxima en 2011. El promedio anual nacional de la tasa de homicidios fue de 13.588 por cien mil habitantes.
En el periodo estudiado (1996-2016) hay una correlación aparente entre tasa de homicidio y participación electoral, se trata de una correlación de 0.403, una correlación positiva importante. Es decir, que cuando aumenta la violencia aumenta la participación. Revisando cada proceso electoral resalta que la correlación positiva es mayor fue en las elecciones de 2012, en las hubo una alta participación y el mayor número de homicidios.
70.00
60.00
50.00
40.00
25
20
15
30.00
20.00
10.00
0.00
10 Participación electoral tasa de homicidios
5
0
1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019
Fuente: Elaboración propia con datos de tasa de homicidios del INEGI y porcentaje de
participación del INE.
Los estados con mayores índices de homicidios son: Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Durango, Baja California, Nayarit y Tamaulipas (en orden de mayor tasa de homicidios por habitantes a menor). Chihuahua es uno de los estados con mayores tasas de homicidio por habitante de los últimos 20 años. El promedio anual de su tasa de homicidios es de 34,82 por cien mil habitantes. Se trata de un estado con una tasa de homicidios constante entre el 2000 y el 2007, luego tuvo un exponencial crecimiento de los homicidios. Llegando a una tasa de 110 por cien mil habitantes en 2010, el máximo histórico entre todos los estados. En Chihuahua se encuentra ubicada Juárez, la
ciudad con mayores índices de violencia, también reconocida por los feminicidios.
Esto coincide con los bajos índices de participación de Chihuahua, en particular en los años de 2003, 2009 y 2015, cuando la participación fue menor de 35%. El promedio de participación en el totalidad de las elecciones federales de Chihuahua estudiadas fue de 44.63%.
La correlación entre la participación y la tasa de homicidios es de -0.325. Sin embargo, casos concretos como la elección de 2009 coincide una baja de participación con el crecimiento de la tasa de homicidios. La escala de la tasa de homicidios de los otros estados de menor participación va hasta 70, excepto en Chihuahua donde alcanza hasta 120 por cien mil habitantes. Guerrero: Es el segundo estado con mayores tasas de homicidio por habitante durante el periodo estudiado. Es de resaltar que su tasa de homicidios era alta desde los años noventa, manteniendo una tasa de homicidios cercana a los 40 por cien mil habitantes entre el 1997 y el 2000. Decrecieron los índices de violencia entre el 2000 y el 2004, nuevamente aumentaron desde el 2005, y alcanzaron su punto máximo en 2012. El promedio de su tasa de homicidios por año es
de 38.505 por cien mil habitantes.
El promedio de participación electoral es de 46.81%. Sorprende el contraste entre la elección de 2009 con una participación del 32.5 % y la elección de 2012 con una participación de 59.6%. La primera muy por debajo de promedio nacional y la segunda más elevada del promedio nacional.
La correlación que encontramos entre participación electoral y tasa de homicidios fue de 0.730. Es el estado donde hemos encontrado una mayor correlación entre las tasas de homicidio y
los porcentajes de participación. La correlación es particularmente alta en las elecciones federales de 2003, donde la participación decreció al tiempo que disminuyeron los homicidios, y en el año 2012 donde la participación aumentó de igual manera que creció la tasa de homicidios.
En Sinaloa el promedio de participación electoral para las elecciones federales es de 51.08%. La mayor participación fue en las elecciones del 2000 con una participación de 63. 55%, superior al promedio nacional que fue de 53.35%. Las elecciones de 2015 tuvieron una participación electoral muy baja con tan solo el 37.73%, porcentaje menor a la participación nacional de ese mismo año que fue de 47.01%. Esto probablemente se deba a situaciones internas del estado que afectaron la política, como por ejemplo la recaptura del “Chapo” Guzmán.
La correlación entre tasa de homicidios y promedio de participación es muy baja (-0.045). No parece existir una relación con excepción de la elección federal de 2015, cuando al tiempo que decrecieron los homicidios decreció la participación electoral.
El promedio de participación por elección en Durango fue de 49.01%, la participación electoral en cada elección federal entre 1996 y 2016 fue bastante cíclica, manteniéndose en un rango entre 60% y 38%.
