CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES

Iniciativa de LHCT y ley de bioseguridad

Reflexiones sobre la propuesta de Ley de humanidades, Ciencias y Tecnología y modificaciones de ley de bioseguridad, presentada por la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera el 7 de febrero de 2019

Mi intervención focalizará algunos temas de la propuesta de Ley, en relación con: primero, la confusión que crea al combinar varias Leyes en una; segundo, la importancia de distinguir entre el papel del conocimiento y de la política; tercero, el débil reconocimiento de la comunidad científica y tecnológica del país, y también comentaré algunas afirmaciones sobre las que considero necesario que se reflexione.

En primer lugar, me parece que la propuesta de Ley es una mezcla de varias leyes, si bien están conectadas, cada una de ellas tienen su propio peso y sentido de ser, la mezcla que se hace sirve poco para sentar bases claras y una visión estratégica acerca de hacia dónde se quiere encaminar la ciencia y la tecnología del país y sobre todo crea confusión, porque la bioseguridad adquiere centralidad y se diluye el propósito del buen desenvolvimiento futuro de la investigación científica y tecnológica.

Se menciona que el nuevo gobierno da un golpe de timón en la materia “…para garantizar que la investigación y el desarrollo tecnológico se traduzcan en bienestar para la sociedad, de conformidad con los mandatos constitucionales que rigen las formas y objetivos del desarrollo nacional y definen al Estado como garante de los derechos del pueblo de México” (IDLHCyT, p.12).

En el siglo XXI se sabe que el conocimiento no siempre se traduce en beneficio directo. Lo importante es que el Estado se ocupe de garantizar las condiciones para que se produzca. Está demostrado que las sociedades y gobiernos que han resuelto bien la producción del conocimiento tienen muchas más posibilidades de encontrar múltiples vías de desarrollo. Sobre todo, si también existe un flujo generalizado del conocimiento científico y tecnológico y las condiciones para que sea absorbido por individuos, grupos, organizaciones (me refiero a condiciones educativas, tecnológicas, organizativas, financieras).

Dadas las múltiples necesidades que existen en el país, es conveniente establecer prioridades en temas y problemáticas. Sin embargo, es necesario también tener en cuenta que existe una comunidad científica de peso en el país que se ha ido conformando, al menos durante los últimos 40 años, y existen líneas y áreas de investigación consolidadas que es necesario tomar en cuenta para no interrumpir su desenvolvimiento y consolidación.

Entre los mecanismos que propone la propuesta de Ley, no están contenidos mecanismos que garanticen al país que los avances logrados sean recuperados… A veces parece que se parte de “cero”, también considero que legislar en oposición a lo que se hizo durante los últimos 3 sexenios no es saludable para la construcción de un ambiente que promueva la actividad científica y tecnológica y menos conveniente resulta eliminar la innovación en la prospectiva futura de la ciencia y tecnología.

Estoy de acuerdo que son necesarios ajustes, pero la eliminación significa desconocer parte de lo que se ha hecho en materia de ciencia, tecnología e innovación y conviene recordar que la responsabilidad pública de todo acto legislativo y decisión es aprovechar lo que se tiene, compaginarlo si es necesario y sobre todo es importante sumar. Sobre todo en países como el nuestro en donde los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Con un reducido gasto en ciencia y tecnología (alrededor y menos del 0.45 del PIB).

Cabe mencionar aquí, que la innovación no es mala per se. Más aún la innovación es un motor del crecimiento económico, pero puede serlo también para la atención de problemas de interés público. Basta que en el diseño de la política pública de ciencia y tecnología se instalen mecanismos para que la innovación se ligue con la identificación de las problemáticas y posibles soluciones encaminadas hacia la atención de las necesidades prioritarias (p. ej., producción de pavimentos resistentes a la lluvia, investigación bioquímica ligada a la producción de medicamentos para atender enfermedades de alta presencia en la población, diseño de modelos de circulación -incluidas paradas de taxis y autobuses-, para descongestionar avenidas de la ciudad), de hecho la innovación en general se nutre de las investigaciones, pero el espacio natural de la innovación son las empresas y los organismos públicos. En todos los casos se necesitan acuerdos, convenios, alianzas con las fuerzas productivas y también los decisores públicos del país.

