La emergencia económica, la emergencia sanitaria y sus adversas consecuencias sociales

La emergencia económica, la emergencia
sanitaria y sus adversas consecuencias
sociales en México
Eduardo Vega López

La grave situación económica que hoy enfrenta el país se gestó mucho antes del registro de los primeros contagios de SARS-COV2 (COVID- 19). La recesión económica, que ya estaba en curso, trimestre tras trimestre durante 2019, al sincronizarse de manera dramática con la súbita emergencia sanitaria declarada a finales de marzo de 2020, profundizó y generalizó la paralización de múltiples actividades económicas generando con ello muy adversas consecuencias sociales que no podrán remontarse pronto ni con facilidad, menos aún si la política económica vigente permanece sin cambios.

¿Cómo un proceso económico con evidentes y acumulativas propensiones recesivas se agrava de manera tan severa en muy pocas semanas debido a factores sanitarios y de política pública? En la respuesta de esta pregunta se encuentra la intensidad de los acontecimientos de la realidad mexicana ocurridos del segundo trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2020, engarzados con las trayectorias declinantes de la inversión directa y el consumo agregado que desde el segundo trimestre de 2016 y el tercer trimestre de 2018, respectivamente, ya venían ocurriendo. La imprescindible política de resguardo domiciliario para disminuir los contagios masivos, las muertes crecientes y la saturación del sistema hospitalario nacional vigente desde marzo pasado, ha revelado una eficacia controvertible, más allá de las polémicas cifras al respecto a escalas nacional y por entidad federativa. Pero donde la controversia no tiene cabida es en relación con la pronunciada caída del nivel y el ritmo de la actividad económica en todo el país, en muy diversos procesos de producción, oferta de bienes y servicios, empleos formales, ingresos personales y familiares, pagos rutinarios y bienestar general de la población. El desplome económico es inocultable y las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dadas a conocer recientemente, así lo corroboran: los resultados agregados de la actividad económica durante el segundo trimestre de 2020 cayó -18.9%, en términos reales, en relación al mismo trimestre del año anterior, mientras que la severidad de los ritmos negativos del producto interno bruto real de las actividades primarias, secundarias y terciarias, respectivamente, se expresaron en caídas del -0.7%, -26% y -15.6% (INEGI, 2020).

En los hechos, nos encontramos en un auténtico y grave círculo vicioso del cual solo podremos salir con cambios significativos en los componentes determinantes del mismo, de ahí la importancia de actualizar los diagnósticos de la emergencia económica, la emergencia sanitaria, sus adversas consecuencias sociales y las opciones de política que debieran ponerse en juego. El imprescindible resguardo domiciliario profundizó la recesión eco-nómica que ya estaba en curso, el posible retorno a las actividades económicas, con descuidos sanitarios, se traducirá en mayores contagios y muertes por COVID-19, así como en saturaciones hospitalarias que, a su vez, nos hará regresar al resguardo domiciliario estricto. A su vez, es obvio que el resguardo domiciliario agravó la recesión económica preexistente, la sobre- dimensionó sin duda alguna, pero no la causó. Entonces, sí hay espacio para la política económica proactiva, no solo para una administración pública reactiva o pasiva de esta fase depresiva del ciclo económico. Siendo también un crucial asunto de salud pública, de política sanitaria, el resguardo domiciliario debiera contar con apoyos o amortiguadores fiscales para que el trabajo en casa no sea una opción solo para quienes cuentan con contratos colectivos de trabajo y prestaciones sociales asociadas, para empleados medios y altos de medianas o grandes empresas, para ciertas actividades ligadas al comercio, al libre ejercicio de algunas profesiones, a la realización de servicios de mantenimiento y reparación de viviendas, para quienes son servidores públicos o cuentan con rentas propias.

De mantenerse la actual política de ingresos y de gasto público basada en la austeridad estricta, no se crearán las condiciones favorables para nuevos y expansivos procesos de inversión directa, tampoco se promoverá la innovación en actividades ambientalmente favorables y la recalificación laboral que permitan el ahorro y la sustitución de energía, materiales y el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, ergo las condiciones de ruptura y salida del referido círculo vicioso estarán muy distantes y serán, social y económicamente, más costosas. ¿Acaso no conviene entonces considerar y discutir opciones de política?

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