El dato de correlación fue bastante pequeño -0.071277, indicando que no existiría una relación. Sin embargo, vale la pena reseñar que la elección de 2009 coincide con un aumento significativo en la tasa de homicidios con una baja en la participación electoral.
y 17 por cien mil habitantes.
El promedio de participación en las elecciones federales ha sido de 42.3%, lo cual es inferior en más de 10 % del promedio nacional de participación. La participación electoral en Baja California ha sido cíclica, encontrándose en un rango entre 29% y 57%.
La correlación entre la tasa de homicidios y el porcentaje de participación en cada elección fue de -0.529. Se trata de una correlación negativa que significa que mientras una variable aumenta y la otra disminuye. Vale la pena resaltar que el caso de Baja California coincide ser de los estados con los mayores índices de violencia y del grupo de los estados con menores índices de participación. Reafirmando la teoría de que cuando mayor es la violencia menor es la participación. Tamaulipas tuvo un promedio de tasa de homicidios alto, 14.11 por cada 100 mil habitantes. El pico más alto en el periodo revisado fue en 2012 con una tasa de 29.71 y en
1997 con 18.08. su menor tasa de homicidios fue en 2000 con 7.92.
El promedio de participación en las elecciones federales ha sido de 50.31%, en las elecciones revisadas el porcentaje de participación ha sido menor a 54% con excepción del año 2000 que alcanzo una participación el 61.71% y el año 2012 con 57.99%. La menor participación ocurrió en el año 2003 con 39.90%. La correlación entre la tasa de homicidios y el porcentaje de participación en cada elección fue de 0.390. Se trata de una correlación positiva importante.
Los estados con menores índices de homicidios son: Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro y Yucatán (en orden de mayor tasa de homicidios por habitantes a menor).
El promedio de participación por elecciones federales en el periodo estudiado fue de 45.44%, mientras que en las elecciones de 2012 la participación fue particularmente alta, con una
participación del 66.60% de los electores. Por otro lado las elecciones de 2003 tuvieron una participación baja (31.64%). La correlación entre participación y homicidios encontrados fue de - 0.345.
En Tlaxcala, el promedio de participación electoral fue de 48.89%, la elección de 2003 tuvo la menor participación (33.37%) y la elección de 2012 la mayor participación (63.77%). Encontramos una correlación entre participación electoral y tasa de homicidio de 0.08, es decir, casi nula.
El promedio de participación por elecciones federales en el periodo estudiado fue de 52.34%, en las elecciones de 2012 la participación fue particularmente alta, con una participación del 65.23% de los electores. Este año resalta pues coincide la menor tasa de homicidios y el de mayor participación electoral. Por otro lado las elecciones de 2003 tuvieron una participación muy baja (38.43%). La correlación entre participación y homicidios encontradas fue de 0.033, es decir, casi nula.
El promedio de participación en las elecciones federales ha sido de 51.95%, la cual es muy cercana al promedio nacional de participación. La participación electoral en Aguascalientes ha sido
cíclica, encontrándose en un rango entre 36% y 65.8%, alcanzando la mayor participación en el año 2000 y la menor en el 2015.
La correlación entre la tasa de homicidios y el porcentaje de participación en cada elección fue entre 1996 y 2015 fue de 0.282. Se trata de una correlación positiva sin embargo pequeña. El año 2000 coincide con ser el año de menor tasa de homicidios del histórico revisado (1.39) y el de mayor porcentaje de participación (65.87%)
Su promedio de participación es de 62.54%, promedio superior al promedio nacional (53, 35%). De hecho en todos los casos de elecciones federales revisadas entre 1996 y 2016 Querétaro estuvo por encima del 55% de participación.
La correlación encontrada fue de 0.337 entre el porcentaje de participación y la tasa de homicidios. Se trata de una correlación positiva pequeña, es decir, las dos variables aumentan en el mismo sentido. Querétaro también cumpliría con la correlación de ser un estado con bajas tasas de homicidios y una alta participación que se ha mantenido en los últimos 20 años.
En Yucatán el promedio de participación en cada elección ha sido de 63.902%, al igual que en Querétaro son cifras de participación mucho mayores al promedio nacional. La menor tasa de participación fue en las elecciones de 2003 con una participación del 49,28% y la elección de 2012 con un 77,19% fue la de mayor participación.