En la propuesta de Ley se habla de “la atención de asuntos colectivos” (IDLHCyT, p.15), convendría no introducir más barullo y hablar de asuntos de interés público, dado que se habla de problemas prioritarios que es conveniente ligar con el interés público.

A la letra dice “en materia de derechos colectivos” (IDLHCyT, p.2). No se entiende bien porqué está mencionado este derecho.

A lo largo del texto se hacen algunas afirmaciones que se prestan a confusión, por ejemplo, se habla de “Promover la investigación de frontera y aquella orientada a la gestión de problemas sociales prioritarios, así como impulsar la socialización del conocimiento para promover la apropiación social de sus resultados y aplicaciones” (fracción III del art. 5).

En atención a lo antes mencionado, cabe subrayar que el conocimiento gira entorno a identificar y reconocer problemas que están directamente relacionados con el avance de la investigación disciplinaria, multidisciplinaria e inter y transdisciplinaria. También se puede orientar hacia problemáticas que afectan el interés público. En cualquiera de estos campos o problemáticas, la investigación en tanto actividad científica y tecnológica tiene como propósito esencial la explicación y comprensión de los fenómenos o problemas identificados. Puede o no proponer soluciones, pero lo que no se puede hacer es ligar directamente al conocimiento con la decisión y la gestión y mucho menos hacer recaer los resultados de las acciones (gobierno, empresas, organismos públicos, etc.) en el conocimiento.

Sin duda, todo proceso de decisión y de gestión tienen más posibilidades de éxito, si se acompaña de la información, los análisis y los datos que se derivan de las investigaciones y los desarrollos tecnológicos. Pero no se puede establecer una conexión directa entre conocimiento – decisión – implementación – gestión.

Es poco alentador que la Ley no haga alusión a los distintos modos de producción del conocimiento en el mundo actual. Se legisla para incluir las formas tradicionales de conocimiento, que sin duda es muy positivo que se reconozcan y que se asegure su continuidad y fortalecimiento. Pero llama la atención, la débil mención y reconocimiento de las nuevas formas de producción del conocimiento, sus necesidades y la importancia de crear mecanismos que las promuevan.

Se habla de socialización del conocimiento y se asocia con comunicación. Convendría articular a ésta la difusión y divulgación del conocimiento y asociarla a la apropiación del conocimiento y a la absorción de este.

La conexión entre Ley de Ciencia y Tecnología naturalmente es con la política pública de ciencia y tecnología, por lo que sería conveniente que el diseño de la política se haga con una prospectiva de al menos 15 años, para que, al construir una visión de la ciencia, la tecnología y su conexión con el futuro del país tenga mayor sentido la propuesta de Comunicación.

Desde la perspectiva de política pública, hago los siguientes comentarios:

  1. En el mundo democrático contemporáneo, sociedad y gobierno no hablan de política de Estado. Si lo que se prioriza es el “interés público”, conviene hablar de política pública.
  2. La propuesta de concentración de funciones, actividades y demás acciones en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, va contra la lógica de las políticas de ciencia y tecnología que han resultado exitosas en diversos países.
  3. Llama la atención que la comunidad científica y tecnológica del país es poco mencionada y poco tomada en cuenta. Está prácticamente excluida en cuanto a su participación en los espacios de diseño de la política y en los órganos de decisión.
  4. Se cancelan dos órganos que al menos en su composición daban condiciones para la gobernanza del Sistema de Ciencia y Tecnología. Me refiero al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En estos órganos estaba prevista la participación de investigadores, empresarios, organismos de representación de las IES, como es el caso de ANUIES, también participaba la Academia Mexicana de Ciencias. Las fallas y sesgos que se identifican en las prácticas pasadas de participación, no pueden solucionarse con la eliminación de estos espacios. Habrá que diseñar y poner en práctica mecanismos para asegurar la participación plural de la comunidad de ciencia y tecnología (por campos, problemáticas, pluralidad de instituciones, investigadores consolidados y jóvenes, equipos de investigadores en consolidación y consolidados). Al igual, es importante que estos participantes sean correa de transmisión bidireccional de las decisiones que se tomen.
  5. Además de eliminar los órganos que involucran a diversos actores, la Junta de Gobierno se redujo en su composición. Ahora solo participan Secretarios de Estado, con lo que estamos ante una propuesta que concentra en la administración pública las decisiones en cuanto al diseño y la implementación de la política de ciencia y tecnología “a contramano de las experiencias exitosas recientes”. Se dan las espaldas a los investigadores
  6. Es muy vaga la propuesta de que el CONAHCyT promoverá y coordinará foros e instancias colegiadas, Art. 50. Esto no garantiza que el Consejo lo haga y tampoco se propone: cuándo, cómo y para qué. En mi opinión esto da lugar a un posible comportamiento discrecional del Consejo y la Junta de Gobierno, contrario a lo que se espera de la Cuarta Transformación.