La correlación encontrada es de -0.219 entre las tasas de homicidios y porcentajes de participación. Yucatán también cumple con la correlación de ser un estado con bajas tasas de homicidios y una alta participación. De hecho, Yucatán es el estado menos violento de todo México y el segundo estado de mayor participación entre 1996 y 2016.
Los estados con mayores índices de participación son: Jalisco, Yucatán, Colima, Campeche, Querétaro (en orden de mayor participación a menor participación).
En Jalisco el promedio de participación por elección federal fue de 58.91%. La elección de 2015 tuvo la menor participación y en la elección de 2000 la mayor participación. La correlación encontrada fue de 0.075, es decir, casi nula.
En Colima el promedio de participación en cada elección ha sido de 61.59%, al igual que en Querétaro y Yucatán son cifras de participación mayores al promedio nacional. La menor tasa de participación fue en las elecciones de 2003 con una participación del 54,86% y la elección de 1997 con un 67,78% fue la de mayor participación.
La correlación encontrada es de 0.284 entre las tasas de homicidios y porcentajes de participación. Colima cumple con la correlación de ser un estado con bajas tasas de homicidios y una alta participación, con excepción del año 2012 donde su tasa de homicidios se disparó pero la participación electoral siguió siendo alta .
En Campeche el promedio de participación electoral ha sido de 63.31%, son cifras de participación mucho mayores al promedio nacional. La menor tasa de participación fue en las elecciones de 2015 con una participación del 59.98% y la elección de 2012 con un 67.16% fue la de mayor participación.
La correlación encontrada es de 0.304 entre las tasas de homicidios y porcentajes de
participación. Significa que hay una correlación positiva entre el aumento de homicidios y los porcentajes de participación. Campeche también cumple con la correlación de ser un estado con bajas tasas de homicidios y una alta participación.
Los estados con menores índices de participación son: Guerrero, Chiapas, Baja California, Coahuila de Zaragoza y Chihuahua (en orden de mayor participación a menor participación).
Coahuila y Chihuahua son los estados con el menor promedio de participación en elecciones federales. El promedio de participación en Coahuila fue de 47.87% y de Chihuahua 44,63% mientras que el promedio nacional fue de 53,35%. Resalta que en la elección de 2003 el porcentaje de participación en Coahuila fue de tan solo 27,68%
Descubrimos una correlación 0.490. Adicionalmente Coahuila estaría en el grupo de los estados en los cuales hay bajos índices de participación y una tasa de homicidios cercana al promedio nacional.
Los estados que coinciden con ser los más violentos y tener los menores índices de participación electoral son: Chihuahua, Guerrero, y Baja California (en orden de mayor tasa de homicidios por habitantes a menor).
Los estados que coinciden con ser los menos violentos y de alta participación fueron Querétaro y Yucatán. En estos casos se confirmaría una correlación inversamente proporcional: a mayor nivel de violencia existió menos participación. Por tanto, a menor violencia hubo mayor participación.
Chiapas, Hidalgo y Querétaro son los únicos estados donde la tasa de homicidios en los últimos 20 años decreció constantemente.
La excepción sería Chiapas que es un estado con bajos índices de homicidios y bajos índices
de participación. Esto debería ser estudiado con mayor profundidad pero probablemente se deba a las condiciones propias de este estado, recordemos que se trata de un estado con una amplia población indígena y fuerte tejido social, al tiempo que bajos índices de homicidio a pesar de ser fronterizo y ruta de entrada del narcotráfico.
Grafica 2. Correlación entre porcentajes de participación y tasa de homicidio por estado
70
60
50
40
30
20
10
0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
Promedio de participación Promedio de tasa de homicidios Indice de correlación
Estado | Índice de correlación | Promedio de participación | Promedio de tasa de homicidios |
Guerrero | 0.7307615 | 46.8114285 7 | 38.505 |
Coahuila | 0.49010928 | 47.8742857 1 | 9.4045 |
Total Nacional | 0.40282902 | 53.3485714 3 | 13.588 |
Tamaulipa s | 0.39072801 | 50.31 | 13.4042857 |
Querétaro | 0.3368926 | 62.54 | 4.867 |
Campeche | 0.30407816 | 63.3071428 6 | 7.7385 |
Colima | 0.28423061 | 61.5914285 7 | 14.5065 |
Aguascalie ntes | 0.2827166 | 51.9471428 6 | 5.113 |
Tlaxcala | 0.07630055 | 48.89 | 13.6215789 |
Jalisco | 0.0756938 | 58.91 | 8.98 |
Hidalgo | 0.03331993 | 52.34 | 5.6765 |
Sinaloa | -0.0458162 | 51.0828571 4 | 32.4205 |
Durango | -0.07127696 | 49.0142857 1 | 21.919 |
Yucatán | -0.21972849 | 63.9028571 4 | 1.879 |
Chihuahua | -0.32522846 | 44.6271428 6 | 34.818 |
Chiapas | -0.34478045 | 45.4428571 4 | 16.738 |
Baja California | -0.52994011 | 42.3028571 4 | 19.724 |
Fuente: Elaboración propia con datos de tasa de homicidios del INEGI y porcentaje de participación del INE.
En los estados de Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y en el total nacional se evidencia una correlación positiva importante, esto significa que al tiempo que aumentan entre 1996 y 2016 la tasa de homicidios, también aumentaron los promedios de participación en las elecciones federales. Por otro lado en Tlaxcala, Jalisco, Hidalgo, Sinaloa y Durango la correlación es casi nula, es decir, no podríamos hablar de una influencia al interior de los estados entre la violencia y la participación en las elecciones revisadas. Finalmente Yucatán, Chihuahua, Chiapas y Baja California muestran una correlación negativa, es decir que al interior de estos estados cuando aumentan los homicidios disminuye la participación electoral. Baja California y Chiapas son, de por sí, históricamente dos
de los estados más abstencionistas.
Una gran parte de las organizaciones de derechos humanos ubican la situación de México como grave y cercana a una crisis humanitaria en varios estados. Constantemente en la prensa se habla de la “colombianización” de México, desde un desconocimiento de las diferencias en los tipos de violencia que afectan a los dos países. En México no existen fenómenos como los de la para- política, ni FARC-política, menos aún podemos hablar de una violencia política generalizada.
Ahora bien el crecimiento del tráfico de drogas si estaría ligado al trafico colombiano. El crecimiento del negocio en México desde los años ochenta, “En un sentido, esto fue una consecuencia no prevista de los esfuerzos de prohibición de Estados Unidos, que hicieron mucho más difícil que las organizaciones de tráfico colombianas enviaran cocaína a través del Caribe. Cuando los narcotraficantes colombianos comenzaron a moverse a través de México, se percataron de que el envío era más difícil de lo anticipado, en gran medida debido que a las redes de corrupción y crimen que unían a los traficantes y a los poderosos estaban ya formadas, y era difícil ingresar a ellas. Las barreras de entrada eran demasiadas. Como resultado, los traficantes colombianos optaron por apoyarse en intermediarios mexicanos. El pago en cocaína era una práctica a la alza. Otros dos factores ayudaron a elevar el rol de los mexicanos. Primero, la industria del tráfico en Colombia adquirió una estructura más horizontal y dispersa luego del desmantelamiento de grandes organizaciones en Medellín y Cali. Segundo, la lección aprendida tras el derrumbamiento de los conglomerados fue que mantenerse fuera del alcance de la ley estadounidense era valioso. Si los mexicanos querían asumir la parte más arriesgada del negocio, qué mejor.” (Williams, 2010: 23)
Aunque Colombia sigue siendo factor clave, como el mayor productor de coca del mundo, ahora los carteles en México juegan un papel central en el tráfico de drogas. La violencia mexicana tiene rasgos similares a la de los pugnas entre los cárteles de Medellín y Cali en Colombia. Sin embargo en México no hubo un violencia política insurgente que lograra ogró desafiar el poder del Estado, por tanto hay importantes diferencias en los tipos de violencia y como estas afectan la democracia. Anuque tristemente la violencia en México empieza a alcanzar datos muy altos de homicidios violentos.
Ahora bien, en México no parece haber existido un interés táctico y estratégico de los
actores armados por tener injerencia en los procesos electorales como ha sido descrito para el caso de la parapolítica colombiana. Lo primero que hay que decir es que el Estado colombiano ha coexistido con altos niveles de violencia política y presencia de actores armados organizados por más de 60 años. Esta violencia necesariamente ha moldeado al Estado, con implicaciones sobre las instituciones estatales y las dinámicas democráticas.