No queda claro qué se quiere decir con Régimen Público de HCyT; ¿porqué se habla de Sector de Humanidades, Ciencia y Tecnología?, y ¿qué diferencia existe entre Sector y Sistema?

Para concluir, solo me resta enfatizar que en ciencia y tecnología no se puede hablar de independencia tecnológica. El conocimiento no tiene fronteras nacionales ni murallas institucionales. El avance de la ciencia y la tecnología para impulsar la investigación de frontera y aquella orientada a la solución de problemas se basa en la colaboración y en las redes. Esta es la fórmula más positiva que con importantes repercusiones en el avance de la ciencia y la tecnología y su conexión con la resolución de problemas.

En países como México que tiene recursos limitados. Una política de ciencia y tecnología debe orientarse principalmente a promover y asegurar la colaboración para que los investigadores del país establezcan formas de trabajo en equipo más allá de las paredes institucionales y qué decir de las fronteras geográficas. Existen instrumentos de altísimo costo, que es difícil para nosotros adquirir, pero que con el establecimiento de acuerdos de colaboración se puede llegar a un trabajo colaborativo en el que se pidan ciertos experimentos cuyos resultados significan saltos significativos en la investigación por el grado de precisión y amplitud que brinda el uso de aparatos de alta tecnología. Las investigaciones en biomédica, bioquímica, biología, química, física cuántica, entre otras, para desarrollarse requieren por ejemplo de microscopios y otros aparatos de alta precisión cuyo costo es muy alto. En ciencias sociales se requieren también de programas y software muy especializados.

La viabilidad y desenvolvimiento de la investigación científica y tecnológica pasa necesariamente por la colaboración. Una Ley de Ciencia y Tecnología debe contemplar e incorporar en su formulación los caminos y estrategias que caracterizan al conocimiento de vanguardia, la colaboración y el reconocimiento y aseguramiento de los modos de hacer ciencia tienen que ser la orientación de la legislación y la política pública. Se trata de ofrecer condiciones y aliento a los jóvenes investigadores, cuyos esfuerzos de formación de posgrado y trabajo son loables y también es importante reconocer y apoyar a los científicos y tecnólogos que durante décadas se han dedicado a esta profesión, no hay que subestimar el acervo que tiene el país, en investigadores y en instituciones. Construir tarda mucho, pero destruir puede hacerse en poco tiempo y con consecuencias nocivas de mediano y largo plazo.

La independencia tecnológica es una expresión que no cabe en el mundo del conocimiento. El Gobierno y la Sociedad mexicana deben aspirar a ser parte de la Sociedad del Conocimiento y corresponde a los actores de la política pública orientar las decisiones y acciones para que las comunidades de investigación científica y tecnológica de hoy y del futuro tengan las mejores condiciones para que la producción científica y tecnológica y la formación de posgrado y también de licenciatura cumplan con “las tres P:” Pertinencia científica, Pertinencia Profesional y Pertinencia Social.

Por último, considero que es un acierto la propuesta de Acceso Abierto y del Repositorio al que se accederá a través de una plataforma digital sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones y materiales educativos, entre otros.

Es muy positivo que se diga que el Repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan acceder, buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar, reutilizar, y recuperar la información que se reúna.

Lo que llama la atención es que en temas como bioseguridad no se mencionen también los convenios internacionales que existen en la materia y se mencione la erradicación de los riesgos. Esta posición y la que habla de la independencia tecnológica aluden a mundos cerrados, contrarios al espíritu científico.

Referencia: Iniciativa de decreto mediante el cual se expide la Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Disponible en:
http://comisiones.senado.gob.mx/cienciaytecnologia/docs/ini/5.pdf

Dra. Giovanna Valenti[1]

[1] Profesora-investigadora UAM-X y TP Flacso-México

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