La investigadora Diana Hoyos Gómez examina los efectos de la presencia de actores armados y en particular de los grupos paramilitares sobre la competencia y la participación electoral y los desafíos para la democracia de la injerencia de los actores armados en los procesos electorales en el caso colombiano. Identificando las alianzas entre partidos políticos, candidatos y paramilitares, la infiltración en las instituciones públicas de nivel local y nacional y su intervención en los procesos electorales desde la década de los noventas4. Desarrollando formas de interacción, influencia y coexistencia estrechas relaciones que se tejieron con la política legal entre políticos y los grupos paramilitares en diversos departamentos. Por esto fueron investigados y en algunos casos condenados, congresistas, gobernadores o ex gobernadores, diputados, alcaldes e incluso ministros. Esta injerencia en la política no fue casualidad o un efecto colateral sino que fue orquestada, planificada y coordinada a nivel nacional. También debemos señalar que en Colombia, dentro de las zonas de presencia guerrillera los promedios de participación electoral son bajos. Ello se debe seguramente a que las insurgencias tuvieron posturas abstencionistas durante muchos años, coaccionando a los habitantes a no votar. “En cuanto a las variables de violencia, tanto la tasa de homicidios como la presencia de guerrillas, paramilitares y de ambos actores tienen efectos negativos sobre la participación electoral.” (Hoyos Gómez, 2009: 27)
La relativización de los niveles de violencia en México no debe llevar a una minimización
de la misma respecto a otros países de la región. Si bien no parece haber una intención generalizada de actores armados por ocupar cargos públicos de gran envergadura, la violencia si es un serio factor que pone en riesgo la gobernabilidad, al margen de los propios procesos electorales, que por ahora procesan aún buena parte de las condiciones constitutivas y operativas de las instituciones.
En las nueve elecciones federales revisadas (de 1991, 1994, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 y 2015) se evidenciaron distintos tipos de relación con las tasas de homicidios dependiendo del año
de elección, el Estado, el partido de gobierno y las distintas dinámicas de otros índices de violencia como secuestro, extorsión. Este análisis evidenció la fuerte diversidad estatal que se encuentra en México, tanto las tasas de homicidio como los porcentajes de participación muestran marcadas diferencias de los estados. Se trata de reconocer una geografía de la violencia y geografía de la participación electoral.
Podemos afirmar que existen ciertos niveles de relación entre participación electoral y tasas de violencia, aunque no son variables con una co-dependencia o una correlación exacta. Tampoco existe un solo tipo de correlación: Los estados que coinciden con ser los más violentos y tener los menores índices de participación electoral son: Chihuahua, Guerrero y Baja California. Los estados que coinciden con ser los menos violentos y tener alta participación son Querétaro y Yucatán. Con estos casos se confirmaría una correlación inversamente proporcional; a mayor violencia menos participación, y por tanto a menor violencia mayor participación.
Al interior de los estados de Guerrero, Coahuila y en el total nacional se evidencia una correlación positiva importante. Esto significa que al tiempo que aumentan entre 1996 y 2016 la tasa de homicidios, también aumentaron los promedios de participación en las elecciones federales. Por otro lado en Tlaxcala, Jalisco, Hidalgo, Sinaloa y Durango la correlación es casi nula. Finalmente en Yucatán, Chihuahua, Chiapas y Baja California muestran una correlación negativa, es decir que al interior de estos estados cuando aumentan los homicidios disminuye la participación electoral.
Los datos encontrados contradicen las conclusiones de estudios internacionales como los de Regina Bateson (2012), quien señala que a mayor victimización y violencia habría mayor participación política. “Crime victimization is an important cause of political participation. Analysis of survey data from five continents shows that individuals who report recent crime victimization participate in politics more than comparable non victims. Rather than becoming withdrawn or disempowered, crime victims tend to become more engaged in civic and political life. The effect of crime victimization is roughly equivalent to an additional five to ten years of education, meaning that crime victimization ranks among the most influential predictors of political participation.” (Bateson, 2012: 570).
La relación entre violencia y democracia no puede observarse únicamente a través de los índices de homicidios y del porcentaje de participación (aunque son indicadores importantes).
También es importante observar intimidaciones o amenazas o asesinatos a candidatos o amenazas e intimidaciones a los electores para que voten por ciertos candidatos afines a los intereses de los narcos u otros actores armados ilegales. Esto significa que mientras algunos sectores de la clase política se alían y obtienen beneficios, otros con menor afinidad pueden recibir presiones para abandonar su vida política. Lo cual afecta la condición democrática.
En relación con los efectos de la violencia sobre la participación electoral deben señalarse dos posibles causalidades: que en una decisión libre los electores decidan asistir a las urnas para votar buscando cambiar las políticas de seguridad o que por presión de los actores armados se asista a las urnas o se abstengan.
En algunos escenarios los actores armados restringen la ofertada de partidos o candidatos, mediante la prohibición o limitación e incluso el establecimiento de cuotas. O por el contrario, los grupos armados pueden impulsar candidaturas de políticos bajo presiones a los electores o con financiamiento económico de campañas.
Evidenciar estos nexos requiere investigaciones regionales a profundidad. Seguramente con el avance en investigaciones de la rama judicial sobre las relaciones entre el narcotráfico y los políticos podrán evidenciarse.
Un dato clave para evidenciar la injerencia de los actores armados en la política, son los asesinatos o intimidaciones a los políticos. La Conferencia Nacional de Municipios de México señala que de 2007 a 2013 unos 45 alcaldes han muerto en el país y más de 30 han sido secuestrados, además señala que el 40% de los alcaldes están amenazados por el crimen organizado, principalmente en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Durango. La investigadora Diana Hoyos identifica tres tipos de estrategias político-electorales adoptadas por los actores armados: “una de coerción, fraude y compra de votos, acompañada de la exclusión de candidatos rivales; una segunda de apoyo a un candidato específico pero con tolerancia frente a otros candidatos; y la tercera, de aparente indiferencia frente al proceso electoral”. (Hoyos, 2009: 22) Seguramente dependiendo de las dinámicas locales y municipales se
puede observar en México estas distintas estrategias.
Distintos factores han incrementado la violencia relacionada con el tráfico de drogas. Evidenciamos cómo dependiendo del estado con el aumento de violencia disminuye la participación electoral, pues el electorado no ve garantizada la seguridad para su participación en
el sistema democrático o es apático ante la posibilidad de cambios o efectividad de su voto. En otros estados, con el aumento de violencia aumenta la participación electoral, pues el electorado tiene mayor interés político en votar buscando cambios en la política de seguridad.
Los resultados, si bien preliminares, apuntan a evidenciar y analizar las condiciones de una violencia focalizada, pero intensa, dentro de algunos periodos y entidades regionales. Los resultados obtenidos son una muestra interesante de aplicación estadística, que para futuras investigaciones pueden reafirmarse para afinar los alcances de su interpretación, a efecto de que las correlaciones propuestas sean más robustas. En este trabajo hemos querido diferenciar entre la violencia estructural (causada en forma multifactorial por diversas fuentes) y la que se derive de la asignación directa por motivos de violencia política, haciendo énfasis en como el primer tipo de violencia afecta la participación electoral.
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Tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional Serie anual de 1990 a 2015 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_07_4.pdf
Notas
1 La participación electoral se calcula como el número de votos depositados por los electores en relación con el potencial electoral.
2 Correlación: El valor de este coeficiente te dice acerca de la fuerza y la naturaleza de la relación. Los valores pueden variar entre 1,00 a -1,00. Si el valor es exactamente 1.00, significa que hay una "perfecta" relación positiva entre dos números, mientras que un valor de -1,00 indica exactamente una "perfecta" relación negativa
3 Municipios de Oaxaca entre los 100 municipios más violentos. Ver: Resa Nestares, Carlos (2012) Los cien
municipios con las mayores tasas de homicidio de México. Tasas de homicidio por municipios en México
1990 - 2012 http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/tasahom9012.pdf
4Sobre la parapolítica existen varios libros y artículos académicos y periodísticos. Entre los cuales resaltan: López, Claudia (2010). Y refundaron la patria--: De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el estado colombiano. Bogotá, D.C: Debate. Corporación Nuevo Arco Iris (2007), Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos, Bogotá, 2007; Romero, Mauricio (editor), (2007) Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Corporación Nuevo Arco Iris, Intermedio, Bogotá.